SUPLENCIA DE LA QUEJA EN BENEFICIO DE MENORES O INCAPACES. COMPRENDE LA OBLIGACION DE RECABAR PRUEBAS DE OFICIO.
Por acuerdo del Tribunal Colegiado se publica el Considerando Cuarto de la ejecutoria, para mejor comprensión de las tesis formulada.
CONSIDERANDO
CUARTO. Son sustancialmente fundados los motivos de inconformidad, y suficientes para revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento.
Del análisis íntegro de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado se hizo consistir, esencialmente, en el embargo trabado sobre el cincuenta por ciento de los derechos de copropiedad de Juan Mario Méndez Martínez, respecto de la casa ciento quince, de la calle Valparaíso, colonia Floresta Coyoacán, de esta ciudad, en la controversia de arrendamiento 843/94, promovida por María de las Heras Guasch contra María Elena y Juan Mario Méndez Martínez.
Las quejosas aducen ser terceras extrañas al juicio, y ser las titulares de los derechos de propiedad sobre la totalidad del inmueble embargado a su padre, Juan Mario Méndez Martínez, según se advierte de las constancias del juicio de divorcio necesario 197/94, secretaría "A", radicado ante el Juez Décimo de lo Familiar de esta ciudad, entre otras, con el convenio de disolución de la sociedad conyugal que obra en autos, y con la sentencia pronunciada el quince de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, en cuyo resolutivo tercero se decreta la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, conforme al convenio de liquidación de la sociedad conyugal antes mencionada.
En el fallo recurrido la juez federal considera, esencialmente, que debe decretarse el sobreseimiento en el juicio constitucional, porque las quejosas no demostraron que se les afecten sus intereses jurídicos con los actos reclamados, pues no obstante que manifiestan ser titulares de los derechos de propiedad respecto del inmueble embargado, no aportaron prueba alguna para acreditar tales derechos.
Este órgano jurisdiccional estima que la juez federal incurrió en una omisión que dejó sin defensa a las quejosas y pudiera influir en la sentencia del juicio de garantías, motivo por el cual, de conformidad con la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, debe revocarse la sentencia recurrida y mandarse reponer el procedimiento, en atención a lo siguiente:
La cuestión medular de este recurso, radica en dilucidar si la juez federal estuvo obligada a recabar, de oficio, las constancias relacionadas con la litis del juicio constitucional, que obran en los autos del juicio de divorcio necesario tramitado en el expediente 197/94, secretaría "A", ante el Juez Décimo de lo Familiar de esta ciudad, especialmente el convenio sobre disolución de la sociedad conyugal, la sentencia definitiva del juez a quo, y en su caso la de segunda instancia, así como la constancia o la actuación sobre ejecutorización del fallo.
Al respecto, este Tribunal encuentra que, en el proceso legislativo de las normas constitucionales y legales que han regido la llamada suplencia de la queja, en beneficio de los menores e incapaces, en el juicio de garantías, se evidencia que el Constituyente Permanente y el legislador ordinario dotaron a la institución, en este caso, de un amplio alcance, en el cual queda comprendida la atribución para invocar razonamientos no puestos o perfeccionar los expresados deficientemente, en la demanda de garantías, en las promociones, diligencias o audiencias de la instrucción, o en los recursos, así como la de realizar los actos necesarios para recabar oficiosamente los medios de prueba útiles para los sujetos tutelados, cuya posible existencia se deduzca de los autos, y que las partes no aporten o perfeccionen.
Al respecto, del estudio cuidadoso y detenido del artículo 107, fracción II, de la Constitución General de la República; de las disposiciones relativas de la Ley de Amparo; y de los procesos legislativos en los que se ha dado la evolución de estas normas, este Tribunal Colegiado encuentra que el concepto suplencia de la queja se ha utilizado por el legislador en dos acepciones con diferente alcance. En unos casos, para hacer referencia a la atribución de los Tribunales que conocen del juicio de garantías, al dictar sentencia, de invocar argumentos no expuestos o completar los que se aduzcan deficientemente, en la demanda o al expresar agravios o motivos de inconformidad en los recursos o incidentes, con el objeto de conceder la protección constitucional o acoger los medios de impugnación contra las infracciones advertidas, aunque los interesados no las hayan hecho valer o falten a la técnica jurídico-procesal en sus exposiciones.
En este sentido utilizó el concepto el Constituyente Originario al establecer la institución en el juicio de amparo en materia penal, como también el Constituyente Permanente, al ampliarla para los casos en que el acto reclamado se funde en una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, y al juicio de amparo en materia de trabajo.
