ACTAS DE VISITA. AMPARO IMPROCEDENTE EN SU CONTRA. POR NO CONSTITUIR RESOLUCIONES FISCALES DEFINITIVAS.
AMPARO DIRECTO 872/91. SERVICIOS MEXICANOS TURISTICOS, S. A.
CONSIDERANDO:
NOVENO.- INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 54 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, VIGENTE EN 1987.- Por otra parte, resulta inatendible el argumento relativo a la inconstitucionalidad del artículo 54 de que se trata.
Lo anterior es así, porque las actas de visita domiciliaria contienen una relación de hechos respecto de determinada situación, que advierten los visitadores, quienes no son autoridades que puedan determinar, válidamente, la situación jurídica del particular, pues su función solamente consiste en cerciorarse, conforme a la facultad conferida en la orden de visita correspondiente, del cumplimiento de las obligaciones fiscales del particular, precisando en todo caso las infracciones que consideren haber encontrado en la visita practicada. Este criterio fue sustentado en la tesis de este Tribunal, denominada: "VISITA, ACTAS DE. AMPARO IMPROCEDENTE. NO CONSTITUYEN EN SI MISMAS RESOLUCIONES FISCALES DEFINITIVAS", publicada en las páginas 95 y 96, Tercera Parte, del Informe de Labores correspondiente al año de 1984.
En tal virtud, al ser la indicada acta de visita solamente un acto preparatorio de la resolución fiscal, y carecer de efectos privativos, es claro que ni para la propia acta, ni para la inconformidad en su contra, rigen las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
Tampoco es de observancia la garantía de acceso a la jurisdicción que instituye el artículo 17 de la Constitución Federal, en lo que atañe al trámite y resolución de la inconformidad, como lo pretende el promovente, porque ésta es una instancia meramente aclaratoria y no un recurso propiamente dicho.
Así lo ha considerado este propio órgano en la tesis pendiente de publicación: "INCONFORMIDAD FISCAL CON LOS HECHOS CONTENIDOS EN EL ACTA FINAL DE VISITA. NO CONSTITUYE UN RECURSO ADMINISTRATIVO, LA.- El artículo 54 del Código Fiscal de la Federación, en la parte que interesa, dispone que los contribuyentes que no estén conformes con el resultado de la visita podrán inconformarse con los hechos contenidos en el acta final mediante escrito que deberán presentar ante las autoridades fiscales dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al inmediato posterior a aquel en que se cerró... Los hechos con los cuales el contribuyente no se inconforme dentro del plazo legal o haciéndolo no los hubiera desvirtuado con las pruebas a que se refiere el párrafo anterior, se tendrán por consentidos". Ahora bien, como las actas de visita no constituyen resoluciones definitivas, no se puede obligar al contribuyente a agotar la inconformidad señalada, pues para ello sería necesario que ésta constituyera realmente un recurso; esto es que se dieran, entre otros elementos, los siguientes: a).- Que se impugnara una resolución administrativa; b).- Que se afectara o lesionara el interés o derecho del particular y c).- Que la autoridad administrativa tuviera la obligación de dictar una nueva resolución en cuanto al fondo; supuestos que no se desprenden del artículo transcrito".
DECIMO.- INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTICULOS 24, FRACCION III Y 24 BIS, FRACCION III, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- Es infundado el cuarto concepto de violación.
Los artículos 24, fracción III, y 24 Bis, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ambos de igual texto, vigentes en el año de 1987, expresaban en lo conducente: "Artículo 24. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos: III. Que se comprueben con documentación que reúna los requisitos que señalen las disposiciones fiscales relativas a la identidad y domicilio de quien los expida, así como de quien adquirió el bien de que se trate o recibió el servicio...".
Como se ve, la Ley del Impuesto sobre la Renta permite a los causantes efectuar ciertas deducciones; pero esto, a condición de que la documentación comprobatoria reúna, entre otros requisitos, los que marca el artículo 24, en la fracción transcrita.
