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Modo: Corpus Pro

COSTAS EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL VENCIDO EN LAS DOS INSTANCIAS, CON SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD, DEBE SER CONDENADO A SU PAGO EN AMBAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 115/2000-PS. · Registro digital (IUS): 7477
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, , Pág. 10.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 115/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el veintidós de junio de dos mil, el amparo directo civil número DC. 4164/2000, promovido por Afianzadora Insurgentes, Sociedad Anónima de Capital Variable, en sus consideraciones sostuvo lo siguiente:

"QUINTO.-Los conceptos de violación son inoperantes unos e infundados otros.-El primero y el segundo de ellos se refieren a que la autoridad responsable: a) no analiza exhaustivamente el primer agravio, pues no razona si quedó o no acreditada la existencia física del contrato, en qué fecha ya existía o de qué forma se hizo saber a la fiada su existencia, pues respecto del contrato cuya elaboración correspondía a la beneficiaria de la fianza, no existe constancia de su elaboración o existencia; b) tampoco estudia en qué fecha se le notificó o requirió a la fiada para que acudiera a suscribir dicho contrato; c) omite considerar que al fundarse la acción intentada, en el hecho de que la fiada no firmó el contrato de prestación de servicios que se le había adjudicado, esto envuelve una afirmación sujeta a prueba, pues se debió acreditar la existencia física del contrato.-Lo señalado en el inciso a) es inoperante, ya que en el primero de los agravios realizados en el recurso de apelación, no se hicieron valer los correlativos argumentos respecto a la existencia del contrato a firmarse y, por ende, no es dable su estudio en esta vía de amparo directo, dado que la autoridad responsable no tuvo posibilidad de pronunciarse en consecuencia.-Es necesario precisar aquí, que los argumentos realizados en el primer agravio se refirieron, en síntesis, a que: no se demostró que la falta de formalización del contrato fuera imputable al prestador de servicios, ya que la actora no anexó pruebas que acreditaran que la fiada conocía fecha, hora y lugar donde formalizar el contrato, ni de que ello se le hubiera notificado; la actora no demuestra su intención de formalizar el contrato; en el texto de la póliza no se garantiza la formalización del contrato, consistente en su suscripción, sino únicamente que se sostuviera la oferta realizada y, para estudiar esto, debió estarse a lo que dispone el artículo 117 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y no hacer una interpelación basada en las bases de licitación, en lugar de aplicar estrictamente el texto de la póliza.-Es aplicable, en la especie, la tesis de jurisprudencia 175, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, pág. 121, del siguiente tenor: 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUESTIONES QUE NO PUEDEN PLANTEARSE EN LOS, POR NO HABER SIDO MATERIA DE APELACIÓN.' (se transcribe).-Es infundado lo expresado en el inciso b), ya que de la sentencia reclamada se aprecia que la responsable determinó que de la lectura del acta del fallo de la licitación por convocatoria pública número 00641105-001-97, de ocho de enero de mil novecientos novena y ocho, se infiere que fue seleccionada 'Servicios de Resguardo y Protección, S.A. de C.V.', para prestar el servicio de vigilancia objeto de la licitación, y en el párrafo tercero de esa acta se estipuló que ésta surtía efectos de notificación en forma al licitante adjudicado -presente en la elaboración del acta- quien se obligaba a firmar el contrato respectivo y sus anexos en el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la fecha del acta en comento, lo cual habría de llevarse a cabo en la jefatura de servicios jurídicos delegacional, ubicada en el Instituto Politécnico Nacional 5421, colonia Capultitlán, México, Distrito Federal. Con base en esto, la autoridad responsable concluye que, contrariamente a la pretensión de la demandada apelante, ahora quejosa, sí se le hizo del conocimiento a su fiado de manera personal, la fecha y lugar en que se suscribiría el contrato objeto de la licitación pública.-También es infundado lo señalado en el inciso c), pues contrariamente a lo que expresa la impetrante de garantías, la acción no se basa en una negativa que implique una afirmación, pues se sustenta simplemente en que el fiado de la demandada no firmó el contrato objeto de la licitación; firma de contrato que, como lo razona la autoridad responsable, era una obligación que debía cumplir el fiado, la cual fue garantizada por la demandada; en consecuencia, bastaba señalar que no se firmó el contrato para arrojar la carga de la prueba a la enjuiciada y su fiada llamada a juicio, a efecto de que demostraran lo contrario -al implicar hechos positivos- como sería, en su caso, que el fiado sí se apersonó ante la actora oportunamente y en el domicilio respectivo para la firma del contrato.