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Modo: Corpus Pro

QUEJA. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVA EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, POR CUANTO HACE AL CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS NO FIJADOS EN CANTIDAD LÍQUIDA EN LA SENTENCIA EJECUTORIA (LEGISLACIONES DE AGUASCALIENTES, OAXACA Y JALISCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 94/99-PS. · Registro digital (IUS): 7361
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS, POR UNA PARTE, POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO Y, POR OTRA, POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, , Pág. 333.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 94/99-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS, POR UNA PARTE, POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO Y, POR OTRA, POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, Y EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito al resolver el amparo en revisión 82/99, en el que fue recurrente Diversiones, Alimentos y Servicios Turísticos, Sociedad Anónima, dictó sentencia, la cual, en su parte conducente, dice:

"Resulta innecesario analizar el primer agravio expresado, en razón de que se advierte la concurrencia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en relación a la parte de la interlocutoria recurrida que negó aprobar la relación de daños y perjuicios por sumas pagadas por local no entregado, con acceso por la calle de Valdivieso, y por violación de la cláusula cuarta del contrato de arrendamiento, relativa a la atención exclusiva de huéspedes del Hotel Marqués del Valle; pues la peticionaria de garantías, previa la interposición de su demanda constitucional, no agotó el recurso ordinario de queja previsto en los artículos 513 y 697, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

"En efecto, los artículos 501 y 502 del código adjetivo invocado, establecen lo siguiente:

"‘Artículo 501. Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada. Si ésta nada expusiere dentro del término fijado se decretará la ejecución por la cantidad que importa la liquidación; mas si se expresare su inconformidad, se dará vista de las razones que alegue a la parte promovente por tres días, y de lo que replique, por otros tres al deudor. El Juez fallará dentro de igual término lo que estime justo. De esta resolución no habrá más recurso que el de responsabilidad.’

"‘Artículo 502. Cuando la sentencia hubiere condenado al pago de daños y perjuicios sin fijar su importe en cantidad líquida, háyanse establecido o no en aquélla las bases para la liquidación, el que haya obtenido a su favor el fallo, presentará con la solicitud, relación de los daños y perjuicios y de su importe. De esta regulación se correrá traslado al que haya sido condenado, observándose lo prevenido en el artículo anterior.

"‘Lo mismo se practicará cuando la cantidad ilíquida proceda de frutos, rentas o productos de cualquier clase.’

"Por su parte, los numerales 513 y 697, fracción II, de ese mismo ordenamiento, disponen:

"‘Artículo 513. De las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia, no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad, y si fuere auto interlocutorio, el de queja por ante el superior.’

"‘Artículo 697. El recurso de queja tiene lugar:

"‘...

"‘II. Respecto de autos que decidan incidentes, en ejecución de sentencia.’

"Ahora, la lectura de los artículos 501 y 502 transcritos, permite establecer que este último precepto cobra aplicación cuando se pretenden liquidar daños y perjuicios, frutos, rentas o productos de cualquier clase y, para su sustanciación, de la relación presentada por el incidentista, se correrá traslado a su contraparte, observándose el trámite prevenido en el artículo citado en primer término; sin embargo, el numeral 502 no establece la excepción en cuanto a que no procederá más recurso que el de responsabilidad (el cual en estricto sentido no es un recurso al dejar firme lo resuelto y, por ende, da lugar a la procedencia del juicio de amparo indirecto por lo que hace a las prestaciones del incidente de liquidación tramitadas exclusivamente conforme a lo dispuesto en el artículo 501 citado); de ahí que en tratándose de este tipo de liquidaciones por daños y perjuicios, el particular debe agotar previamente el recurso de queja previsto, en forma general, en los diversos artículos 513 y 697, fracción II, del citado código adjetivo. En ese sentido, tiene exacta aplicación el criterio sustentado por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página siete mil doscientos ochenta y dos del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXVII, Quinta Época, que dice:

"‘DAÑOS Y PERJUICIOS, LIQUIDACIÓN DE LOS.-El artículo 516 del Código de Procedimientos Civiles, vigente en el Distrito Federal, se refiere expresamente a la liquidación de daños y perjuicios, háyanse establecido o no, en la sentencia, las bases para esa liquidación. Este precepto no establece restricciones como lo hace el inmediato anterior, en cuanto a la procedencia de algún recurso ordinario, contra la interlocutoria que se pronuncie en el incidente de liquidación de daños y perjuicios, y en tal virtud, son aplicables las reglas generales de los artículos 527 y 723, fracción II, conforme a las cuales, procede el recurso de queja, contra las interlocutorias dictadas en ejecución de sentencia; por lo que debe estimarse que previamente al amparo contra la resolución dictada en el incidente de liquidación de daños y perjuicios, debe agotarse dicho recurso de queja.’

