ORDENES MILITARES, SUSPENSION CONTRA LAS. PARA DETERMINAR SI DICHA MEDIDA ES PROCEDENTE O NO CONTRA AQUELLAS, DEBE ATENDERSE PRINCIPALMENTE A SU CONTENIDO Y NO UNICAMENTE AL HECHO DE QUE PROVENGAN DE AUTORIDAD MILITAR, PUES SOLO ASI PODRA CONOCERSE SI LA RESPECTIVA ORDEN ESTA VINCULADA O NO CON EL INTERES SOCIAL O CON DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO.
Por acuerdo del Tribunal Colegiado se publica parte de los considerandos de la ejecutoria, para mejor comprensión de la tesis formulada.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-En la primera parte de los conceptos de agravio, las autoridades inconformes aducen que el auto recurrido infringe en su perjuicio el artículo 124, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, aduciendo al efecto que en el caso concreto no debió concederse la suspensión provisional, habida cuenta que esa determinación del a quo conduce al incumplimiento de una orden militar. La parte recurrente argumenta en el caso concreto debió tomarse en consideración que el quejoso ha reconocido su carácter de militar, al igual que también acepta haber recibido la orden a cuyo través el propio agraviado "causa baja del servicio activo de la Dirección General de Infantería y alta en situación de retiro por inutilidad contraída en actos fuera del servicio.".
En apoyo del preindicado concepto de agravio, las autoridades impugnantes invocan y transcriben una tesis establecida por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, haciendo alusión a dos criterios sustentados por sendos Tribunales Colegiados de Circuito.
A fin de justificar la aplicación de esos criterios, la parte inconforme aduce que ello es procedente en atención a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, conforme al cual "el retiro es la facultad que tiene el Estado y que se ejerce por conducto de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, para separar del activo a los militares al ocurrir alguna de las causales previstas en dicha ley", concluyendo que en la especie el retiro del quejoso obedece a que contrajo una inutilidad en actos fuera del servicio.
Resulta infundado el concepto de agravio arriba relatado, por las razones que en seguida se expondrán.
El artículo 124 de la Ley de Amparo, en la parte que por ahora interesa, dispone:
"Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior (suspensión de oficio), la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:
(...)
II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
Se considerará, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión: (...) se permita el incumplimiento de las órdenes militares."
En la disposición legal que se consulta están previstos los requisitos que deben reunirse para que sea procedente conceder la suspensión de los actos reclamados, en aquellos casos en que dicha medida no deba concederse de oficio.
El requisito previsto al efecto en la fracción de referencia, consiste en que la suspensión de los actos reclamados, de llegar a concederse, no represente perjuicio para el interés social, como tampoco contravención a disposiciones de orden público.
Con el propósito de precisar en qué casos debe considerarse que se perjudica el interés social o se contravienen disposiciones de orden público, el legislador federal ha descrito diversas hipótesis, entre las que figura la consistente en que la concesión de la suspensión permita el incumplimiento de órdenes militares, supuesto en el cual se ha considerado que resulta un perjuicio para el interés social.
No obstante lo anterior, resulta indispensable desentrañar la intención normativa del legislador federal, en cuanto corresponde al concepto de "órdenes militares", a fin de determinar si esa intención debe considerarse atinente a todo acto proveniente de cualquier autoridad que tenga el carácter de militar, o bien si debe entenderse que se trata de una expresión relativa al contenido esencial de los actos emitidos por autoridades militares.
Lo expresado en el párrafo que antecede se comprenderá con mayor naturalidad luego de tomarse en cuenta que gran parte de los actos jurídicos son clasificables bajo distintos conceptos, en atención a los diversos enfoques que respecto de los mismos se lleven a efecto, al examinar sus características.
A guisa de ejemplo podemos decir que en la teoría jurídica es comunmente aceptada la clasificación de los actos de autoridad, derivada de los aspectos consistentes en su contenido y en su autor.
Así tenemos que un acto de autoridad puede tener formalmente el carácter de legislativo, mientras que en sentido material el mismo acto habrá de ser concebido como una resolución de tipo individual y no de índole general, abstracto e impersonal, como lo es toda ley; por ejemplo en el caso de la facultad prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Federal, en que el Congreso de la Unión tiene la atribución "para arreglar definitivamente los límites de los Estados, terminando las diferencias que entre ellos se susciten sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios.".
