ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Ahora bien, a fin de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir para su posterior análisis las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal, al resolver el juicio de amparo directo número DC. 706/99, el primero de julio de mil novecientos noventa y nueve, en la parte que interesa sustentó el criterio siguiente:
"CUARTO.-Los conceptos de violación que se hacen valer son parcialmente fundados.-Se hace hincapié en que lo que es materia de este amparo, es la resolución reclamada a la Sala responsable de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, dictada en el toca 339/99 y no los pronunciamientos que hizo o que dejó de hacer el Juez natural, por lo que todas las alegaciones que se hacen valer vía conceptos de violación atacando las consideraciones de la sentencia de primer grado son inatendibles.-Ante todo se estima necesario precisar que el juicio de garantías proviene de una controversia del orden familiar por alimentos, seguido por María González Ruelas, por sí y en representación de sus menores hijos Gustavo y Rafael, de apellidos Contreras González, en el que demandó de Gustavo Contreras Hernández: el aseguramiento y pago de una pensión alimenticia bastante y suficiente para la actora y sus menores hijos a razón del 50% de todas las percepciones ordinarias y extraordinarias que perciba el demandado, para sufragar sus necesidades alimentarias; el pago de la cantidad de sesenta mil pesos moneda nacional, por concepto de un año de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas por el demandado, suma que deberá descontársele de su fuente de ingresos en forma retroactiva y el pago de los gastos y costas.-Se estiman parcialmente fundados.-En efecto, en los conceptos de violación expresados por el quejoso, manifiesta que debe existir proporcionalidad entre la capacidad económica del obligado y las necesidades de los acreedores alimentarios; que el porcentaje fijado por el a quo y que confirmó la ad quem se aleja del concepto de proporcionalidad a que se refiere el artículo 311 del Código Civil, precepto que ha sido objeto de varias interpretaciones jurisprudenciales; que la sentencia reclamada no es congruente con lo afirmado y probado por él; que opuso las excepciones conducentes para acreditar la existencia de dos deudores alimentarios, el demandado y la actora; que acreditó con el informe rendido por Troquelados Thor, S.A. de C.V., y con la confesional de la actora, que no ha existido impedimento para que trabaje; que es licenciada en administración industrial; que es y ha sido económicamente activa; que debió aplicársele la obligación alimentaria proporcional y no sólo al quejoso; que la ad quem se basó en criterios jurisprudenciales y precepto legal no aplicables al caso concreto; que las pruebas documental y confesional referidas que obran en el juicio de origen, no fueron tomadas en cuenta con lo afirmado por el quejoso; que la condena al pago del 50% como pago de pensión alimenticia definitiva la hizo la ad quem fuera de todo contexto legal, sin fundarla ni motivarla, extralimitándose en sus funciones de juzgador y absteniéndose de darle valor legal y fundado a las pruebas referidas. Al respecto, la Sala responsable consideró que la actora manifestó que obtenía trabajos temporales de baja remuneración, supliendo incapacidades o permisos, señalando que estaba por vencerse un contrato por honorarios celebrado con Troquelados Thor, S.A. de C.V., desde el año de mil novecientos noventa y cinco, con un puesto de personal externo de ayuda, lo que quedó confirmado con el informe rendido por esa empresa de fecha veinte de octubre de mil novecientos noventa y ocho, concluyendo que desde el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cinco la actora se desempeña con el nombramiento de asesor de sistemas administrativos y control de calidad, mediante un contrato de tiempo determinado con vencimiento al dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho; que a la fecha de la presentación de la demanda la actora no necesitaba alimentos, al obtener ingresos propios, dada la prestación de sus servicios por honorarios, careciendo la actora de interés jurídico para demandar alimentos que éste sólo podía nacer a la vida jurídica desde el momento en que se afectara o adquiriera un derecho, no antes; que al promoverse el juicio respectivo deben estar integrados los presupuestos jurídicos de la acción, lo que en el caso no sucedió; que la actora ha sido económicamente activa, con capacidad para trabajar en razón de su escolaridad de licenciatura en administración industrial, sin que existiera en autos constancia alguna de la que se infiriera que estuviera impedida física o mentalmente para trabajar, declarando improcedente la acción intentada por la actora respecto a las prestaciones que reclamó.