CONTRATO DE CRÉDITO Y SU ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL CONTADOR DE LA UNIÓN DE CRÉDITO. ES SUFICIENTE SU EXHIBICIÓN CONJUNTA PARA EJERCER LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL, SIN QUE SEA NECESARIO ADJUNTAR LOS PAGARÉS RELACIONADOS CON DICHO CONTRATO (ARTÍCULO 48 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO). CONTRATO DE CRÉDITO Y SU ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL CONTADOR FACULTADO POR LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO. ES SUFICIENTE SU EXHIBICIÓN CONJUNTA PARA EJERCER LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL, SIN QUE SEA NECESARIO ADJUNTAR LOS PAGARÉS RELACIONADOS CON DICHO CONTRATO (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 92/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR UNA PARTE, POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, Y POR LA OTRA, POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto segundo del Acuerdo 1/1997 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en razón de que se trata de una contradicción de tesis sustentadas en materia civil por Tribunales Colegiados de Circuito.
SEGUNDO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito está legitimado para denunciar la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 107, fracción XIII, constitucional y 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo, habida cuenta que el precitado Tribunal Colegiado fue el que emitió la ejecutoria correspondiente en el amparo en revisión 753/96, cuyo criterio, según estima dicho tribunal, está en contradicción con el del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, contenido este último en la jurisprudencia que aparece bajo el título de: "TÍTULOS DE CRÉDITO. SU RESTITUCIÓN ES CONDICIÓN DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN EN QUE SE RECLAME EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE SE GARANTIZA.".
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver, el tres de octubre de mil novecientos noventa y seis, el amparo en revisión número 753/96, interpuesto por José Antonio Velázquez Mendoza y otros, en el que aparece como tercero perjudicada la Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios Regional de Occidente, Sociedad Anónima, quien promovió juicio ejecutivo mercantil en contra del mencionado quejoso y otros, en su parte conducente señaló:
Por lo que se refiere a las autoridades responsables y actos reclamados, se indicó, en lo que interesa, lo siguiente:
"Resultando: 1o. En escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el quince de mayo de mil novecientos noventa y seis, José Antonio Velázquez Mendoza, Marcos Zúñiga Ortega, Rosa del Pilar Hernández Mendoza y Guillermina Montaño Suárez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y del Juez, secretario ejecutor y secretario de Acuerdos del Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil de esta ciudad, que estimaron violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales, consistentes en: ‘A) Se reclama de los CC. Juez y primer secretario del Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil de Guadalajara, el auto de exequendo admisorio de la demanda dictado en contra de los ahora quejosos en el juicio ejecutivo mercantil 4578/93, no obstante que el promovente de la demanda no acompañó documentos que fundaran la acción ejecutiva intentada, así como todos los efectos y consecuencias legales de tal acto. ... C) Se reclama de los CC. Magistrados integrantes de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco la sentencia interlocutoria de fecha 18 de abril de 1996, dictada en el toca de apelación número 2478/95, relativo al recurso de apelación que nos fue admitido en contra del auto de exequendo admisorio de la demanda ejecutiva mercantil intentada por la ahora tercero perjudicada en el juicio expediente número 4578/93, que se sigue ante el Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil de Guadalajara, y en el que se confirma el auto de exequendo, así como todos los efectos y consecuencias legales de tal acto.’."
