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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO. EL ARTÍCULO 112 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO NO ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE QUE LA PERSONA DISTINTA AL DEMANDADO, CON QUIEN SE ENTIENDA LA DILIGENCIA, VIVA EN EL DOMICILIO EN QUE SE EFECTÚA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2000-PS. · Registro digital (IUS): 7347
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, , Pág. 154.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Asimismo, para la existencia de un conflicto de criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de Circuito, deben actualizarse necesariamente los siguientes supuestos:

1. Que sean examinadas cuestiones jurídicas esencialmente idénticas y se adopten posiciones o criterios jurídicos totalmente discrepantes;

2. Que la diferencia se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Lo asentado se robustece con las tesis que a continuación se transcriben:

Tesis de jurisprudencia

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 58, octubre de 1992

"Tesis: 4a./J. 22/92

"Página: 22

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 76/90. Entre los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.

"Contradicción de tesis 30/91. Entre los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.

"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y actualmente Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.

"Contradicción de tesis 71/90. Entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso.

"Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 178, página 120."

Tesis aislada

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XI, febrero de 1993

"Tesis: 3a. XIII/93

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.-Los artículos 107 fracción XIII constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, previenen la contradicción de tesis como una forma o sistema de integración de jurisprudencia. Así, siendo la tesis el criterio jurídico de carácter general que sustenta el órgano jurisdiccional al examinar un punto de derecho controvertido en el asunto que se resuelve, para que exista dicha contradicción es indispensable que se presente una oposición de criterios en torno a un mismo problema jurídico, de tal suerte que, interpretando y fundándose los tribunales en iguales o coincidentes disposiciones legales, uno afirme lo que otro niega o viceversa. De no darse estos supuestos es manifiesta la improcedencia de la contradicción que al respecto se plantee.

"Contradicción de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Segundo y Cuarto, los tres en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Arturo García Torres.

"Véase: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 72, diciembre de 1993, página 44, tesis 3a./J. 37/93, de rubro 'CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA QUE SE FORMULA RESPECTO DE RESOLUCIONES EN LAS QUE EL PROBLEMA JURÍDICO ABORDADO ES DIFERENTE Y DE LO SOSTENIDO EN ELLAS NO DERIVA CONTRADICCIÓN ALGUNA.'."

También es prudente resaltar que la resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias, de conformidad con la tesis que a continuación se transcribe:

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XI, febrero de 1993

"Tesis: 3a. XIV/93

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU NATURALEZA.-El artículo 197-A de la Ley de Amparo dispone que 'Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer ... La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.'. La fracción VIII, último párrafo y la fracción IX del artículo 107 constitucional, establecen como regla general la inimpugnabilidad de las resoluciones que en materia de amparo pronuncien los Tribunales Colegiados y, como caso de excepción, en los supuestos que la propia Constitución y la ley relativa establecen. Consecuentemente, la contradicción de tesis no constituye un recurso de aclaración de sentencia ni de revisión, sino una forma o sistema de integración de jurisprudencia, cuya finalidad es preservar la unidad de interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional, decidiendo los criterios que deben prevalecer cuando existe oposición entre los que sustenten los mencionados órganos jurisdiccionales en torno a un mismo problema legal, sin que se afecten las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen emitido dichos criterios.

"Contradicción de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Segundo y Cuarto, los tres en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Arturo García Torres.

"Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 1a./J. 47/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de 1997, pág. 241, de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU NATURALEZA JURÍDICA.'."

QUINTO.-En el caso específico, esta Primera Sala sostiene que sí se cumplen los requisitos mencionados en el considerando que antecede, lo que conduce a determinar que sí existe contradicción de criterios, entre los sustentados por el Cuarto y Primer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito.

Para llegar a la anterior determinación conviene destacar el sentido de los razonamientos jurídicos sustentados por ambos órganos jurisdiccionales federales, dentro de las resoluciones que dieron origen a los criterios que se estima se contraponen.

