PRIMA DE ANTIGÜEDAD. EL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA RECLAMAR SU PAGO, EJERCIDA POR LOS BENEFICIARIOS DE UN TRABAJADOR QUE FALLECE POR MUERTE NATURAL O POR UN RIESGO NO PROFESIONAL, DEBE COMPUTARSE CONFORME A LA REGLA GENÉRICA DE UN AÑO ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 410/2000, promovido por María Raquel Contreras viuda de Morales, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos Ismael, Mónica Lorena y Ana Gabriela, todos de apellidos Morales Contreras, así como por Raquel Morales Contreras, en ejecutoria de cinco de enero del año dos mil, en relación con el tema de la prescripción de las acciones ejercidas por los beneficiarios del trabajador en los casos derivados de la muerte natural, especialmente en relación con el pago de la prima de antigüedad, en la parte que interesa expuso lo siguiente:
"CUARTO.-El estudio de los conceptos de violación permite arribar a las siguientes consideraciones.-Son infundados aquellos motivos de inconformidad en los que el representante legal de los quejosos manifiesta que la Junta responsable violó en su perjuicio los artículos 14, 16 y 123 constitucionales, en relación con el diverso artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo, aduciendo que la Junta responsable para resolver como lo hizo, en el sentido de declarar operante la excepción de prescripción opuesta por la demandada, en lugar de hacer aplicación del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, debió haber aplicado el 519, que establece la prescripción en dos años de las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de trabajo; lo anterior es infundado, en razón de que la ley al respecto es muy clara y señala precisamente que cuando se trata de muerte por riesgos de trabajo, la prescripción de las acciones de los beneficiarios operará en dos años, como una excepción a la regla general del ejercicio de las acciones laborales enmarcadas en el artículo 516 de la misma ley, y si el legislador quiso diferenciar la prescripción en ese sentido, es obvio que excluyó de la excepción a las acciones derivadas de la muerte natural, para establecer únicamente como una excepción a las acciones de los beneficiarios deducidas por la muerte debido a riesgos de trabajo, de ahí que la Junta responsable estaba impedida para hacer aplicación de una disposición expresa de la ley, que no encuadra en la hipótesis de las acciones ejercidas.-Lo anterior hace aplicable la tesis aislada que invoca el representante de los quejosos, bajo la voz de: ‘PRIMA DE ANTIGÜEDAD, PAGO DE LA, A LOS BENEFICIARIOS (PRESCRIPCIÓN).’, en la que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostiene que en los artículos 516 y 517 no se encuentra regulado en forma expresa el término de prescripción para exigir los beneficiarios el pago de la prima de antigüedad como consecuencia de la muerte del trabajador, a que se refiere el artículo 162, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, y que por tal motivo en forma análoga debe aplicarse el artículo 519, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, que prevé el término de dos años para que opere la prescripción de las acciones de los beneficiarios en caso de muerte del trabajador por riesgo de trabajo, lo cual no coincide con el criterio de este Tribunal Colegiado, toda vez que, si el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo establece la regla general de un año para la prescripción de las acciones laborales, y es categórico este artículo al señalar como regla general para la prescripción de las acciones laborales el término de un año, ya que las excepciones a dicho término se encuentran contempladas en los artículos 517, 518 y 519 de la citada Ley Federal del Trabajo, y si entre esas excepciones no se encuentra la relativa a la prescripción de las acciones que deduzcan los beneficiarios respecto al reclamo del importe de treinta días de salario por cada año de servicio que laboró el trabajador el pago del importe de cien días de salario correspondientes a gastos funerarios de conformidad con la cláusula 62, fracción II, inciso a), párrafo cuarto, el pago de prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional, así como el fondo de ahorro, cuando la muerte del trabajador fue producida por una causa natural o enfermedad no profesional, es obvio que la prescripción para ejercer estas acciones debe enmarcarse en la regla general que prevé el artículo 516 ya citado, y no aplicar por analogía o por mayoría de razón una regla que el legislador no precisó.