El artículo 31 constitucional, fracción IV, establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Ahora bien, los indicados preceptos ordinarios de ninguna manera prohíben la deducción de las erogaciones que realicen los causantes para obtener el ingreso, como afirma la quejosa, sino que, como ya se expresó, solamente señalan los requisitos que deben reunir las deducciones que autoriza la ley y si en la especie, según se asienta en la resolución impugnada ante la responsable, a la contribuyente le fue solicitada la documentación comprobatoria de la deducción por concepto de comisiones y mediaciones durante el desarrollo de la visita "y fue proporcionada a los visitadores sin cumplir con los requisitos fiscales, como son número de folio, domicilio de la persona a quien se expidió, registro federal de contribuyentes, domicilio de quien lo expide, los cuales están señalados en los artículos 24, fracción III para título II y 24 bis fracción III para título VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 29 del Código Fiscal de la Federación vigentes en el ejercicio que se liquida, en relación con el artículo 36 del reglamento del código antes citado"; tal situación es imputable a la promovente.
En efecto, si la ahora quejosa pretendió efectuar las deducciones por concepto de comisiones y mediaciones, debió asegurarse de que la documentación que ampara las mismas, reuniera los requisitos legales; ya que en caso de no ser así, se produce el rechazo de las propias deducciones, como sucedió en la especie.
Y no podría ser de otra manera, ya que hay que tomar en cuenta la finalidad de la exigencia legal de que la documentación que soporte las deducciones cumpla los requisitos que al efecto señala la ley; finalidad que no es otra, más que la de justificar la autenticidad del gasto que se deduce.
En estas condiciones, no puede concluirse en el sentido de que por el hecho de exigirse la documentación legalmente eficaz para sustentar las deducciones, se impida al particular disminuir de sus ingresos el costo de los mismos, como pretende la quejosa, puesto que según se ha visto, la ley autoriza determinadas deducciones, las cuales deberán estar apoyadas con la documentación que reúna los requisitos que marca la ley y si dicha exigencia está dirigida a todos los contribuyentes, o sea que se les coloca en una situación de igualdad frente a la norma jurídica que establece tal exigencia, es claro que los artículos que de la Ley del Impuesto sobre la Renta se comentan, no violan el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
Tampoco puede considerarse que los multicitados artículos de la ley ordinaria, violen el artículo 22 constitucional ya que, dado el beneficio legal de poder realizar deducciones, para que el mismo pueda ejercitarse, es necesario cumplir los requisitos que para el efecto indica la ley de la materia y, en caso contrario, la consecuencia es el rechazo de la deducción; sin que pueda calificarse esto siquiera como una pena y mucho menos como inusitada.
UNDECIMO.- RECHAZO DE LA DEDUCCION DE GASTOS DE REPRESENTACION.- Es infundado el quinto concepto.
En la resolución administrativa se rechazó la deducción de la cantidad $1,326,339.00 por concepto de gastos, que la ahora quejosa registró en la cuenta "Otros gastos. Subcuenta gastos de representación"; tal rechazo se fundó en el artículo 25, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que prohíbe la deducción de los gastos de representación.
Como concepto anulatorio se expresó, al respecto, lo siguiente: "IV.- Por lo que hace a la deducción efectuada en cantidad de $1,326,339.00, debe señalarse que el mismo es un gasto indispensable para los fines de la actividad empresarial, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 22, fracción III y 24, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues en base a ellos los posibles clientes conocen del servicio turístico que presta mi mandante.- Por lo anterior, procede anular este rechazo en los términos del artículo 239, fracción II del Código Fiscal de la Federación".
Luego, no se cuestionó si se trataba de gastos de representación o no, como se aduce en la demanda de garantías, por lo que, como ya se expresó, resulta inatendible lo argumentado por la quejosa, en el sentido de que la responsable omitió efectuar razonamiento alguno tendiente a acreditar que efectivamente se trata de gastos de representación, pues esto no fue materia del juicio de nulidad.
