REVISIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE NOMBRAMIENTOS DE JUECES DE DISTRITO POR MEDIO DE UN CONCURSO DE MÉRITOS. SI LA RESOLUCIÓN NO SE ENCUENTRA SUFICIENTEMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, DEBE DECLARARSE SU NULIDAD PARA EL EFECTO DE QUE SE DICTE OTRA EN LA QUE SE SUBSANE LA IRREGULARIDAD.
REVISIÓN ADMINISTRATIVA (CONSEJO) 2/2000.
MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIA: ROSAURA RIVERA SALCEDO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. Previamente, es necesario analizar la improcedencia del recurso planteado, ya que de resultar fundada alguna de ellas haría innecesario ocuparse de las cuestiones de fondo propuestas.
El licenciado ... en su carácter de tercero interesado, en su escrito de fecha nueve de marzo de dos mil, señaló que el recurso es improcedente porque fue presentado en forma extemporánea.
Aduce que la resolución impugnada fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, por lo que la notificación surtió efectos el mismo día de su publicación y el término para su impugnación transcurrió del veinte al veinticuatro del mismo mes y año, de conformidad con el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que si la presentación del recurso fue el siete de enero de dos mil, es evidente que ya había fenecido el término legal para su interposición.
Resulta infundada la causal propuesta.
En efecto, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido en materia de notificaciones, que para determinar la oportunidad en la presentación del recurso de revisión administrativa es necesario recurrir a lo dispuesto en la especie, por el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia.
La anterior consideración encuentra su apoyo en la tesis jurisprudencial siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IX, febrero de 1999
"Tesis: P. VIII/99
"Página: 43
"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE SURTIÓ SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA MEDIANTE ESE RECURSO, DEBE APLICARSE EL ARTÍCULO 321 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que el Código Federal de Procedimientos Civiles es el ordenamiento supletorio para la tramitación del recurso de revisión administrativa previsto en el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Federal y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por lo tanto, para determinar el momento en que surte sus efectos la notificación de la resolución administrativa que decreta la remoción de un Magistrado o Juez de Distrito, para efectos del cómputo respectivo de la oportunidad del recurso, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 321 del ordenamiento procesal citado, que establece que las notificaciones surtirán sus efectos al día siguiente al en que se practiquen.
"Revisión administrativa (Consejo) 8/97. 7 de diciembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de enero en curso, aprobó, con el número VIII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de enero de mil novecientos noventa y nueve."
Así, el código adjetivo civil federal establece:
"Artículo 321. Toda notificación surtirá sus efectos el día siguiente al en que se practique."
De la lectura del artículo anterior, se advierte que las notificaciones surtirán efectos al día siguiente al en que se lleven a cabo.
Ahora bien, para determinar con toda precisión si el recurso de revisión administrativa fue interpuesto en tiempo, es necesario analizar los artículos 281, 284 y 286 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los que establecen lo siguiente:
"Artículo 281. Las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles. Son días hábiles todos los del año, menos los domingos y aquellos que la ley declare festivos. Son horas hábiles las comprendidas entre las ocho y las diecinueve."
"Artículo 284. Los términos judiciales empezarán a correr el día siguiente del en que surta efectos el emplazamiento, citación o notificación y se contará, en ellos, el día del vencimiento."
"Artículo 286. En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar las actuaciones judiciales, salvo disposición contraria de la ley. Cuando, en uno o más días, dentro de un término, no haya habido, de hecho, despacho en el tribunal, se aumentarán de oficio, con la debida oportunidad para que no haya interrupción, al término, los días en que no hubiere habido despacho. Esta resolución no es recurrible."
Las disposiciones transcritas señalan que las actuaciones deben verificarse en días y horas hábiles; que son días hábiles todos los del año, menos los domingos y los declarados por ley como festivos; que los términos judiciales corren a partir del siguiente en que surte efectos el emplazamiento o notificación; y que en ningún término deben computarse los días en que no puedan llevarse a cabo actuaciones, a menos de que la ley prevea otra cosa.