En tal supuesto, ese acto de autoridad es formalmente legislativo, en la medida en que proviene del Congreso de la Unión, en quien está depositado el poder de crear leyes, mientras que ese mismo acto deberá considerarse como judicial, desde el punto de vista estrictamente material, en atención a que mediante él se resuelve una controversia entre dos entidades cuyos intereses son opuestos entre sí.
Otro ejemplo lo encontramos en la facultad reglamentaria otorgada al presidente de la República, en términos de la fracción I del artículo 89 constitucional, cuyo ejercicio da por resultado actos que en sentido material son legislativos, por estar integrados como un conjunto de disposiciones normativas, pero ese mismo tipo de actos es de carácter administrativo, vistos desde un enfoque de índole formal, en atención a que provienen del presidente de la República, en cuya persona se concreta la cúspide de la administración pública federal.
De lo anterior se advierte que la naturaleza jurídica de un acto de autoridad es determinable atendiendo a su contenido o al sujeto, funcionario o corporación que lo emita.
En esta tesitura, tenemos que el concepto "órdenes militares" utilizado por el legislador en la parte final del segundo párrafo de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, puede y debe ser examinado bajo los dos enfoques en alusión, todo ello con la intención de conocer en la mejor forma posible cuál ha sido la intención normativa del mismo legislador, al emplear dicho término.
La precisión que antecede tiene como finalidad determinar si en el referido concepto de "órdenes militares", deben entenderse comprendidos todos y cada uno de los actos que provengan de cualquier autoridad, o bien si en aquél únicamente deben incluirse los actos cuyo contenido esté vinculado con las atribuciones primordiales encomendadas a las fuerzas armadas de México, tales como la defensa de la integridad, de la independencia y de la soberanía nacionales, la seguridad interior del país y el auxilio a la población civil en los casos de necesidad pública.
De acuerdo con el contexto que se viene manejando, los actos emitidos por autoridades militares pueden ser examinados desde el punto de vista de su contenido y desde el punto de vista de sus autores.
Así tenemos que no todos los actos cuyo contenido sea de carácter militar, necesariamente provendrán de una autoridad cuya investidura y actividades estén vinculadas en forma exclusiva, con las actividades de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En este sentido, debe tenerse presente que constitucionalmente el presidente de la República tiene el carácter de Comandante Supremo de dichas Fuerzas, conforme a lo previsto en el artículo 89, fracción VI de la Constitución Federal.
En tal virtud, el propio titular del Ejecutivo Federal, de llegar a ejercer la facultad prevista en la citada disposición constitucional, consistente en "disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, o sea el ejército terrestre, de la marina de guerra y de la fuerza aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación", estará emitiendo actos cuyo contenido incuestionablemente será de carácter militar, en razón de las finalidades que pueden motivar su ejercicio; esto desde el punto de vista material atinente al acto de que se trate.
Sin embargo, conforme a un enfoque de tipo formal, no podrá decirse que los actos en cuestión sean de carácter militar, habida cuenta que provendrían de un servidor público cuya actividad primordial no está vinculada con el servicio de las armas, ya que no necesariamente tendrá una formación de corte militar.
Por otro lado, no todos los actos provenientes de autoridades militares tendrán un contenido estrictamente militar, en atención a que no todas las actividades que llevan a efecto las fuerzas armadas mexicanas están vinculadas con las preindicadas finalidades primordiales de su existencia y razón de ser. Así encontramos que aquéllas realizan actos de tipo laboral o de tipo administrativo, como lo es la contratación (alta) y el despido (baja) de sus elementos, o bien las órdenes de que se cubran los salarios (haberes) de éstos, al igual que las relacionadas con sus vacaciones, el otorgamiento de viviendas y, en general, lo relativo a ese tipo de prestaciones.
Ahora bien, aunque este tipo de actos debe realizarse dentro del marco de la disciplina militar, así como en el entorno de la normatividad que rige a las respectivas fuerzas armadas mexicanas, ello no necesariamente significa que el contenido de dichos actos sea de carácter militar, desde el punto de vista material, pues conforme a este enfoque es evidente que se trata de actos cuya realización no afecta directamente las elevadas encomiendas que tienen asignadas las fuerzas armadas mexicanas, mismas que primordialmente consisten, se reitera, en defender la integridad, la independencia y la soberanía nacionales, en garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población civil en casos de necesidad pública.
Con base en lo anterior, se concluye que no todos los actos provenientes de las autoridades militares, necesariamente habrán de considerarse como de carácter militar, pues ciertamente podrán existir diferencias entre esos actos, derivadas de sus respectivos contenidos.
Lo anterior reviste particular relevancia jurídica en relación con la interpretación que debe darse a la última parte del segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues evidentemente que el hecho de suspender la ejecución de un acto cuyo contenido sea estrictamente militar, no tendrá la misma repercusión que aquellos actos que, aun proviniendo de una autoridad militar, estén provistos de un contenido diverso, como lo puede ser la orden militar de que se niegue o se brinde atención médica a un elemento de las fuerzas armadas mexicanas, al igual que la orden de asignar o de negar cualquier otra prestación de tipo laboral, ya sea en favor o en perjuicio de alguno de dichos elementos, según sea el caso.
La precisión que antecede denota la necesidad de determinar si existe o no alguna diferencia, para efectos de interpretación del segundo párrafo de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, entre los actos emitidos por autoridades militares.
Con tal propósito, resulta pertinente tomar en consideración el texto de la exposición de motivos que dio lugar a la reforma ulterior sufrida por el numeral en cuestión, mediante la cual se hace alusión a que la concesión de la suspensión de los actos reclamados no debe dar lugar al incumplimiento de órdenes militares. El texto de referencia es como sigue:
"El Estado tiene un interés primario en la organización y buen funcionamiento de las fuerzas armadas de México porque son las instituciones destinadas a la defensa de la integridad, independencia y soberanía de la nación, a garantizar la seguridad interior y a auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas así como en obras sociales que tiendan al progreso del país.
La firme disciplina que deben observar los integrantes de estas instituciones es, por ello, indispensable para la realización de las misiones que tienen encomendadas, disciplina cuyo principio vital es el deber de obediencia y tiene por objeto el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes y reglamentos militares.
Consecuentemente el cumplimiento de las órdenes que se dicten a los militares para el desempeño de las misiones y los servicios que se les encomienden tienen el carácter de orden público porque en su desempeño oportuno y eficiente se encuentran interesados la sociedad y el Estado y la contravención de ello causa perjuicio al interés social, debiendo negarse por ello en todo caso la suspensión que un militar solicite en contra de órdenes recibidas.
Por lo anterior (...) me permito someter a la consideración del H. Congreso de la Unión la siguiente iniciativa (...)."
En la anterior transcripción se aprecia que la razón motivadora de la reforma legal en cuestión consiste fundamentalmente en que todo militar quede ineludiblemente obligado a cumplir las órdenes que sus superiores le dirijan, cuando estén vinculadas con el desempeño de las misiones y servicios propios de las fuerzas armadas de México, esto es, la negativa de que se conceda la suspensión contra órdenes militares, se encuentra vinculada con aquellas órdenes cuyo cumplimiento y ejecución estén encomendados al mismo destinatario de la orden, quien a la sazón tendrá el carácter de quejoso en el juicio de que se trate.
La precedente consideración adquirirá mayor consistencia luego de tomarse en cuenta la alusión al deber de obediencia, contenida en la exposición de motivos arriba transcrita, lo que denota que un militar no puede obtener la suspensión contra las órdenes militares que él mismo deba cumplir, situación que difiere ostensiblemente del caso en que el militar quejoso no es el mismo sujeto obligado a acatar la orden de que se trate, sino en cambio quien resultará perjudicado por la ejecución que de esa orden lleve a cabo el destinatario de aquélla, mismo que será distinto del emitente y del propio agraviado.
A mayor abundamiento debe tenerse presente que ha sido una tendencia constante en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, distinguir entre los actos cuyo contenido es de carácter estrictamente militar, y aquéllos provistos de un contenido distinto.