En otro caso, al enunciado en comento se le dio mayor amplitud, al incluir el examen de toda clase de promociones y la participación en las diligencias y audiencias de la instrucción, así como la facultad o la obligación de proceder, de oficio, a recabar los medios de prueba útiles para esclarecer los derechos de los sujetos tutelados y su contravención, cuya posible existencia se deduzca de los autos, sin que las partes los aporten o perfeccionen.
Esta situación la encontramos en el juicio de amparo en materia agraria.
En el caso de los menores o incapaces la suplencia de la queja gravita en el campo de mayor amplitud, tal vez sin ser totalmente atraída a él, pero sí comprende la recabación oficiosa de pruebas, que en la actualidad es una obligación, según se advierte fundamentalmente en los procesos legislativos donde surgieron las disposiciones constitucionales y legales donde se otorgó ese beneficio.
Además, esta tesis es totalmente acorde con los principios rectores del derecho de menores e incapaces, acogidos plenamente en nuestro país por las leyes sustantivas y procesales; de tal manera que, una intelección en otro sentido, colocaría al juicio constitucional, en este punto, al margen de la vanguardia asumida en los otros ordenamientos, produciendo un desfasamiento absurdo e inexplicable.
Todos los elementos mencionados en la argumentación precedente, se demostrarán detalladamente, a continuación.
En el texto original de la fracción II del artículo 107 constitucional, se estableció por primera vez el concepto de nuestra investigación, con el otorgamiento de la facultad a la Suprema Corte, para "suplir la deficiencia de la queja en los juicios de amparo en materia penal, cuando encontrara la comisión, contra el quejoso, de una violación manifiesta de la ley, que lo hubiera dejado sin defensa", o que se le juzgó por una ley que no es la exactamente aplicable al caso, "y que sólo por torpeza no se haya combatido debidamente la violación."
El precepto constitucional se reprodujo textualmente en el párrafo segundo del artículo 93 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 104 de la Constitución Federal, expedida en el año de mil novecientos diecinueve; y sustancialmente en el texto original del artículo 163 de la Ley de Amparo vigente en la actualidad.
La lectura de dichas disposiciones pone de manifiesto que el concepto de nuestro interés se usó aquí en sentido restringido.
En la primera reforma al artículo 107 constitucional, realizada en el año de mil novecientos cincuenta y uno, se adicionó la fracción II, para ampliar la suplencia a los casos en que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia; y en materia de trabajo, cuando se encontrara una violación manifiesta de la ley, que hubiera dejado sin defensa al agraviado, "porque si ya el alto tribunal declaró que una ley es inconstitucional, sería impropio que por una mala técnica en la formulación de la demanda de amparo, afecte al agraviado el cumplimiento de una ley que ha sido expedida con violación de la Constitución" y "porque las normas constitucionales contenidas en el artículo 123, son fundamentalmente tutelares de los derechos de la clase trabajadora, y esta clase muchas veces no está en posibilidad de defenderse adecuadamente, por ignorancia de rigorismos técnicos", según se asentó en la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente.
Esto se recogió en el artículo 76 de la Ley de Amparo, en la reforma consecuente.
Aquí también se advierte, fácilmente, que el vocablo suplencia de la queja se usó en la significación limitada de referencia.
En la segunda reforma al artículo 107 constitucional, en el año de mil novecientos sesenta y dos, se adicionó la fracción II, con el párrafo siguiente:
"En los juicios de amparo en que se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de población, o a los ejidatarios y comuneros, deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria...".
En la exposición de motivos de la iniciativa se destacó la necesidad de instrumentar adecuadamente la garantía social agraria en el juicio de amparo, disponiendo la suplencia de la deficiencia de la queja, y dejando a la ley secundaria "la estructuración, con rasgos y normas peculiares, del nuevo amparo agrario, previendo las reglas adecuadas sobre personalidad, términos, deficiencias de la demanda, pruebas y en general la substanciación del juicio, con objeto de crear un procedimiento al alcance del campesino que constituya una eficaz defensa de la garantía social agraria, y al efecto puede establecerse, entre otras previsiones, que el juez, de oficio y para mejor proveer, recabe pruebas...".