En sesión celebrada el treinta y uno de enero de dos mil, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito pronunció resolución en el juicio de amparo 2114/99, promovido por Alicia Salazar Pérez viuda de Muñoz y Luis Muñoz Salazar, cuya parte que interesa, es del siguiente tenor:

"QUINTO.-Los agravios hechos valer son inoperantes en un aspecto e infundados en otro.-Los actos reclamados consisten en la orden de emplazamiento dictada por el Juez Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado, en los autos del juicio civil sumario hipotecario número 895/98; y su ejecución, que tuvo verificativo el siete de julio de mil novecientos noventa y ocho.-En la sentencia recurrida el Juez de Distrito negó el amparo solicitado.-Aduce la parte recurrente, que el Juez de Distrito hizo una indebida valoración del acta de emplazamiento que constituye el acto reclamado, porque en ella se contienen suficientes violaciones a la ley procesal civil de la entidad, para restar credibilidad a esa actuación y declararla violatoria de garantías.-Es inoperante el anterior argumento, ya que no se expone en qué consistió la indebida valoración del acta de emplazamiento, ni cuáles son las violaciones de la ley procesal civil local que contiene dicha diligencia; por tanto, no basta la sola consideración de la parte inconforme, acerca de que la sentencia recurrida es ilegal, sino que era menester demostrar tal ilegalidad, ya sea porque violó determinados preceptos constitucionales, legales o la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación.-Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia número 39, consultable en la página 25, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: ‘AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN.-No puede considerarse como agravio la simple manifestación u opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar con razonamientos, los que la hayan fundado.’.-En otro aspecto, argumentan los inconformes que el Juez a quo soslayó lo dispuesto en el artículo 112 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, conforme al cual, es necesario que el funcionario que practica el emplazamiento entregue la cédula respectiva a los parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona que viva en la casa o se encuentre dentro de ella y, en este caso, que se cerciore si con quien entiende la diligencia habita o no el domicilio en que actúa, debiendo asentar razón de ello en el acta de la diligencia, incluidos los medios que tuvo para allegarse la información y las fuentes y demás circunstancias que lo llevaron a adquirir la certeza de que el demandado tendrá oportuno y adecuado conocimiento de la demanda. Como apoyo, invoca la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de este Tercer Circuito, del título: ‘EMPLAZAMIENTO. CÉDULA ENTREGADA A LOS PARIENTES O DOMÉSTICOS, EN EL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’.-El artículo 112 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dice: ‘Artículo 112 bis. La cédula, copias y citatorios, en los casos de los dos artículos anteriores, se entregarán a los parientes o empleados del interesado o en su defecto a cualesquiera otra persona que viva o se encuentre dentro del domicilio, después de que el notificador se hubiere cerciorado de que allí vive o de que es el principal asiento de sus negocios, de todo lo cual se asentará razón en la diligencia, incluyendo el medio o la fuente de que se valió o las fuentes de información a que tuvo que recurrir para adquirir la certeza señalada.’.-Como se advierte, el artículo 112 bis del enjuiciamiento civil local permite entregar la cédula notificatoria a los parientes o empleados del interesado o, en su defecto, a cualquier persona que viva o se encuentre dentro del domicilio, después de haberse cerciorado que el interesado habita o tiene el principal asiento de sus negocios en el lugar en que se constituye el notificador; por lo que al asentar que la diligencia se entendió con una persona que se encontraba dentro del domicilio, distinta del interesado, no es necesario verificar si aquélla habita o no en aquél, pues en el supuesto de que se trata, pueden darse dos hipótesis: a) Que la persona entrevistada viva en el domicilio; o, b) Que se encuentra en el domicilio, caso este último en el que no es necesario verificar si la persona con quien se entiende la diligencia vive o no en el domicilio, ya que el precepto legal de que se trata no prevé esa obligación, sino que sólo constriñe a verificar si el interesado vive o tiene el principal asiento de sus negocios en la finca en que se apersona el notificador.-En el caso, las diligencias de emplazamiento que constituyen el acto reclamado, en lo que interesa dicen (se transcriben).