-Asimismo, condenó al apelante al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de sus menores hijos Gustavo y Rafael, ambos de apellidos Contreras González, sin que le asistiera razón al recurrente al afirmar que el porcentaje es elevado y desproporcionado atento al criterio de proporcionalidad previsto en el artículo 311 del Código Civil, el que ha sido motivo de interpretación en diversas ejecutorias dictadas por los tribunales federales, con los que se ha establecido la jurisprudencia de ‘ALIMENTOS, FORMA DE FIJARSE EL MONTO DE LA PENSIÓN.’, bajo la que consideró que el apelante tiene dos acreedores alimentarios, quienes tienen a su favor la presunción de necesitar alimentos, resultando que al existir dos acreedores y el propio deudor, otorgándole a este último dos porciones, el cien por ciento de los ingresos del apelante debe dividirse entre cuatro porciones, correspondiéndole a cada acreedor el 25% de los ingresos por concepto de pensión alimenticia definitiva mensual, sin que dicho porcentaje se estime que le cause perjuicio, en razón de que el concepto de alimentos implica comida, vestido, habitación, asistencia médica en casos de enfermedad, así como los gastos necesarios para proporcionar a los alimentistas algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales; sin que pasara inadvertido para la ad quem que la madre de los menores ha cumplido con su débito alimentario teniéndolos bajo su cuidado, otorgándoles el otro 50% en forma directa.-El concepto de violación que aduce el quejoso, en relación a la condena que decretó la ad quem al apelante, por pago de pensión alimenticia definitiva mensual, es fundado en el sentido de que la Sala responsable no fundó ni motivó la causa por la que condenó al quejoso al pago del 50% de sus ingresos, como pago de dicha pensión alimenticia para sus dos acreedores alimentarios, ya que si bien la alzada basó su determinación en la jurisprudencia que se identifica como ‘ALIMENTOS, FORMA DE FIJARSE EL MONTO DE LA PENSIÓN.’, también lo es que no es suficiente para que se encuentre debidamente fundada y motivada esa consideración, siendo necesario, conforme al artículo 16 constitucional, que se funde y motive el proceder de la Sala a fin de establecer la procedencia de la condena, para que no se deje a las partes en estado de indefensión ante la falta de fundamentación y motivación, así como que no se infrinja el principio de proporcionalidad del pago de la pensión alimenticia a que se refiere el artículo 311 del Código Civil para el Distrito Federal.-Lo anterior es así, ya que si bien en el ejercicio de la acción alimentaria se requiere que el acreedor demuestre no sólo su necesidad, supuesto que no se da en el caso en cuestión, por ser los acreedores alimentarios menores de edad, los que se presume que la tienen; asimismo, la circunstancia de que el deudor se encuentre en posibilidad económica de sufragarlos, lo que en el caso de mérito quedó acreditado, lo anterior tiene por objeto situar al juzgador en condiciones de fijar el monto de la pensión alimenticia que corresponda.-Se dice lo anterior, porque en una recta interpretación del artículo 311 del Código Civil para el Distrito Federal, que prevé: ‘Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento de los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente.’.-Haciendo una interpretación armónica del precepto transcrito, que consagra el principio de proporcionalidad que impera en los alimentos, es de establecerse un equilibrio entre los recursos del deudor y las necesidades del acreedor y a ello obedece el principio citado, a fin de determinar de una manera justa y equitativa para condenar al pago de alimentos, pues han de ser éstos proporcionados, tomando en cuenta no sólo los bienes o posibilidades económicas con que cuenta el deudor, sino también las necesidades de los acreedores que les permita su sustento en los aspectos biológico, intelectual y social, de esta manera el deudor debe proporcionar lo necesario para su vida, su salud y por tratarse de menores, para su educación, sin olvidar también las necesidades del propio deudor, circunstancias estas que atienden precisamente al principio de proporcionalidad a efecto de que se cumpla con todo su rigor.-Atento a lo anterior, dadas las facultades de las que se encuentra investido el juzgador para intervenir aun de oficio en los asuntos de carácter familiar, especialmente tratándose de menores y alimentos, deben tomarse en cuenta para fijar el pago de alimentos a cargo del deudor alimentista, las circunstancias del menor aun en el caso de que el deudor no las acreditara en un momento dado, realizando un estudio detallado de las necesidades de los acreedores y en base a ello determinar la fijación del pago por concepto de alimentos, ya que precisamente, a través de la facultad discrecional de la que está investido puede motivar la condena que haga al respecto, en forma proporcional y equitativa.