Nuevamente se hicieron las adaptaciones conducentes a la Ley de Amparo, en el año de mil novecientos sesenta y tres, acogiendo la adición constitucional en el artículo 2o. de la ley reglamentaria; emitiendo normas específicas sobre representación, personalidad y legitimación, para promover y continuar esta clase de juicios de amparo, en los artículos 8o. bis, 12 y 15; se fijó un plazo de treinta días, para promover el amparo agrario respecto de derechos individuales, y se determinó que tocante a los colectivos se podría promover en cualquier tiempo, en el artículo 22; se fijó como obligatoria la suplencia de la queja en esta materia, en el artículo 76; se facultó a la autoridad judicial para recabar pruebas de oficio, y para conceder el amparo inclusive por actos no reclamados, cuya inconstitucionalidad quedara probada en autos, en el artículo 78; se amplió el plazo para la revisión a diez días; y en fin se dictaron otras reglas en beneficio de los sujetos tutelados.
Todo esto se hizo, para reglamentar el deber de suplir la queja, establecido en la ley fundamental.
En este proceso normativo se utilizó la frase suplencia de la deficiencia de la queja, indiscutiblemente, en su acepción amplia mencionada, por lo que se obró en consecuencia lógica al proveer la reglamentación.
Todo lo dicho en los párrafos anteriores, sirve de sustento al criterio aquí sostenido, relativo a que el enunciado suplencia de la queja se ha aplicado por el legislador nacional en dos sentidos con diferente extensión.
Ahora procederemos a examinar lo referente a dicha suplencia en beneficio de los menores y de los incapaces.
Ciertamente, el actual deber de suplir la queja en favor de los menores y de los incapaces, se estableció originalmente como facultad o poder, en el artículo 107, fracción II, de la Constitución General de la República, mediante adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de mil novecientos setenta y cuatro, en vigor treinta días después que decía: "Podrá suplirse la deficiencia de la queja en los juicios de amparo contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución."
Del proceso legislativo de esta adición, resulta importante para el tema tratado aquí, la parte final del dictamen emitido por las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, en el sentido de que: "... los diputados que suscriben este dictamen adelantan su interés porque las disposiciones que reglamenten esta institución la amplíen no solamente a los conceptos de violación, sino también a todos los actos violatorios y a las autoridades ordenadoras y ejecutoras que los produzcan, no obstante que no se hubieren expresado en el contexto de la demanda de amparo."
Esto trajo como consecuencia la reforma a la Ley de Amparo, que entró en vigor el veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, respecto a los artículos 76, 78, 79, 91 y 161, del modo siguiente. Se adicionó con un cuarto párrafo el artículo 76, de este tenor: "Podrá suplirse la deficiencia de la queja en los juicios de amparo en que los menores de edad o los incapaces figuren como quejosos." Se adicionó el artículo 78 con un tercer párrafo, como sigue: "En los amparos en que se controviertan derechos de menores o incapaces, el tribunal que conozca del juicio tendrá como reclamados los actos que aparezcan demostrados aunque no se hayan señalado expresamente en la demanda de garantías." Se reformó el segundo párrafo del artículo 79, para quedar así: "El juicio de amparo por inexacta aplicación de la ley, contra actos de autoridades judiciales del orden civil, es de estricto derecho, salvo los casos de amparos que afecten derechos de menores o incapaces, y, por tanto, la sentencia que en él se dicte, a pesar de lo prevenido en este artículo, se sujetará a los términos de la demanda sin que sea permitido suplir ni ampliar nada en ella." Se adicionó el artículo 91 con la fracción VI, con este texto: "Tratándose de amparos en que los recurrentes sean menores de edad o incapaces, examinarán sus agravios y podrán suplir sus deficiencias y apreciar los actos reclamados y su inconstitucionalidad conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 78." Se reformó el segundo párrafo de la fracción II del artículo 161, para quedar de esta manera: "Estos requisitos no serán exigibles en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, ni en los promovidos contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten el orden y a la estabilidad de la familia."
El proceso legislativo de estas reformas y adiciones, resulta de singular importancia para demostrar el criterio que se sostiene en esta ejecutoria, como veremos a continuación.
Comenzó con la iniciativa del titular del Ejecutivo Federal, que proponía lo siguiente:
"Artículo Primero. Se adiciona con un quinto párrafo, el artículo 76 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:
"Artículo 76. ...
.."Podrá suplirse la deficiencia de la queja en los juicios de amparo en que los menores de edad o los incapaces figuren como quejosos. La Autoridad Judicial Federal que conozca del juicio, hará valer de oficio la inconstitucionalidad de los actos reclamados, para en su caso, otorgar a dichos sujetos la protección de la justicia federal.
"Artículo Segundo. Se reforma el tercer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:
"Artículo 78. ...