En la parte considerativa se sostuvo en lo conducente:
"Considerando: ... IV. ... Por otra parte, son igualmente infundados los restantes argumentos que hacen valer los recurrentes, los que también se estudiarán conjuntamente dada la estrecha relación que guardan entre sí. Pero antes de ese análisis debe mencionarse también que con base en la jurisprudencia trescientos cincuenta y nueve, Tomo IV, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que más adelante se transcribirá, tomando en consideración que la actora es una organización auxiliar de crédito como lo expresan los demandados, el error en que incurrieron tanto la Sala responsable como el Juez de Distrito, de fundar sus respectivas resoluciones en otras disposiciones diversas al artículo 48 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, no ocasiona que se revoque la sentencia recurrida. El sumario de que se habla previene que: ‘SENTENCIAS. CITA EQUIVOCADA EN ELLAS, DE PRECEPTOS LEGALES INAPLICABLES.’ (la transcribe). No obstante que es verdad lo que expresan los recurrentes, en relación a que el juicio ejecutivo mercantil tiene su origen en la procedibilidad de la vía ejecutiva para que el acreedor demande en forma procesal privilegiada de su deudor moroso, el pago de una cantidad líquida, cierta y exigible, amparada por un título que traiga aparejada ejecución, es inexacto, en cambio, que el contrato de habilitación y avío y la certificación del estado de cuenta que exhibió como fundatorios su contraparte, no cumplan con los requisitos respectivos para dictar el auto de exequendo correspondiente, toda vez que, como acertadamente lo hizo notar el Juez de Distrito, tales documentos sí satisfacen los extremos necesarios para decretarlo dado que el precepto 48 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, señala que: ‘El contrato o documento en que se hagan constar los créditos, arrendamientos financieros o factoraje financiero que otorguen las organizaciones auxiliares del crédito correspondientes, así como los documentos que demuestren los derechos de crédito transmitidos a empresas de factoraje financiero, notificados debidamente al deudor, junto con la certificación del estado de cuenta a que se refiere el artículo anterior, serán título ejecutivo mercantil, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito alguno.’. Es tan clara la disposición acabada de transcribir que, contra lo que aducen dichos promoventes, no amerita más interpretación que la simplemente gramatical, de donde se sigue que los pagarés suscritos por los demandados como garantía del adeudo no forman parte del contrato aludido, pues basta que junto con éste se acompañe la certificación susodicha, para que constituyan ambos documentos título ejecutivo ‘sin necesidad de reconocimiento de firmas ni de otros requisitos’, lo cual significa que los pagarés de que se trata solamente son representativos de las disposiciones que se hubieran hecho del crédito que la actora otorgó a los demandados. Consiguientemente, como los pagarés que se suscriben en garantía del pago por el crédito otorgado, son simplemente justificativos de las disposiciones que sobre tal préstamo se hicieron, es indudable entonces que los mismos son sólo documentos probatorios mas no puede atribuírseles la calidad de fundatorios, habida cuenta que los derechos y obligaciones que son a cargo de los demandados surgen del multicitado contrato, el cual no necesita de tales títulos de crédito para su validez, sino que es suficiente que los contratantes se pongan de acuerdo en la forma como deberán cumplir con las obligaciones que les corresponden. Al respecto se considera útil citar lo que dice el tratadista Hugo Alsina en su obra: Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Volumen II, Tomo III, páginas 58 a 60, primera edición, 1984, acerca de que: ‘17. Documentos en que se funda el derecho. a) No solamente el demandado debe conocer los hechos en que el actor funde su pretensión, sino también la prueba en que intenta valerse, porque no hay objeto en mantenerla oculta como no sea con el propósito de sorprender al adversario cuando éste ya no se encuentre en condiciones de contrarrestarla. La ley no puede favorecer esas emboscadas que violan el principio de lealtad en el proceso y, por el contrario, la presentación de toda la prueba tendría la ventaja de que podrían evitarse muchos juicios, porque, en conocimiento de ella, difícilmente el demandado se aventuraría a afrontar un litigio si no dispone, a su vez, de medios eficaces para destruirla. b) Pero la exigencia del ofrecimiento de la prueba con la demanda, se limita en el código de procedimiento civil a la de documentos, disponiendo en el artículo 72 que: «El actor deberá acompañar con la demanda las escrituras y documentos en que se funde su derecho. Si no los tuviera a su disposición ...». La interpretación de este precepto requiere de algunas aclaraciones. c) Tanto la doctrina como la jurisprudencia han hecho un distingo apoyado en los términos del artículo, entre documentos en que se funde el derecho y los que funde la demanda ... Se asigna el primer carácter a todos aquellos documentos de los cuales emana el derecho que se invoca y cuya presentación no puede ofrecer dificultad. El que reivindique un inmueble acompañará el título de propiedad donde conste el dominio; el que demanda por la escrituración adjuntará el boleto de compraventa ... Por el contrario son documentos que justifican la demanda, y pueden, por tanto, ser presentados en el periodo de prueba, los que se refieren a los hechos expuestos en ella como demostración del derecho ...’