-Cabe hacer notar que sostener el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la tesis que se menciona en los conceptos de violación, implicaría modificar todos los términos que establece la Ley Federal del Trabajo, para la operación de la prescripción, como por ejemplo, el término para reclamar el aguinaldo, vacaciones o incluso el despido injustificado del que pudiera ser objeto un trabajador.-Esto es, tratándose de aguinaldo y vacaciones, el término prescriptivo sería de un año, y si se aplicara la tesis del referido Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se ampliaría a dos años.-Por otra parte, si se ejerciera la acción de indemnización constitucional y salarios caídos, con motivo del despido que en vida haya sufrido un trabajador, cuyo término para la prescripción, de acuerdo con el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, es de dos meses, también tendría que ampliarse a dos años, lo que es incorrecto, ya que lo procedente sería, en ese caso, si el trabajador es despedido de manea injustificada y muere antes de los dos meses señalados, los beneficiarios si pretenden ejercer la acción de que se trata, deben hacerlo en el señalado término de dos meses y no en el de dos años.-Consecuentemente, como en el caso respecto de las acciones ejercidas por la parte quejosa, en cuanto a la prescripción, no están previstos los términos de manera expresa, debe estarse al término genérico de un año que prevé el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo.-El aludido criterio del mencionado Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, dice lo siguiente: ‘PRIMA DE ANTIGÜEDAD, PAGO DE LA, A LOS BENEFICIARIOS (PRESCRIPCIÓN).-Es cierto que el artículo 516 de la ley laboral, señala en forma genérica el término de un año para que prescriban las acciones de trabajo, y el diverso 517, precisa las acciones que se exceptúan de dicho término; o sea, que dentro de estos preceptos no se encuentra regulado en forma expresa el término de prescripción para exigir los beneficiarios el pago de la prima de antigüedad, como consecuencia de la muerte de el trabajador, a que se refiere el artículo 162, fracción V, de la ley laboral; sin embargo, tomando en cuenta los principios generales de derecho, de justicia social y de los que animan a los ordenamientos a que se refiere el artículo 17 de la ley que nos ocupa, el caso a estudio debe considerarse regulado no sólo analógicamente por el artículo 519, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, que prevé el término de dos años para que opere la prescripción de las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte del trabajador por riesgo de el trabajo, sino también por mayoría de razón, para dar cumplimiento al precitado artículo 162, fracción V, de la ley de la materia; como consecuencia, si ésta es omisa en cuanto establecer el término para la prescripción de las acciones de los beneficiarios para reclamar el pago de la prima de antigüedad por muerte del trabajador, debe decirse que, por las razones antes precisadas, debe establecerse en dos años conforme al artículo 519, fracción II, de la ley laboral.’.-Como en el caso, este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, sustenta criterio contrario al anterior, lo procedente es, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de tesis que se evidencia para que ese Alto Tribunal decida cuál criterio debe prevalecer.-Resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, página 69, que literalmente dice: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS OPUESTOS.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte. El vocablo «tesis» que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado, por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, y datos de identificación del asunto en donde se sostuvo, ni menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria, en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria en alguno de sus preceptos, establecen esos requisitos. Por lo tanto para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.’.