."En los amparos en materia agraria, y en aquellos en que figuren como quejosos los menores o incapaces, se tomarán en cuenta las pruebas que aporte el quejoso y las que de oficio recabe la autoridad judicial. La autoridad que conozca del amparo resolverá sobre la inconstitucionalidad de los actos reclamados tal y como se hayan probado, aun cuando sean distintos de los invocados en la demanda.
"Artículo Tercero. Se adiciona con un tercer párrafo el artículo 79 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:
"Artículo 79. ...
."Tratándose de juicios de amparo en materia civil en que figuren como quejosos los menores o incapaces, se suplirá la deficiencia de la queja en los términos del último párrafo del artículo 76.
"Artículo Cuarto. Se adiciona con una fracción VI, el artículo 91 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:
"Artículo 91. ...
"Fracción I. ...
"Fracción II. ...
"Fracción III. ...
"Fracción IV. ...
"Fracción V. ...
"Fracción VI. Tratándose de amparos en que los recurrentes sean menores de edad o incapaces, examinarán los agravios del quejoso supliendo sus deficiencias."
En la exposición de motivos de la iniciativa se dijo:
"En concordancia con la reforma constitucional en vigor, se hace necesario adicionar la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, para dar la debida regulación a lo ordenado por el precepto constitucional.
"La Iniciativa pretende proporcionar protección jurídica para el menor y el incapaz en el juicio constitucional, en la suplencia de la queja, subsanando los defectos de la defensa ejercitada por los representantes de los menores.
"Dicha suplencia significa que la autoridad judicial correspondiente podrá hacer todas aquellas consideraciones de inconstitucionalidad de los actos reclamados, que no se hayan hecho valer en la demanda deficiente.
"El alcance de esta Iniciativa comprende también la suplencia por parte de la autoridad judicial en lo relativo a la aportación de pruebas. De no ser así, dicha suplencia se vería incompleta, ya que es al través de las pruebas como se demuestran los elementos necesarios para el otorgamiento de la protección federal a los menores e incapaces.
"Con el objeto de complementar la presente reforma, se propone el establecimiento de la suplencia de la revisión deficiente. Esta adición consiste en suplir la deficiencia en los agravios planteados para modificar o revocar la resolución judicial recurrida.
"En suma, el propósito esencial de esta Iniciativa es el procurar una protección jurídica eficaz y diligente del menor y del incapaz, cuando la representación de sus intereses sea inadecuada o mal intencionada, y que a causa de ello, se les pudiese causar un perjuicio."
En un primer dictamen emitido por la Quinta Sección de Estudios Legislativos del Senado de la República, que fue la cámara de origen, se vertieron, entre otros, los siguientes conceptos:
"La iniciativa que nos ocupa, al mismo tiempo, comprende la suplencia y perfeccionamiento de las pruebas aportadas en el juicio constitucional que puede hacer la autoridad judicial para hacer más consistentes las bases para el otorgamiento de la protección federal a los menores e incapaces.
"La reforma realizada a la fracción II del artículo 107 constitucional y las que en esta Iniciativa se proponen a los artículos 76, 78, 79 y 91 de la Ley de Amparo, completan la defensa de los menores e incapaces frente a los actos de autoridad que lesionen sus intereses, habilitando a los órganos jurisdiccionales para suplir la deficiencia de la queja, perfeccionar las pruebas con apego a la justicia, las normas jurídicas aplicadas al caso planteado, y ponderar en su real significado los actos de autoridad.
"La Iniciativa que nos ocupa incorpora normas adjetivas a la Ley de Amparo para proteger a los menores y a los incapaces en todos los riesgos que puedan correr por deficiencias en su defensa, en la demanda y en las pruebas, traduciendo la voluntad del Ejecutivo por ampliar el contenido social de nuestro amparo y evitar que, por estos motivos, los intereses de menores e incapaces se vean afectados.
"Analizadas cada una de estas reformas, la suscrita Comisión considera que se apegan a los motivos y fines de la reforma constitucional que se hiciera a la fracción II del artículo 107, volviéndose efectiva y operativa para el cumplimiento de los propósitos antes mencionados."
No obstante, cuando se iba a proceder a la segunda lectura, la Comisión mencionada solicitó y obtuvo el retiro del dictamen, con el propósito de enriquecerlo con las aportaciones hechas por algunas comisiones de la Cámara de Diputados y por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en algunos diálogos llevados a cabo.