. Lo explicado líneas antes se corrobora por el hecho de que, como los propios inconformes lo admiten, no en todos los contratos que se celebran entre particulares con las instituciones de crédito u organizaciones auxiliares del crédito (como a la actora), se estipula la suscripción de pagarés o cualquier otra clase de títulos de crédito para garantizar el pago del adeudo, o bien, que habiéndose pactado su emisión se hubieran extraviado o destruido éstos, lo que haría nugatorio lo establecido en el precepto transcrito, ya que a pesar de que se contara con el contrato respectivo como con la certificación del contador, no podría reclamarse el pago del adeudo en la vía ejecutiva por falta de esos títulos de crédito, lo cual no es lógico ni jurídico, ya que tal dispositivo, se insiste, no permite más interpretación que la literal. No está por demás aclarar que aun cuando de la lectura de la tesis jurisprudencial que invocan los promoventes de rubro: ‘TÍTULOS DE CRÉDITO. SU RESTITUCIÓN ES CONDICIÓN DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN EN QUE SE RECLAMA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE SE GARANTIZA.’ (en la segunda parte del penúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, se publicó con el número 1961), se desprende que si bien esos documentos mercantiles tanto por su naturaleza autónoma como porque conforme con lo dispuesto por los artículos 129 y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el pago de los mismos debe hacerse contra su entrega (siendo por ese motivo indispensable la exhibición de ellos), porque de lo contrario se correría el riesgo de un doble cobro, como acertadamente lo hicieron notar dichos promoventes; sin embargo, esa normatividad no es aplicable en la especie, porque tal sumario se refiere al caso en que se ejercita la acción causal u ‘otra accesoria’ garantizada con los títulos de crédito correspondientes, misma que no se hizo valer en el presente asunto, máxime que la acción causal debe intentarse después de que los documentos aludidos hubieran sido presentados inútilmente para su aceptación o pago, de acuerdo con los artículos 91 a 94 y 128 en relación con el 168 y 174, de la ley invocada. Finalmente, aunque es cierto que la jurisprudencia que citó el juzgador federal en el fallo combatido no resulta aplicable a la cuestión debatida, esa irregularidad no acarrea la consecuencia de que se revoque tal resolución, dado que, de acuerdo con las explicaciones anteriores, sí quedó justificada la legalidad del acto de exequendo que se dictó en el juicio natural, sin perjuicio de lo que se decida en la sentencia definitiva que habrá de pronunciarse en ese procedimiento. Como el criterio que se sustenta en el presente negocio se encuentra en oposición al que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la jurisprudencia publicada en la página 431, del Tomo II, correspondiente a agosto de mil novecientos noventa y cinco, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, se ordena hacer la correspondiente (denuncia de) contradicción de tesis."
De la anterior ejecutoria derivó la tesis que señala:
"CONTRATO DE HABILITACIÓN Y AVÍO. JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE CONSTITUYE TÍTULO DE CRÉDITO, SIN NECESIDAD DE LOS PAGARÉS QUE SE SUSCRIBIERON PARA GARANTIZAR EL ADEUDO. Aunque es verdad que el juicio ejecutivo mercantil tiene su origen en la procedibilidad de la vía ejecutiva para que el acreedor demande en forma procesal privilegiada, de su deudor moroso, el pago de una cantidad líquida cierta y exigible, amparada por un título que traiga aparejada ejecución, es inexacto, en cambio, que el contrato de habilitación y avío y la certificación del estado de cuenta que exhibió como fundatorio su contraparte, no cumplan con los requisitos respectivos para dictar el auto de exequendo correspondiente, toda vez que esos documentos sí satisfacen los extremos necesarios para decretarlo conforme lo establece el precepto 48 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Así, se estima que tal disposición no amerita más interpretación que la simplemente gramatical, de donde se sigue que los pagarés suscritos por los demandados como garantía del adeudo no forman parte del contrato, pues basta que junto con éste se acompañe la certificación susodicha, para que ambos documentos constituyan título ejecutivo ‘sin necesidad de reconocimiento de firmas ni de otros requisitos’, lo cual significa que los pagarés de que se trata solamente son representativos de las disposiciones que se hubieran hecho del crédito otorgado."
CUARTO. Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en las diversas ejecutorias que conforman esta contradicción, sostuvo las consideraciones que, en lo que interesa, a continuación se reproducen.
En el juicio de amparo directo 49/93, promovido por Banca Serfín, Sociedad Anónima, y fallado en ejecutoria de nueve de julio de mil novecientos noventa y tres, en ésta aparece, en lo conducente, lo siguiente:
"Resultando: 1o. Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable ... Banca Serfín, S.A., por conducto de su representante Iván César Ramírez Arteaga, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto del Pleno de la Segunda Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sonora ... consistente en la sentencia de fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y dos, dictada en el toca de apelación, concluyó (sic) con los siguientes puntos resolutivos: ‘PRIMERO. Se revoca la sentencia dictada el 22 de junio de 1992, por el C. Juez de Primera Instancia del Ramo Civil de Guaymas, Sonora, en el juicio ejecutivo mercantil, promovido por Banca Serfín, S.A., en contra de María Elodia Amézquita Martínez y otros.’ ..."