-Finalmente, es infundado el tercer concepto de violación, donde la impetrante de garantías menciona que fue incorrecta la condenación en costas por la gestión del recurso de apelación, efectuada en la sentencia reclamada, pues infringe la tesis aislada XX.1o.136 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, pág. 613, del siguiente tenor: 'COSTAS. LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 1084, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO SON APLICABLES EN LOS JUICIOS ORDINARIOS MERCANTILES.' (se reproduce su texto).-Es infundado lo señalado en este concepto de violación, pues no obstante que fue parcialmente equivocada la condena en costas, dado que sólo se impuso por cuanto hace a las de la segunda instancia y no a las de ambas, dicha condena se fundó en la aplicación del numeral 1084, fracción IV, del Código de Comercio, y si bien existe la tesis aislada invocada por la quejosa, al tratarse de un precedente, debe precisarse que éste carece de obligatoriedad para el tribunal responsable, pues no constituye jurisprudencia y, más aún, este órgano jurisdiccional no comparte las consideraciones del criterio sustentado en esa tesis, por las siguientes razones: El artículo 1084 del Código de Comercio establece: 'La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del Juez se haya procedido con temeridad o mala fe.-Siempre serán condenados: I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos disputados; II. El que presentase instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados; III. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable. En este caso la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente; IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso la condenación comprenderá las costas de ambas instancias; y, V. El que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes.'.-Se advierte que las diferentes fracciones señalan cinco casos en que la ley impone la condena en costas juris et de jure, o sea en forma taxativa. En ellas se contemplan hipótesis generales, salvo la III que se refiere a juicios ejecutivos.-a) Las fracciones III y IV del artículo 1084 del Código de Comercio, no pueden considerarse que regulen conjuntamente sólo el aspecto de la condena en costas en los juicios ejecutivos mercantiles, pues de suceder así, no habría motivo para que el legislador las hubiera contemplado en dos fracciones diferentes.-b) Se advierte la intención del legislador de normar supuestos autónomos, ya que la fracción IV rige la condenación en costas con un carácter más amplio, tanto es así, que es perfectamente entendible con independencia de lo señalado en la fracción III, la cual, incluso, viene a ser complementada con lo dispuesto en aquélla.-c) El principio de analogía es una regla de interpretación y de integración del derecho, basada en que 'donde hay la misma situación debe regir la misma disposición', y en el caso de las controversias diversas a las ejecutivas mercantiles, no se ve por qué el vencido en las dos instancias con sentencias conformes de toda conformidad, no deba ser condenado en costas de ambas instancias, por aplicación autónoma de la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio, si en ambos casos se percibe que la razón legal estriba en resarcir de sus gastos a quien tuvo que litigar en dos instancias para vencer a su contraparte, quien litigó sin derecho.-Sirve de apoyo a lo aquí sustentado el criterio emitido por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, quien al abordar la constitucionalidad de la fracción IV en comento, no establece que sea de aplicación exclusiva a los juicios ejecutivos mercantiles, y sí por el contrario, establece que es de orden público y tiene su fundamento en el hecho de que se resarzan los daños causados al vencedor; análisis que por cierto se hace con independencia de la fracción III del artículo 1084 del Código de Comercio, tal como se aprecia de la tesis aislada P. IV/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, pág. 101, del siguiente tenor: 'COSTAS. EL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, QUE ESTABLECE LA CONDENA EN ELLAS PARA EL LITIGANTE CONDENADO POR DOS SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.' (se transcribe).-Con base en las anteriores consideraciones y al no haber motivo para suplir la deficiencia de la queja, procede negar el amparo solicitado, lo cual debe hacerse extensivo a los actos de ejecución al no haberse reclamado por vicios propios."

