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Modo: Corpus Pro

FACULTAD DE COMPROBACIÓN. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LLEVA A DECRETAR LA NULIDAD PARA EFECTOS Y NO LISA Y LLANA.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 38/2000. · Registro digital (IUS): 7350
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUBADMINISTRADOR DE LO CONTENCIOSO "2" DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL JURÍDICA DE INGRESOS DE PUEBLA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, , Pág. 1198.

REVISIÓN FISCAL 38/2000. SUBADMINISTRADOR DE LO CONTENCIOSO "2" DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL JURÍDICA DE INGRESOS DE PUEBLA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Es infundado en parte y fundado en lo demás el único agravio que hace valer la autoridad recurrente, por las siguientes consideraciones:

En él argumenta la autoridad recurrente, por una parte, que contrario a lo sostenido en la sentencia recurrida, la resolución impugnada a través del juicio de nulidad sí contiene la cita de los fundamentos de derecho suficientes para advertir que la resolución proviene de autoridad competente.

Asimismo, aduce en forma esencial que el artículo 41, apartado B, fracción IV, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, dispone: "Artículo 41. ... B. Compete a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal a que se refiere el apartado F de este artículo, ejercer las facultades siguientes: ... IV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, vigilancia y verificaciones; realizar los demás actos que establezcan las disposiciones fiscales para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes ...".

Por lo que resulta incuestionable (sigue manifestando la autoridad recurrente) que la competencia de la autoridad demandada se encuentra establecida plenamente en dicha disposición legal y si la resolución impugnada se fundamentó en el artículo 41, apartado B, fracción XVI, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, con ello se cumple la garantía de legalidad, de fundamentación y motivación del acto de autoridad que establece el artículo 16 constitucional; de tal forma que no se infringe ese precepto legal por el hecho de que la autoridad no cite en el cuerpo de su resolución la fracción que le da competencia para emitirlo, ya que basta que esas facultades estén contenidas en una ley o reglamento para que sea legal el acto, y como se desprende de la lectura de la resolución impugnada, la autoridad demandada es plenamente competente para emitir el citado acto, lo que basta para que se hiciera mención del artículo 41, apartado B, fracción XVI, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, para que se tuviera por fundado y motivado el acto referido, ya que lo único que no se invocó fue la fracción IV de dicho dispositivo, pues es suficiente que su competencia esté contenida en una ley o reglamento para que sea legal el acto como ha quedado demostrado.

Mediante la sentencia recurrida la Sala a quo declaró la nulidad de la resolución impugnada en el juicio contencioso, contenida en el oficio número 324-SAT-R5-L34-3-C-50251, de dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, por la cual el administrador local de Auditoría Fiscal de Puebla, le impuso a la persona moral denominada Walmaca, S.A. de C.V., una multa en cantidad de $6,511.00, por haber incurrido en la infracción prevista en el artículo 83, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que los comprobantes que expide no reúnen los requisitos que establecen las disposiciones fiscales, lo que, según se comprobó con la expedición del ticket No. A: 3518, carece del importe total de la venta consignado con letra.

Ahora bien, devienen infundadas las alegaciones de la recurrente que se relatan, por las consideraciones siguientes:

El acto que originó la multa impuesta, se prevé en las hipótesis normativas previstas en los artículos 83, fracción VII y 84, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, que enseguida se transcriben:

"Artículo 83. Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad, siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación, las siguientes: ... VII. No expedir o no entregar comprobante de sus actividades, cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin requisitos fiscales."

"Artículo 84. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad a que se refiere el artículo 83, se impondrán las siguientes sanciones: ... VI. De $6,000.00 a $36,000.00, a las señaladas en las fracciones VII y IX cuando se trate de la primera infracción, salvo tratándose de contribuyentes que tributen conforme al título IV, capítulo VI, secciones II o III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de $1,000,000.00, supuestos en los que la multa será de $600.00 a $1,200.00 por la primera infracción. En caso de reincidencia, la sanción consistirá en la clausura preventiva del establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este código."

Los anteriores preceptos legales contemplan el supuesto que da origen a la infracción en que incurre la actora, acto de autoridad que compete a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, así se prevé en el artículo 41, apartado B, fracción IV, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que en su primera parte dispone:

"Artículo 41. ... B. Compete a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal a que se refiere el apartado F de este artículo, ejercer las facultades siguientes: ... IV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, vigilancia y verificaciones; realizar los demás actos que establezcan las disposiciones fiscales para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ..."

