CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE ADMITIRSE LA DEMANDA RELATIVA, SI PARA ESTABLECER QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ES NECESARIO EFECTUAR UN ANÁLISIS PROFUNDO Y EXHAUSTIVO, PROPIO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, QUE ESTÉ APOYADO EN ELEMENTOS DE PRUEBA RECABADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA RELATIVA, SI PARA ELLO EL MINISTRO INSTRUCTOR REQUIERE HACER UNA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE ALGÚN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 368/2002-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 64/2002. CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN
CONSIDERANDO:
QUINTO.-El recurrente en sus agravios planteados, en esencia, aduce:
1. Que el auto recurrido viola lo dispuesto por los artículos 1o., 10, fracción II y 22, fracción IV, de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal carece de legitimación para promover la controversia constitucional, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la citada ley, en relación con los artículos 71 y 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que estos preceptos constitucionales no la facultan para presentar iniciativas de reformas a la propia Constitución.
2. Que indebidamente se admitió la demanda toda vez que no se satisface el principio de definitividad, dado que el acto impugnado se hizo consistir en "la aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito Federal, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76, 89, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", es decir, son actos que forman parte de un procedimiento que aún no concluye a saber el de formación de leyes, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 72 de la Constitución Federal, el que prevé la posibilidad de que la Cámara de Origen pueda volver a presentar la iniciativa y la Cámara Revisora volverlo a examinar; además, que debe cumplir los requisitos previstos en el artículo 135 constitucional.
Al efecto cita la tesis P./J. 12/99 del Pleno, consultable en la página doscientos setenta y cinco, Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN.".
Que además esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general emanada de ese procedimiento, de tal forma que no es impugnable cada acto legislativo individualmente, sino a través del análisis conjunto de esos actos con motivo de la emisión de la norma, toda vez que solamente adquieren definitividad al momento de su publicación; se citan las tesis de jurisprudencia P./J. 129/2001 y P./J. 130/2001, visibles en las páginas ochocientos cuatro y ochocientos tres del Tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros son: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS VICIOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN LA DEMANDA SÓLO SE IMPUGNAN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A UNA NORMA GENERAL QUE NO HA SIDO PUBLICADA, DEBE DESECHARSE POR EXISTIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.".
Previamente a cualquier otra cuestión debe determinarse si las causales de improcedencia que alega la recurrente son manifiestas e indudables y, como consecuencia, si el auto recurrido se apega a lo dispuesto por la ley reglamentaria de la materia.
Ahora bien, el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional dispone lo siguiente:
"Artículo 25. El Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano."
De este numeral se desprende que el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable.
Al respecto el Tribunal Pleno ha sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J. 9/98, consultable en la página ochocientos noventa y ocho, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que las causas de improcedencia de la controversia constitucional deben ser manifiestas e indudables, dicha tesis es del tenor literal siguiente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE.-Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido."
Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma clara y patente de la lectura de la demanda y sus anexos, así como de los escritos aclaratorios, y por indudable, que se tiene la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto sin que se requiera de otros elementos de juicio que lleven a concluir diversa convicción, de modo tal que la fase probatoria se haga innecesaria.
Luego, si un motivo de improcedencia no está plenamente demostrado, entonces se debe admitir la demanda a trámite, pues de lo contrario se estaría privando al actor de su derecho a instar la acción de controversia y probar en el juicio.
Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia del Pleno P./J. 128/2001, visible en la página ochocientos tres, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo ‘indudable’ resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."
Precisado lo anterior, debe determinarse si en el caso concreto las causas de improcedencia alegadas por la recurrente y que se encuentran previstas en las fracciones VI y VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, son manifiestas e indudables.
Al respecto, el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la parte que interesa, dispone:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto;
"...
"VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley."
Ahora bien, en relación con el primer agravio consistente en que es manifiesta e indudable la improcedencia de la controversia constitucional, dado que la Asamblea Legislativa no tiene legitimación para promoverla porque carece de facultades conforme a los artículos 71 y 122 para presentar iniciativas de reformas constitucionales, es infundado por lo siguiente:
Los artículos 71 y 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen:
"Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
"I. Al presidente de la República;
"II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y
"III. A las Legislaturas de los Estados.
"Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados y por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates."
"Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local, en los términos de este artículo.
"...
"C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:
"Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa:
"...
"V. La Asamblea Legislativa, en los términos del estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:
"...
"ñ) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión."
Los preceptos transcritos establecen que tienen el derecho de iniciar leyes o decretos el presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, así como que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene facultad para iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión, en materias relativas al Distrito Federal.
Destaca la controversia constitucional que el acto impugnado, en la controversia constitucional de la cual deriva el presente recurso de reclamación, se hizo consistir en la aprobación por parte del Senado de la República del dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito Federal, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, específicamente el resolutivo segundo, en el que se determina que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tiene competencia para presentar iniciativas de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahora bien, la cuestión de determinar si la parte actora tiene o no la facultad de presentar iniciativas de reformas constitucionales y, en su caso, si está legitimada para promover la controversia constitucional, en términos del artículo 105 de la Constitución General de la República, evidentemente lleva a realizar un estudio e interpretación constitucional, lo que hace que entonces la improcedencia no derive de lo manifestado en la propia demanda o de las pruebas que se adjunten a la misma, sino del estudio que se haga con base en la Constitución Federal.