Con ese motivo, la indicada Comisión presentó nuevo dictamen, con modificaciones a la iniciativa, del modo siguiente:
"Artículo Primero. Se adiciona con un cuarto párrafo el artículo 76 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:
"Artículo 76. ...
.."Podrá suplirse la deficiencia de la queja en los juicios de amparo en que los menores de edad o los incapaces figuren como quejosos.
."Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 78 de la Ley de Amparo con un tercer párrafo, para quedar como sigue:
"Artículo 78. . . .
."En los amparos en que se controviertan derechos de menores o incapaces, el tribunal que conozca del juicio tendrá como reclamados los actos que aparezcan demostrados aunque no se hayan señalado expresamente en la demanda de garantías.
."Artículo Tercero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:
"Artículo 79. ...
"El juicio de amparo por inexacta aplicación de la ley contra actos de autoridades judiciales del orden civil, es de estricto derecho, salvo los casos de amparos que afecten derechos de menores o incapaces, y, por tanto, la sentencia que en él se dicte a pesar de lo prevenido en este artículo, se sujetará a los términos de la demanda, sin que sea permitido suplir ni ampliar nada en ella.
"Artículo Cuarto. Se adiciona con una fracción sexta, el artículo 91 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:
"Artículo 91.
I a V. ...
."VI. Tratándose de amparos en que los recurrentes sean menores de edad o incapaces, examinarán sus agravios y podrán suplir sus deficiencias y apreciar los actos reclamados y su inconstitucionalidad conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 78.
"Artículo Quinto. Se reforma el segundo párrafo de la fracción II del artículo 161 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:
"Artículo 161. ...
...."Estos requisitos no serán exigibles en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, ni en los promovidos contra sentencias dictadas en controversias contra acciones del estado civil o que afecten el orden y a la estabilidad de la familia."
Como se puede advertir, en el nuevo texto propuesto ya no se encuentra expresamente en el artículo 78, el enunciado que decía: "se tomarán en cuenta las pruebas que aporte el quejoso y las que de oficio recabe la autoridad judicial." Sin embargo, en el propio dictamen se constata que no se tuvo la intención o interés de suprimir esa facultad de la proposición, ya que la Comisión expresó claramente los únicos motivos que tuvo para proponer la modificación, que fueron:
"La Comisión considera que no es conveniente reunir en un mismo párrafo la suplencia de la queja en materia agraria y la relacionada con amparos promovidos por menores o incapaces, en virtud de que, como lo hemos hecho valer anteriormente, las características de esta institución jurídica procesal son diferentes en uno y otro caso. La primera es obligatoria e imperativa; la segunda es potestativa."
Además, se refiere el dictamen a la recabación de pruebas propuestas en la iniciativa, en términos de aceptación, al decir:
"La iniciativa que nos ocupa, al mismo tiempo, comprende la suplencia y perfeccionamiento de las pruebas aportadas en el juicio constitucional que puede hacer la autoridad judicial para hacer más consistentes las bases para el otorgamiento de la protección federal a los menores e incapaces.
"La reforma realizada a la fracción II del artículo 107 constitucional y las que en esta iniciativa se proponen a los artículos 76, 78, 79 y 91 de la Ley de Amparo, completan la defensa de los menores e incapaces frente a los actos de autoridad que lesionen sus intereses, habilitando a los órganos jurisdiccionales para suplir la deficiencia de la queja, perfeccionar las pruebas e interpretar, con apego a la justicia, las normas jurídicas aplicadas y los actos de autoridad.
"La iniciativa que nos ocupa incorpora normas adjetivas a la Ley de Amparo para proteger a los menores y a los incapaces en todos los riesgos que puedan correr por deficiencias en su defensa, en la demanda y en las pruebas...".
El Senado dispensó de segunda lectura al dictamen, y la proposición se aprobó, sin suscitar discusión, por unanimidad de cincuenta votos.
En la Cámara de Diputados, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, presentaron su dictamen, en primera lectura, en sesión celebrada el primero de octubre de mil novecientos setenta y cuatro.
El dictamen es aprobatorio, y también contiene una mención de tácita aceptación, para que en el concepto de la suplencia de la queja en beneficio de los menores y de los incapaces, se entienda comprendida la atribución de los Tribunales para recabar pruebas de oficio, al precisar:"Asimismo, se plantea la necesidad de suplir y perfeccionar las pruebas apuntadas en el juicio de garantías, que potestativamente puede hacer la autoridad juzgadora, con el objeto de tener una base sólida, para poder extender la protección constitucional a los sujetos de este beneficio."