Asimismo y como lo afirma la recurrente, la facultad de la Administración Local de Auditoría Fiscal para imponer sanciones en la materia de su competencia se prevé en el artículo 41, apartado B, fracción XVI, del mismo ordenamiento legal, que establece:

"Artículo 41. ... B. Compete a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal a que se refiere el apartado F de este artículo, ejercer las facultades siguientes: ... XVI. Imponer las sanciones por infracción a las disposiciones fiscales, en las materias de su competencia, así como las que procedan por la omisión total o parcial en el pago de las aportaciones de seguridad social y en el entero de los descuentos correspondientes."

Las normas jurídicas transcritas facultan a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal para sancionar con multa a los sujetos obligados a su cumplimiento en caso de actualizarse el supuesto jurídico de expedir comprobantes fiscales sin reunir los requisitos fiscales. Sin embargo, en la especie, como bien se afirma en los agravios, la autoridad fiscal demandada omitió citar en la resolución impugnada la fracción IV del apartado B del artículo 41 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, motivo por el cual la Sala Fiscal consideró correctamente que no se encontraba debidamente fundada su competencia, ya que la norma legal en comento es la que permite conocer al sujeto obligado que las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal son el órgano de gobierno competente para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y, consecuentemente, para imponer las sanciones por las infracciones que advierta en el ejercicio de sus facultades de comprobación, por tratarse de una materia de su competencia, según lo prevé la norma legal citada.

Conforme a la conclusión arriba alcanzada, en casos como el que se estudia, no es suficiente para fundamentar la competencia citar el artículo 41, apartado B, fracción XVI, del reglamento citado, que establece como facultad de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal la de imponer sanciones por infracción a las disposiciones fiscales en las materias de su competencia, pues se trata de una norma legal que para su aplicación debe ser complementada con otras disposiciones que precisen que efectivamente se trata de una materia competencia de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, como ocurre en la mencionada fracción IV del numeral citado; a esto se quiso referir la Sala a quo al mencionar que se trata de una norma genérica, ya que no se trata de una disposición que en su parte analizada tenga por sí misma sentido pleno, en tanto que debe ser relacionada con otras normas, situación que regularmente acontece con las leyes sancionadoras, como la que se analiza, en donde en distintos preceptos se establece la infracción, la sanción y la competencia del órgano público encargado de su aplicación; siendo necesario para cumplir con las garantías de legalidad previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que concurra la cita de todos estos preceptos legales.

Respecto a los diversos criterios contenidos en las tesis invocadas por la parte recurrente, debe decirse que los dos primeros apoyan la afirmación hecha en los agravios consistentes en que la competencia de la autoridad no debe ser fundada en el acto de molestia, ya que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 constitucional se refiere a fundar la causa legal del procedimiento y no la competencia de la autoridad; estas tesis sucumben en lógica formal ante lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver por unanimidad de votos en sesión del 17 de junio de 1992 la contradicción de tesis 29/90, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que originó la jurisprudencia 10/94, misma que aparece publicada en la página 111, Tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, estableciendo lo siguiente:

"COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.-Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorguen tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emite, es evidente que no se le otorgue la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la Ley Fundamental o la secundaria."

Es preciso hacer la aclaración de que la jurisprudencia transcrita fue aprobada en fecha posterior a la de los criterios mencionados por la autoridad inconforme, de acuerdo con sus precedentes y, en esas condiciones, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, dejaron de ser aplicables en razón de que la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para los Tribunales Colegiados de Circuito que emitieron dichos criterios.

La última de las tesis citadas por la parte recurrente que lleva por rubro: "FACULTADES DE LA AUTORIDAD FISCAL. SU EJERCICIO. LA INVOCACIÓN DEL ACUERDO ES SUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR SU COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO.", tampoco es aplicable al caso concreto, por referirse a un supuesto distinto, ya que en ella se parte de la hipótesis de fundar la competencia territorial en un acuerdo general omitiendo la cita del artículo, fracción o apartado correspondiente, situación diferente a la que acontece en la especie, donde no se citó la norma que prevé que la infracción sancionada corresponde a las materias del ámbito competencial de la autoridad demandada.

Así las cosas, es correcta la apreciación que realizó la Sala Fiscal con relación al tema de la competencia, ya que para cumplir con las garantías de legalidad y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, las autoridades, al emitir actos de molestia y privación, deben expresar el fundamento legal que les confiere esa facultad, a fin de que el gobernado tenga pleno conocimiento de que la autoridad emite el acto dentro del marco constitucional.

