Corpus
Modo: Corpus Pro

SUSPENSION, EL AUTO EN EL QUE SE CONCEDE SURTE EFECTOS DESDE LUEGO, DE CONFORMIDAD CON EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 139 DE LA LEY DE AMPARO. POR LO TANTO, EL ACTO QUE SE EJECUTE CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE CONCEDIO LA MEDIDA CAUTELAR, ES VIOLATORIO DE LA MISMA Y DEBE DECLARARSE INEXISTENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE EN LA FECHA EN QUE SE EJECUTO EL ACTO, LAS RESPONSABLES AUN NO HABIAN SIDO NOTIFICADAS.

Tipo de asunto: QUEJA 283/92. · Registro digital (IUS): 739
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARLENE MENDOZA PORTILLO.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Marzo de 1993, , Pág. 381.

Por acuerdo del Tribunal Colegiado se publican todos los considerandos de la ejecutoria, para la mejor comprensión de la tesis formulada.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer del presente recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, fracción VI y 99 de la Ley de Amparo y 44, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y es procedente porque se impugna una resolución dictada por la juez durante la tramitación del incidente de suspensión que no admite expresamente el recurso de revisión y que, por su naturaleza trascendental y grave puede causar daño o perjuicio al recurrente, no reparable con posterioridad.

SEGUNDO.- El presente recurso de queja fue interpuesto por parte legítima, toda vez que se trata de Marlene Mendoza Portillo, quien tiene el carácter de quejosa en el juicio de garantías, y está en tiempo, dado que el proveído recurrido en la queja se notificó el día cuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, y el escrito de expresión de agravios se presentó el día nueve de junio del mismo año, o sea dentro del término legal, toda vez que deben descontarse los días seis y siete del mes y año antes citados, por ser inhábiles, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 de la Ley de Amparo, y 104 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

TERCERO.- Los agravios que aduce la recurrente, son los siguientes: "PRIMERO.- Indica la juzgadora primaria en su considerando primero, en forma sucinta que de ninguna forma el informe requerido a las autoridades denunciadas como violadoras de la suspensión provisional, lo hacen en forma extemporánea, ya que el proveído de fecha treinta de enero del año en curso, no indica término alguno para la rendición del referido informe de ley, sin embargo, en los términos de la aplicación de la ley por analogía, cuando no existe precepto concreto alguno, deberá de estarse en el presente caso a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo, el cual preceptúa, que presentada la demanda de amparo, en este caso, la denuncia de violación a la suspensión provisional, el juez de amparo pedirá informe previo a la autoridad responsable, quien deberá de rendirlo dentro de veinticuatro horas, y si en la especie, tal auto no contiene tal término, ello no es imputable a la parte quejosa, sino más bien a la juzgadora primaria, atento igualmente a lo establecido en los artículos 24 fracción II, 34 fracción I de la Ley de Amparo y al artículo 288 del Código Federal Procesal Civil de aplicación supletoria a la ley de la materia. En efecto, contrario a lo que sostiene la juzgadora primaria en el sentido de que el informe requerido a las autoridades responsables no es sino una obligación y no un derecho, más razón aún le asiste a la denunciante primaria, ya que no es posible jurídicamente que la Ley de Amparo determine los términos que les corren a las partes que intervienen en los juicios de amparo, tanto en el cuaderno principal como en el incidente de suspensión, si al fin de cuentas los propios jueces de amparo, no van a ceñirse a tales preceptos de amparo, como ocurre en el presente caso concreto, repitiendo, que la juez de Amparo, requirió a las autoridades denunciadas, rindiesen informe de ley, debiéndose entender que en los términos de las disposiciones legales antes invocadas, es en el término de veinticuatro horas y si en la especie, tales responsables lo rinden después de tal término, es obvio y evidente que la presentación de cuenta resulta extemporánea y cobra aplicación y vigencia el contenido del artículo 288 del Código Federal Procesal Civil aplicado supletoriamente, ya que estimar