-Como se advierte, el secretario del juzgado natural entendió la diligencia con una persona que encontró en el domicilio señalado como de los demandados Alicia Salazar Pérez viuda de Muñoz y Luis Muñoz Salazar, según asentó en las constancias respectivas, lo que es suficiente para estimar cumplidos los requisitos que establece el artículo 112 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado; sin que sea obstáculo que el funcionario de referencia no aludiera a la preposición ‘dentro’, para estimar que el entrevistado no se encontraba en el interior del domicilio en que se constituyó aquél, ya que al hacer constar que la persona entrevistada, Pamela Ruiz, se encontraba ‘en’ el domicilio en que se apersonó, es inconcuso que tal preposición denota que se encontraba dentro del domicilio de los demandados, ya que ‘en’ significa, entre otras cosas ‘dentro de’; por tanto, al encontrar el secretario del juzgado natural a Pamela Ruiz dentro del domicilio de la parte demandada, y entender la diligencia de emplazamiento con ella, por no haber estado presentes los buscados, no obstante el citatorio dejado con anterioridad, tal actuación se ajusta a lo señalado en el artículo 112 bis del código adjetivo local.-Por tanto, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio que cita la parte recurrente sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito, visible en la página 668, Tomo IV, agosto de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘EMPLAZAMIENTO. CÉDULA ENTREGADA A LOS PARIENTES O DOMÉSTICOS, EN EL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).-Para que la notificación de una demanda pueda estimarse hecha conforme a lo prescrito en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, anterior y 112 bis vigente, no basta con que el notificador se cerciore de que el lugar donde se hace es el domicilio del demandado, sino que, además, es necesario que la cédula respectiva se entregue a los parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona que viva en la casa y se cerciore, en este caso, si con quien se entiende el emplazamiento habita o no en el domicilio donde se actúa y que se señala como el de la demandada; por tanto, la omisión de cualquiera de esos requisitos, además de transgredir el precepto de la ley adjetiva invocada, ocasiona violación de la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional.’.-Como se advierte, el homólogo de este órgano jurisdiccional parte del supuesto de que, el artículo 112 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en los casos en que se entiende la diligencia de emplazamiento con una persona distinta del demandado, establece la obligación de cerciorarse si, en este caso, la persona entrevistada vive o no en el domicilio en que se constituyó el funcionario respectivo, lo que este órgano jurisdiccional estima no es necesario cuando se asienta que la persona entrevistada se encuentra dentro del domicilio de la parte demandada; caso contrario sería que el fedatario no hiciera constar si la persona entrevistada se encontraba dentro del domicilio, en cuyo caso sí tendría que asentar si el entrevistado vive o no en el domicilio de la parte demandada.-Consecuentemente, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, procédase a la denuncia de contradicción de tesis entre la sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito, transcrita, y este órgano jurisdiccional, a fin de que el más Alto Tribunal del país determine cuál de los dos criterios debe prevalecer.-Por lo considerado, es infundada la aseveración del recurrente, en el sentido de que resulta indispensable que la persona con quien se practique la diligencia de emplazamiento señale si su estancia en el domicilio es temporal o su relación de proximidad con el demandado, ya que el artículo 112 bis del código adjetivo civil local no establece tales requisitos; antes bien, el legislador únicamente estimó necesario asentar si la persona vive en el domicilio o si se encontraba dentro de él al momento de la diligencia, por lo que no es dable jurídicamente establecer mayores requisitos que los previstos por el legislador y que estimó suficientes para otorgar certeza jurídica en la práctica de los emplazamientos, ya que de ser así, quedarían al arbitrio de los particulares o de las autoridades jurisdiccionales los requisitos de las actas de emplazamiento.-Por lo anterior, no resulta aplicable la tesis que invoca el inconforme, del rubro: ‘EMPLAZAMIENTO, NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA EN AUSENCIA DEL DEMANDADO. A QUIÉN DEBE ENTREGARSE.’, ya que se refiere a un precepto legal del código adjetivo civil de San Luis Potosí, no de esta entidad federativa, que es el ordenamiento legal aplicable al caso; aunado a la circunstancia de que es un criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que no obliga a este Tribunal Colegiado.-Y en cuanto al criterio del Primer Tribunal Colegiado de este circuito, de epígrafe: ‘EMPLAZAMIENTO. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR CUANDO SE ENTIENDE CON PARIENTES DEL DEMANDADO.’, carece de aplicación en el caso, porque se trata del supuesto en que dicha diligencia se practicó con un pariente del demandado, hipótesis que no acontece en el caso de que se trata.-Por otra parte, deviene infundada la aseveración relativa a que el funcionario que llevó a cabo la diligencia que se reclama, no asentó el nombre completo de la persona ya que no existe precepto legal alguno que obligue al funcionario a señalar que el nombre referido por la persona con quien se entiende la diligencia es su nombre completo, ya que al manifestar la propia entrevistada que así se llama, de ello se infiere que el nombre que proporciona es el completo."