Así podemos corroborarlo de la lectura de las tesis que en seguida se reproducen.
"BAJA EN EL EJERCITO.-Es improcedente conceder la suspensión contra la orden que mande que cause baja en el Ejército un individuo que no ha comprobado su carácter de militar, porque con ello se perjudicaría a la sociedad y al Estado, haciendo que aquél figure en el escalafón y gravando al erario con el pago de sus haberes." (Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo XIV página ochocientos veintiséis).
"DISCIPLINA MILITAR.-No se relaja por el hecho de que la Justicia Federal mande suspender una orden de aprehensión, dictada por una autoridad militar." (Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo II, página seiscientos veintiuno).
"EJERCITO, MOVILIZACION DE ELEMENTOS DEL.-Si se comisiona a un militar para que pase a formar parte de los tripulantes que forman la dotación de un cañonero de la Armada Nacional, y tal acuerdo no se dicta como castigo, sino por razones del servicio, no procede conceder la suspensión, porque se afectaría el interés general, ya que se relajaría la disciplina entre los componentes del Ejército y Armada Nacionales, puesto que sería imposible movilizarlos, si por cada traslado que se ordenara, en relación con el servicio, se paralizara el acuerdo relativo, mediante la suspensión, lo que sería contrario al orden y al fin a que se destinan esas instituciones." (Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXIX, página cuatro mil trescientos cuarenta y cinco).
"MILITARES, SUSPENSION CONTRA LA ORDEN DE QUE NO SE LES PAGUE.-Debe concederse la suspensión contra la orden de que no se pague al quejoso los haberes a que tiene derecho como militar, pues de no otorgarse el beneficio se le causarían perjuicios de difícil reparación, puesto que se le impediría la inmediata compensación por los servicios prestados y por los que siga desempeñando mientras dure en funciones. Ahora bien, en tal supuesto, la suspensión debe concederse sin el requisito de fianza, pues con ello no se ocasiona daño o perjuicio a tercero, tanto más, cuanto que, siguiendo el quejoso en el desempeño de su cargo, tiene derecho a la compensación de sus servicios, pues de otra manera se violaría el artículo 5o. constitucional." (Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXII, página mil cuatrocientos treinta y siete).
De conformidad con lo antes expuesto, se concluye que no asiste la razón a las autoridades inconformes, en cuanto pretenden que es improcedente la suspensión de los actos reclamados, por el simple hecho de que provienen de autoridades militares, pues según quedó visto, no todos esos actos tienen la misma repercusión en la sociedad, de manera que el hecho de suspender unos u otros, no necesariamente ocasionará perjuicio a la sociedad, ni implicará contravención a disposiciones de orden público.
Así las cosas, debe decirse que el simple hecho de estarse en presencia de un acto emitido por una autoridad militar, no necesariamente conduce a concluir que la suspensión decretada contra su ejecución, implicará perjuicio a la sociedad o contravención a disposiciones de orden público. En tal sentido habrá de tenerse presente que éstos son los valores cuya protección ha dado lugar a que se considere improcedente la suspensión de los actos reclamados en determinados casos, por lo que debe atenderse al hecho de si una orden militar representa o no alguna vulneración respecto de aquéllos.
En tal virtud, si la parte inconforme no demuestra que la suspensión provisional decretada en la especie pudiera representar perjuicio al interés social o contravención a disposiciones de orden público, en atención a la naturaleza de los actos reclamados, ya que únicamente se limita a sostener la improcedencia de la citada medida cautelar, por tratarse de actos provenientes de autoridades militares, de ello se sigue que resulta infundado el concepto de agravio en cuestión.
No obsta para sostener la anterior conclusión, lo afirmado en el escrito de agravios, en el sentido de que el quejoso reconoce haber recibido la orden reclamada, pues lo cierto es que se trata de una orden cuyo cumplimiento y ejecución no le competen al mismo agraviado, ya que lo contrario se advierte de los oficios que la parte inconforme aporta para la resolución de esta queja, visibles en las fojas ocho, nueve y diez del respectivo toca, donde se aprecia que los mismos están dirigidos a personas distintas del quejoso, concretamente al "C. General, Secretario de la Defensa Nacional. Dirección General de Infantería" y al "C. General de División D. E. M., CMTE. de la I Rg. y 1/a. Zona Mil.", apareciendo que lo que recibió el agraviado no es ninguna orden, sino copia de un oficio donde esa orden está comunicándose a la autoridad encargada de cumplirla.
Por otro lado, cabe señalar que la tesis transcrita en el escrito de agravios no beneficia en forma alguna a la parte recurrente, habida cuenta que en dicha tesis se hace una distinción, implícitamente, de las órdenes militares; así en su parte final se advierte mencionado que los militares "tienen la obligación de acatar y cumplir las órdenes dirigidas tanto a unos como a otros, siempre y cuando éstas sean emitidas por una autoridad militar y enfocadas a satisfacer las necesidades primordiales del Ejército.".
Lo antes expresado obedece a que, para considerar aplicable la tesis citada por las inconformes, era menester que demostraran que en el caso concreto se está en presencia de una orden "enfocada a satisfacer las necesidades primordiales del Ejército", cosa que aquéllas no hacen, ante lo cual resulta insuficiente su concepto de agravio.
Tampoco beneficia a la parte inconforme la invocación de dos diversos criterios que atribuye a sendos Tribunales Colegiados, pues su analogía con el antes examinado no queda acreditada, en la medida en que no se indica en qué consisten tales criterios, amén de que el arriba analizado se consideró jurídicamente irrelevante y, por vía de consecuencia, la misma suerte corren estos otros dos criterios.
En la parte final de los conceptos de agravio se sostiene que la resolución impugnada es contraria a derecho, ya que en la especie se trata de actos consumados y, por ende, resulta improcedente conceder la suspensión, "ya que equivale a darle efectos restitutorios, siendo propio de la sentencia definitiva que en su momento se pronuncie, pues como el propio quejoso lo acepta en su demanda de garantías, éste causó baja del servicio activo.".
Las autoridades inconformes citan una tesis bajo el enunciado: "ACTOS CONSUMADOS.", en apoyo del anterior argumento de inconformidad.
Resulta parcialmente fundado el razonamiento de impugnación así expuesto, pues aunque el a quo señala que la suspensión provisional concedida es "para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan", lo que significa que los actos consumados deben permanecer inalterados en forma alguna, lo cierto es que el propio juzgador omite precisar cuáles son los actos respecto de los que está concediéndose la suspensión y cuáles son aquéllos por los que está negándose la misma medida cautelar, precisión que debió llevarse a efecto, en atención a que se trata de diversos actos reclamados.
No obstante lo anterior, no asiste la razón a las autoridades inconformes, en cuanto sostienen que la suspensión provisional concedida en la especie tiene efectos restitutorios, en razón de que éstos no se derivan de los términos en que ha sido pronunciado el acuerdo recurrido, ya que en éste no se indica que el quejoso sea reincorporado al activo del Ejército Mexicano, sino que únicamente fue concedida dicha medida para el efecto de que no se ejecute en su contra la orden de retirarlo de dicho activo; por tanto, si esta orden no ha sido ejecutada, ningún efecto restitutorio implica la suspensión decretada contra su ejecución, en cambio, si la misma ya fue ejecutada, el auto impugnado no tiene el efecto de ordenar una revocación de esa ejecución y tampoco de la orden misma, pues a través de aquél únicamente está indicándose que las cosas se mantengan en el estado que guardaban al momento de su emisión.
En vista de que han resultado parcialmente fundados los conceptos de agravio expuestos por la parte recurrente, lo procedente será que el juzgador del conocimiento ajuste su resolución a los términos de esta sentencia, para todo efecto legal.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
UNICO.-Ha sido procedente y parcialmente fundado el recurso interpuesto.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: presidente Carlos Alfredo Soto Villaseñor, Genaro David Góngora Pimentel y Fernando Lanz Cárdenas, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, siendo relator el segundo de los nombrados.
Firman los CC. Magistrados con el secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2179-fadde013/ordenes-militares-suspension-contra-las-para-determinar-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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