lo contrario, haría nugatorios los derechos y obligaciones que contempla la Ley de Amparo y sus leyes aplicativas y dejaría en estado de indefensión a los peticionarios de amparo, por lo que lo antes expuesto motiva la interposición del presente recurso de queja para el efecto de que se revoque o modifique la resolución combatida y se determina la presentación extemporánea del informe de ley multicitado con todas sus consecuencias legales. SEGUNDO. La sentencia que combate es violatoria de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 131 de la Ley de Amparo en agravio e la denunciante primaria, en efecto, indica la juzgadora primaria en su considerando primero, que no son ciertos los actos que les atribuyó a las autoridades denunciadas de haber violado la suspensión provisional, porque así lo manifestaron tales responsables y que el denunciante no aportó prueba laguna para desvirtuar tal negativa, a este respecto es de hacer notar a vuestras señorías, que resulta falso de toda falsedad, la aseveración de la juzgadora primaria, ya que la suscrita si aportó diversas pruebas dentro del incidente de violación a la suspensión provisional, misma que jamás fueron tomadas en cuenta, analizadas ni mucho menos valoradas conforme a derecho, lo que obviamente dejan a la denunciante en complejo y absoluto estado de indefensión, ya que la manifestación en su denuncia de violación se tiene como realizada bajo protesta de ley, y existe además una confesión de las propias autoridades denunciadas, y lo que se trata de demostrarse es si tales responsables violaron o no tal medida precautoria con que contaba la quejosa primaria, y apreciando las constancias de autos, se puede llegar fácilmente a la conclusión de que en efecto la sentencia recurrida no es de ninguna forma, clara, precisa ni congruente con los actos atribuídos a tales denunciadas ni se analizaron, valoraron ni tomaron en cuenta todas y cada una de las pruebas aportadas por la denunciante primaria, y motiva la interposición del presente recurso de queja. TERCERO. La sentencia que se revisa es violatoria de lo dispuesto por los artículo 77 fracción I, II, 131 y 139 de la Ley de Amparo en agravio de la quejosa, en los términos en que se pasan a exponer: Indica la juzgadora primaria que el considerando primero, de la interlocutoria combatida que no existe violación a la suspensión provisional que previamente había otorgado a la parte quejosa para el efecto de que no se clausurase su establecimiento, en virtud de que según la misma con fecha diecisiete de enero del año en curso, al conocer la medida cautelar y haberse ejecutado la misma, el veintitrés de enero del año en curso, las autoridades responsables denunciadas, aun no tenían conocimiento de tal medida, el anterior razonamiento resulta improcedente, inaplicable e infundado, ya que en los términos de la tesis jurisprudencial sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, al término del año de labores de mil novecientos ochenta y ocho, en la queja 292/88 promovida por Eugenia Lilia Gómez Suárez de fecha veintisiete de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, cuyo título es: 'SUSPENSION PROVISIONAL, SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO Y NO HASTA QUE SE NOTIFIQUE EL AUTO QUE LA DECRETA', tesis número veintisiete, página ciento siete del referido informe de labores, se puede claramente establecer lo siguiente: a) Auto que concede la suspensión provisional a la parte quejosa: veintitrés de enero de mil novecientos noventa y dos, y a lo anterior no se le toma en cuenta en la interlocutoria combatida, quiere decir que la juzgadora no sólo viola el contenido de las disposiciones indicadas en este agravio, sino también el artículo 192 y 196 de la Ley de Amparo, y el contenido de la tesis invocada en este mismo agravio, ya que ningún caso o sentido tiene la existencia de la jurisprudencia, si los juzgadores de amparo, no las aplican correctamente cuando así lo peticionan los amparistas, cumpliendo con las reglas que establece al efecto la ley de la materia, y concretamente a cada caso, resumiendo el presente agravio, es de concluirse, que la determinación contenida en el resolutivo único, que se impugna, de ninguna forma reúne los requisitos que le impone la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, ya que la contradicción e incongruencia con tal sentencia