En la parte considerativa se señaló:
"... V. Son infundados los conceptos de violación expresados. ... El tercer concepto de violación expresado es infundado, porque si bien como lo sostiene la quejosa, el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito expresamente señala que el contrato de crédito acompañado del estado de cuenta certificado por el contador será título ejecutivo, y de conformidad con el artículo 325 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la emisión de pagarés que representen la disposición del crédito, es potestativa, en ellos debe constar su procedencia, revelando las anotaciones de registro del crédito original; y son distintos a los pagarés ordinarios, porque están vinculados con el contrato de crédito del que derivan; ello de ninguna manera significa que no puedan circular, pues el precepto legal citado en último término expresamente establece esa posibilidad, por lo que contrario a lo aducido por la quejosa, estuvo en lo correcto la autoridad responsable al considerar que a los pagarés suscritos por los ahora terceros perjudicados, sí les es aplicable la tesis jurisprudencial invocada en el acto reclamado, publicada con el número mil novecientos sesenta y uno, páginas tres mil ciento setenta y cuatro y siguiente del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: ‘TÍTULOS DE CRÉDITO. SU RESTITUCIÓN ES CONDICIÓN DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN EN QUE SE RECLAME EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE SE GARANTIZA. Como esta Tercera Sala lo ha sostenido en las ejecutorias pronunciadas en los juicios de amparo directo números 1046/46 y 2457/78, promovidos respectivamente por Cía. Constructora Civil Limitada y Oswaldo Castillo Escobar y coagraviados, la necesidad de restituir los títulos de crédito como condición del ejercicio de una acción causal garantizada con los mismos, se justifica porque el carácter literal y la naturaleza autónoma de dichos títulos determina la posibilidad de un doble cobro, riesgo que inclusive la ley sienta bases para evitar que ocurra, pues el artículo 129 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, establece que el pago de la letra debe hacerse precisamente contra su entrega, también es aplicable a los pagarés y a los cheques, conforme lo prevén los artículos 174 y 196 de ese mismo ordenamiento, y, aunque en el juicio que nos ocupa no se intenta directamente la acción causal derivada del mutuo, sino una acción accesoria apoyada en la garantía hipotecaria con que, junto con la emisión de pagarés, se garantizó aquélla, ello no obsta para exigir a su promovente que cumpliera con la regla de procedencia antes mencionada, pues es claro que a través de la acción que intenta, pretende el cumplimiento forzado, que de concretarse debe, en consecuencia dejar insubsistente la otra garantía que respecto del mismo se otorgó, al suscribir el deudor los títulos ejecutivos de que se ha hablado, pues de lo contrario subsistiría el riesgo de un doble cobro, al ser posible que en la vía ejecutiva mercantil se le reclame nuevamente el cumplimiento del mutuo; posibilidad que existe dada la literalidad y autonomía que, como ya se señaló, revisten tal clase de documentos.’. En esas condiciones, el hecho de que en el juicio natural los títulos ejecutivos estén constituidos por los contratos de crédito y las certificaciones de los estados de cuenta del contador, al haberse emitido pagarés aptos para circular, éstos debieron exhibirse con la demanda en que se pretendía el cobro de las cantidades con ellos garantizadas, pues aunque la ley no lo establece así, esa exigencia deriva de la naturaleza de esos títulos de crédito, pues traen aparejada ejecución, y ante la posibilidad de que circulen, existe el riesgo del doble cobro. Por otra parte, el hecho de que los obligados puedan obtener sentencia favorable en el juicio donde se intente el doble cobro con los pagarés de referencia, de ninguna manera garantiza que ese doble cobro no se efectuará, pues por ser también títulos ejecutivos, tanto como el contrato de crédito acompañado del estado de cuenta, son suficientes para despachar mandamiento de ejecución para obtener su pago, y esa sola circunstancia justifica la aplicación al caso de la jurisprudencia invocada por la Sala responsable, con independencia de que los pagarés de mérito carezcan de plena autonomía, al estar vinculados con los contratos de crédito, de conformidad con la tesis de este Segundo Tribunal Colegiado que bajo el rubro: ‘TÍTULOS DE CRÉDITO. AUTONOMÍA DE LOS MISMOS. RESTRICCIÓN AL ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO ESTE RUBRO.’, se transcribió en la parte superior de la página quince de la demanda de garantías, pues como ha quedado establecido, en todo caso esa vinculación constituiría una defensa que los obligados podrían hacer valer, pero ello no desvanece la posibilidad de que sirvan como títulos ejecutivos para que se despache