Precisado lo anterior, debe decirse que si bien es verdad que la notificación del acuerdo controvertido se llevó a cabo mediante publicación realizada el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación, y que conforme al artículo 321, en relación con el diverso 284 del Código Federal de Procedimientos Civiles, surtió efectos al día siguiente hábil, esto es, el tres de enero de dos mil, porque durante el periodo comprendido del quince al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el Consejo de la Judicatura Federal tuvo su segundo receso de actividades, en términos de lo dispuesto por los artículos 70, 159 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en tanto que el primero y dos de enero de dos mil fueron inhábiles por disposición legal; el mencionado en primer lugar por ser sábado y por ser domingo el segundo, respectivamente, por lo cual, en el citado lapso no corrieron términos de ninguna especie.
Así las cosas, se interpuso en tiempo el recurso de revisión administrativa, en razón de que el término legal inició el cuatro y precluyó el diez de enero de dos mil, mientras fue presentado el día siete de ese mismo mes y año.
A mayor abundamiento, de conformidad con el artículo 159 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se aprecia que el personal del Consejo de la Judicatura Federal goza de sus periodos vacacionales durante los recesos del citado órgano administrativo, lo cual constituye un hecho notorio para esta Suprema Corte de Justicia, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, durante los cuales no existe posibilidad de realizar ningún trámite, en atención a que si bien es verdad que durante dicho intervalo existe una Comisión de Receso, conforme al artículo 73 de la ley orgánica en cita; ésta tiene atribuciones de manera limitada para asuntos notoriamente urgentes, como serían los previstos en los artículos 81, fracciones XXII, XXIII, XXXIII, XXXIX y XL y 85, fracción VIII, del ordenamiento legal invocado, características de las cuales carece la interposición de un recurso de la naturaleza de que se trata, motivo por el cual, se repite, los días inhábiles deben ser descontados del cómputo para el término de la interposición del recurso en cuestión.
Es aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala, que es del tenor siguiente:
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Apéndice de 1995
"Tomo: Tomo VI, Parte SCJN
"Tesis: 60
"Página: 38
"AMPARO. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA NO DEBEN COMPUTARSE LOS DÍAS INHÁBILES POR VACACIONES DE LA AUTORIDAD. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I a V de la Ley de Amparo, el amparo indirecto deberá promoverse directamente ante el Juez de Distrito y los quince días a que se refiere el artículo 21 de la invocada ley para la promoción de la demanda de garantías, son hábiles, naturales y completos. Por su parte el periodo vacacional del que semestralmente disfrutan los tribunales civiles, administrativos o del trabajo, es un lapso en que éstos se encuentran cerrados al público y las partes no tienen oportunidad de imponerse de los autos de los que emana el acto reclamado; en consecuencia, no pueden preparar el material para la elaboración de la demanda de garantías con los datos indispensables para tal efecto, por ello no son computables para el término de la interposición de la petición de amparo. Por tanto, la sentencia del Juez de Distrito que considera extemporánea la demanda de garantías computando entre los días hábiles naturales y completos, alguno de los vacacionales, resulta incorrecta y de conformidad con el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, debe levantarse el sobreseimiento decretado y entrar al estudio de los conceptos de violación relativos.
"Contradicción de tesis 9/89. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de noviembre de 1989. Cinco votos."
Por su parte, los terceros interesados ... hacen valer la improcedencia consistente en la falta de legitimación del recurrente, toda vez que no acreditó estar dentro del supuesto previsto en la fracción I del artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que no demostró haber participado en el concurso cuyo resultado impugna.
Es infundada la improcedencia propuesta.
En efecto, el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución General de la República, contempla el recurso de revisión administrativa que puede ser interpuesto en contra de la designación de Jueces de Distrito.