es manifiesta e evidente, ya que una denuncia de violación a la suspensión provisional como se trata de este caso, jamás podrá ser procedente pero infundada, esto es, que no tenga elementos jurídicos en que soportarse, ya que e repite la obligación de las autoridades denunciadas, siempre sería en el sentido de no clausurar el giro de la quejosa y por la circunstancia primordial de que tales autoridades denunciadas al rendir su informe en forma por demás extemporánea que en efecto si clausuraron el giro de cuenta, lo que motiva la interposición del presente recurso de queja, para el efecto de que se revoque o modifique tal resolución interlocutoria, no siendo óbice a lo anterior, que en el incidente de suspensión primario, ya se haya dictado resolución, concediendo a la quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados, atento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial número veintinueve del informe de labores del año de mil novecientos ochenta y ocho por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la queja 248/88 promovida por la delegada del Departamento del Distrito federal en benito Juárez y otras autoridades de fecha veinte de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, cuyo título es: "VIOLACION A LA SUSPENSION PROVISIONAL, NECESIDAD DE RESOLVER SOBRE LA, AUN CUANDO SE HUBIERA RESUELTO SOBRE LA SUSPENSION DEFINITIVA Y EL FONDO DEL JUICIO DE AMPARO". CUARTO. Previo al estudio de los agravios hechos valer por la recurrente, es conveniente hacer una narración cronológica de los hechos que se encuentran probados en el expediente del incidente de suspensión, en el cual fue dictada la resolución impugnada, para la mejor comprensión de la litis propuesta en esta instancia: 1). Por escrito presentado en la oficialía de partes común a los Juzgados de Distrito en materia administrativa-, en diciembre de mil novecientos noventa y uno (el día es ilegible), Josafat Orozco Orozco, Marlene Mendoza Portillo y Jorge Raúl Melo Rivas, demandaron el amparo y protección de la justicia federal en contra del delegado del Departamento del Distrito Federal en Cuauhtémoc y otra autoridades, por actos que hicieron consistir en síntesis en órdenes de inspección, actas de inspección. multas, sanciones, órdenes de clausura, imposición de sellos, procedimientos tendientes a cancelar la autorización de funcionamiento, privación de la libertad, y sus consecuencias, solicitando en contra de dichos actos la suspensión provisional y definitiva. (fojas de la uno a la tres y una que no está foliada del cuaderno incidental). 2). Pro escrito de fecha quince de enero de mil novecientos noventa y dos, comparecen los quejosos desahogando un requerimiento de fecha veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y uno, en virtud del cual manifiestan que también señalan como autoridad responsable a la Asamblea de Representantes del Distrito federal, y como acto reclamado la discusión, discusión, aprobación, emisión, publicación y aplicación del Reglamento Para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de espectáculos Públicos en el distrito Federal (foja cuatro del cuaderno incidental). 3). Por acuerdo del día diecisiete de enero de mil novecientos noventa y dos, la Juez Séptima de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal, a quien correspondió el conocimiento de dicho asunto, ordenó la tramitación del incidente de suspensión relativo, fijando fecha para la celebración de la audiencia incidental, solicitó a las responsables sus respectivos informes previos, concedió a la quejosa Marlene Mendoza Portillo la suspensión provisional para que no le le clausurara la negociación que defiende, y niega la medida cautelar a los otros dos quejosos, porque no acreditaron su interés jurídico para que se les conceda la suspensión solicitada (foja ocho del cuaderno incidental). 4). Por escrito presentado el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y dos, Marlene Mendoza Portillo, parte quejosa, denunció la violación a la suspensión provisional que le fue concedida, señalando que las autoridades responsables dependientes de la delegación del Departamento del Distrito Federal en Cuauhtémoc, habían clausurado su negociación el día veintitrés de enero de mil novecientos noventa y dos (foja doce del cuaderno incidental). 