-En el caso, la Sala responsable fijó como pago de pensión alimenticia definitiva mensual el 50% de los ingresos del quejoso, con base en la jurisprudencia que invocó que versa sobre que el total de los ingresos del deudor deben ser divididos en tantos acreedores haya, contando al deudor como si se tratara de dos personas y de ahí obtener el pago de alimentos que corresponde a los acreedores alimentarios; criterio que este Tribunal Colegiado no comparte, ya que el dividir los ingresos del deudor alimentista, entre tantos deudores haya es un criterio que sale fuera de todo contexto del principio de proporcionalidad y equidad que dispone el citado artículo 311 del Código Civil para el Distrito Federal, ya que no basta hacer una simple operación aritmética para determinar dicho pago, y tomando en consideración que este Tribunal Colegiado no comparte ese criterio hágase la denuncia respectiva.-En tales condiciones, al demostrar el quejoso que se infringen en su perjuicio las garantías individuales que invoca, procede concederle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la Sala responsable realice un estudio detallado de las necesidades de los acreedores frente a las posibilidades del deudor y así fije el porcentaje que como pago de pensión alimenticia deberá proporcionar a sus acreedores en forma definitiva mensual, tomando en consideración todos y cada uno de los elementos aportados al juicio por las partes.-Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en lo que disponen los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, II, III, inciso a), y VI, de la Constitución General de la República; 1o., fracción I, 44, 46, 76 a 79, 158, 184 y 190 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la propia Constitución; 35 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Gustavo Contreras Hernández, en contra del acto que reclamó de la Décimacuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la sentencia definitiva de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, dictada en el toca 339/99 y su ejecución por parte del Juez Décimo Segundo de lo Familiar de esta ciudad."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al dictar ejecutorias en fechas diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y uno, dos de septiembre de mil novecientos noventa y tres, veintisiete de abril de mil novecientos noventa y cinco, seis de junio y ocho de agosto de mil novecientos noventa y seis, en los amparos directos números 356/91, 446/93, 66/95, 44/96 y 385/96, promovidos, respectivamente, por María Elena Santiago Mancilla, Guadalupe Eleria García y otros, José Aldo Zúñiga Villanueva, Florinda López Reyes y Carmen Gallegos López, sustenta su criterio en las consideraciones que a continuación se transcriben:
Amparo directo 356/91.
"CUARTO.-Supuesto que la parte quejosa reclama del Juez Primero de lo Familiar de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la ejecución de la sentencia dictada por la Sala responsable, como consecuencia legal de la resolución de alzada y no por vicios propios, se actualiza la hipótesis que contempla la fracción IV del artículo 74 de la ley de la materia y debe sobreseerse en el juicio sobre el particular, dado que los actos que pudiera llevar al cabo el citado Juez de lo Familiar derivan de la facultad que expresamente le concede el Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo que demuestra que el que ahora se le atribuye no es cierto en la forma planteada.-QUINTO.-Los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías son infundados.-En efecto, contrario a lo sostenido por la quejosa, la lectura de la sentencia reclamada pone de manifiesto que la responsable modifica el monto de la pensión decretada por el Juez primario, no sólo con apoyo en ‘la declaración del único testigo Roberto Cruz Paredes’, sino también con la confesión a cargo de María Elena Santiago Mancilla y los atestados de nacimiento de los menores Cyntia Karina y Allen Iván, de apellidos Chanona Rivera (hijos del demandado habidos con persona diversa a la actora en este juicio), sin que este Tribunal Colegiado advierta con ese proceder actuación indebida, porque lo hace a la luz de los agravios formulados en apelación.