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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA ORIGINARIA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN ESTA VÍA, CORRESPONDE AL PRESIDENTE DE SU MESA DIRECTIVA.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 113/2001-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 5/2001. · Registro digital (IUS): 7267
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y APODERADO DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, , Pág. 927.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 113/2001-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 5/2001. DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y APODERADO DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Los agravios expuestos por la parte recurrente se hacen consistir, esencialmente, en lo siguiente.

a) Que en la exposición de motivos del proyecto de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en lo relativo a la representación de las autoridades en las controversias constitucionales, previsto por el primer párrafo del artículo 11 de dicha ley, se pretendió el respeto a la organización interna de los entes públicos que pueden ser llamados a juicio, entendiéndose esto en el sentido de que si la ley que rige a la autoridad llamada a juicio permite que ésta sea representada en diversas formas, esto debe ser respetado; por tanto, si de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 66 y 67, primer párrafo, inciso 1), de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, el legislador decidió reconocer una doble representación para la Cámara, por una parte, al presidente de la mesa directiva sin restricción alguna y, por otra, a un mandatario para dos aspectos en concreto, actos de administración y de representación ante tribunales, tal representación debe respetarse, de acuerdo con el espíritu del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, mencionado.

b) Que el acuerdo recurrido es violatorio del artículo 70, segundo y cuarto párrafos, de la Constitución Federal, porque en éste se desconoció el carácter con el que compareció el recurrente en la controversia constitucional, aplicándose indebidamente el segundo párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, cuando de conformidad con el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la tesis aislada con el rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA Y EN EL PROCESO.", es posible la presunción de la representación, siempre que ésta se encuentre prevista en la ley, como sucede en el presente caso con la Cámara de Senadores.

Además, no se reconoce la representación con la que se ostenta el recurrente, director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores y apoderado legal de la misma, bajo el criterio de que no se acepta la representación delegada, lo cual es impreciso, toda vez que no se está en presencia de esa figura, sino de una doble representación de la Cámara, por una parte, el presidente de la mesa directiva sin restricción alguna y, por otra, un mandatario para dos aspectos en concreto, actos de administración y de representación ante tribunales, lo que es posible de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLA. LA TIENEN EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).", de la que se puede apreciar la posibilidad de que una de las autoridades previstas en el artículo 10 de la ley reglamentaria de la materia, pueda tener doble representación si así lo prevé la legislación que lo rige, como sucede con la Cámara de Senadores, de conformidad con el artículo 67, primer párrafo, inciso l), de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.

c) Que del poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración otorgado al recurrente, director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores se desprende, que dicho funcionario representa a la Cámara de Senadores y no al presidente de la mesa directiva, lo que coloca al director mencionado en calidad de representante legal de la Cámara y adquiere atribuciones para defender los intereses del Senado, y si bien es cierto que quien le concede tal poder es el presidente de la mesa directiva, también lo es que éste lo hace en ejercicio de sus atribuciones sujetas en todo momento al voto del Pleno de la Cámara, quien no tuvo ninguna objeción para que así se realizara, confirmando con esto que existe una doble representación del órgano legislativo mencionado establecida en la ley (artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión).

d) Que el mandato para representar a la Cámara de Senadores fue concedido al recurrente en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos, unidad administrativa que tiene por objeto proponer, aplicar y evaluar las políticas en materia jurídico-normativa de la Cámara, así como atender los asuntos jurídicos concernientes al Senado, esto de acuerdo a la normatividad interna que determina las facultades de cada área; poder que se concedió con todas las facultades generales y especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley, de manera enunciativa pero no limitativa, con la facultad expresa para comparecer en juicios federales incluyendo las controversias constitucionales en que la Cámara sea parte; reflejándose en esto, la voluntad del presidente de la mesa directiva para que la dirección general de Asuntos Jurídicos sea quien represente a la Cámara de Senadores ante cualquier instancia jurisdiccional.

e) Que para hacer posible la realización de todas las funciones que tiene encomendada la mesa directiva, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión prevé la posibilidad de que algunas, por su naturaleza, sean realizadas en forma colegiada y otras por el presidente de la misma, como lo establecen los artículos 66 y 67 de ese ordenamiento, por lo que pretender que sea dicho presidente quien realice la administración de los bienes propiedad del Senado, así como que represente los intereses de la Cámara ante todas las autoridades jurisdiccionales federales y del fuero común, implicaría, por un lado, que tendría que ser un administrador y abogado experimentado y, por otro, que se aleje de hacer prevalecer el interés general que debe imperar en todo momento en ese órgano colegiado.

