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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN LA DEMANDA SÓLO SE IMPUGNAN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A UNA NORMA GENERAL QUE NO HA SIDO PUBLICADA, DEBE DESECHARSE POR EXISTIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS VICIOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 308/2001-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 32/2001. · Registro digital (IUS): 17025
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, , Pág. 953.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 308/2001-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 32/2001. CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-En los conceptos de agravio esgrimidos por la recurrente, en esencia, se señala que la demanda de controversia constitucional debió haberse desechado de plano, por virtud de que la afectación al interés jurídico debe derivar directamente de los efectos que produce la vigencia del nuevo precepto constitucional, puesto que son los que, en su caso, ocasionarían un menoscabo en la esfera jurídica de la parte actora, ya que no se justifica la impugnación de manera aislada del proceso legislativo sin la vigencia de la norma.

De un análisis integral del escrito de demanda se desprende que la parte actora impugna en vía de controversia constitucional la aprobación por parte del Congreso de la Unión del proyecto de reformas a diversos preceptos constitucionales, así como el cómputo de los votos emitidos por los diferentes Congresos Legislativos de los Estados, y de la Legislatura del Estado de Tabasco impugna la emisión del voto aprobatorio de dichas reformas y adiciones a la Constitución Federal; es decir, lo que efectivamente se controvierte son los actos realizados dentro del procedimiento legislativo tendentes a reformar los artículos 1o., 2o., 4o., 18 y 115, fracción III, de la Constitución Federal de la República, y no así la propia reforma.

Lo anterior se corrobora de la manifestación que en ese sentido expresa la parte recurrente en su escrito de aclaración de demanda de fecha treinta de agosto de dos mil uno (fojas ciento dieciséis a ciento diecinueve del expediente principal), en la que señaló, textualmente: "Que interpongo la controversia en contra de los actos de autoridad que llevaron a cabo para producir como resultado el decreto aprobatorio de la reforma constitucional tantas veces mencionada, realizados por el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados de ...".

Al respecto, el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional prevé:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos."

Del precepto legal transcrito se desprende que para determinar la oportunidad de la impugnación de actos en controversia constitucional, se tienen treinta días contados a partir del día siguiente:

a) Al en que conforme a la ley del acto surta efectos la notificación de éste;

b) Al en que se haya tenido conocimiento del acto; o,

c) Al en que el actor se ostente sabedor del mismo.

Ahora bien, como se precisó en párrafos precedentes, la demandante en la controversia constitucional impugnó la aprobación del decreto por el que se pretende reformar y adicionar los artículos 1o., 2o., 4o., 18 y 115, fracción III, de la Constitución Federal de la República, los cuales, al momento de presentarse la demanda, aún no habían sido publicados en el Diario Oficial de la Federación, de tal suerte que la impugnación no la hace derivar de la publicación de la norma general, sino de los actos que en su conjunto integran el procedimiento legislativo.

Al respecto, este Alto Tribunal ha sostenido el criterio de que los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general emanada de ese procedimiento, de tal forma que no es impugnable cada acto legislativo individualmente, ya que no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través del análisis conjunto de esos actos con motivo de la emisión de la norma general.

En efecto, los actos que integran el procedimiento legislativo están plenamente vinculados entre sí y forman una unidad en su conjunto, que solamente adquieren definitividad al momento de la publicación de la norma general que ha sido objeto de ese procedimiento legislativo.

Entonces, la impugnación de los actos que integran el procedimiento legislativo únicamente se puede realizar a partir de que es publicada la norma general emanada de dicho procedimiento, porque es en ese momento cuando los mencionados actos adquieren definitividad.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial plenaria P./J. 129/2001, consultable en la página ochocientos cuatro del Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS VICIOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL.-Si se toma en consideración, por un lado, que los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general emanada de ese procedimiento, de tal forma que no es posible jurídicamente impugnar cada acto legislativo individualmente, ya que no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través del análisis conjunto de esos actos con motivo de la emisión de la norma general, y por otro, que tratándose de controversias constitucionales, el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que la impugnación de actos en esa vía puede llevarse a cabo dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente: a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación del acto que se reclame; b) al en que se haya tenido conocimiento de éste; o, c) al en que el actor se ostente sabedor de él, resulta inconcuso que la impugnación de los actos que integran el procedimiento legislativo únicamente puede realizarse a partir de que es publicada la norma general emanada de dicho procedimiento, porque es en ese momento cuando los mencionados actos adquieren definitividad.

"Recurso de reclamación 209/2001, deducido de la controversia constitucional 28/2001. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 11 de octubre de 2001. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Juan Díaz Romero y José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón."

Por tanto, los treinta días para impugnar los actos del procedimiento legislativo deben ser contados a partir de la fecha en que la norma general con la que culminó dicho procedimiento haya sido publicada.

En estas circunstancias, si las reformas constitucionales que tuvieron su origen en el procedimiento legislativo impugnado en esta vía fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno, en tanto que la demanda de controversia constitucional se presentó ante este Alto Tribunal el nueve del citado mes y año, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, que aparece al reverso de la foja veinticinco del expediente relativo a la controversia constitucional 32/2001, es evidente que se está ante un supuesto de notoria improcedencia de la controversia constitucional, en términos del artículo 19, fracción VII, en relación con el artículo 21, fracción I, ambos de la ley reglamentaria de la materia.

El artículo 19, fracción VII, de la ley en comento dispone:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21."

Lo anterior es así porque, como se asentó, tratándose de la impugnación del procedimiento legislativo, el plazo para la promoción de la demanda de controversia constitucional será de treinta días contados a partir de la publicación de la norma general con la que concluyó dicho procedimiento y, si al momento de la presentación de la demanda aún no se había publicado la norma general, es claro que se está ante dicha causa de improcedencia.

Es aplicable al presente caso el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial P./J. 130/2001, visible en la página ochocientos tres, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN LA DEMANDA SÓLO SE IMPUGNAN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A UNA NORMA GENERAL QUE NO HA SIDO PUBLICADA, DEBE DESECHARSE POR EXISTIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la impugnación de actos en vía de controversia constitucional sólo puede llevarse a cabo dentro de los treinta días, contados a partir del día siguiente: a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación del acto que se reclame; b) al en que se haya tenido conocimiento de éste; o, c) al en que el actor se ostente sabedor de él. En congruencia con lo anterior, si en la demanda de controversia constitucional sólo se impugnan actos del procedimiento legislativo que dio origen a una norma general que no ha sido publicada, es claro que debe desecharse al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 25 de la ley citada, ya que para poder impugnar tales actos, es requisito indispensable que dicha norma esté publicada, porque es hasta ese momento en que los actos que integran el procedimiento legislativo adquieren definitividad.

"Recurso de reclamación 209/2001, deducido de la controversia constitucional 28/2001. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 11 de octubre de 2001. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Juan Díaz Romero y José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón."

Por las consideraciones vertidas, lo procedente es revocar el acuerdo de doce de septiembre de dos mil uno por el que se admitió a trámite la demanda de controversia constitucional número 32/2001 y, en consecuencia, desechar la misma.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente y fundado el recurso de reclamación interpuesto por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

SEGUNDO.-Se revoca el auto recurrido de doce de septiembre de dos mil uno, dictado por la Ministra instructora en la controversia constitucional 32/2001.

TERCERO.-Se desecha la demanda promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Comalcalco, Estado de Tabasco, y que dio origen a la controversia constitucional 32/2001.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios (ponente), José de Jesús Gudiño Pelayo y presidente Juan N. Silva Meza. Ausente la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17025-0332366d/controversia-constitucional-cuando-en-la-demanda-solo-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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