-En otro aspecto, supuesto que para fijar el monto de una pensión, en términos generales debe dividirse el ingreso del deudor alimentista entre los acreedores alimentarios y el mismo deudor, tomando en consideración que en el caso existen tres acreedores (Christian Fabiola Chanona Santiago, Cyntia Karina y Allen Iván de apellidos Chanona Rivera), dividiendo el cien por ciento del ingreso entre estos últimos y el propio deudor, o sea, entre cuatro, correspondería a cada uno el veinticinco por ciento del sueldo; pero como uno de los acreedores, o sea, la hija procreada con la actora, debe ser alimentada no sólo por el demandado sino también por aquélla es claro que al haberse fijado por el tribunal de alzada el veinte por ciento de los recursos del deudor como contribución de éste para la ministración de alimentos de una menor, tal porcentaje se estima proporcional y equitativo.-Sin que sea óbice para llegar a la conclusión anterior la circunstancia de que en la resolución recurrida se hubiese aducido al pago de la renta de la casa que habita el deudor alimentario y a la consignación de pensión alimenticia en diverso expediente para su menor hija Christian Fabiola Chanona Santiago, ya que la división que hace la responsable para fijar el monto de la pensión resulta apegada a derecho, en la medida que también se acreditó que la madre de la citada menor se encuentra en condiciones de contribuir a la alimentación de su menor hija porque también trabaja (foja 65 vta. a 67 vta.); por lo que hace al razonamiento respecto a que el deudor alimentista se le contó ‘como dos personas’, el mismo resulta correcto, ya que debe atender sus propias necesidades que por sus circunstancias personales son mayores frente a sus acreedores, sin que por ello se transgreda el criterio jurisprudencial que al respecto se invoca en la demanda de garantías, pues la condena del cuarenta por ciento se hace como contribución a los alimentos para dos menores.-Por último, ningún ‘razonamiento fuera de lógica-jurídica’ se pone de manifiesto cuando la responsable para establecer el monto de la pensión alimenticia, se repite, divide el ingreso del deudor entre él y sus dependientes económicos.-Así las cosas, al no advertir las alegadas violaciones constitucionales, ni queja deficiente que suplir, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada.-Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78 y relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.-Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto al acto reclamado al Juez Primero de lo Familiar de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.-SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Elena Santiago Mancilla, en representación de su menor hija Christian Fabiola Chanona Santiago contra el acto reclamado a la Sala Civil Zona Centro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, identificado en el resultando primero de esta ejecutoria."
Amparo directo 446/93.
"CUARTO.-Conforme a lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, sólo pueden ser materia del juicio de amparo directo los contemplados en dicha disposición legal, por lo que si además de tales actos se reclaman en la controversia constitucional promovida ante el Tribunal Colegiado en única instancia, otros que no quedan comprendidos en el precepto en cita, como son los que en la especie se atribuyen al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mezcalapa, Chiapas, debe sobreseerse respecto de dicha autoridad y acto de ejecución reclamado, con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 158, interpretado a contrario sensu y 74, fracción III, del propio ordenamiento.-QUINTO.-En virtud de que la quejosa Guadalupe Eleria García, acude al presente juicio de garantías por su propio derecho y en representación de Juan Dagoberto, Yesenia y Maricela Nangullasmú Eleria, constando además de autos que tanto Yesenia como Maricela, son mayores de edad (fojas 15 y 16), situación que se puso de manifiesto desde que se dictó la sentencia en primera instancia por el Juez natural, sin que obren en autos documentos que acrediten esa representación alegada, es evidente la improcedencia del presente juicio de garantías, por lo que hace a las mencionadas Yesenia y Maricela Nangullasmú Eleria con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, debiendo sobreseerse en el presente juicio con fundamento en el artículo 74, fracción III, del propio ordenamiento.-SEXTO.-Respecto a los conceptos de violación contenidos en la demanda de garantías que se relacionan con los actos que Guadalupe Eleria García reclama por su propio derecho y en representación de Juan Dagoberto Nangullasmú Eleria, éstos resultan fundados, en la medida que a continuación se indica.-En efecto, se dice lo anterior porque es criterio de este Tribunal Colegiado que para fijar el monto de la pensión alimenticia, es necesario dividir el monto de los ingresos del deudor alimentista entre todos los acreedores alimentarios, incluyendo en esta operación al propio deudor, éste como ‘dos personas’, para de esta manera, obtener el importe correspondiente a cada acreedor (amparo directo 356/91, resuelto en sesión de 19 de septiembre de 1991), criterio que a la letra dice: ‘ALIMENTOS, FORMA DE FIJARSE EL MONTO DE LA PENSIÓN.