En tal virtud, estuvo en lo correcto la responsable al declarar la validez de la resolución ante ella impugnada, en la parte en que rechazó la deducción por concepto de gastos de representación, apoyada en el texto de la fracción V del artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
DUODECIMO.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR HONORARIOS PAGADOS.- Es infundado el sexto concepto de violación.
En la resolución combatida ante la responsable se expresó lo siguiente: "B.- DE LOS INGRESOS POR HONORARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL INDEPENDIENTE. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.- La autoridad revisora observa la cantidad de $1,901,000.00 en virtud de que el contribuyente visitado no retuvo ni enteró dicha cantidad correspondiente a los honorarios pagados al C. Reynoso Hernández Victorio por un importe de $19'010,000.00 por concepto de actuaciones musicales registrados en la cuenta de otros gastos subcuenta de shows con fundamento en el artículo 86 párrafo tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio que se liquida. En su escrito de inconformidad el contribuyente visitado argumenta lo siguiente. "Es improcedente la observación de los Auditores Fiscales, en el sentido de que se debió retener y enterar el 10% sobre honorarios, en virtud de que el grupo musical que contratamos cuenta con el oficio de autorización No. 361- I-3736, expedido por esa H. Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que se exime a los músicos citados, de la retención del 10% sobre honorarios.- A mayor abundamiento cabe señalar que el oficio en cuestión autoriza a los músicos citados un régimen especial de tributación diferente de lo establecido por la Ley del Impuesto sobre la Renta para los honorarios y en dicho régimen especial de tributación no se establece la obligación de retener impuesto alguno por parte de quienes hagan pagos por dichos conceptos.- Por lo tanto al no establecerse la obligación de retención el régimen especial de tributación autorizado no procede la observación que hacen los auditores fiscales, se aporta como prueba dicho oficio de autorización".- En relación con lo anterior esta autoridad concluye que los argumentos plasmados en su escrito de inconformidad se consideran infundados toda vez que el oficio antes referido sólo exime a los músicos ambulantes, y en relación al oficio que hace mención en su escrito de inconformidad en su hoja cuatro, cláusula octava dice: "No podrán optar por lo resuelto en este oficio los músicos ambulantes que perciban honorarios por la prestación de un servicio bajo contrato de cualquier naturaleza con empresas de publicidad, radio, televisión, grabación, teatro, cine, cabaret, salón de baile, etc., ya que conforme a este tratamiento especial no se consideran como músicos ambulantes por lo que tendrán que cumplir con sus obligaciones fiscales en los términos generales de la Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento".- En base a lo manifestado anteriormente se hace notar que en acta final de auditoría a folios 4074366 4074367 y 4074368 se consignan los datos de los pagos por honorarios y por concepto de shows en forma consistente, semana a semana en el ejercicio que se revisa por consecuencia el contribuyente visitado está obligado a retener y enterar el Impuesto sobre la Renta de los Ingresos por Honorarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Independiente. Responsabilidad solidaria con fundamento en el artículo 86 párrafo 3o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio que se liquida, por lo que persiste la observación en cantidad de $1,901,000.00, con fundamento en el artículo antes citado".
La Sala Regional declaró la validez de la parte transcrita al considerar que la misma está debidamente fundada y motivada, ya que se sustenta en el artículo 86, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio revisado y se indica en ella, además, que de conformidad con la cláusula octava del oficio 361-I-3736, expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que según la contribuyente autorizó a los músicos ambulantes un régimen especial de tributación, ello no era así, pues dicha cláusula excluye a los músicos ambulantes que perciben honorarios por la prestación de servicios bajo contrato de cualquier naturaleza.
El indicado artículo 86, ubicado en el título IV, de las personas físicas, capítulo II, de los ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio personal independiente, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ordena en el párrafo tercero: "Cuando los ingresos a que se refiere este capítulo se obtengan por pagos que efectúen las personas morales, éstas deberán retener como pago provisional el 10% sobre el monto de los mismos sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes constancia de la retención; dichas retenciones deberán enterarse en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 80 de esta ley. El impuesto retenido en los términos de este párrafo podrá acreditarse contra el que resulte de conformidad con el primer párrafo de este artículo".