Por su parte, el artículo 123, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que tratándose de resoluciones de nombramiento con motivo de examen de oposición, la revisión administrativa puede interponerse por cualquiera de las personas que en él intervinieron; luego entonces, en el caso, todos aquellos que participaron en el concurso de méritos para ocupar el cargo de Juez de Distrito y que a la postre no se vieron favorecidos con tal nombramiento, resintieron en su esfera jurídica una afectación, por ende, se encuentran legitimados para acudir al presente medio de defensa.
En el caso a estudio, el recurrente ... en el escrito relativo al presente recurso afirma que participó en el concurso de méritos que culminó con la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura que designó cincuenta y siete Jueces de Distrito excluyéndolo a él, así mismo, los planteamientos esenciales que formula en su escrito los hace consistir en que debió haber sido designado Juez Federal, porque la resolución referida carece de fundamentación y motivación, sin que en el informe rendido por el consejero de la Judicatura Federal se desestimara dicha afirmación.
Así, en el segundo párrafo del escrito de agravios que formula el disconforme a la letra dice:
"... Que el día diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el resultado de la convocatoria para la designación de cincuenta y siete Jueces de Distrito ordenada por Acuerdo General Número 52/1999 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en cuya lista no aparece el nombre del suscrito, no obstante que presentó la documentación necesaria con la que acredita reúne los requisitos y cubre el perfil para ocupar el cargo de Juez de Distrito. ..."
Ahora, de la lectura íntegra del informe rendido por el consejero de la Judicatura Federal Jaime Manuel Marroquín Zaleta, se advierte que dicho órgano del Poder Judicial de la Federación convalida la participación del inconforme, ya que no desvirtuó tal situación al exponer únicamente la improcedencia del recurso por cuestiones diversas a la falta de legitimación del promovente de la presente revisión administrativa; en efecto, el recurrente afirma que entregó sus documentos necesarios para participar en el concurso de designación de Jueces y su calidad de participante o no participante solamente puede ser demostrada por el propio Consejo de la Judicatura que recibió la documentación y que en su caso tuvo por satisfechos los requisitos de la convocatoria; por lo tanto, si dicho órgano no desvirtuó la afirmación del recurrente debe considerarse que, efectivamente, participó en el concurso cuyo resultado reclama y, en consecuencia, está legitimado para promover el presente recurso en términos de la fracción I del artículo 123 citado.
Por las mismas razones es infundada la improcedencia aducida por el licenciado ... consistente en la falta de interés jurídico del recurrente porque no demostró haber participado en el concurso de méritos para la selección de Jueces de Distrito a que se refiere el Acuerdo General 52/1999, en virtud de que como quedó precisado anteriormente, el recurrente manifestó haber participado en dicho concurso, sin que el Consejo de la Judicatura Federal haya negado dicha afirmación al rendir su informe por conducto del consejero designado para tal efecto, cuando es el órgano que finalmente puede desvirtuar la afirmación del recurrente al haber recepcionado la documentación de los aspirantes y elaborado la lista de participantes del concurso.
Ahora se procede al análisis de los motivos de improcedencia propuestos por el Consejo de la Judicatura Federal, a través del funcionario designado. La primera causa de improcedencia la hace consistir en que el disconforme impugnó el resultado de la convocatoria derivada del Acuerdo General 52/1999, cuando a través de este medio de defensa únicamente se pueden combatir aquellas determinaciones que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, mas no así, el resultado de la convocatoria para la designación de Jueces de Distrito.
Con la finalidad de dar respuesta al anterior motivo de improcedencia aducido en la presente vía, resulta necesario transcribir el primer párrafo del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en lo conducente dispone:
"Artículo 72. Las resoluciones del Pleno y de las comisiones del Consejo de la Judicatura Federal constarán en acta y deberán firmarse por los presidentes y secretarios ejecutivos respectivos, y notificarse personalmente a la brevedad posible a las partes interesadas. La notificación y, en su caso, la ejecución de las mismas deberá realizarse por conducto de los órganos del propio Consejo de la Judicatura Federal o del Juzgado de Distrito que actúe en auxilio de éste."