SEXTO.-Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y siete, el amparo directo número 623/96, interpuesto por Julio César Zebadúa Celorio, se apoyó en las consideraciones que a continuación se transcriben:

"CUARTO.-Los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías son infundados.-En efecto, carece de razón la parte quejosa al decir que la responsable debió cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, fundar y motivar la causa legal del procedimiento, y de acuerdo con los artículos 1081 y 1084, fracciones III y IV, del Código de Comercio, debió condenar al pago de las costas a la tercero perjudicada, ya que el promovente del juicio ordinario mercantil 'Banco Unión, S.A.', no obtuvo sentencia favorable, existiendo dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva; toda vez que, por una parte, la sola lectura de la sentencia reclamada pone de manifiesto que en su emisión se observaron las reglas esenciales del procedimiento y conforme a la ley expedida con anterioridad al hecho, así como que se satisfizo el principio de fundamentación y motivación, en cuanto que se le emplazó, dándole oportunidad de defenderse en el transcurso del juicio y los numerales aplicados resultan ser una ley expedida con anterioridad a los hechos, como lo son el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, además se señalan los preceptos que consideró aplicables exponiendo los razonamientos que lo llevaron a concluir en el sentido que lo hizo, sin que este tribunal advierta con ese proceder actuación indebida y, por otra, si bien es cierto que el artículo 1084 del código mercantil, establece: '... III. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable. En este caso la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente; IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso la condenación comprenderá las costas de ambas instancias; ...', también lo es que las fracciones antes transcritas se limitan única y exclusivamente a los juicios ejecutivos, lo que no sucede en la especie, en que se plantea un juicio ordinario mercantil, amén de que se emitieron dos sentencias, la primera de ellas fundada en la improcedencia de la vía y la segunda que modifica aquélla con base en la improcedencia de la acción, lo que significa que no se trata de dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva e inactualiza lo dispuesto en las fracciones que nos ocupan; por tanto, el proceder de la Sala ad quem al no condenar en costas se encuentra ajustado a derecho.-Luego entonces, y al no advertir las alegadas violaciones constitucionales ni queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita."

La anterior resolución dio origen a la tesis aislada siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: V, mayo de 1997

"Tesis: XX.1o.136 C

"Página: 613

"COSTAS. LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 1084, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO SON APLICABLES A LOS JUICIOS ORDINARIOS MERCANTILES.-Si bien es cierto que el artículo 1084 del Código de Comercio, establece en sus fracciones III y IV: 'III. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable. En este caso, la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente.'; y 'IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias.', también lo es que el contenido de estas fracciones se limita única y exclusivamente a los juicios ejecutivos, pero no resulta aplicable a los juicios ordinarios mercantiles.

"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

"Amparo directo 623/96. Julio César Zebadúa Celorio. 31 de enero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Ramón Gopar Aragón. Secretario: Ronay de Jesús Estrada Solís."

SÉPTIMO.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que en tratándose de la figura de contradicción de tesis, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio prevalecerá, debe existir oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión y se adopten criterios discrepantes; que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas y que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y

c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En esencia, para que exista contradicción de tesis, se requiere que un tribunal niegue lo que otro afirme respecto de un mismo tema.

Apoya lo anterior, el criterio de la anterior Cuarta Sala de este Alto Tribunal, que esta Primera Sala comparte, contenido en la tesis de jurisprudencia, que dice:

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 58, octubre de 1992

"Tesis: 4a./J. 22/92

"Página: 22

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 76/90. Entre los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.