-Para fijar el monto de la pensión, en términos generales debe dividirse el ingreso del deudor alimentista entre los acreedores alimentarios y el mismo deudor, dividiendo el cien por ciento del ingreso entre estos últimos y el propio deudor, por tanto, si al deudor alimentista se le cuenta «como dos personas», tal razonamiento resulta correcto ya que debe atender a sus propias necesidades que por sus circunstancias personales, son mayores frente a sus acreedores.’.-Así las cosas, cabe decir que con independencia de los razonamientos vertidos por la Sala responsable referente a los ingresos de la aquí quejosa sobre los cuales este tribunal no prejuzga que si está demostrado que dicha ad quem pasó por alto el criterio transcrito, ese proceder irroga perjuicio que trasciende a las garantías individuales que los quejosos citan en su petición de amparo, lo que lleva a conceder el amparo y protección que de la Justicia Federal se solicita, para el efecto de que la Sala ad quem, dejando insubsistente el fallo reclamado, pronuncie otro, con plenitud de jurisdicción y conforme a derecho proceda, pero atendiendo los puntos destacados en esta ejecutoria.-Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78 y 158 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.-Se sobresee en el presente juicio de garantías, por lo que hace a los actos reclamados del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mezcalapa, Chiapas; y por lo que hace a los actos reclamados por Guadalupe Eleria García, en representación de Yesenia y de Maricela Nangullasmú Eleria, en los términos del considerando quinto de esta ejecutoria.-SEGUNDO.-En términos del considerando sexto, la Justicia de la Unión ampara y protege a Guadalupe Eleria García, por sí y en representación de su menor hijo Juan Dagoberto Nangullasmú Eleria, contra el acto reclamado de la Sala Administrativa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, precisado en el resultando primero de esta ejecutoria."
Amparo directo 66/95.
"CUARTO.-Conforme a lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Amparo, sólo pueden ser materia del juicio de amparo directo los contemplados en dicha disposición legal, por lo que si además de tales actos se reclaman en la controversia constitucional, promovida ante el Tribunal Colegiado en única instancia, otros que no quedan comprendidos en el precepto en cita, como lo son los que en la especie se atribuyen al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Soconusco, en su carácter de ejecutora, debe sobreseerse respecto de esta autoridad y acto que se le reclama, con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 158 y 74, fracción III, del propio ordenamiento legal.-QUINTO.-Los conceptos de violación aducidos por el quejoso son infundados, en la medida que a continuación se expresa.-En primer término, debe decirse que la Sala responsable estuvo en lo correcto al considerar que el derecho a percibir alimentos de las hoy terceras perjudicadas, se fundamenta en la calidad de esposa y menor hija que tienen éstas respecto al hoy amparista, lo cual quedó acreditado con las respectivas actas de matrimonio y nacimiento. Por ende, en los términos de los artículos 161 y 299 del Código Civil vigente en el Estado, corresponde al hoy impetrante de garantías dar alimentos a su esposa y a su menor hija; sin que sea óbice para arribar a la anterior conclusión lo alegado por quien ejerce la acción constitucional, en el sentido que a la actora Sonia Dolores López Galván, hoy tercero perjudicada, no le asiste el derecho de recibir alimentos en su calidad de cónyuge, puesto que se acreditó con su confesión ficta que labora como empleada en un taller denominado ‘La Casa de los Amortiguadores’; habida cuenta que la confesión ficta de la actora, resultado de su incomparecencia a la diligencia de absolución de posiciones, constituye sólo una presunción, la cual, en la especie, se encuentra contradicha con el resultado de la inspección judicial de fecha diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, en la que la dueña de la negociación ‘La Casa de los Amortiguadores’, señora Gloria Galván de López, a pregunta formulada por el Juez instructor, manifestó que su hija Sonia Dolores López Galván no es secretaria de dicho negocio y por lo mismo no percibe ningún sueldo. En tal virtud y dado que la confesión ficta de la actora, hoy tercero perjudicada Sonia López Galván, se encuentra contradicha, es insuficiente para hacer prueba plena sobre ese aspecto. Por lo tanto, al no haber justificado el hoy quejoso la excepción opuesta, persiste en su contra la obligación de ministrar alimentos a su cónyuge.