De la lectura del artículo preinserto, se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal tiene la obligación de hacer constar en acta todas sus resoluciones y que tales documentos deberán ser firmados por los presidentes y secretarios ejecutivos respectivos, así como que deberá notificar de manera personal y a la brevedad posible las resoluciones del Pleno y de las comisiones de ese órgano del Poder Judicial Federal, a las partes interesadas.
Al respecto, en el informe respectivo el consejero Jaime Manuel Marroquín Zaleta manifestó:
"... Ahora bien de los antecedentes reseñados, se advierte que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión extraordinaria de seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de votos, aprobó la lista propuesta por la Comisión de Carrera Judicial, en la que se contenía los nombres de los cincuenta y siete aspirantes, que fueron seleccionados para ocupar el cargo de Jueces de Distrito ... Es verdad, que en la publicación del Diario Oficial de la Federación de diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se omite transcribir la citada resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de seis de diciembre del propio año ... Además, si el inconforme hubiera combatido la resolución de seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, bien pudo plantear como agravio, su falta de publicación. Es preciso señalar, que el ahora recurrente, ante la falta de publicación de la resolución de seis de diciembre, haciendo uso del derecho de petición que se establece en el artículo 8o. constitucional, estuvo en aptitud de solicitar ante el Consejo de la Judicatura Federal, copias certificadas de las mismas, a fin de estar en posibilidad de impugnarla en los términos que estimara procedente ..."
De lo señalado por el consejero de la Judicatura Federal, al rendir su informe se advierten las siguientes cuestiones a saber.
En primer término, que en sesión del seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la lista propuesta por la comisión de carrera que contenía los nombres de los cincuenta y siete aspirantes que consideró aptos para el cargo de Jueces de Distrito. Dicha resolución encuadra dentro de aquellas a las que se refiere el precepto 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de que fue emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, al haber participado en el concurso de méritos se considera al disconforme como persona interesada para conocer el resultado del concurso efectuado para la designación de los Jueces Federales.
Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por el propio consejo dicha resolución no fue publicada en el Diario Oficial de la Federación ni fue notificada de manera personal al recurrente, tal y como lo ordena el precepto 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sino que únicamente fue publicado su resultado.
En esa tesitura, si el Consejo de la Judicatura Federal no dio a conocer a las partes interesadas, entre ellas el revisionista, la resolución mediante la cual se hizo la designación de cincuenta y siete Jueces de Distrito, resulta incuestionable que no puede obligarse al revisionista a impugnarla, cuando precisamente desconoce su contenido; en esta tesitura no opera el argumento vertido por el consejero representante de dicho órgano, en el sentido de que mediante el uso de la garantía consagrada en el artículo 8o. constitucional el promovente pudo haber solicitado al propio consejo copias certificadas de la resolución que nos ocupa y, en consecuencia, encontrarse en condiciones de impugnarla en los términos que considerara pertinente.
Ciertamente, es inatendible el anterior argumento en virtud de que el Consejo de la Judicatura Federal se abstuvo de notificar la resolución de mérito en términos de lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por lo tanto, el disconforme no estaba obligado a impugnar una resolución cuyo contenido desconocía, en cambio impugnó el resultado de dicha resolución del cual sí tuvo conocimiento mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En este mismo sentido, el inconforme no se encontraba en la obligación de solicitar las copias a que se refiere en su informe el consejero de la Judicatura Federal, por el contrario, la obligación de notificar y proporcionar copias de las resoluciones respectivas, le correspondía a ese cuerpo colegiado.