A mayor abundamiento, cabe destacar que el acto impugnado consistente en la aprobación por parte del Senado de la República del dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito Federal, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, en sus puntos resolutivos establecen lo siguiente:
"Primero. Después de un análisis exhaustivo de las consideraciones de derecho y de las opiniones vertidas por quienes intervinieron en este proceso, las comisiones concluimos que no es de aprobarse la minuta de la Cámara de Diputados que contiene la iniciativa presentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por todas las razones que se hacen valer en el cuerpo de este dictamen.-Segundo. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tiene competencia para presentar iniciativas de reformas constitucionales ante el H. Congreso de la Unión. Tal competencia está claramente establecida por los artículos 71 y 135 de la Ley Fundamental.-Tercero. Con la aprobación de esta minuta quedarían restringidos y limitados los Poderes Federales ante los órganos de gobierno del Distrito Federal, rompiendo con el orden constitucional que actualmente impera. Las reformas propuestas tienden únicamente a otorgar más competencia a los órganos de gobierno del Distrito Federal, lo cual podría concluir con el eventual sometimiento de los Poderes Federales, por lo que no debe ser aprobada.-Cuarto. Devuélvase a la honorable Colegisladora para los efectos legales a que haya lugar."
De la anterior transcripción se desprende que en el punto segundo se determinó que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal carece de facultades para presentar iniciativas de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en una interpretación de los artículos 71 y 135 de la propia Constitución.
Por otra parte, la recurrente aduce que el acto impugnado forma parte del procedimiento de creación de leyes previsto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal manifiesta que en la demanda se impugna un acto aislado, autónomo y con efectos jurídicos propios no reparable por otro medio de defensa legal, por lo que a efecto de determinar cuál es la naturaleza del acto impugnado, se hace necesario un análisis cuidadoso del mismo, lo que no es propio del auto admisorio, sino de la sentencia de fondo que en su momento se dicte.
Por otra parte, en relación con el agravio en el sentido de que el acto impugnado no es un acto definitivo, dado que forma parte del procedimiento de creación de leyes previsto por el artículo 72 de la Constitución Federal, el que aún no se encuentra concluido, pues para que dicho procedimiento revista las características de definitividad se requiere la expedición y publicación de una norma de carácter general; es infundado, pues a fin de determinar si se está ante un procedimiento concluido o pendiente de concluir, se requiere de un estudio del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los actos impugnados, lo cual no es propio del auto de trámite, sino de la sentencia definitiva con la que culmine el procedimiento principal.
Lo antes considerado lleva a concluir que los motivos de improcedencia aducidos no reúnen los requisitos formales necesarios que justifiquen el desechamiento de la demanda desde su inicio, pues no son manifiestos e indudables y, además, las causales de improcedencia deben darse de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones.
En efecto, acorde con sus propias características, el auto inicial esencialmente reviste el carácter de mero trámite, en el que no pueden realizarse estudios exhaustivos por no ser propios de este tipo de acuerdos y, además, en este estado procesal tan sólo se pueden tener en cuenta las manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que a ésta se adjunten, de ahí que se requiera que el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable para resolver de plano.
Lo anterior conlleva, necesariamente, a establecer que si los motivos de improcedencia aludidos no son evidentes, esto es, no resultan claros y fehacientes, y que para ello se requeriría un análisis más profundo, propio de la sentencia definitiva, entonces debe admitirse la demanda.
Lo expuesto también tiene su razón de ser en el hecho de que las causales de improcedencia son de orden público, que deben analizarse, incluso, de oficio, por lo que, en tales condiciones, cualquier motivo de duda obliga al Ministro instructor a admitir la demanda, con independencia de que la sentencia pueda declararse fundada, con base en un estudio más detallado y apoyado en los elementos de prueba que se recaben durante el procedimiento.
Por tanto, en el auto admisorio no se pueden realizar mayores consideraciones que impliquen esbozar cuestiones de fondo del asunto o que provoquen un estudio propio de una resolución y no de un acuerdo, ello hace que en el caso no se actualicen las hipótesis del artículo 25 de la ley reglamentaria de la materia.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Pleno P./J. 140/2001, consultable en la página mil treinta y cuatro, Tomo XV, correspondiente a enero de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ELLO EL MINISTRO INSTRUCTOR REQUIERE HACER UNA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE ALGÚN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.-El artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Ministro instructor para desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que implica que dicho motivo debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y surgir sin obstáculo alguno a la vista del juzgador, esto es, debe acreditarse de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Por tanto, si para pronunciarse sobre la improcedencia de una demanda de controversia constitucional el Ministro instructor requiere hacer una interpretación directa de algún precepto de la Constitución Federal, es claro entonces que no se está en presencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues para determinar su actualización se requeriría de un análisis más profundo, propio de la sentencia definitiva."
En consecuencia, son infundados los agravios hechos valer en el presente recurso, por lo que debe confirmarse el auto recurrido.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David Góngora Pimentel, Juan Díaz Romero, José Vicente Aguinaco Alemán, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y presidente Mariano Azuela Güitrón. Previo aviso a la Presidencia, no asistió el señor Ministro Juventino V. Castro y Castro. Fue ponente en este asunto el señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17545-37ddc1d8/controversia-constitucional-debe-admitirse-la-demanda-relativa-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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