Señala la quejosa que la responsable, en forma indebida, considera que la resolución impugnada se encuentra motivada.
Lo anterior resulta inexacto ya que la Sala manifiesta, esencialmente, que la autoridad ante ella demandada señaló "que conforme al tratamiento especial contenido en la cláusula octava del mencionado oficio, no se consideraba como músico ambulante al señor Reynoso Hernández", y que "la autoridad no tenía obligación de señalar si la empresa actora era una empresa de televisión, teatro, etcétera, ya que la actividad que desarrolla la empresa es irrelevante para determinar si en el presente caso resulta aplicable o no lo establecido en la cláusula octava del oficio 3736 antes mencionado".
Así pues, si de conformidad con la multicitada cláusula octava: "no podrán optar por lo resuelto en este oficio los músicos ambulantes que perciban honorarios por la prestación de un servicio bajo contrato de cualquier naturaleza... ya que conforme a este tratamiento especial no se consideran como músicos ambulantes por lo que tendrán que cumplir con sus obligaciones fiscales en los términos generales de la Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento"; resulta claro que la autoridad ahora tercera perjudicada, como lo consideró la Sala Regional, sí externó la razón por la que no consideró al indicado Reynoso Hernández como músico ambulante.
Además, es correcto que la original sentenciadora exprese que: "la autoridad no tenía obligación de señalar si la empresa hoy actora era una empresa de televisión, teatro, etcétera, ya que la actividad que desarrolla la empresa es irrelevante para determinar si en el presente caso resulta aplicable o no lo establecido en la cláusula octava del oficio 3736 antes mencionado, ya que al citarse en dicha cláusula la palabra etcétera con posterioridad a las empresas a que se refiere, se desprende que dichas empresas se citan únicamente como ejemplos y no de una manera limitativa".
Lo anterior es así dado que la locución adverbial etcétera que deriva del latín et = y, y cetera = lo que falta, o sea, lo demás; abarca, en la especie, a todas aquellas empresas que, por la razón que fuere, y con independencia de la actividad a la que se dediquen, contraten los servicios de músicos, los cuales, por la circunstancia de ser contratados, ya no se reputan en el oficio de mérito como "ambulantes". Por lo tanto, en contra de lo que arguye la promovente, es inexacto que con la aludida locución se dé a entender que no se considerarán como músicos ambulantes los que sean contratados únicamente por empresas que se relacionen con las que ejemplificativamente se citan en el oficio de que se trata, o sea, las de publicidad, radio, televisión, grabación, teatro, cine, cabaret y salón de baile.
Los anteriores razonamientos llevan a declarar infundado el concepto que se analiza.
DECIMOTERCERO.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR HONORARIOS PAGADOS.- Es substancialmente fundado el séptimo concepto.
Aduce la promovente que la Sala responsable debió declarar la nulidad de la resolución ante ella combatida, de acuerdo con el artículo 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, porque en esa resolución "no se invoca como fundamento para liquidar al demandante por este concepto el precepto legal en el que se establece la obligación de pagar impuestos a cargo de un tercero".
En la resolución administrativa impugnada ante la Sala Fiscal se citó como único fundamento para justificar el cobro del impuesto de los ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio personal independiente, el artículo 86, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De la lectura de dicho precepto, transcrito en el apartado que antecede, se advierte que el mismo solamente establece dos obligaciones a cargo de la ahora quejosa; a saber: la de retener el 10% de los honorarios pagados a Reynoso Hernández Victorio, y la de enterar esa cantidad a la autoridad hacendaria; sin embargo, dicho precepto no señala cuál es la consecuencia jurídica de la falta de cumplimiento de esas obligaciones. Por lo tanto, la diversa obligación de dar, consistente en que el contribuyente pague con recursos propios el impuesto a cargo de un tercero, que omitió retener y enterar, no encuentra su fundamento en el aludido artículo.