"El precedente apuntado se actualiza, pues aun cuando surgió de la interpretación de los artículos 515, 516, 527 y 723, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, el primero y el último preceptos, en su redacción anterior a las reformas que, respectivamente, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de enero de mil novecientos sesenta y siete y el catorce de enero de mil novecientos ochenta y siete, todos ellos coinciden con las normas vigentes en esta entidad federativa. El texto de los artículos de la legislación del Distrito Federal de mérito, se transcribe a continuación:

"‘Artículo 515. Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución, presentará su liquidación de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada. Si ésta nada expusiere dentro del término fijado se decretará la ejecución por la cantidad que importe la liquidación; mas si se expresare su inconformidad, se dará vista de las razones que alegue a la parte promovente por tres días y de lo que replique, por otros tres al deudor. El Juez fallará dentro de igual término lo que estime justo. De esta resolución no habrá más recurso que el de responsabilidad.’

"‘Artículo 516. Cuando la sentencia hubiere condenado al pago de daños y perjuicios sin fijar su importe en cantidad líquida, háyanse establecido o no en aquélla las bases para la liquidación, el que haya obtenido a su favor el fallo, presentará con la solicitud, relación de los daños y perjuicios y de su importe. De esta regulación se correrá traslado al que haya sido condenado, observándose lo prevenido en el artículo anterior.

"‘Lo mismo se practicará cuando la cantidad líquida proceda de frutos, rentas o productos de cualquier clase.’

"‘Artículo 527. De las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia, no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad y si fuere sentencia interlocutoria el de queja por ante el superior.’

"‘Artículo 723. El recurso de queja tiene lugar:

"‘...

"‘II. Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencia.’

"Cabe precisar que no es óbice que la quejosa haya solicitado la liquidación de daños y perjuicios antes señalados, conjuntamente con otras prestaciones que no se contienen en cantidad líquida en la sentencia respectiva, para las cuales es aplicable exclusivamente el artículo 501 citado, así como que esas prestaciones se hayan comprendido en la misma interlocutoria-documento reclamada; pues al respecto debe decirse que se trata de prestaciones que tienen fundamento distinto y sistemas de impugnación diferenciados; de donde, por tratarse de dos causas diversas expresadas en un mismo documento, cabe concluir que la quejosa tenía la obligación de agotar el recurso ordinario de queja en torno a las prestaciones anotadas, en las cuales particularmente se pretenden liquidar daños y perjuicios. Al respecto tiene aplicación, por el principio de identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas ciento cuarenta y tres y ciento cuarenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de 1999, Novena Época, cuyo tenor es el siguiente:

"‘GASTOS Y COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA LIQUIDACIÓN DE, AUN CUANDO LA SENTENCIA RELATIVA COMPRENDA LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES.-Las causas que originan la liquidación de intereses simples y moratorios y la condena de gastos y costas son diversas, pues una deriva de la acción misma y la otra del resultado del proceso; contra de la condena a pago de intereses simples y moratorios no procede recurso alguno y contra la condena de gastos y costas procede el recurso de apelación. En consecuencia, cuando en una misma sentencia documento el Juez resuelve lo relativo a gastos y costas (que es apelable) y a intereses simples y moratorios (que no es recurrible) el afectado estará en el deber de agotar apelación en contra de la liquidación de gastos y costas, antes de acudir al juicio de garantías, pues de lo contrario, la acción resultará improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así porque si bien, la sentencia como acto jurídico es indivisible, no lo es como documento; de ahí que si el documento que representa la solución que el juzgador da a determinado problema jurídico contiene no uno, sino diversos pronunciamientos independientes; es decir, tratándose de diversos actos jurídicos, no existe inconveniente para que cada uno de ellos sea combatido de manera destacada en la vía y términos procedentes.’