-Igualmente es infundado el argumento del impetrante en cuanto a que la Junta responsable debió haber excluido de la prescripción declarada la acción reclamada vinculada con la prima de antigüedad, lo anterior, como ya se dijo, es infundado en razón de que, si bien es cierto que la prima de antigüedad es un derecho irrenunciable, como lo son todos los derechos que la Ley Federal del Trabajo otorga a los trabajadores, no es menos cierto que, al igual que aquellos derechos, la prima de antigüedad está sometida para su ejercicio a las reglas que sobre prescripción establece la ley de la materia, misma que se ubica en la disposición contenida en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, pues no hay disposición expresa al respecto que marque una excepción, por tanto, donde la ley no distingue el juzgador no puede distinguir, de ahí lo infundado de lo pretendido por el quejoso.-Es aplicable al caso, la jurisprudencia publicada en la página 256 del Tomo V, Séptima Época, Cuarta Sala del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘PRIMA DE ANTIGÜEDAD. PRESCRIPCIÓN.-La prima de antigüedad es un derecho irrenunciable como lo son todos los que la Ley Federal del Trabajo otorga a los trabajadores; pero la acción para deducirlo, está sometida a las normas que sobre prescripción establece la ley de la materia.’.-Igualmente es infundado el concepto de violación que hace valer el impetrante, en el sentido de que la Junta responsable no debió declarar procedente la excepción de la prescripción interpuesta por la demandada, en razón de que, según asegura, se interpuso esa excepción de prescripción en forma genérica sobre todas las prestaciones reclamadas, lo cual hace inconducente ese planteamiento; lo anterior es inexacto, toda vez que la demandada Comisión Federal de Electricidad al dar contestación a la demanda, opuso la excepción de prescripción en cada uno de los incisos relativos a las prestaciones reclamadas por los beneficiarios del extinto trabajador Isidro Morales Peña, refiriéndose a cada uno de ellos en cuanto al tiempo transcurrido entre la muerte del extrabajador y la fecha en que se ejercieron las acciones, lo que fue resuelto por la Junta responsable en forma congruente en el laudo atacado de inconstitucional, tal y como se puede apreciar, respectivamente, a folios 63 a 69 y 262 a 264.-De la misma forma, es infundado el cuarto concepto de violación en que se afirma que la Junta responsable interpretó en forma errónea los artículos 1o., 2o., 18 y 519 de la Ley Federal del Trabajo, por no considerar las finalidades de los preceptos indicados, en cuanto a la aplicación de las normas laborales y la duda sobre su interpretación, aduciendo que si la ley no es explícita respecto al ejercicio de las acciones de los beneficiarios, en ese caso, la Junta responsable debió haber aplicado la norma más favorable al trabajador; lo anterior es infundado dado que no existe duda al respecto en cuanto a que la ley dispone que solamente tratándose de acciones derivadas de la muerte de un trabajador por riesgo de trabajo, se aplicará el artículo 519, fracción II, como una excepción a la regla general contenida en el artículo 516, ambos de la Ley Federal del Trabajo, de ahí que no había necesidad de interpretar la norma jurídica a favor de los beneficiarios del trabajador cuando la ley no hace esa distinción.-Por último, es inexacto que se violen los derechos de los quejosos contenidos en los artículos 14, 16 y 123 constitucionales, por haberse dejado de aplicar los artículos 1o., 2o., 18, 115 y 519, en relación con los diversos artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, aduciendo el impetrante que ninguna disposición legal regula el término prescriptivo sobre las acciones que puedan hacer valer los beneficiarios, sino única y exclusivamente el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo en su apartado segundo; lo anterior es infundado, dado que el solo hecho de que la Junta responsable haya fundamentado su resolución en el artículo 516 de la misma, no hace incongruente el laudo, sino por el contrario, fue dictado a verdad sabida y buena fe guardada, ajustándose a las acciones y excepciones opuestas y fundándola en una disposición legalmente aplicable al caso.-Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal." (fojas 24 vuelta a la 28 vuelta del presente toca).