ejecución en su contra, como lo demuestra el hecho de que los juicios de amparo 165/88 y 347/90 en que se sustentó esa tesis, se refieran a juicios ejecutivos mercantiles que el Banco Nacional de México, Sociedad Nacional de Crédito, promovió con base únicamente en los pagarés, sin exhibir los contratos de crédito a los que estaban vinculados. Por otra parte, en el precedente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito que la accionante transcribió en el segundo párrafo de la página dieciséis de su demanda de garantías, se consideró que la certificación de adeudos, vinculada al contrato de crédito, es título ejecutivo, pero se estableció también que a falta de esa certificación, los pagarés integran válidamente la prueba de la acción ejecutiva, por lo que este Segundo Tribunal Colegiado reafirma su criterio en el sentido de que para evitar el riesgo del doble cobro, la actora ahora quejosa debió exhibir con su demanda relativa, los pagarés que como garantía se suscribieron por los ahora terceros perjudicados. El criterio arriba señalado fue sustentado por este Tribunal Colegiado el quince de marzo de mil novecientos noventa, al resolver por unanimidad de votos, el juicio de amparo 356/89; y el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y uno, al resolver, también por unanimidad de votos, el diverso juicio de amparo 176/91. En otro orden de ideas, el hecho de que tales pagarés se hayan exhibido durante la dilación probatoria en el juicio natural, no subsana la omisión en que incurrió la actora, ahora quejosa, al presentar la demanda que dio origen a dicho juicio, pues por tratarse de documentos necesarios para la procedencia de la acción ahí ejercitada, debieron acompañarse con el escrito inicial, de conformidad con la jurisprudencia invocada. El cuarto concepto de violación es infundado, porque ya este Tribunal Colegiado estableció los motivos por los que considera que además de los contratos de crédito y las certificaciones contables relativas, la ahora quejosa debió acompañar con su escrito inicial de demanda que dio origen al juicio natural, los pagarés suscritos por los demandados, ahora terceros perjudicados, y la jurisprudencia invocada al efecto, es suficiente para justificar esa exigencia, aunque no exista disposición legal que así lo determine, pues la obligatoriedad de la jurisprudencia está expresamente establecida en el artículo 192 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, lo procedente es negar a la quejosa el amparo solicitado."
En el juicio de amparo directo 393/93, promovido por Confía, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Ábaco Grupo Financiero, y resuelto mediante ejecutoria de veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y tres, concluyó en lo siguiente:
"...V. Son infundados los conceptos de violación expresados. ... Argumentó también la quejosa, que si bien cuando se ejercita la acción cambiaria directa nace de los títulos de crédito, y el deudor hace pago de las prestaciones reclamadas, se le deben restituir los documentos fundatorios de conformidad con el artículo 129 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero ello no es así tratándose de la acción de pago de pesos ejercitada conforme a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito que fue violado por la autoridad responsable, porque en el caso la acción no se deriva de títulos de crédito, sino de un título ejecutivo constituido por un contrato más una certificación contable, por lo que es incorrecta la admisión por parte de la responsable de los argumentos de la parte apelante relativos a la devolución de los pagarés, que según ella se debieron exhibir para su eventual entrega; que la ley no exige, para la procedencia de la vía ejecutiva mercantil en base al artículo 78 (sic) de la Ley de Instituciones de Crédito, la exhibición de los pagarés que la parte demandada pretende son literales y autónomos, sólo por la facultad de la quejosa de descontarlos o negociarlos, desatendiendo que las partes pactaron que dichos títulos serían causales y tendrían en su literalidad la relación con el negocio causal, y por lo tanto, no son autónomos, de tal manera que para nada viola las defensas de los apelantes, ahora terceros perjudicados, el hecho de que la actora no haya exhibido con su demanda los pagarés en que se dispuso del crédito, toda vez que dichos pagarés nunca podrán ser cobrados por otra vía en otro juicio, ya que son causales, están relacionados con el contrato y carecen de autonomía por disposición expresa de las partes; que de conformidad con la cláusula tercera del contrato base de la acción y el artículo 299 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, los pagarés de referencia fueron otorgados para acreditar las disposiciones, pero no como una garantía, y que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito dispone que para integrar el título ejecutivo, basta el contrato y la certificación del contador