"Luego, procede revocar esta parte de la sentencia y decretar el sobreseimiento con apoyo en el artículo 73, fracción XIII y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con la parte de la interlocutoria reclamada que negó aprobar la relación de daños y perjuicios relacionados con la falta de entrega de un local arrendado con acceso por la calle de Valdivieso, de esta ciudad y los originados por la violación a la cláusula cuarta del contrato de arrendamiento, relativa a la atención exclusiva de los huéspedes del Hotel Marqués del Valle."

CUARTO.-El Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito, al resolver el amparo en revisión 206/95 dictó, en lo conducente, la siguiente ejecutoria:

"Los agravios formulados por Luis Pablo Gerardo Cuenca Martínez, en su carácter de apoderado legal del tercero perjudicado Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, resultan infundados y por ende ineficaces para revocar la sentencia que se revisa; ello es así, atento a las consideraciones siguientes:

"El Juez de Distrito remitió junto con el escrito de agravios, el juicio de garantías 112/95, que a su vez contiene copias certificadas de diversas actuaciones realizadas en el expediente 2121/93, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, de las que se deduce lo siguiente:

"a) En el juicio hipotecario tramitado ante el Juez Tercero de lo Civil y de Hacienda del Estado de Aguascalientes, acudió Juan Ramón Velázquez de la Rosa, en su calidad de apoderado de la parte actora, Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, a promover la liquidación de la sentencia definitiva en contra de las demandadas, persona moral denominada Cartón Din, Sociedad Anónima de Capital Variable y Miguel Ángel Gómez Barnola, en los términos siguientes: dos millones de nuevos pesos por concepto del crédito inicial; noventa y cinco mil novecientos nueve nuevos pesos con veintisiete centavos de monto por intereses normales adeudados; un millón noventa mil cuatrocientos treinta y seis nuevos pesos con sesenta centavos, por intereses moratorios; así como quinientos cincuenta y ocho mil, novecientos dos nuevos pesos con cincuenta centavos de gastos y costas; lo anterior aunado a las anexidades legales causadas hasta que se cubra el adeudo.

"b) Miguel Ángel Gómez Barnola, por sí y en representación de la persona moral aludida, dio contestación a tal libelo y manifestó lo que convino a sus intereses.

"c) Con fecha veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco, el Juez responsable dictó la resolución reclamada, en la cual se mencionó que la demandada pagó la suerte principal el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro; asimismo, no se aprobó la cantidad señalada por la actora como intereses normales y los moratorios así como gastos y costas, se estimaron en conjunto por la cantidad total de un millón seiscientos treinta y cuatro mil quinientos setenta y un nuevos pesos con sesenta centavos.

"d) Miguel Ángel Gómez Barnola, por su propio derecho y en representación de Cartón Din, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de garantías en contra de la resolución mencionada anteriormente.

"e) El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, a quien tocó conocer del asunto por razón de turno, con fecha diecisiete de abril de mil novecientos noventa y cinco, dictó la sentencia que se revisa, en la cual se concedió la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la responsable dejara insubsistente el fallo reclamado y, en su lugar, dictara otro en el que atendiera a las objeciones planteadas por los demandados, y resolviera con plenitud de jurisdicción lo procedente conforme a derecho.

"Ahora bien, como ya se ha establecido los agravios formulados por Luis Pablo Gerardo Cuenca Martínez, en su calidad de representante legal del tercero perjudicado, Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, resultan infundados, ello es así, atento a las consideraciones siguientes:

"Es infundado el primer agravio en el que se menciona que el Juez de Distrito debió de haber sobreseído en el presente juicio de conformidad con la fracción XIII del artículo 73 y fracción III del numeral 74 de la Ley de Amparo, en virtud de que la resolución reclamada era recurrible mediante queja, según lo disponen los preceptos 426 y 404, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Aguascalientes.

"En efecto, los artículos 404, fracción II, 414 y 426 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Aguascalientes disponen: ‘Artículo 404. El recurso de queja tiene por objeto confirmar, revocar o modificar la resolución materia del mismo y procede: ... II. Respecto de las interlocutoras dictadas en la ejecución de sentencias.’.-‘Artículo 414. Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se le dará vista por tres días a la demandada. Si ésta nada expone dentro del término fijado, se decretará la ejecución por la cantidad que importe la liquidación; mas si manifestare inconformidad, se dará vista de las razones que alegue a la promovente por tres días y de lo que se replique por otros tres, al deudor. Dentro de igual término el Juez fallará lo que estime justo, sin que contra su resolución proceda recurso alguno.-De la misma manera se procederá cuando la sentencia contenga condena a cantidad líquida y a parte ilíquida, por esta última.’.-‘Artículo 426. Contra las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia, no se admitirá recurso alguno. Si se tratare de interlocutoria, será procedente la queja.’.