En las relatadas circunstancias, en el caso concreto debe considerarse que al impugnar el resultado de la convocatoria para designar a cincuenta y siete Jueces de Distrito, el recurrente impugnó la resolución del día seis del mismo mes y año mediante la cual se efectuó propiamente dicha designación, en virtud de que no fue sino hasta la publicación de dicho resultado cuando el promovente tuvo conocimiento de la fecha en que se tomó la determinación de nombrar a los cincuenta y siete aspirantes que resultaron electos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se desprende del considerando quinto del resultado de la convocatoria ordenada por el Acuerdo General Número 52/1999 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el diecisiete de diciembre en el Diario Oficial de la Federación que a la letra dice:
"QUINTO. Que en sesión extraordinaria de seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal analizó la relación propuesta por la Comisión de Carrera Judicial y seleccionó a los aspirantes que consideró aptos para ocupar las vacantes propuestas."
De lo relatado hasta aquí, debe ponerse de manifiesto que no fue sino hasta el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, fecha en la cual se publicó el resultado del concurso de méritos para designar a cincuenta y siete Jueces Federales, cuando el revisionista tuvo conocimiento que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal había designado a cincuenta y siete Jueces de Distrito, sin que previo a tal publicación se hubiera hecho del conocimiento del promovente, la resolución que nos ocupa.
Así las cosas, y a fin de que el promovente de la revisión administrativa no se quede en estado de indefensión, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que al impugnar el resultado del concurso de méritos está impugnando la resolución que contiene la propia designación de los aspirantes.
En efecto, como en la especie el revisionista no tuvo conocimiento de la resolución de seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve mediante la cual se cubrieron las vacantes de Jueces de Distrito, sino hasta el momento en que se publicó el resultado de la convocatoria, dicho resultado es el único medio que puede impugnar el disconforme a fin de no quedar en estado de indefensión y como tal debe considerarse una resolución a las que se refiere la fracción I del artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Por otra parte, el consejero de la Judicatura Federal sostiene que el recurso es improcedente porque los acuerdos tomados el dos de diciembre por la Comisión de Carrera Judicial, la lista elaborada por dicha comisión y el acuerdo de seis del mismo mes y año emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no pueden analizarse aisladamente, ya que forman una unidad imposible de desmembrar; por lo tanto, era indispensable que el promovente combatiera los tres actos referidos.
No se surte el segundo motivo de improcedencia hecho valer, al tenor de las siguientes consideraciones.
Efectivamente, no se encuentra sujeto a juicio si el acuerdo de dos de diciembre de mil novecientos noventa y nueve de la Comisión de Carrera Judicial, la lista elaborada por dicha comisión y la resolución de seis del mismo mes y año, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal constituyen una unidad inseparable; sin embargo, no es admisible la pretensión de que aquellos actos deban ser motivo de impugnación, ni que sea jurídicamente imposible examinar la resolución del seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve si no se ataca también el acuerdo y la lista citados.
En efecto, los artículos 122 a 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sobre el particular prevén lo siguiente:
"Artículo 122. Las decisiones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran al nombramiento, adscripción, cambios de adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las cuales podrán impugnarse ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, mediante el recurso de revisión administrativa. El recurso de revisión administrativa tendrá como único objeto que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determine si el Consejo de la Judicatura Federal nombró, adscribió, readscribió o removió a un Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, con estricto apego a los requisitos formales previstos en esta ley, o en los reglamentos interiores y acuerdos generales expedidos por el propio Consejo de la Judicatura Federal."
"Artículo 123. El recurso de revisión administrativa podrá interponerse: I. Tratándose de las resoluciones de nombramiento o adscripción con motivo de un examen de oposición por cualquiera de las personas que hubiera participado en él; II. Tratándose de las resoluciones de remoción, por el Juez o Magistrado afectado por la misma, y III. Tratándose de las resoluciones de cambio de adscripción, por el funcionario judicial que hubiera solicitado el cambio de adscripción y se le hubiere negado."