-Por otro lado, es cierto que la responsable, en lo tocante a la existencia del domicilio conyugal que tenían establecido el hoy quejoso con la tercero perjudicada Sonia Dolores López Galván, fue omisa en relacionar la confesión ficta de la tercero perjudicada con los recibos de pago de renta ofrecidos por el amparista, probanzas que adminiculadas entre sí, llevan a la certeza de que las partes en litigio tuvieron ubicado su domicilio conyugal en la Quinta Privada Sur, número ochenta, de la ciudad de Tapachula, Chiapas.-Ahora bien, es cierto que en el caso a estudio quedó probada la existencia del domicilio conyugal de las partes contendientes en juicio, pero cierto es también que el demandante de garantías no probó plenamente que las tercero perjudicadas, en su calidad de alimentistas, hayan abandonado la casa de éste por causas injustificables para que cese la obligación a su cargo de proporcionarles alimentos. Se afirma lo anterior, por cuanto que la sola confesional ficta de la tercero perjudicada Sonia Dolores López Galván, sobre este tema, constituye sólo una presunción. Sobre el particular, cabe agregar que la precitada tercero perjudicada, en su escrito inicial de demanda, de fecha veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y tres, en el hecho cuatro manifestó que el demandado, hoy amparista, desde que nació su menor hija Jessica Ivonne Zúñiga López (25 de enero de 1993), ha incumplido con su obligación alimentaria. Aunado a lo anterior, obra en autos el estudio socioeconómico realizado por la trabajadora social Gloria Jiménez Tovar, de cuyo resultado se desprende que las tercero perjudicadas Sonia Dolores López Galván y su menor hija Jessica Ivonne Zúñiga López, radican actualmente en el domicilio de la señora Sonia Dolores López Galván, madre de la primera de las tercero perjudicadas antes señaladas; asimismo, del precitado estudio socioeconómico se advierte que quien actualmente se encuentra sufragando los gastos de manutención de las tercero perjudicadas es la señora Gloria Galván. Es decir, es evidente que si las tercero perjudicadas actualmente no viven en el domicilio conyugal que señaló el hoy impetrante de garantías, es debido al incumplimiento de este último con su obligación alimentaria a favor de las tercero perjudicadas, omisión que obligó a estas últimas a abandonar el domicilio conyugal. Por lo consiguiente, es correcta la apreciación que hace la responsable sobre este aspecto, en el sentido de que la confesional ficta de la parte actora, hoy tercero perjudicada, por sí sola, constituye un simple indicio que es insuficiente para probar el abandono injustificado de las alimentistas del domicilio conyugal; es más, en la especie existe prueba en contrario, como lo es el resultado del estudio socioeconómico ya mencionado, mismo que constituye un testimonio de calidad, en los términos del numeral 986 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia firme visible a páginas 363 y 364 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1975, Cuarta Parte, Tercera Sala, bajo el rubro y texto siguientes: ‘CONFESIÓN FICTA.-La confesión ficta, producida tanto por falta de contestación a la demanda, cuando por no haber comparecido a absolver posiciones, constituye sólo una presunción que admite prueba en contrario.’. Sexta Época, Cuarta Parte.-Finalmente, cabe significar que la Sala responsable, contrariamente a lo alegado por el hoy impetrante de amparo, estuvo en lo correcto en condenarlo al pago del cincuenta por ciento de todas y cada una de las percepciones que obtiene mensualmente como empleado de Petróleos Mexicanos, por concepto de pensión alimenticia en favor de sus acreedoras alimentistas.-Esto es así, pues para fijar dicha cuantía, la responsable dividió el total de los ingresos del deudor entre sus acreedores alimentistas y el propio deudor, considerando a este último como dos personas, supuesto a que sus necesidades resultan mayores frente a sus dos acreedoras.-Consecuentemente, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita, sin que en el caso se advierta queja deficiente que suplir.-Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Federal; y 46, 158, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.-Se sobresee en el presente juicio, respecto del acto reclamado al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Soconusco, Chiapas, precisado en el resultando primero de este fallo.-SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Aldo Zúñiga Villanueva, con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7285-4a35176e/alimentos-requisitos-que-deben-observarse-para-fijar-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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