"De la lectura de la transcripción realizada anteriormente, se desprende que aparentemente existe una contradicción, habida cuenta que, mientras que el artículo 404, fracción II, menciona que las interlocutorias dictadas en ejecución de sentencia son recurribles mediante la queja; el numeral 414 del mismo ordenamiento legal dispone, esencialmente, que si la sentencia definitiva que resolvió el fondo del negocio no contiene cantidad líquida, se promoverá el incidente respectivo, y contra la resolución pronunciada por el Juez en ese aspecto, no procede ningún medio de impugnación.

"El artículo citado en último lugar, señala que se procederá de la misma manera cuando la sentencia condene a cantidad líquida y otra ilíquida, haciéndose la cuantificación correspondiente mediante el incidente mencionado.

"Así las cosas, la contradicción aparente requiere de una interpretación para estar en aptitud de establecer cuándo es procedente el recurso de queja y en qué casos no lo es cuando la resolución sea una interlocutoria dictada en ejecución de sentencia.

"Por lo tanto, hay que analizar los sistemas gramatical, lógico, sistemático y finalista o teleológico de interpretación, para que de esa manera se esté en aptitud de apreciar desde distintos puntos de vista, los preceptos legales aludidos y saber en qué casos son aplicables.

"Es aplicable al caso en lo conducente, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2038 del Tomo XCVIII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: ‘INTERPRETACIÓN DE LA LEY, REGLAS DE LA.-Ante la ineludible necesidad de interpretar contenidos y alcances de leyes en pugna, hay que ocurrir, por exclusión y en su orden rigurosamente jerárquico, a las cuatro grandes fuentes de la interpretación legal: a) a la fuente «auténtica»; que es aquella en donde el legislador expresa de manera concreta su pensamiento y su voluntad; b) a falta de ella, a la fuente «coordinadora», buscando una tesis que haga posible la vigencia concomitante y sin contradicciones de los preceptos en posible antítesis; c) a falta de las dos, a la fuente «jerárquica», en donde, al definirse el rango superior, ético, social y jurídico, de una ley sobre la otra, se estructura, de acuerdo con aquélla, la solución integral del problema; d) y a falta de las tres, a la fuente simplemente «doctrinal» que define cuál de las disposiciones a debate ha de conservar la vigencia, por su adecuación a los principios generales del derecho, a la filosofía y a las corrientes del pensamiento contemporáneo jurídico-penal.’.

"Así las cosas, si bien es cierto que la tesis transcrita menciona un orden de interpretación, no menos lo es que la armonización de la ley se debe analizar desde diversos puntos de vista, y se interpretará la intención del legislador desde varios parámetros, lo que trae como consecuencia una visión panorámica e integral.

"En ese aspecto, se comparte en lo conducente el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis consultable en fojas 119 de la Tercera Parte del Informe de Labores rendido a la Suprema Corte de Justicia por su presidente al terminar el año de 1987, que menciona: ‘INTERPRETACIÓN DE LA LEY. INSTRUMENTOS AL ALCANCE DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA HACERLA.-La labor de interpretación de una norma no puede realizarse atendiendo únicamente a la letra del precepto (método gramatical) o significado estrictamente técnico de la expresión (como el proporcionado por los peritos al desahogar el cuestionario de la actora), pues no es inusual que el legislador emplee términos o palabras con el mismo sentido, alcance o significado con los cuales éstas se emplean en otras disposiciones legales atinentes a la misma materia, o a otras materias pero del mismo ordenamiento jurídico. Por lo tanto, cuando se plantea un conflicto sobre la significación que debe asignarse a un término o palabra empleada en alguna disposición legal, de la que no exista una interpretación auténtica, es decir, elaborada por el propio legislador, es deber del tribunal servirse de todos los métodos -gramatical, lógico, sistemático o histórico reconocidos por nuestro sistema jurídico, en cuanto le puedan servir en su tarea-. Así debe procederse incluso tratándose de una norma de carácter fiscal, pues en todo caso para su aplicación es indispensable desentrañar el alcance o significado de las expresiones que componen su texto, con la única limitación de no introducir elementos normativos novedosos (interpretación extensiva), ni aplicar la norma a casos distintos de los previstos en ella (analogía), según lo prohíbe categóricamente el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación.’.