"Artículo 124. El recurso de revisión administrativa deberá presentarse por escrito ante el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere surtido sus efectos la notificación de la resolución que haya de combatirse. El escrito de revisión y el informe correspondiente será turnado, dentro de los cinco días hábiles siguientes, a un Ministro ponente según el turno que corresponda. El informe mencionado deberá ir acompañado de todos aquellos elementos probatorios que permitan la resolución del asunto y será rendido por uno de los consejeros que hubiere votado a favor de la decisión, quien representará al Consejo de la Judicatura Federal durante el procedimiento."
"Artículo 125. En los casos en que el recurso de revisión administrativa se interponga contra las resoluciones de nombramiento o adscripción, deberá notificarse también al tercero interesado, teniendo ese carácter las personas que se hubieren visto favorecidas con las resoluciones, a fin de que en el término de cinco días hábiles pueda alegar lo que a su derecho convenga."
"Artículo 126. Tratándose de los recursos de revisión administrativos interpuestos contra las resoluciones de nombramiento o adscripción, no se admitirán más pruebas que las documentales públicas, las cuales deberán ser ofrecidas por el promovente o el tercero perjudicado en el correspondiente escrito de recurso o contestación a éste."
"Artículo 127. En caso de que el recurso de revisión administrativa se presente en contra de resoluciones de remoción, el Ministro ponente podrá ordenar la apertura de un término probatorio hasta por el término de diez días. En este caso, únicamente serán admisibles las pruebas documental y testimonial. Cuando alguna de las partes ofrezcan una prueba documental que no obre en su poder, solicitará al Ministro ponente que requiera a la autoridad que cuente con ella a fin de que la proporcione a la brevedad posible."
"Artículo 128. Las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia que declaren fundado el recurso de revisión administrativa planteado, se limitarán a declarar la nulidad del acto impugnado para el efecto de que el Consejo de la Judicatura Federal dicte una nueva resolución en un plazo no mayor a treinta días naturales. La nulidad del acto que se reclame no producirá la invalidez de las actuaciones del Magistrado de Circuito o del Juez de Distrito nombrado o adscrito. La interposición de la revisión administrativa no interrumpirá en ningún caso, los efectos de la resolución impugnada."
Los artículos preinsertos establecen las reglas de procedencia y trámite del medio de impugnación en contra de las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal cuando, entre otros, haga la designación de Jueces de Distrito.
Así, el artículo 122 antes transcrito establece que el recurso de revisión administrativa tiene como objeto que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine si el Consejo de la Judicatura Federal, entre otras decisiones, nombró a los Jueces de Distrito o a los Magistrados de Circuito con apego a los requisitos previstos en dicha ley, en los reglamentos o en los acuerdos generales del propio consejo.
Luego, se aprecia que el medio de defensa relativo no regula la posibilidad de expresar agravios en contra de fases iniciales o intermedias del procedimiento correspondiente, como lo es el acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, a través del cual se propone una lista de aspirantes al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o la lista en sí.
En el caso, solamente se han hecho las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de las bases, de la convocatoria y del resultado de los seleccionados, pero no de ningún acuerdo, resolución o actas correspondientes a las sesiones en las que constaran detalladamente las consideraciones y valoraciones para hacer las designaciones respectivas, así como de los antecedentes de las sesiones de la Comisión de Carrera Judicial.
Luego, no es factible circunscribir la procedencia de un recurso a la expresión de fórmulas o requisitos que la ley de la materia no prevé.
Resulta conveniente resaltar que la causa de improcedencia propuesta no es clara e inobjetable, en virtud de que involucra cuestiones que atañen al fondo del asunto, dado que la inexistencia de agravios sobre determinado punto de la controversia daría lugar a una solución diferente a la planteada, razón por la cual, es preferible abordar el análisis correspondiente, para no dejar en estado de indefensión al inconforme.
Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cuyos datos de ubicación, texto y precedentes son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: X, septiembre de 1999
"Tesis: P./J. 92/99
"Página: 710
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas.
"Controversia const
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7268-425bde8c/revision-administrativa-en-contra-de-nombramientos-de-jueces · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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