En otras palabras, como acertadamente lo expresa la quejosa, la autoridad fiscal omitió citar el precepto legal en el que se establece la responsabilidad solidaria pasiva a cargo de los retenedores; motivo por el cual, ciertamente, la determinación de esa parte del crédito adolece de falta de fundamentación y, por ende, es violatoria de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional.
Al no considerarlo así la Sala Regional, violó, a su vez, la garantía de exacta aplicación de la ley, contenida en el artículo 14 de la Carta Magna, lo cual da lugar a que se otorgue el amparo solicitado, por cuanto hace a la partida de $1'901,000.00, por concepto de Impuesto sobre la Renta de los Ingresos por Honorarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Independiente, responsabilidad solidaria.
DECIMOCUARTO.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- Es inatendible el octavo concepto, ya que en él se combate la decisión de la responsable en cuanto declaró la validez de la determinación del Impuesto al Valor Agregado; pero tal impugnación la hace derivar la quejosa de su consideración de que son ilegales las liquidaciones en materia del Impuesto sobre la Renta y ya se ha visto que, como lo determinó la propia Sala, en relación con dicho impuesto únicamente se logró desvirtuar el rechazo de la partida de atenciones a clientes, en cantidad de $3'386,476.00; por lo que exclusivamente resultó ilegal la determinación del Impuesto al Valor Agregado en cantidad de $1'507,964.00, que se relaciona con la citada partida, y del cual se declaró la nulidad.
DECIMOQUINTO.- INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 76 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.- Es infundado, en una parte, el noveno concepto.
El artículo 76 del Código Fiscal de la Federación vigente en 1987, establecía: "Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial en el pago de contribuciones incluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tratándose de contribuciones al comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades de comprobación, se aplicarán las siguientes multas: ... III. El 150% de las contribuciones omitidas en los demás casos".
Por ser de aplicación analógica, basta reiterar aquí lo que se dijo al resolver el 2 de mayo de 1991, por unanimidad de votos, el D.A. 292/91, promovido por Gabriel Camacho Casillas, Magistrada Relatora: María Antonieta Azuela de Ramírez, en el que se invocó la inconstitucionalidad del artículo 78 del Código Fiscal de la Federación. Ahí se expresó lo siguiente: "Además, no puede considerarse, a juicio de este Tribunal, que el artículo a examen sea inconstitucional por el solo hecho de establecer multas fijas, porque una multa no puede calificarse de excesiva hasta que se aplica a un caso concreto, ya que sólo entonces podría afirmarse sobre bases válidas, que la sanción para una persona resulta excesiva. Además, si el precepto a estudio alude a un por ciento de la cantidad evadida, está en proporción con el valor del negocio objetivamente considerado y, en esa medida, en proporción con la capacidad económica del contribuyente. Que el afán del legislador no fue atentar contra el precepto constitucional autorizando multas excesivas, lo demuestra el hecho de que permite su reducción a la mitad (veinte por ciento en el caso del artículo 76), si se pagan dentro de determinado lapso. Es interesante apuntar que como la autoridad sancionadora debe acatar a la Constitución antes que a la ley ordinaria, podría llegar a imponer una multa más baja que la prevista por el precepto, en el caso de que llegara a advertir que otra sanción sería auténticamente ruinosa para el particular y violatoria, por ende, del artículo 22 de la Constitución, pero sólo ante la prueba contundente de ese hecho.- Lo que debe quedar bien claro, es que el precepto en comento no es inconstitucional en sí mismo".
La promovente invoca en su favor la tesis de otro Colegiado de Circuito, que declara la inconstitucionalidad del artículo 76 indicado.
Al respecto debe apuntarse que esa tesis constituye un precedente aislado que este tribunal no comparte y que tampoco lo obliga a sujetarse a las reglas del artículo 196 de la Ley de Amparo, pues ni siquiera podrá llegar a constituir jurisprudencia, dado que su temática no es de la competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados.