CUARTO.-Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número DT. 2107/85 (DT. 54/86), promovido por Refugio Terán Corona y otros, con fecha diez de abril de mil novecientos ochenta y seis, en relación con el tema de la prescripción del pago de la prima de antigüedad reclamada por los beneficiarios del trabajador en los casos derivados de muerte natural, en la parte conducente estableció lo siguiente:
"CUARTO.-Resulta fundado el anterior concepto de violación.-Ciertamente, sostiene la parte quejosa que el laudo de fecha dieciocho de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, dictado por la Junta Especial Número Ocho de la Federal de Conciliación de Arbitraje, resulta violatorio en su perjuicio de los artículos 162, fracción V, 501 y 519 de la Ley Federal del Trabajo, porque indebidamente la autoridad responsable declaró prescrita la acción de pago de la prima de antigüedad, absolviendo de su satisfacción a los demandados, fundándose para ello en el artículo 516 de la ley laboral, invocado por la Mutualidad Nacional de Trabajadores Textiles de la Rama del Algodón, precepto que estima resulta inaplicable, ya que dicha Junta debió haber resuelto por analogía jurídica conforme al artículo 519 de la ley de la materia, que señala dos años para la prescripción de las acciones de los beneficiarios en caso de muerte del trabajador por riesgos de trabajo.-En efecto, la parte actora demandó de Hilos Cadena, S.A. de C.V. y de la Mutualidad Nacional de Trabajadores Textiles de la Rama de Algodón, el cumplimiento del Contrato Ley para la Industria Textil del Ramo del Algodón y sus Mixturas y Reglas Generales de Modernización y, como consecuencia, el pago de la prima de antigüedad que en vida generó como derecho la trabajadora Irma Borja Terán, y que ahora corresponde a sus beneficiarios, ascendiendo a la cantidad de noventa y tres mil novecientos dieciocho pesos con ochenta y seis centavos.-De las constancias que integran el juicio laboral, a fojas 4 se encuentra agregada la copia certificada del acta de defunción de la trabajadora Irma Borja Terán, de la cual se desprende que falleció el día quince de febrero de mil novecientos ochenta y dos; por otra parte, a fojas 1 se encuentra la promoción presentada con fecha julio catorce de mil novecientos ochenta y tres, por el Comité Ejecutivo del Sindicato Flores Magón de Obreros de la Fábrica de Hilos para Coser Cadena, S.A. de C.V., donde dan a conocer a la autoridad responsable el fallecimiento de la trabajadora; de igual forma, con fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, la parte actora promovió ante la Junta responsable, haciéndole saber que con fecha quince de febrero de mil novecientos ochenta y dos había fallecido Irma Borja Terán.-Ahora bien, la Junta responsable determinó que era procedente la excepción de prescripción hecha valer por la Mutualidad Nacional de Trabajadores Textiles de la Rama del Algodón, toda vez que la parte actora no había ejercitado su acción dentro del término de un año a que se refiere el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, ya que la trabajadora había fallecido el quince de febrero de mil novecientos ochenta y dos, siendo el catorce de julio de mil novecientos ochenta y tres, en que el Sindicato Flores Magón lo hizo del conocimiento de la propia Junta, añadiendo que fue hasta el veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, cuando la parte actora demandó el pago de la prima de antigüedad, por lo que lógicamente, de la fecha en que falleció la trabajadora a cuando promueve el sindicato antes mencionado, o a la fecha en que demandó la actora, ya había transcurrido con exceso el término de un año a que se refiere el artículo 516 de la ley laboral y, como consecuencia, se encontraba prescrita la acción ejercitada.-Es cierto que el artículo 516 señala en forma genérica el término de un año para que prescriban las acciones de trabajo y el 517 precisa las acciones que se exceptúan de dicho término; o sea, que dentro de estos preceptos no se encuentra regulado en forma expresa el término de prescripción para exigir los beneficiarios el pago de la prima de antigüedad como consecuencia de la muerte del trabajador, a que se refiere el artículo 162, fracción V, de la ley laboral; por tanto, resulta incuestionable, en virtud de que es principio general de derecho, de justicia social y de los que animan a los ordenamientos a que se refiere el artículo 17 de la ley que nos ocupa, que el caso a estudio se considere regulado no solamente por analogía con relación al artículo 519, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, que prevé el término de dos años para que opere la prescripción de las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte del trabajador