5). Por acuerdo del treinta de enero de mil novecientos noventa y dos, la Juez del conocimiento solicitó a las autoridades responsables que informaran respecto al cumplimiento que le estaban dando a la suspensión provisional (foja trece del cuaderno incidental). 6). El treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y dos, previos los trámites respectivos, la Juez de distrito celebró audiencia incidental y dictó sentencia interlocutoria concediendo la suspensión definitiva a Marlene Mendoza Portillo para el efecto de que no se clausure su negociación y a los otros dos quejosos junto con ella, para que no se les prive de la libertad personal (fojas de la veintiuno a la veintitrés del cuaderno incidental). 7). Por oficio presentado el diez de febrero de mil novecientos noventa y dos, las autoridades responsables de la Delegación del Departamento del Distrito Federal en Cuauhtémoc informan respecto al cumplimiento a la suspensión provisional, diciendo que sí clausuraron la negociación de la quejosa pero que aún no tenían conocimiento de la suspensión provisional, concedida a la quejosa y exhiben pruebas (fojas de la treinta y cinco a la cuarenta y cuatro del cuaderno incidental). 8). El veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y dos, previos los trámites respectivos, la Juez de distrito resuelve la denuncia de violación a la suspensión provisional, en el sentido de declararla procedente pero infundada (fojas sesenta y cinco a la setenta del cuaderno incidental). 9). Inconforme con dicha resolución, Marlene Mendoza Portillo, parte quejosa en el juicio de garantías, interpuso el presente recurso de queja. Habiendo quedado claros los antecedentes de la resolución recurrida, procedemos al estudio de la misma, a la luz de los agravios esgrimidos por la recurrente, en los cuales sostiene, en síntesis, que la Juez de Distrito al dictar la resolución que impugna, violó el contenido de los artículos 77, fracciones I y II, 131, 139, 192 y 196 de la Ley de Amparo, porque: a) Consideró que no eran ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables dependientes de la Delegación del Departamento del Distrito Federal en Cuauhtémoc, por haberlo negado ésta sin prueba en contrario de la quejosa, siendo que afirma la recurrente, dichas autoridades reconocieron como cierto el haber clausurado su negociación, además sostiene que sí aportó pruebas en la denuncia de violación motivo por el cual la resolución impugnada no es ni clara ni congruente. b) La Juez de Distrito debió tener por extemporáneo el informe de las autoridades denunciadas , en atención a que, si bien en el acuerdo en que se les solicitó dicho informe no se señaló término, debía entenderse que por aplicación analógica de lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley de Amparo, dicho informe debieron rendirlo en el término de veinticuatro horas, siendo aplicables los artículos 24, fracción II y 34, fracción I, de la ley de la materia, y por analogía el 288 del código Federal de Procedimientos Civiles, además, sostiene que si el informe es una obligación y no un derecho, es mayor la razón para respetar los términos que señala la ley, pues en caso contrario se le dejaría en estado de indefensión. c) Contrariamente a lo aseverado por la Juez de Distrito, la suspensión surte sus efectos desde luego, según lo establece el artículo 139 de la Ley de Amparo. Siendo erróneo que las autoridades no hayan violado la suspensión provisional, porque cuando clausuraron aún no tenían conocimiento de la suspensión que se le concedió. A continuación nos ocuparemos de las tres cuestiones planteadas por la recurrente, en el orden en que han sido sintetizadas. El primer razonamiento resulta fundado, en virtud de que efectivamente la Juez de Distrito de manera incongruente asevera en el primer párrafo del único considerando de su resolución (que señala como primero), que "no son ciertos los actos que se reclaman en relación a la denuncia de violación a la suspensión provisional, al delegado, subdelegado jurídico y de gobierno, subdirector de licencias y reglamentos, jefe de la unidad de centros de reunión y uso del suelo, jefe de la unidad de supervisión e inspección, y del jefe de la unidad de amparo, todos ellos dependientes de la Delegación del Departamento del Distrito Federal en Cuauhtémoc, toda vez que así lo manifiestan en el informe previo que de manera conjunta rindieron a este juzgado, el