DECIMOSEXTO.- MULTA.- Suplida la deficiencia del noveno concepto, de conformidad con el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, debe otorgarse la protección solicitada respecto del reconocimiento de validez de la multa impuesta con fundamento en el artículo 76, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, porque contrariamente a lo resuelto por la Sala, este tribunal estima que aquella sanción no se encuentra fundada.
En ese aspecto, la resolución fiscal impugnada ante la Sala responsable dice textualmente: "En relación con lo anterior y en virtud de que omitió pagar contribuciones por adeudo propio, que debió retener y enterar y que trasladó cuya suma asciende a $84'847,534.00 se hace acreedor a la imposición de una multa en cantidad de $127'271,301.00, equivalente al 150% de las contribuciones omitidas de conformidad con lo establecido en el artículo 76 fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente".
La transcripción anterior permite establecer en forma indubitable que la sancionadora no expresó cuál era la infracción legalmente punible, pues no citó precepto alguno que la tipificara y se limitó a mencionar el que prevé la sanción. Luego, irroga agravio a la quejosa al dejarla en estado de indefensión, pues le impide conocer la disposición legal en que la autoridad se apoya y que indefectiblemente debe sustentar una multa.
Es aplicable al caso la tesis sustentada por este Tribunal, aún pendiente de publicación, de rubro: "MULTAS FISCALES. DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO QUE DESCRIBE LA INFRACCION SANCIONADA", y cuyo texto dice: "Las multas impuestas con motivo de infracciones fiscales deben invariablemente fundarse mediante la cita del precepto legal que tipifica la infracción sancionada y no a través de argumentos genéricos en el sentido de que el causante infringió determinadas disposiciones, pues el Código Fiscal contiene un capítulo dedicado especialmente a las infracciones, que detalladamente define a través de diversos artículos y fracciones, y en ausencia de la mención específica de la infracción sancionada no puede el particular establecer si se le está aplicando la norma exactamente aplicable a la conducta adoptada".
En estas condiciones, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, sólo respecto de la decisión de la Sala responsable de reconocer la validez de una parte de la multa equivalente al 150% de las contribuciones omitidas. Cabe precisar que la Sala declaró la nulidad de otra parte de la propia multa, relacionada con las omisiones que logró desvirtuar la entonces actora, y esa declaratoria de nulidad queda firme.
En cuanto a la diversa multa, por la cantidad de $350,000.00, fundada en los artículos 28, fracción II, 83, fracción IV, 84, fracción III, todos del Código Fiscal, la misma no fue materia de impugnación.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 76, 77, 78, 190 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:
UNICO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a SERVICIOS MEXICANOS TURISTICOS, S. A., en contra de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, por el acto que se hizo consistir en la sentencia dictada el 4 de marzo de 1991, al resolver el juicio fiscal 4716/90, sólo en los términos de los considerandos decimotercero y decimosexto de este fallo.
Notifíquese; y a la quejosa personalmente. Una vez que cause estado esta resolución, devuélvanse los autos a la Sala de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia (ponente), María Antonieta Azuela de Ramírez y Carlos Amado Yáñez, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Firman los CC. Magistrados, con la intervención del secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/725-e268f4cc/actas-de-visita-amparo-improcedente-en-su-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- MULTA MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE RAZONE SU IMPOSICIÓN NO VIOLA GARANTÍAS. (AMPARO DIRECTO)
- DEMANDA EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA SU ADMISIÓN NO SE REQUIERE ADJUNTAR PRUEBAS QUE ACREDITEN EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, CUANDO SE FUNDA EN EL ARTÍCULO 209 BIS, FRACCIÓN I (AMPARO DIRECTO)
- ÓRDENES DE INSPECCIÓN A CENTROS DE TRABAJO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR. (AMPARO DIRECTO)
- TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN VI, DE LA LEY QUE REGULA EL IMPUESTO RELATIVO, AL EXENTAR DE SU PAGO CUANDO SE TRATE DE AUTOMÓVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO DIRECTO. (s/clave)
- AMPAROS ADMINISTRATIVOS. (105)
- AMPAROS ADMINISTRATIVOS. (s/clave)
- SENTENCIA DE AMPARO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis