SUPLENCIA DE LA QUEJA. ES PROCEDENTE CUANDO SE ADVIERTE VIOLACION DE LOS JUECES FEDERALES A LO PRECEPTUADO POR EL ARTICULO 219 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACION SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO.
Por acuerdo del tribunal se publica la parte considerativa de la ejecutoria relativa a la tesis antes formulada:
CONSIDERANDO:
Este tribunal es competente para conocer del presente recurso, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 83, fracción I y 85, fracción I de la Ley de Amparo, y 44 fracción II, del capítulo IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO.-El presente recurso de revisión se encuentra interpuesto dentro del término que para tal efecto señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, ya que la resolución recurrida se notificó a la parte quejosa el día doce de marzo de mil novecientos noventa y dos, y el escrito de expresión de agravios lo presentó el día once del mismo mes y año, o sea dentro del término legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 23 de la Ley de Amparo y 104 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. TERCERO. Los agravios que expresa la parte recurrente, son los siguientes: "PRIMERO.-Me causa agravio el auto recurrido, ya que el mismo es omiso en cuanto a que señala que en relación al artículo 146 de la ley de la materia, el suscrito no dio cabal cumplimiento al requerimiento de fecha diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, me causa agravio, ya que el suscrito por escrito de fecha veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y dos, recibido en la oficialía de partes del mismo juzgado con la misma fecha señaló que las autoridades responsables son las que señaló en el mismo, y que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto que: 'la litis contestatio en el amparo se establece cuando las autoridades responsables rindan su informe justificado; por tanto, mientras tal informe no se rinde, el agraviado puede ampliar su demanda o modificarla, en cuanto a sus derechos convenga, siempre que esté dentro del término legal para pedirlo' (Apéndice de jurisprudencia de mil novecientos diecisiete a mil novecientos setenta y cinco, Tercera parte, página quinientos cincuenta y cuatro, tesis trescientos treinta). Toda vez que el escrito señala con precisión en relación a los actos que se reclaman, las autoridades responsables, que fue el requerimiento que se me hace, y al cual le recayó el auto que se recurre, dejándome en estado de indefensión, ya que como lo he señalado en relación a la jurisprudencia señalada, de cabal cumplimiento al requerimiento efectuado, violándose el precepto señalado. SEGUNDO.-Me causa igualmente agravio el auto que se recurre, ya que el suscrito señaló con precisión las autoridades responsables, en el escrito a que hago mérito en el agravio anterior, ya que la autoridad, me señala que precise si son responsables las autoridades en mi escrito en relación a los actos reclamados, en virtud de que se viola el artículo 116 fracción IV, de la ley de la materia, ya que considero que al desahogar el requerimiento hecho en los términos de mi escrito de fecha veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y dos, al que le recayó el auto que recurre, me causa agravio y me deja en estado de indefensión, ya que señaló en el mismo los actos que se reclaman y las autoridades responsables y que la ley de la materia no señala más reglas que las que indicar cuáles son las autoridades responsables, pero no otro, que lo señalado en el artículo que se indica, como concepto de violación en este recurso". CUARTO.-Este Tribunal Colegiado advierte que en el presente asunto ha habido en contra del hoy recurrente, una violación manifiesta de la ley que lo ha dejado en estado de indefensión, por lo que se actualiza el supuesto jurídico contemplado en el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, y por ende procede suplir la deficiencia de los agravios expuestos por la recurrente, en efecto, de la simple lectura del auto recurrido de fecha dos de marzo de mil novecientos noventa y dos, que ha quedado transcrito en el resultando tercero de esta sentencia, se advierte que el Juez de Distrito, no expresó los motivos, razones y circunstancias que le llevaron a considerar que en el escrito del quejoso de fecha veinticinco de febrero del presente año, no se dio "cabal cumplimiento al requerimiento de fecha diecisiete de febrero del año en curso", concluyendo sin más razón, que con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo "se tiene por no interpuesta la demanda de amparo correspondiente". Con tal actitud, el Juez de Distrito incumple con lo preceptuado en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de garantías, en los términos del segundo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Amparo, en virtud de que dicho numeral impone la obligación a los Jueces, Magistrados y Ministros de expresar en todas sus resoluciones judiciales los fundamentos legales en que se apoyan las mismas, además el artículo 220 del código federal mencionado, establece que son resoluciones judiciales, los decretos, autos o sentencias que se pronuncien aclarando que por auto se entiende la determinación del juzgador que decida cualquier punto dentro del negocio. Para mayor claridad, conviene transcribir el contenido de los artículos 219 y 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dicen: "Artículo 219. En los casos en que no haya prevención especial de la ley, las resoluciones judiciales sólo expresarán el tribunal que las dicte, el lugar, la fecha y sus fundamentos legales, con la mayor brevedad y la determinación judicial, y se firmarán por el Juez, Magistrado o Ministros que las pronuncien, siendo autorizadas, en todo caso, por el secretario". "Artículo 220. Las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias; decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos, cuando decidan cualquier punto dentro del negocio y sentencia, cuando decidan el fondo del negocio". Como puede advertirse de la lectura de estos preceptos legales de aplicación supletoria a la materia de amparo, toda decisión que expresen los Jueces, Magistrados, o Ministros, debe expresar los fundamentos legales en que se apoya tal decisión, y entre dichas resoluciones judiciales se encuentran los autos que decidan cualquier punto dentro del negocio, como es el caso que nos ocupa. Debemos aclarar que tratándose de sentencias que ponen fin al juicio de garantías, sí existe disposición expresa en la Ley de Amparo, toda vez que en su artículo 77 establece que "las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener: ... II. Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; ...", pero tratándose de autos o acuerdos en los que se decide cualquier cuestión del negocio, como es el auto que tiene por no interpuesta la demanda de garantías, la Ley de Amparo no contiene disposición expresa en este sentido, por lo que es aplicable supletoriamente, lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ahora bien, quedando claro que los Jueces Federales están obligados en todos los casos, a fundar sus resoluciones, determinaciones o acuerdos, debemos analizar qué implica fundar una decisión o determinación que puede causar perjuicio en la esfera jurídica de las partes que intervienen en el juicio de garantías. Ante todo debemos tener presente que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a favor de los gobernados, la obligación para toda autoridad de fundar y motivar la causa legal de cualquier acto que afecte la esfera jurídica del gobernado, obligación elevada al rango de garantía individual por nuestra ley fundamental. Y al referirse este artículo constitucional a autoridad, incluye por supuesto a las autoridades judiciales, entre ellas los Jueces Federales quienes también tienen la obligación de fundar y motivar sus decisiones, bien sean acuerdos, decretos o sentencias. Este precepto de nuestra Carta Magna, fue sin duda el que inspiró al legislador para establecer en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, entre los requisitos mínimos que debe contener una resolución judicial, el que en ella se contengan "sus fundamentos legales", y aunque no menciona expresamente qué debe contener los motivos en que se basa tal determinación esa omisión se debió seguramente a que el legislador estimó que no puede considerarse fundada una resolución si no se motiva previamente, lo cual es muy cierto, si tomamos en cuenta que la fundamentación de un acto consiste en señalar con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivación, las razones, circunstancias y causas que se tomaron en cuenta para emitir el acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, demostrándose con ello, que en el caso concreto se configura la hipótesis normativa invocada. Así ha interpretado, lo que debemos de entender por fundamentación y motivación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número novecientos dos, visible en la página mil cuatrocientos ochenta y uno, y siguiente, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, que dice: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.