"Contradicción de tesis 30/91. Entre los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.

"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el actual Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.

"Contradicción de tesis 71/90. Entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso."

Igualmente, es aplicable la tesis de jurisprudencia de la anterior Tercera Sala, cuyo criterio esta Primera Sala también comparte, que dice:

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 72, diciembre de 1993

"Tesis: 3a./J. 38/93

"Página: 45

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA.-La existencia de una contradicción de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto común respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposición que se requiere conforme a las reglas de la lógica para que se genere la referida contradicción.

"Contradicción de tesis 21/89. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito; Segundo y Tercero, por una parte, y Quinto por la otra, al resolver los amparos directos números 3027/88, 1078/89 y 3045/89, respectivamente. 12 de noviembre de 1990. Cinco votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Alejandro Sosa Ortiz.

"Contradicción de tesis 38/90. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. 4 de marzo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Contradicción de tesis 43/90. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 27 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte. Secretario: Amado López Morales.

"Contradicción de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Segundo y Cuarto, los tres en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Arturo García Torres.

"Contradicción de tesis 7/93. Entre las sustentadas por el Primer y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de noviembre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Sabino Pérez García."

Asimismo, es aplicable la tesis aislada de la anterior Tercera Sala, que dice:

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XI, febrero de 1993

"Tesis: 3a. XIII/93

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.-Los artículos 107 fracción XIII constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, previenen la contradicción de tesis como una forma o sistema de integración de jurisprudencia. Así, siendo la tesis el criterio jurídico de carácter general que sustenta el órgano jurisdiccional al examinar un punto de derecho controvertido en el asunto que se resuelve, para que exista dicha contradicción es indispensable que se presente una oposición de criterios en torno a un mismo problema jurídico, de tal suerte que, interpretando y fundándose los tribunales en iguales o coincidentes disposiciones legales, uno afirme lo que otro niega o viceversa. De no darse estos supuestos es manifiesta la improcedencia de la contradicción que al respecto se plantee.

"Contradicción de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Segundo y Cuarto, los tres en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Arturo García Torres."

En el caso, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el veintidós de junio de dos mil, el amparo directo número 4164/2000, promovido por Afianzadora Insurgentes, Sociedad Anónima de Capital Variable, considera que el artículo 1084 del Código de Comercio, en sus cinco fracciones se señalan los casos en que la ley impone la condena en costas juris et de jure, o sea en forma taxativa, por lo que no puede considerarse que regulen conjuntamente sólo el aspecto de la condena en costas únicamente para los juicios ejecutivos mercantiles, por lo que en controversias distintas a los juicios ejecutivos, no se ve por qué el vencido en las dos instancias con sentencias conformes de toda conformidad, no deba ser condenado en costas en ambas instancias.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al fallar el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y seis, el amparo directo 623/96, promovido por Julio César Zebadúa Celorio, se apoyó en la consideración de que de acuerdo al artículo 1084 del Código de Comercio, la condena en costas se limita única y exclusivamente a los juicios ejecutivos, lo que no sucede cuando se plantea un juicio ordinario.

Por tanto, los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de que se trata, parten de los mismos supuestos, consistentes en la condena en costas en los juicios ordinarios mercantiles y arriban a conclusiones distintas, pues mientras el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito considera que de acuerdo al artículo 1084 del Código de Comercio, sí es procedente, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito estima que el citado precepto no la establece para esa clase de juicios, por lo que en ellos es improcedente la condena en costas.

En tal virtud, a juicio de esta Primera Sala sí existe la contradicción de tesis denunciada, pues sobre el mismo precepto (artículo 1084 del Código de Comercio) aplicado al resolver juicios ordinarios mercantiles, un tribunal afirma lo que otro niega.

OCTAVO.-Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala, que a su vez coincide con el adoptado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en su ejecutoria.