facultado sin necesidad de reconocimiento de firma o de algún otro requisito, y que la responsable hizo una indebida aplicación de la tesis jurisprudencial que transcribió al reverso de la hoja seis de la sentencia reclamada, ya que se refiere al ejercicio de una acción causal como en el caso, pero garantizada con títulos de crédito, lo que no acontece porque de conformidad con la cláusula tercera del contrato fundatorio de la acción, dichos pagarés no son con fines de garantía, como se contempla en la referida tesis jurisprudencial, sino para fines de disposición. Los anteriores argumentos son infundados porque si bien como lo sostiene la quejosa, el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito expresamente señala que el contrato de crédito acompañado del estado de cuenta certificado por el contador será título ejecutivo, sin necesidad de algún otro requisito, y en la cláusula tercera del contrato de crédito exhibido como base de la acción se convino que la parte acreditada dispondría del crédito mediante la suscripción y entrega de pagarés a favor de la parte acreditante, y los referidos pagarés serían de tipo causal y tendrían para identificar su procedencia, fecha de otorgamiento, de vencimiento, las sumas que amparan y su relación con el referido contrato, en la propia cláusula tercera, la parte acreditante quedó expresamente autorizada para endosar o negociar en cualquier tiempo, los pagarés derivados del mencionado contrato, lo que significa que tales pagarés pueden circular, y en esas condiciones, estuvo en lo correcto la autoridad responsable al considerar que a los pagarés suscritos por los acreditados, ahora terceros perjudicados, sí les es aplicable la tesis jurisprudencial transcrita en el considerando quinto de la sentencia reclamada, publicada con el número mil novecientos sesenta y uno, página tres mil ciento setenta y cuatro y siguientes del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘TÍTULOS DE CRÉDITO. SU RESTITUCIÓN ES CONDICIÓN DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN EN QUE SE RECLAME EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE SE GARANTIZA. Como esta Tercera Sala lo ha sostenido en las ejecutorias pronunciadas en los juicios de amparo directo números 1046/46 y 2457/78, promovidos respectivamente por Cía. Constructora Civil Limitada y Oswaldo Castillo Escobar y coagraviados, la necesidad de restituir los títulos de crédito como condición del ejercicio de una acción causal garantizada con los mismos, se justifica porque el carácter literal y la naturaleza autónoma de dichos títulos determina la posibilidad de un doble cobro, riesgo que inclusive la ley sienta bases para evitar que ocurra, pues el artículo 129 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, establece que el pago de la letra debe hacerse precisamente contra su entrega, también es aplicable a los pagarés y a los cheques, conforme lo prevén los artículos 174 y 196 de ese mismo ordenamiento, y, aunque en el juicio que nos ocupa no se intenta directamente la acción causal derivada del mutuo, sino una acción accesoria apoyada en la garantía hipotecaria con que, junto con la emisión de pagarés, se garantizó aquélla, ello no obsta para exigir a su promovente que cumpliera con la regla de procedencia antes mencionada, pues es claro que a través de la acción que intenta, pretende el cumplimiento forzado, que de concretarse debe, en consecuencia dejar insubsistente la otra garantía que respecto del mismo se otorgó, al suscribir el deudor los títulos ejecutivos de que se ha hablado, pues de lo contrario subsistiría el riesgo de un doble cobro, al ser posible que en la vía ejecutiva mercantil se le reclame nuevamente el cumplimiento del mutuo; posibilidad que existe dada la literalidad y autonomía que, como ya se señaló, revisten tal clase de documentos.’. En esas condiciones, el hecho de que en el juicio natural el título ejecutivo esté constituido por el contrato de crédito y el certificado del estado de cuenta del contador, al haberse emitido pagarés aptos para circular, éstos debieron exhibirse con la demanda en que se pretendía el cobro de las cantidades con ellos garantizados, pues el hecho de que tales pagarés hayan sido emitidos para disposición del crédito otorgado, no significa que no impliquen una garantía, pues en atención a su naturaleza, esos títulos de crédito traen aparejada ejecución, y ante la posibilidad de que circulen, éstos debieron exhibirse con la demanda, aunque no lo establezca así la ley en forma expresa, pues esa exigencia deriva de la obligatoriedad de la tesis jurisprudencial invocada por la responsable de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, que no resultaron violados como infundadamente
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6739-54900ebc/contrato-de-credito-y-su-estado-de-cuenta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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