por riesgo de trabajo, sino también, por mayoría de razón, para dar cumplimiento al precitado artículo 162, fracción V, de la ley de la materia; como consecuencia, si ésta es omisa en cuanto a establecer el término para la prescripción de las acciones de los beneficiarios para reclamar el pago de la prima de antigüedad por muerte del trabajador, debe decirse que por las antes precisadas, debe establecerse en dos años conforme al artículo 519, fracción II, de la ley laboral. Por ello, atendiendo a las consideraciones anteriores, es dable concluir que sí fue ejercitada en tiempo la acción laboral por la parte actora, de suerte que de no haberlo considerado así la Junta Especial Número Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el laudo que se le reclama, conculcó en perjuicio de la quejosa los derechos públicos individuales consagrados por los artículos 14, 16 y 123 constitucionales, de ahí que proceda concederle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo de fecha dieciocho de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, que pronunció dentro del juicio laboral 421/83, y dicte otro en su lugar, en el que determine inoperante la excepción de prescripción alegada, decidiendo lo que en derecho proceda.-En resumen, atendiendo al principio fundamental que rige en materia laboral, de estar siempre a lo más favorable al trabajador, principio que recoge el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, si bien es verdad que ésta no es explícita en el señalamiento del término en que prescribe la acción del beneficiario para reclamar el pago de la prima de antigüedad generada por el trabajador fallecido, debe estarse no a la regla general que deriva de lo dispuesto por el artículo 516 de la invocada ley, sino a las reglas especiales que norman circunstancias asimilables al aspecto en comento, por virtud de que la norma especial excluye de su aplicación a la general. Por ello, una visión que no rompe con el objetivo de justicia social perseguido, es armonizar los artículos 17, 162, fracción V y 519, fracción II, que ante la inobjetable circunstancia de contemplar cuestiones análogas, como es la presencia del deceso del trabajador y la existencia de beneficiarios, resultan de aplicación en la especie, con exclusión de la norma genérica a que se refiere el artículo 516 de la ley laboral." (foja 37 vuelta a 39 vuelta de este toca).
QUINTO.-Atendiendo a los relacionados criterios, corresponde ahora verificar previamente si en el caso existe o no la contradicción denunciada entre los criterios sustentados por ambos Tribunales Colegiados de Circuito que han quedado transcritos.
Para ello es necesario tener presente que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicamente discrepantes y, que además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose asimismo que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente idénticos.
Cobra vigencia sobre tal particular la jurisprudencia número 22/92, de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, tomo 58, octubre de 1992, página 22 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Conforme a tal criterio se procede a verificar si existe la contradicción de criterios denunciada, para lo cual es necesario destacar tanto las similitudes existentes como las diferencias relevantes en el conocimiento de los asuntos de que se ocupó cada Tribunal Colegiado contendiente.
Los aspectos comunes a los asuntos en que se dictaron las resoluciones que se suponen contrarias, radican en lo siguiente:
1. Se trata de demandas laborales instadas por los beneficiarios de los trabajadores.
2. En ambos casos los trabajadores fallecieron por muerte natural y no por riesgo de trabajo.
3. En ambos casos los beneficiarios plantearon la reclamación del pago de la prima de antigüedad que estimaron procedía en su favor, después de haber transcurrido más de un año del fallecimiento de los trabajadores.
Precisadas las similitudes relevantes, ahora conviene referirse a las diferencias específicas.
En el caso, la discrepancia en que incurrieron los tribunales contendientes radica en que mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, establece que la prescripción de las acciones ejercidas por los beneficiarios del trabajador, cuando ésta tiene lugar por una causa natural o enfermedad no profesional, entre otras, la del pago de prima de antigüedad, al no estar previsto tal supuesto de manera específica, debe enmarcarse en la regla general que prevé el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo; es decir, que la reclamación tendrá que presentarse dentro del término de un año, contado a partir del día siguiente al en que ocurrió el deceso, pues de otra manera fenecerá el derecho a reclamar la prima de antigüedad .