Al referirse a la modificación de la iniciativa en cuanto al enunciado expreso de recabar pruebas, de oficio, se aceptan expresamente las razones expuestas por la Cámara de Senadores, que como ya vimos, no se encaminaron a la supresión de esta facultad.
Una vez que se llevó a cabo la segunda lectura del dictamen se aprobó por unanimidad de ciento setenta y dos votos, sin que haya provocado discusión alguna.
Como se advierte de toda esta exposición, tanto el Congreso Constituyente Permanente como la Legislatura Ordinaria, utilizaron en la reforma en comento un concepto lato de la expresión suplencia de la queja, para incluir en su amplia extensión, no sólo la facultad de invocar argumentos no mencionados por los sujetos tutelados o mejorarles los expuestos, como se vino usando en el juicio de amparo en materia penal, sino también la atribución de recabar pruebas de oficio, como se empleó en el juicio de amparo en materia agraria.
Esto explica que, a pesar de haber quitado de la iniciativa la expresión: "se tomarán en cuenta las pruebas que aporte el quejoso y las que de oficio recabe la autoridad judicial", se siguiera considerando plausible la idea plasmada en la iniciativa, de facultar a los juzgadores de amparo para recabar los elementos de convicción.
En las reformas subsecuentes no ha sido alterada esta situación.
Así, la fracción II del artículo 107 constitucional sólo se reformó mediante decreto de siete de abril de mil novecientos ochenta y seis, donde se fijó la obligatoriedad de suplir la queja; se eliminaron de la Carta Magna los supuestos de su procedencia para dejar su regulación a la ley reglamentaria; pero como excepción se quedó allí lo relativo al juicio de amparo en materia agraria.
Tocante a los mencionados artículos de la Ley de Amparo, ocurrió lo siguiente:
El artículo 76 se reformó por decreto de veintiocho de mayo de mil novecientos setenta y seis, imponiendo el deber de suplir la queja a los menores e incapaces, y por decreto de veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y seis se creó el artículo 76 bis, para reunir allí todos los supuestos de suplencia de la queja.
El artículo 78 se reformó en su párrafo respectivo, por decreto de veintiocho de mayo de mil novecientos setenta y seis, para decir: "En los amparos en que se controviertan derechos de menores o incapaces, el tribunal que conozca del juicio podrá aportar de oficio las pruebas que estime pertinentes", con lo cual se reafirmó la idea sobre el alcance del concepto de suplir la queja, cuando se trate de menores o incapaces.
En mil novecientos ochenta y cuatro se estableció en el tercer párrafo "El juez de amparo podrá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto." La modificación no se explica en la exposición de motivos, pero su texto permite presumir que la pretensión fue la de extender la facultad de recabar pruebas a todos los casos de los elementos que ya obren ante la responsable, pero no la de reducirla respecto a los asuntos en que los menores o incapaces sean quejosos o terceros perjudicados, hipótesis en que no ha existido la indicada limitación.
En mil novecientos noventa y cuatro se cambió el vocablo podrá por deberá, con el claro propósito no manifestado en la iniciativa, de dejar establecido que esa actividad constituye una obligación y no sólo una potestad que el juzgador pueda ejercer o no a su libre albedrío, como se orientaba la jurisprudencia de la Suprema Corte.
Al artículo 79 no se le ha hecho ningún cambio sustancial respecto al tema que tratamos.
Finalmente, los artículos 91 y 161 no han sufrido alteraciones en la parte mencionada.
En cuanto a los principios rectores en materia familiar, y especialmente para protección de los menores y de los incapaces, la tendencia se encamina uniformemente, a considerarlo como una rama del Derecho Social, que por tanto requiere de una normatividad tuitiva, de un procedimiento estructurado de tal modo, que permita y obligue a los Tribunales a investigar con amplias facultades de dirección del proceso, la verdad objetiva de la controversia o materia del juicio, y que se aparte de los formalismos y tecnicismos tradicionales en los conflictos de derecho privado (que inclusive éstos han cambiado) para que los derechos consignados en la ley no queden burlados en ningún caso. Ejemplo de esto lo tenemos en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el que se estructuró una vía especial para las contiendas del orden familiar, confiriendo amplísimas atribuciones a los Tribunales de primera y de segunda instancia para los fines indicados, como se ve en los artículos 940 y siguientes.
En el mismo sentido que este órgano jurisdiccional, se ha pronunciado el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer C
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3147-8c49622b/suplencia-de-la-queja-en-beneficio-de-menores · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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