Cabe señalar con relación al tema motivo de debate por los tribunales contendientes, si bien en algunas contradicciones de tesis sometidas a la potestad jurisdiccional de esta Primera Sala o del Pleno de este Supremo Tribunal, así como en algunas ejecutorias y tesis de estos mismos órganos colegiados, existen pronunciamientos relacionados, es de señalarse que éstos han sido formulados en relación con los juicios ejecutivos mercantiles, pero no a juicios ordinarios mercantiles, por lo que la cuestión sujeta a debate se encuentra aún pendiente de definir y procede determinar cuál debe ser el criterio que debe prevalecer en materia de costas mercantiles ocasionadas en un juicio ordinario mercantil.

En principio, conviene señalar que la condena en costas tiene la naturaleza de una prestación accesoria de aquellas que realmente constituyen la litis en una controversia judicial y que nuestra legislación mercantil, así como la doctrina nacional, la clasifica en tres sistemas, a saber:

El del vencimiento puro, que puntualiza que todo triunfo en una controversia judicial es per se, causal generadora y suficiente para imponer una sanción adicional a la parte vencida.

El de la compensación o indemnización, el cual responde al propósito de restituir a quien injustificadamente ha sido llamado a juicio de las erogaciones, gastos y perjuicios en que hubiere incurrido por razones del proceso; y, finalmente

El sistema sancionador de la temeridad o mala fe del litigante, que establece la aplicación de una pena a quien a sabiendas de que carece de derecho acude a un tribunal provocando la actividad jurisdiccional, la de su contraparte y, en su caso, de terceros que se apersonan en el juicio.

Ahora bien, el artículo 1084 del Código de Comercio, a la letra dice:

"Artículo 1084. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del Juez se haya procedido con temeridad o mala fe.

"Siempre serán condenados:

"I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos disputados;

"II. El que presentase instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados;

"III. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable. En este caso la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente;

"IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias; y,

"V. El que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes."

Del transcrito precepto se aprecia que el sistema adoptado por el Código de Comercio en materia de costas es mixto, puesto que combina en las diversas fracciones que integran al artículo 1084 del Código de Comercio a dos de los sistemas anteriormente mencionados, uno de carácter meramente subjetivo contenido en su fracción I, pues en él aplica el sistema sancionador de la temeridad o mala fe del litigante, ya que se deja al prudente arbitrio del juzgador el determinar si se condujo alguna de las partes en esa forma, y el otro objetivo, el cual es aplicable a las cuatro fracciones restantes y en el que se siguen las reglas del sistema de la compensación o indemnización obligatoria por así prevenirlo expresamente la ley.

A lo anterior debe añadirse que de una interpretación sistemática del artículo 1084 del Código de Comercio, se advierte que el mismo se encuentra ubicado en el capítulo VII del título primero, que establece las disposiciones generales aplicables a los juicios mercantiles y no dentro de los títulos segundo y tercero que, respectivamente, tratan de los juicios ordinarios y de los juicios ejecutivos, lo cual corrobora que la condena en costas procede en todo tipo de juicios mercantiles.

Asimismo, se aprecia de la disposición en consulta que si bien establece en la fracción III la condena en costas, específicamente para el juicio ejecutivo, también lo es que en las demás fracciones ninguna distinción hace sobre el tipo de juicio en relación con el cual procede la condena en costas, por lo que no puede considerarse que todas las fracciones regulen conjuntamente sólo el aspecto de la condena en costas únicamente para los juicios ejecutivos mercantiles, porque donde la ley no distingue no tienen por qué hacerse distinciones.

Por tanto, se concluye que en controversias distintas a los juicios ejecutivos, no se ve por qué el vencido en las dos instancias con sentencias conformes de toda conformidad, no deba ser condenado en costas en ambas instancias, máxime que así lo establece la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio.

De las relatadas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo, la tesis que debe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7477-09e0483f/costas-en-el-juicio-ordinario-mercantil-en-terminos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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