"En ese orden de ideas, primeramente se atenderá a la interpretación gramatical de los preceptos legales citados que se basa, fundamentalmente, en el significado de las palabras y tiene su génesis en Francia con la llamada Escuela de la Exégesis, y se contempla en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución y 16 del Código Civil para el Estado de Aguascalientes.

"Ese método de interpretación, en primer lugar, exige que se atienda al significado más usual de las palabras, a menos que el legislador las haya entendido de otro modo.

"Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra impresa en la página 116 del Tomo XVIII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: ‘INTERPRETACIÓN DE LA LEY.-Dos elementos debe tener presentes el juzgador al interpretar la ley: el texto o sentido gramatical de las palabras y la intención o propósitos que llevaron al legislador a dictarla. Claro es que cuando el sentido gramatical va enteramente de acuerdo con el fin que se persigue, no habrá duda sobre la aplicación de la ley; pero si, examinados los propósitos del legislador, se encuentra una palpable contradicción entre estos propósitos, y el aparente significado de las palabras empleadas, todo hace suponer que esta significación no es la real, y debe procurarse, preferentemente, descubrir cuál fue la voluntad manifestada en el precepto legal, ya que, de acuerdo a ella, es como debe decidirse la controversia.’.

"Partiendo desde ese método de interpretación, en principio hay que analizar el contenido del artículo 414 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Aguascalientes, que menciona que si la sentencia no contiene cantidad líquida, se abrirá el incidente respectivo, en el cual el Juez hará la calificación de la cuantificación correspondiente en la interlocutoria que se dicte para tal efecto, y ese fallo será irrecurrible; de la misma manera se procederá cuando la resolución del fondo del negocio tenga un monto especificado y otro no.

"En principio, hay que establecer lo que se entiende por cantidad líquida, y es la que se ha cuantificado en dinero, según se desprende de la lectura de los artículos 411, 412, 413 y 414 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Aguascalientes.

"En ese orden de ideas, haciendo la interpretación literal del artículo 414 del ordenamiento legal aludido, se entiende que cuando en la sentencia definitiva se condenó a pagar dinero y el mismo no se ha cuantificado, se procederá a realizar ese conteo en el incidente de ejecución respectivo, en el cual el Juez resolverá lo correspondiente, y esa resolución será irrecurrible, lo mismo sucederá cuando exista una cantidad ya especificada y otra no, pues no será recurrible en la parte que sea ilíquida.

"La simple interpretación gramatical del precepto legal aludido no deja lugar a dudas respecto de la irrecurribilidad de las resoluciones de los Jueces en ejecución de sentencias, en las cuales se cuantifica en dinero la condena contenida en la sentencia que resolvió el fondo del negocio.

"Ahora bien, el artículo 414 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Aguascalientes, no deja lugar a dudas respecto a que tratándose de una sentencia total o parcialmente líquida, si se hace la cuantificación en dinero en la interlocutoria dictada en ejecución de sentencia, no procede ningún recurso, de lo que se infiere que el precepto legal analizado no hace distinción alguna respecto de que si es la suerte principal, accesorios, intereses, gastos y costas, indemnizaciones y en general todo lo relacionado con una condena en moneda de curso legal; por lo tanto no es dable que se haga distinción alguna, porque en ese aspecto se debe atender al principio que establece que el hombre no puede distinguir donde no lo hace la ley.

"En otras palabras, si el artículo mencionado no hace ninguna distinción ni menciona excepciones, se debe entender que tratándose de sentencia que contenga condena total o parcialmente ilíquida, basta que el juzgador, en la interlocutoria dictada en ejecución de sentencia, haga la cuantificación en dinero de la condena ilíquida para que ese fallo sea irrecurrible.

"Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 73 del Tomo CXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: ‘INTERPRETACIÓN DE LA LEY.-Las leyes deben ser interpretadas en los casos en que su sentido es oscuro, lo que obliga al juzgador a desentrañar su significado haciendo uso de los distintos sistemas de interpretación que la doctrina ha elaborado, pero no es procedente pretender que deban interpretarse aquellas normas cuyo sentido es absolutamente claro, pues a ello se opone la garantía establecida en el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional, que manda que las sentencias deben ser conforme a la letra de la ley, ya que lo contrario lleva al juzgador a desempeñar el papel de legislador creando nuevas normas a pretexto de interpretar las existentes, lo que carece de todo fundamento legal.’.

"Por lo tanto, el contenido de los artículos 404, fracción II y 426 del cuerpo legal aludido, no se contraponen al numeral 414, sino que por el contrario, atendiendo a las reglas de la hermenéutica jurídica se debe entender que el precepto citado en último lugar, contiene una excepciones (sic) a la regla general de la citada en los otros dos.

"Por lo tanto, al interpretar un texto legal se debe atender primeramente si se trata de una cuantificación en dinero en la resolución dictada en ejecución de sentencia, y si se está en ese supuesto, la interlocutoria respectiva no es recurrible, pero si la resolución no obstante que se dictó en la misma etapa de ejecución, no contiene una condena en dinero o la contiene en cantidad líquida, procede el recurso de queja.

"Así las cosas, atendiendo a la hermenéutica jurídica, se debe entender que el contenido del artículo 414 no es caprichoso, ni se contrapone a los numerales 404, fracción II y 426, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Aguascalientes, sino que por el contrario, el artículo 414 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Aguascalientes, contiene una excepción a la regla general establecida en los artículos 404, fracción II y 426 del citado código.

"Con lo anterior se quiere establecer que el legislador no establece palabras inútiles o redundantes sino que de acuerdo con esta idea, al intérprete no le es dable argumentar que existe una incongruencia legal, sino que se debe atender a la forma sistemática de análisis.

"Es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 838 del Tomo CXXV del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: ‘INTERPRETACIÓN DE LA LEY.-Es un principio de hermenéutica jurídica el de que el legislador no expresa en sus dispositivos legales palabras inútiles o redundantes.’.

"Pasando a otro sistema de interpretación, se atiende al sistema lógico-sistemático, mediante el cual se atiende al sentido racional de la ley, y surgió como una reacción en contra de la forma literal; en ese sentido, un precepto no se observa aisladamente, sino que se conforma dentro del sistema legal al que pertenece.

"Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en fojas 1126 del Tomo XXV del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: ‘INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES.-El sentido y alcance de un precepto legal, debe determinarse estudiándolo con relación a las disposiciones de que forma parte.’.

"Por lo tanto, si dos disposiciones legales se contraponen en apariencia, deberá aceptarse el sentido que resulte más adecuado para ambas normas de manera que ninguna de las dos se contraponga.

"En ese orden de ideas, partiendo del sistema lógico-sistemático de interpretación de la ley, se entiende que de conformidad con la regla genérica de los artículos 404, fracción II y 426 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Aguascalientes, sí son recurribles mediante queja las resoluciones interlocutorias dictadas en ejecución de sentencia, a excepción de las que contengan una condena total o parcialmente ilíquida, la cual es irrecurrible según lo menciona específicamente el numeral 414 del mismo cuerpo normativo.

"Por lo tanto, haciendo la adecuación sistemática de los numerales 404, fracción II y 426 del cuerpo normativo aludido, debemos entender por resoluciones interlocutorias que se dictan en ejecución de sentencia y que son recurribles mediante la queja, entre otras:

"Condena de hacer algo diverso a pagar una suma de dinero (artículo 416), rendición de cuentas (numeral 418), división de la cosa común (precepto 422), orden de no hacer (diverso 423), entrega de cosa inmueble (artículo 424) y entrega de personas (numeral 425).

"Por lo tanto, si el artículo 414 contiene una regla específica de la irrecurribilidad de las interlocutorias dictadas en ejecución de sentencia cuando se cuantifique en dinero una condena ilíquida, ello debe armonizarse con los numerales 404, fracción II y 426, y de ahí deducir que tal pronunciamiento es sin perjuicio de la procedencia de la queja en los supuestos contenidos en los

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7361-3a5275e2/queja-es-improcedente-dicho-recurso-contra-la-interlocutoria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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