Por otro lado, con fecha doce de enero de mil novecientos noventa y seis el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito resolvió el amparo en revisión 994/95, cuyas consideraciones, en lo que interesa, establecen lo siguiente:

"III.-Los agravios son fundados en la medida que se suple la queja deficiente, en términos de lo ordenado por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo.-Es verdad, como lo afirma la quejosa recurrente, que en la fecha en que se verificó el emplazamiento a juicio, que constituye el acto reclamado en la especie, nueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres, ella tenía veintiocho años de edad; según se deduce de la copia certificada del acta de nacimiento, que obra agregada a fojas 20 del cuaderno de amparo, la cual tiene valor probatorio pleno, conforme lo dispone el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues nació el día tres de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro; por consiguiente, aun cuando no es imposible que a esa edad ya tuviese un hijo que hubiese contraído matrimonio y que, por tal motivo, tuviese una nuera que responda al nombre de Guadalupe Rivera, con quien se entendió la diligencia de emplazamiento, la verdad es que la edad de la demandada propicia la duda en cuanto a la veracidad de tal dato.-Por otra parte, el Juez de Distrito debió analizar la actuación judicial que constituye el acto reclamado y advertir, al suplir la queja deficiente, en términos de lo ordenado por el precepto citado en primer lugar, que el secretario actuario que practicó la diligencia no se cercioró si la persona con la cual entendió el emplazamiento, Guadalupe Rivera, habitaba en el domicilio en donde estaba actuando, obligación que le imponía el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco vigente en la época en que se llevó a cabo esa actuación, pues, al respecto decía: ‘112. Si se tratare de notificación de la demanda y a la primera busca no se encontrase al demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente; y si no espera se le hará la notificación por cédula.-La cédula, en los casos de este artículo y del anterior, se entregará a los parientes o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en la casa ...’; pues, al examinar la actuación de referencia se advierte que no contiene referencia alguna en torno a la circunstancia de que si la persona con la cual entendió la actuación habitaba o no en ese domicilio que se señaló como el de la demandada, hoy quejosa recurrente, pues lo único que se dijo fue que se entendía con Guadalupe Rivera quien dijo ser nuera del demandado y que no se identificaba por no contar con el documento idóneo, pero nunca se le preguntó si vivía o no en ese domicilio; omisión que viola el precepto de la ley adjetiva invocada y ocasiona la violación de la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 de la Constitución Política del país; generando con ello la ilegalidad de todo lo actuado en el juicio, precisamente por haber llevado un procedimiento en el que faltó oír a la parte reo, lo que obliga a concederle el amparo para el efecto de que la autoridad responsable deje sin efecto lo actuado y ordene emplazar, como es debido, a la demandada.-En apoyo a este criterio se citan, en cuanto son aplicables, las ejecutorias de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia publicadas en las páginas 577 y 578 de la Cuarta Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que corresponde a la época de 1917 a 1975, relacionadas con la tesis de jurisprudencia número 187, en décimo séptimo y décimo octavo lugar y que dicen, respectivamente: ‘EMPLAZAMIENTO POR CÉDULA EN CASAS DE DEPARTAMENTOS.-El artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, establece que la notificación de la demanda se hará buscando al demandado en la casa en que vive, de lo que se cerciorará el notificador, y no encontrándolo a la primera busca, le dejará citatorio de espera, y si a pesar de ello no esperare, le hará la notificación por cédula, que se entregará a los parientes o domésticos del interesado o a cualquiera persona que vive en la casa. Ahora bien, al expresar ese precepto que la cédula se deje a los parientes o domésticos del interesado, en la casa en que éste viva, debe entenderse que se refiere a los familiares o domésticos que habitan con él y si se trata de casa de departamentos, la notificación debe hacerse en el que corresponda al demandado; por lo que si el notificador deja la cédula en poder del portero o de un sirviente del edificio y no en el departamento en que habita el notificado, con ello contraría la prevención legal antes citada.’; ‘NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA, A QUIÉN DEBE ENTREGARSE.-Para que la notificación de una demanda pueda estimarse hecha conforme a lo prescrito en el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, no basta con que el notificador se cerciore de que el lugar donde se hace, es el domicilio del demandado sino que, además, es necesario que la cédula respectiva se entregue a los parientes o domésticos del interesado, o a cualquiera otra persona que viva en la casa; requisito que tiene por objeto que pueda establecerse la presunción de que el demandado tuvo conocimiento de la diligencia y recibió las copias del traslado.’.-Resulta innecesario estudiar los restantes agravios que expresó la recurrente, porque los mismos fueron externados para combatir la sentencia que se revocará."

El criterio anterior dio origen a la tesis que a continuación se transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: IV, agosto de 1996

"Tesis: III.1o.C.27 C

"Página: 668

"EMPLAZAMIENTO. CÉDULA ENTREGADA A LOS PARIENTES O DOMÉSTICOS, EN EL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).-Para que la notificación de una demanda pueda estimarse hecha conforme a lo prescrito en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, anterior y 112 bis vigente, no basta con que el notificador se cerciore de que el lugar donde se hace es el domicilio del demandado, sino que, además, es necesario que la cédula respectiva se entregue a los parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona que viva en la casa y se cerciore, en este caso, si con quien se entiende el emplazamiento habita o no en el domicilio donde se actúa y que se señala como el de la demandada; por tanto, la omisión de cualquiera de esos requisitos, además de transgredir el precepto de la ley adjetiva invocada, ocasiona violación de la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional.

"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

"Amparo en revisión 994/95. Luz Elena Lozano Razo. 11 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arturo González Zárate. Secretario: Arturo García Aldaz."

SEXTO.-En principio, es necesario destacar que solamente el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito redactó tesis respecto del criterio sostenido en el caso que nos ocupa, no obstante, debe decirse que el hecho de que el Cuarto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito omitiera elevar a carácter de tesis el criterio que sustentó en su ejecutoria, no afecta la procedencia de la contradicción de tesis, ya que para que ésta se dé, únicamente es indispensable que dicha contradicción se desprenda del cúmulo de consideraciones jurídicas vertidas en su sentencia, cobrando aplicación, en lo conducente, el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de este órgano colegiado en la tesis que a continuación se transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: II, octubre de 1995

"Tesis: P. LXXXI/95

"Página: 81

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO ES CONFUSA O INCOMPLETA LA TESIS REDACTADA, DEBE ATENDERSE A LA EJECUTORIA RESPECTIVA.-Si del análisis de una tesis y de la ejecutoria respectiva se advierte que aquélla resulta confusa o no refleja lo que en la ejecutoria se sostiene, para efectos de la contradicción debe atenderse a ésta y no a la tesis redactada, puesto que el criterio que sustenta el órgano que resuelve se encuentra en las consideraciones de la propia resolución. En esta hipótesis, la inexactitud de la tesis en relación con la ejecutoria a la que se refiere, lleva, además y con independencia de la existencia o inexistencia de la contradicción que se hubiere denunciado, a la corrección de la tesis relativa, pues si a través de la publicación de las tesis se dan a conocer los diversos criterios que sustentan los órganos resolutores, es lógico que por razones de seguridad jurídica deba corregirse y darse a conocer el verdadero criterio del juzgador que no fue reflejado con fidelidad.

"Contradicción de tesis. Varios 112/89. Relativo a la contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Séptimo Circuito. 21 de agosto de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

"El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el diecisiete de octubre en curso, por unanimidad de once votos de los Ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número LXXXI/95 (9a.) la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco."

Lo anterior nos lleva a establecer válidamente, que si se observa confusión entre una tesis y su ejecutoria, en virtud de que la primera no refleje lo que en la segunda se sostiene, para efectos de la contradicción debe atenderse a esta última y no a la tesis redactada, consecuentemente, en el supuesto en que la tesis ni siquiera haya sido redactada, no puede argumentarse que la contradicción no exista.

En ese orden de ideas se desprende de las consideraciones transcritas, que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, sostiene que:

"... Como se advierte, el artículo 112 bis del enjuiciamiento civil local permite entregar la cédula notificatoria a los parientes o empleados del interesado o, en su defecto, a cualquier persona que viva o se encuentre dentro del domicilio, después de haberse cerc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7347-cb393e1d/emplazamiento-el-articulo-112-bis-del-codigo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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