En cambio, son fundados los argumentos planteados por la autoridad recurrente, en el aspecto de que si la Sala responsable considera que en la resolución impugnada no se invocó ningún precepto legal que dé competencia a la autoridad demandada para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, la nulidad declarada debió ser para efectos, pues se trataría de un vicio formal que no conlleva a una nulidad lisa y llana, como lo resolvió la responsable, esto en términos del artículo 238, fracción II y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.

En efecto, es cierto que la Sala a quo violó lo dispuesto en los artículos en comento, puesto que la omisión en la que incurrió la autoridad demandada al no citar el precepto legal que le faculta para dar a conocer al sujeto pasivo de la relación tributaria que las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal son competentes para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y, consecuentemente, para imponer las sanciones por las infracciones que advierta en el ejercicio de sus facultades de comprobación por tratarse de una materia de su competencia, constituye un vicio de carácter formal que trae como consecuencia la nulidad para efectos y no lisa y llana.

Los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación, señalan cuándo una sentencia puede declarar la nulidad lisa y llana del acto o actos impugnados o bien para efectos.

Tales preceptos textualmente establecen lo siguiente: "Artículo 238. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado u ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución. II. Omisión de los requisitos formales exigidos por la leyes, que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso. III. Vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada. IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas. V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiere dichas facultades. ..." y "Artículo 239. La sentencia definitiva podrá: I. Reconocer la validez de la resolución impugnada. II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada. III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla salvo que se trate de facultades discrecionales. ... ".

Del contenido de dichos supuestos normativos, se desprende que la nulidad lisa y llana tiene su origen en las fracciones I y IV del artículo 238 del ordenamiento legal invocado, y se actualiza ante la incompetencia de la autoridad, la cual puede suscitarse en la resolución impugnada o en el procedimiento del que proviene, cuando los hechos que motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada. Ambos casos implican el examen de fondo de la controversia.

La nulidad para efectos resulta de las fracciones II, III y V del precepto legal ya citado, y se producen en su orden, cuando hay omisión de formalidades en la resolución administrativa impugnada, inclusive ausencia de fundamentación y motivación, omisión de formalidades en el procedimiento del cual derivó la resolución, es decir, en los antecedentes o presupuestos de ésta, y cuando se incurre en lo que la doctrina conoce como "desvío de poder".

Al actualizarse los supuestos previstos en las fracciones I y IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, cuyo examen implica estudiar el fondo del asunto, la nulidad debe declararse lisa y llana, pues impide cualquier actuación de la autoridad; en cambio, si se trata de los casos contenidos en las fracciones II, III y V del mismo artículo, que sólo contemplan violaciones de carácter formal, la nulidad debe ser para efectos, sin que esto impida que la autoridad pueda ejercer nuevamente sus facultades, desde luego subsanando las irregularidades y dentro del término que para el ejercicio de dichas facultades establece la ley.

Por lo tanto, si la Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación estimó que la autoridad demandada no citó el precepto legal que permite dar a conocer al contribuyente que cuenta con facultades para imponer sanciones como la impugnada, debió considerar que con tal omisión se incurrió en la causa de nulidad que prevé el artículo 238, fracción II, del Código Fiscal de la Federación y, por ende, tuvo que haber declarado la nulidad para efectos y no declarar la nulidad en forma lisa y llana. Para reafirmar esta conclusión, es necesario acudir a la naturaleza de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, que consiste en la determinación de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla de imponer una multa a la actora por expedir comprobantes fiscales que no reúnen los requisitos fiscales, resolución que constituye la culminación del procedimiento de verificación de expedición de comprobantes fiscales, donde el orden jurídico exige a la autoridad un pronunciamiento, de ahí la necesidad de declarar la nulidad para efectos, supuesto fáctico distinto a aquel en que la resolución anulada es producto del ejercicio de una facultad discrecional, hipótesis en la que no es factible declarar la nulidad para efectos, por operar la excepción contemplada en la parte final del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación.

Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2/97 que dio origen a la jurisprudencia 45/98, que aparece impresa en las páginas 5 y 6 del Tomo VIII, septiembre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y tenor siguientes:

"SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.-El sentido de lo dispuesto en el último párrafo de la fracción III, del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto que el Tribunal Fiscal de la Federación debe emitir una sentencia de nulidad para efectos cuando se actualice la causal prevista en la fracción II, del artículo 238 del mismo ordenamiento legal, referente a la ausencia de fundamentación y motivación de la resolución impugnada, se desentraña relacionándolo armónicamente con el párrafo primero de esa misma fracción, dado que así se distingue la regla de que la sentencia puede declarar la nulidad de la resolución para determinados efectos y una excepción, cuando la resolución involucre las facultades discrecionales de la autoridad administrativa. Reconocida esa distinción en la hipótesis en que la resolución carece de fundamentación y motivación (artículo 238, fracción II), y la variada competencia que la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación otorga al mismo tribunal, descuella, que para poder determinar cuándo la sentencia de nulidad debe obligar a la autoridad administrativa a dictar una nueva resolución, y cuándo no debe tener tales efectos, es necesario acudir a la génesis de la resolución impugnada, a efecto de saber si se originó con motivo de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional. Cuando la resolución se dictó como culminación de un procedimiento o en relación con una petición, donde el orden jurídico exige de la autoridad un pronunciamiento, la reparación de la violación detectada no se colma con la simple declaración de nulidad, sino que es preciso que se obligue a la autoridad a dictar otra, para no dejar incierta la situación jurídica del administrado, en el sentido que sea, pero fundada y motivada. Consideración y conclusión diversa amerita el supuesto en que la resolución nace del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, en la que opera la excepción señalada, dado que el tribunal, al declarar la nulidad de la resolución, no puede obligar a la autoridad administrativa a que dicte nueva resolución, porque equivaldría a que se sustituyera a la autoridad administrativa en la libre apreciación de las circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, independientemente de que también perjudicaría al administrado actor en vez de beneficiarlo, ya que al darle ese efecto a la nulidad, se estaría obligando a la autoridad a actuar, cuando ésta, podría no encontrar elementos para fundar y motivar una nueva resolución, debiendo abstenerse de emitirla. Por la misma causa, la sentencia que declara nula una resolución infundada e inmotivada, emitida en ejercicio de facultades discrecionales, no puede impedir que la autoridad administrativa pronuncie una nueva resolución, en virtud de que con tal efecto le estaría coartando su poder de decisión, sin haber examinado el fondo de la controversia. Las conclusiones alcanzadas responden a la lógica que rige la naturaleza jurídica del nacimiento y trámite de cada tipo de resoluciones, según la distinción que tuvo en cuenta la disposición en estudio, de tal modo que ninguna de las dos hipótesis viola la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, ya que si bien este dispositivo fundamental no establece la posibilidad de que ante la anulación de una resolución administrativa por falta de fundamentación y motivación, se obligue a la autoridad que la emitió, a que reitere el acto de molestia, es inconcuso que cuando dicha autoridad, en virtud de las leyes que rigen su competencia, o con motivo de una instancia o recurso del demandante, debe pronunciarse al respecto, la sentencia anulatoria de su acto infundado e inmotivado que la obligue a dictar otra resolución y hasta a indicarle los términos en que debe hacerlo, como establece la regla general de la disposición examinada, además de que tiene por objeto acatar el derecho de petición que garantiza el artículo 8o. constitucional, viene a colmar la pretensión del particular, pues le asegura una resolución depurada conforme a derecho."

En consecuencia, procede modificar la sentencia que se revisa para el efecto de que la Sala a quo deje insubsistente la resolución dictada el día veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en el juicio de nulidad tramitado con el número 706/99-07-02-8, y en su lugar dicte otra en la que, atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, examine los conceptos de nulidad que expone el actor en su escrito de demanda, que se refieran al fondo de la resolución impugnada y puedan dar origen a una nulidad lisa y llana, y sólo en caso de estimar infundados a éstos, declare la nulidad para efectos siguiendo los lineamientos establecidos en esta resolución.

A la misma conclusión llegó este Tribunal Colegiado al resolver por unanimidad de votos los tocas de revisión fiscal números RF. 211/99, RF. 417/99 y RF. 46/2000 en sesiones del veintisiete de enero, catorce de junio y once de octubre del dos mil, respectivamente.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 248 del Código Fiscal de la Federación, 83, fracción IV, 85, fracción II, 86, 88, 89, 90 y 91 de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-Se modifica la sentencia recurrida, para los efectos precisados en la parte final del considerando quinto de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos respectivos a la Sala de su origen y en su oportunidad archívese el toca.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Francisco Javier Cárdenas Ramírez, Jorge Higuera Corona y José de Jesús Quesada Sánchez, siendo ponente el tercero de los nombrados.

Nota: La tesis de rubro: "FACULTADES DE LA AUTORIDAD FISCAL. SU EJERCICIO. LA INVOCACIÓN DEL ACUERDO ES SUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR SU COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO.", citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, página 395, tesis I.4o.A.99 A.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7350-969230ed/facultad-de-comprobacion-falta-de-fundamentacion-y-motivacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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