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito afirma que en los casos en que se reclama el pago de la prima de antigüedad, como consecuencia de la muerte del trabajador, a que se refiere el artículo 162, fracción V, de la ley laboral, por ser omisa tal ley en cuanto a establecer el término de la prescripción para reclamar el pago de tal prima, en ese supuesto, ésta debe ser de dos años, acorde con lo dispuesto por el artículo 519, fracción II, de la ley en comento, atendiendo a los principios generales de derecho, de justicia social y por mayoría de razón.
De lo reseñado se concluye que sí existe un punto en el que discrepan ambos tribunales y que el punto de contradicción radica en determinar si la prescripción del pago de la prima de antigüedad por parte de los beneficiarios de un trabajador, que fallece por muerte natural o por un riesgo no profesional, se rige por el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, que establece la regla general de un año, o si atendiendo a los principios generales de derecho, de justicia social y por mayoría de razón, debe aplicarse el término de dos años previsto en el artículo 519 de la ley en cita.
Conforme a lo anterior, se estima que en el caso sí existe contradicción de tesis porque:
a) Los Tribunales Colegiados resolvieron negocios sometidos a su potestad, donde examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y adoptaron posiciones o criterios jurídicamente discrepantes, es decir, ambos abordaron el tema de la prescripción de la acción del pago de la prima de antigüedad reclamada por los beneficiarios de un trabajador fallecido por muerte natural o un riesgo no profesional y arribaron a conclusiones distintas.
b) La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
c) Los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos, pues ambos tribunales analizaron la prescripción del derecho de los beneficiarios de un trabajador fallecido por muerte natural o riesgo no profesional, en relación con el pago de la prima de antigüedad.
Puntualizado lo anterior, corresponde ahora resolver la contradicción que ha quedado precisada, esto es, determinar cuál es el término de la prescripción del pago de la prima de antigüedad, reclamado por los beneficiarios de un trabajador cuyo fallecimiento tuvo su origen en una causa natural o un riesgo no profesional.
En sus orígenes, la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos treinta y uno, en su título séptimo, ya contenía un capítulo relativo a la prescripción, abarcando tal capítulo del artículo 328 al 333, de los cuales se transcriben sólo los que interesan para la resolución de la presente contradicción, los que eran del tenor siguiente:
"Título séptimo.-De las prescripciones.-Art. 328. Las acciones que nazcan de esta ley o del contrato de trabajo, sea colectivo o individual, prescribirán en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes.-Art. 329. Prescriben en un mes: I. Las acciones para la nulidad del contrato celebrado por error, dolo o intimidación; II. Las acciones de los trabajadores para volver a ocupar el puesto que hayan dejado por accidente o enfermedades; III. Las acciones que concede a los trabajadores la fracción XXII del artículo 123 de la Constitución Federal; IV. Las acciones de los patrones para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas, y V. Las acciones de los patrones para hacer deducciones en los salarios de los trabajadores por errores que éstos cometan.-En el caso de la fracción I, cuando se trate de intimidación, el término para la prescripción correrá desde el momento en que la intimidación cese.-En el caso de la fracción II, correrá el término para la prescripción desde que el trabajador quede en posibilidad de desempeñar las actividades propias de su puesto.-En el caso de la fracción III, el término para la prescripción correrá desde el momento de la separación.-En el caso de la fracción IV, comenzará a correr desde que se dé causa para la separación o sean conocidas las faltas.-Por lo que respecta a deducciones, el término para la prescripción correrá desde el momento en que se hayan probado suficientemente los errores cometidos por el trabajador, de acuerdo con las estipulaciones contractuales.-Art. 330. Prescriben en dos años: I. Las acciones de los trabajadores para reclamar indemnizaciones por incapacidad, provenientes de accidentes o enfermedades profesionales; II. Las acciones de las personas que dependieron económicamente de los trabajadores muertos en accidentes de trabajo, para reclamar la indemnización correspondiente, y III. Las acciones para ejecutar las resoluciones de las Juntas.-La prescripción en los casos de las fracciones anteriores, correrá, respectivamente: Desde el momento en que se
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7171-beff4ea5/prima-de-antiguedad-el-plazo-para-la-prescripcion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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