cual obra agregado... y como la quejosa no aportó prueba alguna que desvirtuara dicha negativa, procede declarar infundada la denuncia de referencia", es conveniente aclarar que no obstante mencionar la Juez a quo "informe previo", se refiere al informe rendido con motivo de la denuncia de violación a la suspensión provisional, toda vez que, dichas autoridades no rindieron el informe previo que e les solicitó en relación al incidente de suspensión, según puede apreciarse de las constancias de autos, además de que la propia Juez hace referencia a ello en la resolución que se revisa en esta instancia. Y en el quinto párrafo de ese único considerando, manifiesta la Juez a quo "...es necesario precisar que si bien es cierto que en el informe que rindieron a este juzgado las responsables de la Delegación del Departamento del Distrito Federal en Cuauhtémoc sobre la denuncia de violación a la suspensión provisional, ellas mismas manifiestan que es cierto que con fecha veintitrés de enero del año en curso, clausuraron el restaurante Bar 'Atzimba', propiedad de la quejosa, ubicado en Insurgentes Sur número setenta y tres, colonia Juárez, lo que se corrobora con las documentales visibles a fojas cuarenta y tres y cuarenta y cuatro de autos, ...". De los dos párrafos señalados anteriormente se advierte la incongruencia en que incurrió la Juez de Distrito, en virtud de que el acto que la hoy recurrente atribuyó a dichas autoridades, fue la clausura de su establecimiento ejecutada el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y dos, acto que la quejosa considera violatorio de la suspensión provisional que le fue concedida, y las autoridades responsables reconocieron como cierto dicho acto, incluso aportaron pruebas fehacientes de su existencia (orden de clausura y una acta levantada con motivo de la ejecución), argumentando que ese acto no es violatorio de la suspensión concedida. Por consiguiente, el acto atribuido a las autoridades denunciadas, es cierto, por así reconocerlo éstas y por encontrarse debidamente demostrado, constituyendo el motivo de controversia en la denuncia del determinar si dicho acto cierto, es o no violatorio de la suspensión provisional concedida a la hoy recurrente, toda vez, que si el acto denunciado no es cierto o no se demuestra su existencia, ni siquiera hay controversia, simplemente se declara infundada la denuncia presentada. En este orden de ideas, resulta irrelevante el que la denunciante haya aportado pruebas relativas a demostrar la clausura que atribuye a las autoridades responsables, ya que éstas, como se dijo, reconocieron el haberla ordenado y ejecutado en la fecha que señala la quejosa, y aún más, exhibieron pruebas fehacientes de ello. Por lo que hace al segundo argumento de la recurrente, anteriormente resumido, resulta infundado en atención a las siguientes razones. El artículo 104 de la Ley de Amparo, el cual es aplicable para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión, por disposición expresa del numeral 143 de la misma ley, establece en su tercer párrafo "en el propio oficio en que se haga la notificación a las autoridades responsables, se les prevendrá que informen sobre el cumplimiento que se de al fallo de referencia", en la práctica tratándose de autos o resoluciones en los que se concede la suspensión a la quejosa, no se acostumbra prevenir a las autoridades para que informen de su cumplimiento, pues por regla general dichos acuerdos no tienen propiamente una ejecución, esto es, una obligación de hacer para las autoridades, sino por el contrario contrario contienen una obligación de no hacer, de abstenerse, de mantener las cosas en el estado que guardan al momento de decretar la medida suspensiva. Es sólo en los casos, en que la autoridad realiza un acto suspendido, cuando a petición (entiéndase denuncia) de la parte afectada, el Juez de Distrito requiere a la autoridad para que informe del cumplimiento que está dando a la suspensión, sin embargo, el precepto, legal citado no establece un plazo para la rendición de dicho informe. Los Jueces de Distrito han optado por señalar un plazo de veinticuatro horas para la rendición de dicho informe en el propio acuerdo en el que lo requieren, seguramente inspirados en la importancia que reviste el conservar la materia del juicio de garantías, en el sumario del procedimiento en el incidente de suspensión, o en lo previsto por el artículo 105, primer párrafo, de la Ley de Amparo (también aplicable por disposición expresa para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión), relativo a que la ejecutoria debe estar cumplida o encontrarse en vías de ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que se notifique a las autoridades responsables, pero este precepto se refiere a que en ese término debe estar cumplida cuando la naturaleza del acto lo permita, o encontrarse en vías de ejecución la sentencia ejecutoria, pero no a que dicho plazo la autoridad deba rendir su informe sobre el cumplimiento que den a la misma. No obstante esto, es claro que el Juez de distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el tribunal colegiado, tienen facultades para exigirlo así a las responsables, cuando lo consideren necesario. Sin embargo, en la especie no encontramos que, por un lado no existe disposición expresa en la ley de la materia, que señale un plazo para que la autoridad informe sobre el cumplimiento que le esté dando al auto de suspensión, y por el otro, que la Juez de Distrito fue omisa en señalarle a las responsables un determinado tiempo para informar, por lo cual no siendo posible considerar que las autoridades cuentan con un plazo indefinido para informar el cumplimiento, y en atención a que la rendición de ese informe es una obligación de la autoridad (como lo señala la Juez a quo), pero también´ lleva implícito un un derecho de la responsable (como lo sostiene la recurrente), en virtud de que, pudiendo ser graves las consecuencias que se deriven de la violación que se le imputa, tiene derecho a defenderse antes de ser sancionada, por consiguiente, ante tal omisión legal, debemos observar lo dispuesto en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia de conformidad con el artículo 2o. de la Ley de Amparo, dicho precepto legal dice: "Artículo 297. Cuando la ley no señale término par a la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: I. Diez días para pruebas, y II. Tres días par a cualquier otro caso". De esta manera, considerando que en la rendición del informe sobre el cumplimiento de la suspensión es un derechos de la autoridad de ser escuchada antes de condenársele, y en atención a que el derecho de que no rinda informe no significa que la denuncia de violación quede sin resolverse hasta que la autoridad tenga a bien cumplir con su obligación de informar, el término para el ejercicio de ese derecho debe estimarse que es de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación realizada a la autoridad responsable (artículo 24, fracción I, de la Ley de Amparo), y surtirá sus efectos la notificación desde la hora en que haya quedado legalmente hecha (artículo 34, fracción I, de la misma ley). Por lo tanto, si en la especie se les notificó a las autoridades responsables de la Delegación del Departamento del Distrito Federal en cuauhtémoc, el auto de treinta de enero de mil novecientos noventa y dos, en el que se le solicita informen sobre el cumplimiento que estén dando a la suspensión provisional (foja trece del incidente incidental), el día cuatro de febrero del presente año, según se advierte de la constancia de notificación que obra agregada en la foja veintisiete del expediente incidental; el término de tres días lo corrió a partir del día seis del mismo mes y año, para fenecer el día diez siguiente, sin contar los días cinco, ocho y nueve de febrero, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Amparo; por lo tanto, si las autoridades rindieron su informe el día diez de febrero del año en curso, según se aprecia del sello estampado por el juzgado en su escrito, que obra a fojas de la treinta y cinco a la treinta y siete del expediente incidental, es de concluirse que el mismo se encuentra presentado en tiempo siendo correcta la determinación de la Juez a quo de tomarlo en cuenta. Para concluir el estudio de este segundo razonamiento de la recurrente, es necesario mencionar que no le asiste la razón al considerar que es aplicable por analogía el término de veinticuatro horas que señala el artículo 131 de la Ley de Amparo, toda vez que por disposición expresa del artículo co. de la ley de la materia a falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que nos indica que la falta de disposición legal no conlleva a la aplicación por analogía de otra disposición como lo pretende la recurrente, podría llevar a la aplicación no de uno sino de varios términos para un solo supuesto, unos ventajosos, otros desfavorables, como por ejemplo, pensar que debió denunciar la violación en el término de veinticuatro horas que se establece para recurrir el acuerdo en el que se concede o niega la suspensión provisional, lo que ocasionaría ir contra el espíritu de la ley, provocando inseguridad jurídica en perjuicio de las partes. tampoco le asiste la razón al afirmar que es aplicable el artículo 24, fracción II, de la Ley de Amparo, relativo a que los términos en el incidente de suspensión corren de momento a momento y no por días naturales, en virtud de que el procedimiento seguido con motivo de la denuncia de violación a la suspensión, es un procedimiento distinto que se lleva para resolver se se concede la suspensión definitiva o no, esto no es razón de que cuando se denuncia la violación a la suspensión provisional, el Juez Federal deberá de tramitar en lo sucesivo dos procedimientos distintos, uno para resolver si se concede la suspensión definitiva y otro para determinar si las autoridades incurrieron en desacato a la medida cautelar. Así dicha tramitación puede desarrollarse simultáneamente, ya que no existe precepto legal o principio jurídico que obligue al juzgador a interrumpir el procedimiento en lo relativo a la suspensión definitiva hasta que resuelva sobre la denuncia de violación: por lo tanto, en el procedimiento para decidir sobre el otorgamiento de la suspensión definitiva, los términos corren de momento a momento, sujetándose a los plazos señalados en horas por la propia Ley de Amparo, pero para el diverso procedimiento motivado por la denuncia de violación a la suspensión, la ley de la materia no establece plazos en horas, por lo cual no existe razón para no computar los términos en días naturales, aplicando las disposiciones correspondientes. y por lo que hace a la aplicación por analogía que propone la recurrente, del artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, éste no resulta aplicable por analogía sino, en su caso, supletoriamente de conformidad con el a artículo 2o. de la Ley de Amparo, sin embargo, en la especie no tiene aplicación, porque dicho precepto legal se refiere a que una vez "concluidos los términos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejecutarse, sin necesidad de acuse de rebeldía, y en el caso que nos ocupa, como ya se dijo, las autoridades denunciadas presentaron su informe dentro de los tres días que tenían para hacerlo, es decir, dentro del término legal, por lo que no es el caso de considerar que perdieron su derecho para rendirlo. Así, es de estimarse infundado el segundo de los argumentos de la recurrente que ha quedado sintetizado anteriormente, siendo correcta la apreciación de la Juez a quo de tomar en consideración el informe rendido por las autoridades denunciadas al encontrarse éste presentado en tiempo, sin que sea óbice que la juzgadora sólo partió de la base de que en el acuerdo en el que, por las razones expuestas en esta ejecutoria, tal determinación resulta apegada a derecho.. Ahora bien, corresponde ocuparnos del tercer razonamiento expuesto por la recurrente, para lo cual es necesario en primer lugar, fijar la litis sobre la que versa la controversia propuesta en esta instancia, en segundo lugar, determinar algunos conceptos muy importantes para el estudio de la misma, y en tercer lugar analizar el precepto legal que rige la cuestión debatida y los criterios sostenidos al respecto, tanto por la Suprema corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, para determinar si le asiste la razón o no a la recurrente. Pues bien, la litis propuesta en esta instancia se basa fundamentalmente, en determinar a partir de que momento surte efectos la concesión de la suspensión provisional, partiendo de los dos supuestos planteados, el primero por la parte quejosa, aduciendo que la suspensión provisional surte efectos desde que la Juez de Distrito decretó dicha medida, por lo cual la clausura ejecutada por la autoridad responsable debe ser considerada violatoria de la suspensión concedida; y el segundo supuesto, plantea

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/739-5b8dcb9f/suspension-el-auto-en-el-que-se-concede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.