No será materia del presente recurso de reclamación lo que aduce el recurrente en el sentido de que el auto recurrido es violatorio del artículo 70 de la Constitución Federal, toda vez que dicho recurso no es un medio de control constitucional autónomo que tenga por objeto proteger constitucionalmente a las partes de actos contrarios a la Constitución Federal, como en el presente caso es el juicio de controversia constitucional, sino un medio de impugnación de los acuerdos dictados dentro del proceso controversial previsto en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.

En este orden, de conformidad con el artículo 39 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procederá al examen en su conjunto de los agravios hechos valer por la parte recurrente, por virtud de estar ligados entre sí, y para resolver la cuestión efectivamente planteada.

La problemática expuesta en el presente recurso se resume en determinar los alcances de lo dispuesto por el artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, en cuanto a la representación del tercero interesado en las controversias constitucionales y si son apegadas a derecho las razones que se expusieron para tener por no presentada a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, desahogando la vista ordenada en autos de la controversia constitucional de la que deriva el presente recurso de reclamación.

En primer término, cabe recordar que en la controversia constitucional 5/2001, el Ministro instructor, a través del auto de veintitrés de abril del año dos mil uno, tuvo por no presentada a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, desahogando la vista acordada en auto de fecha seis de marzo del citado año, considerando que el oficio relativo se encuentra signado por Carlos Cravioto Cortés, quien se ostentó como director general de Asuntos Jurídicos y apoderado de dicha Cámara, ya que de conformidad con el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, la representación jurídica general de ese órgano legislativo no corresponde al promovente sino al presidente de su mesa directiva, considerando además que por virtud de que la ley que rige la organización de la multicitada Cámara indica de manera expresa quién tiene la representación de la misma, no resulta procedente estimar la presunción de dicha representación que se prevé en el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.

Ahora, el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé:

"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

De la norma transcrita se advierten dos medios para tener por reconocida la representación de quienes promueven en nombre de las partes:

1. Representación consignada en ley:

a) El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, podrán comparecer a juicio por conducto de sus funcionarios;

b) Dichos funcionarios deben tener facultades de representación;

c) Estas facultades deben estar contenidas en la ley que rija su funcionamiento;

2. Presunción de la representación:

d) En todo caso existe la presunción de que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo; y,

e) Esta presunción opera salvo prueba en contrario.

En la exposición de motivos de la ley reglamentaria de la materia, en cuanto a su artículo 11, se señaló lo siguiente:

"... Tomando en consideración que buena parte de las controversias constitucionales habrán de promoverse por órganos colegiados, es necesario precisar adecuadamente la manera en que los mismos habrán de ser representados. En este sentido, se prevé que el actor, el demandado y el tercero afectado serán representados por aquellas personas que determinen sus correspondientes normas. ..."

De lo precisado se desprende que en cuanto a la representación del actor, demandado y el tercero interesado en las controversias constitucionales, el espíritu del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, debe entenderse en el sentido de que dicha representación debe ejercerse por conducto de los funcionarios que tengan reconocida originalmente tal facultad por la ley que los rige y que, excepcionalmente, debe presumirse a favor de quien comparezca a juicio.

Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis 1a. XV/97 sustentada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas cuatrocientos sesenta y ocho del Tomo VI, agosto de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA Y EN EL PROCESO.-La legitimación en la causa, entendida como el derecho sustantivo para poder ejercer la acción, y la legitimación en el proceso, entendida como la capacidad para representar a una de las partes en el procedimiento, son aspectos de carácter procesal que, para el caso de las controversias constitucionales, se cumplen de la siguiente manera: 1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 10, fracción I, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución Federal, solamente tienen derecho para acudir a la vía de controversia constitucional las entidades, poderes u órganos a que se refiere el citado precepto fundamental; de esto se sigue que son estos entes públicos a los que, con tal carácter, les asiste el derecho para ejercer la acción de referencia; y 2. De conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria, atento el texto de la norma y el orden de los supuestos que prevé, el órgano jurisdiccional, primero debe analizar si la representación de quien promueve a nombre de la entidad, poder u órgano, se encuentra consignada en ley y, en todo caso, podrá entonces presumirse dicha representación y capacidad, salvo prueba en contrario."

Por su parte, los artículos 66 y 67, primer párrafo, inciso l), de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, señalan:

"Artículo 66.