-De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también debe señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". Con base en esta interpretación, resulta claro comprender que, no obstante que el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se refiere únicamente a los fundamentos legales de la resolución, no basta con la cita de determinado precepto o preceptos legales para tener por fundada una resolución judicial (auto decreto o sentencia), sino que es necesario expresar los motivos por los cuales se estima configurada la hipótesis normativa que se invoca en la resolución, sólo interpretado de esta manera, tiene razón de ser el que, entre los mínimos requisitos de una resolución, se contemple que contenga "sus fundamentos legales", pues resultaría absurdo el que bastara con expresar la determinación del juzgador y cualquier norma legal, que a criterio personal o íntimo del juzgador resultara aplicable, sin expresar en la propia resolución tal criterio, pues esto traería como consecuencia, el dejar al afectado en estado de indefensión, al no conocer las razones que llevaron al juzgador a tomar esa determinación. En efecto, ha sido criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y reiterado por los Tribunales Colegiados de Circuito, el que cualquier acto de autoridad que no contenga la debida fundamentación y motivación deja al particular en estado de indefensión, al no conocer con precisión el precepto legal y la razón, circunstancia o causa por la que se le está causando perjuicio, siendo ese proceder violatorio del artículo 16 constitucional. En el caso que nos ocupa, si bien este órgano colegiado ha sostenido en la tesis de jurisprudencia con el rubro de "GARANTIAS INDIVIDUALES. LOS AGRAVIOS CONSISTENTES EN QUE LOS JUECES DE DISTRITO VIOLAN DERECHOS PUBLICOS SUBJETIVOS, SON INOPERANTES PARA REVOCAR LA RESOLUCION IMPUGNADA MEDIANTE UN RECURSO, TODA VEZ QUE ES IMPROCEDENTE EL CONTROL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS EN LOS JUICIOS Y SOLO DEBEN REVISARSE ESAS RESOLUCIONES A LA LUZ DE LOS PRECEPTOS ORDINARIOS QUE LOS RIGEN.", que en el recurso de revisión no prosperan los agravios en los que se aduce que los Jueces de Distrito violan derechos públicos subjetivos, toda vez que es improcedente el control de la constitucionalidad de las resoluciones emitidas en los juicios de amparo y sólo deben revisarse esas resoluciones de conformidad con los preceptos ordinarios que las rigen, también lo es que el precepto ordinario que se advierte infringido en la especie, es el contenido en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, toda vez que como ya lo señalamos, la correcta interpretación de este numeral nos lleva a considerar que todas las resoluciones judiciales, llámeseles autos, acuerdos, decretos o sentencias, deben contener las razones, circunstancias y causas que el juzgador tomó en consideración para emitir su determinación, así como los preceptos legales en que se apoye, para estimar que se cumple con tal precepto, esto es, que se expresaron "sus fundamentos legales", pues de otra manera, sería imposible apreciar si existe o no adecuación entre los motivos y fundamentos legales. En la especie, la omisión de los motivos que tuvo el Juez de Distrito, para considerar que el quejoso no dio cabal cumplimiento al requerimiento de fecha diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, determinando que con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se tenía por no interpuesta su demanda, dejó en estado de indefensión al quejoso, toda vez que éste desconoce la razón por la cual, a pesar de haber presentado un escrito el veinticinco de febrero del presente año, con la intención de desahogar el requerimiento que se le hizo, y en su caso, el Juez de Distrito procediera a admitir su demanda, sin embargo, lo que hace éste, es limitarse a decir que no dio "cabal cumplimiento" a lo que se le solicitó, infringiendo el Juez a quo el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al omitir expresar los motivos que tuvo para emitir una determinación tan trascendental para el quejoso, como lo es el que se le tenga por no interpuesta su demanda. Prueba del estado de incertidumbre e indefensión en que el auto recurrido dejó al hoy recurrente, es que en sus agravios hechos valer en esta instancia, alude a razonamientos inciertos en relación a que estaba en tiempo para ampliar su demanda, que en el escrito por el que desahogó el requerimiento sí señaló las autoridades responsables y los actos reclamados, quedando cumplido el requisito previsto en la fracción IV, del artículo 116 de la Ley de Amparo, y de manera genérica que sí cumplió con el requerimiento que se le hizo por acuerdo de fecha diecisiete de febrero del año en curso, ignorando la razón por la que a juicio del Juez a quo no dio "cabal cumplimiento". Por consiguiente, es de concluirse que el Juez de Distrito infringió en perjuicio del quejoso el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al no haber expresado las razones, circunstancias particulares y causas que lo llevaron a tener por no interpuesta su demanda de amparo, sin que sea suficiente para cumplir con tal precepto legal, el simple señalamiento de que se funda en el artículo 146 de la Ley de Amparo. En las relacionadas condiciones, es procedente, se revoque el auto recurrido a fin de que el Juez del conocimiento emita otro acuerdo que se ajuste a los lineamientos de este fallo.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/745-365e2de9/suplencia-de-la-queja-es-procedente-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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