"1. La mesa directiva observará en su desempeño los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes facultades:

"a) Presidir los debates y votaciones del Pleno y determinar el trámite de los asuntos, conforme a la Constitución, a esta ley y al reglamento correspondiente;

"b) Formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá claramente los asuntos que requieran votación de aquellos otros solamente deliberativos o de trámite, tomando en cuenta las propuestas de la Junta de Coordinación Política y de los senadores, de conformidad con las disposiciones reglamentarias;

"c) Asegurar que los dictámenes, acuerdos parlamentarios, mociones, comunicados y demás escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación y tiempos de presentación;

"d) Designar las comisiones de cortesía necesarias para cumplir con el ceremonial;

"e) Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de los Estados y las autoridades locales del Distrito Federal; así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;

"f) Disponer que la información del trabajo de los senadores sea difundida a los medios de comunicación en condiciones de objetividad y equidad;

"g) Presentar al Pleno para su aprobación el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Cámara, que le presente la Comisión de Administración, para su remisión al titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que sea integrado al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación; así como los presupuestos mensuales de la propia Cámara. En los recesos, el presidente de la mesa turnará el presupuesto mensual al presidente de la Comisión Permanente para los efectos legales conducentes;

"h) Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, así como los locales que correspondan a los grupos parlamentarios;

"i) Elaborar y proponer al Pleno los ordenamientos que regulen la organización de las secretarías generales, la tesorería y el servicio civil de carrera. La adopción de esos instrumentos se regirá, en lo conducente, por las reglas y procedimientos establecidos para la aprobación de leyes y decretos;

"j) Organizar y supervisar las funciones a cargo de las secretarías generales, la tesorería, el servicio civil de carrera y crear las unidades administrativas que requiera la Cámara;

"k) Expedir el nombramiento o el oficio de remoción de los servidores públicos de la Cámara, mandos medios y superiores, acordados mediante los procedimientos señalados en esta ley, las disposiciones reglamentarias y los acuerdos aplicables; y

"l) Las demás que se deriven de esta ley o del reglamento.

"2. Las facultades que se precisan en los incisos a), c), d), e), f), g) y k), serán ejercidas por el presidente de la mesa directiva.

"3. Las facultades que se precisan en los incisos b), h), i) y j), serán ejercidas de manera colegiada, por acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros presentes de la mesa directiva. En caso de empate, el presidente de la misma tendrá voto de calidad. Para sesionar válidamente deberán asistir más de la mitad de sus integrantes."

"Artículo 67.

"1. El presidente de la mesa directiva es el presidente de la Cámara y su representante jurídico; en él se expresa la unidad de la Cámara de Senadores. En su desempeño, deberá hacer prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo, para lo cual, además de las facultades específicas que se atribuyen en el artículo anterior, tendrá las siguientes atribuciones:

"...

"l) Otorgar poderes para actos de administración y para representar a la Cámara ante los tribunales en los juicios de cualquier naturaleza en que ésta sea parte."

De la transcripción anterior se desprende que el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión prevé, por una parte, que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión es el presidente de ese órgano legislativo y su representante jurídico originario y, por otra parte, que entre sus atribuciones está el otorgar poderes para actos de administración y para representar a la referida Cámara ante los tribunales, lo que lleva a considerar que el numeral en cuestión prevé dos formas diversas de representación: una, que nace por disposición singular de la ley que rige a ese órgano legislativo, al señalar específicamente el precepto a estudio el funcionario que tiene la representación de dicho órgano; y otra, que dimana de un acto posterior de voluntad (mandato) del funcionario investido expresamente por la ley con las facultades de representación jurídica general, el cual es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Resulta pertinente aclarar que la facultad del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para otorgar poderes, señalada en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, constituye una forma de representación derivada de la creada originalmente por la ley, ya que su existencia y facultades dimanan de un acto posterior del funcionario a quien la ley atribuye la representación jurídica general del órgano legislativo.

Así pues, el otorgamiento de poderes para la representación de la Cámara de Senadores con base en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, constituye un medio extraño para efectos de la representación que prevé el artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, ya que tratándose de la vía constitucional mencionada no es permisible la representación por mandato, toda vez que debe prevalecer lo que señala la Norma Fundamental y su ley reglamentaria, en acatamiento a los principios de supremacía constitucional y especialidad.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia número 155/2000, aprobada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día veintisiete de noviembre del año dos mil, cuyo contenido es el siguiente:

"CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. CONFORME AL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL LOS MEDIOS RELATIVOS DEBEN ESTABLECERSE EN LA PROPIA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO EN UN ORDENAMIENTO INFERIOR.-En virtud de que el ejercicio de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de los medios de control de la constitucionalidad, tiene por efecto que ese órgano fije el alcance de las normas supremas, que expresan la soberanía popular, debe considerarse que la jerarquía de las bases contenidas en ese Magno Ordenamiento conlleva el que sólo en ellas, mediante la voluntad soberana manifestada por el Constituyente o por el Poder Revisor de la Constitución, pueda establecerse la existencia de los referidos medios; ello sin menoscabo de que el legislador ordinario desarrolle y pormenorice las reglas que precisen su procedencia, sustanciación y resolución. La anterior conclusión se corrobora por lo dispuesto en los diversos preceptos constitucionales que, en términos de lo previsto en el artículo 94 de la propia Constitución General de la República, determinan las bases que rigen la competencia de la Suprema Corte de Justicia, en los que al precisarse los asuntos de su conocimiento, en ningún momento se delega al legislador ordinario la posibilidad de crear diversos medios de control de la constitucionalidad a cargo de aquélla.

"Recurso de reclamación 172/98. Gobernador del Estado de Durango. 31 de octubre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Humberto Román Palacios. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina."

No es óbice a la anterior consideración la tesis que invoca el recurrente con el rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA Y EN EL PROCESO.", ya que en ésta se señala que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, atento al texto de la norma y el orden de los supuestos que prevé, el órgano jurisdiccional primero debe analizar si la representación de quien promueve a nombre de la entidad, poder u órgano, se encuentra consignada en la ley y, excepcionalmente, podrá presumirse dicha representación y capacidad, salvo prueba en contrario.

Ahora bien, de la jurisprudencia invocada por el recurrente con el rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLA. LA TIENEN EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).", se desprende que de acuerdo con la legislación que rige a la entidad, poder u órgano que puede ser llamado a las controversias constitucionales, puede darse una doble representación, es decir, que la facultad de representación de los entes mencionados puede recaer en dos funcionarios distintos, lo cual es admisible de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, pero esta situación no se da en el presente caso, porque el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión no señala como representante jurídico de la Cámara de Senadores al director general de Asuntos Jurídicos, sino únicamente al presidente de la mesa directiva de ese órgano legislativo, por lo que la representación de mérito no recae en dos funcionarios distintos sino en uno solo; y el hecho de que el precepto referido faculte al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para otorgar poderes para que sea representada jurídicamente la Cámara, como ya se dijo, no significa que se esté en presencia de una doble representación, sino de una forma diversa de representación, que es inaceptable de conformidad con el artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia; consecuentemente, resulta inaplicable al presente asunto la jurisprudencia de mérito, invocada por la recurrente para apoyar sus pretensiones.

Asimismo, lo que alega la recurrente en el sentido de que en el auto recurrido no se tomó en cuenta que el poder le fue otorgado en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores y que como tal está facultado para atender, entre otras cuestiones, asuntos jurídicos concernientes al Senado, resulta infundado, porque independientemente del carácter con que se le haya señalado al recurrente en dicho poder, tal personalidad se hace depender de un instrumento notarial, cuya eficacia legal depende de la voluntad del poderdante y no de lo dispuesto en forma singular por la ley que rige al órgano legislativo mencionado.

En las circunstancias anotadas, resulta apegado a derecho lo resuelto en el auto recurrido, en el sentido de que conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia es inaceptable la forma de representación con la que compareció al juicio el ahora recurrente.

Similar criterio fue sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de veintiocho de mayo del año dos mil uno, las controversias constitucionales 15/99 y 36/2000, promovidas por el Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Estado de Sonora, y en sesión de treinta y uno de mayo del mismo año, la controversia constitucional 32/2000, promovida por la jefa de Gobierno del Distrito Federal.

En este orden de ideas, al resultar infundados los agravios expuestos por la recurrente, se debe declarar procedente pero infundado el presente recurso de reclamación y, consecuentemente, confirmar el acuerdo de veintitrés de abril del año dos mil uno, dictado por el Ministro instructor en la controversia constitucional 5/2001, en cuanto tuvo a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión por no presentada desahogando la vista ordenada en auto de seis de marzo del mismo año.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por Carlos Cravioto Cortés, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos y apoderado de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

SEGUNDO.-Se confirma el auto recurrido de veintitrés de abril del año dos mil uno, dictado por el Ministro instructor en la controversia constitucional 5/2001, planteada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, en contra del decreto expedido por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha treinta de enero del año dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de febrero del mismo año.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Vicente Aguinaco Alemán y presidente de la Sala Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Fue ponente en este asunto el señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7267-965a1dc3/controversia-constitucional-la-representacion-juridica-originaria-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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