FIANZAS PENALES. PARA GARANTIZAR LA SANCIÓN PECUNIARIA, NO ES NECESARIO ACOMPAÑAR AL REQUERIMIENTO DE PAGO COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA EJECUTORIA QUE LA IMPONE COMO PENA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 60/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO Y NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: MARÍA DOLORES OMAÑA RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Las consideraciones que sirvieron de sustento, en relación con la materia de esta contradicción, al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo directo números 3839/00, 4509/00, 4109/00, 4009/00, 3979/00 y 5889/00, son las siguientes:
Amparo directo 3839/2000.
Quejoso: Afianzadora Mexicana, S.A.
"SEXTO.-Para mayor claridad, resulta conveniente narrar los antecedentes del acto reclamado: Mediante escrito presentado el uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Fiscal de la Federación, Afianzadora Mexicana, S.A., demandó el requerimiento de pago número 5701, de fecha cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, emitido por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, Subtesorería de Administración Tributaria Mina, Subadministración de Ejecución Fiscal, con cargo a la póliza de fianza número IG-8726, hasta por la cantidad de $3,445.00 (tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos moneda nacional), expedida para garantizar la posible sanción pecuniaria que en su caso pueda imponérsele a ... .-Por acuerdo de seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve se admitió a trámite la demanda; se ordenó correr traslado a la demandada para que produjera su contestación y se tuvieron por ofrecidas y exhibidas las pruebas a que se alude en el escrito inicial.-El diez de marzo de dos mil se tuvo por contestada la demanda y se ordenó correr traslado a la actora a fin de que formulara sus alegatos dentro del término legal.-El veintisiete de abril de dos mil se dictó sentencia definitiva, que determinó que era infundada la pretensión de la parte actora y, en consecuencia, se reconoció la validez de la resolución impugnada.-Inconforme con esa determinación, el actor promovió juicio de amparo del que por turno correspondió conocer al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.-Son fundados los conceptos de violación. En síntesis, aduce la quejosa que se violan los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, en relación con los artículos 237 y 238, fracciones II y IV, del Código Fiscal de la Federación, porque la Sala responsable los violó en perjuicio de su representada al considerar infundado el primer concepto de nulidad que se hizo consistir en la falta de motivación y fundamentación del requerimiento de pago combatido, al omitir la autoridad especificar de una manera detallada en el mismo requerimiento los hechos u omisiones que motivaron la formulación del requerimiento de pago combatido, ni tampoco señaló cómo se actualizan los supuestos contemplados en los artículos en los que fundamenta el mismo al caso concreto; en el tercer considerando de la resolución combatida declaró infundado el primer concepto de nulidad, argumentando que la autoridad demandada al momento de formular su requerimiento de pago lo fundamentó y motivó debidamente, ya que mencionó los artículos 95, 93, 93 bis y 130 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y acompañó los documentos con los que se pretende justificar la exigibilidad del crédito, así como el incumplimiento de la obligación a cargo de su representada y que por tal quedó demostrada la actualización de los supuestos contemplados en los artículos 130 y 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; que dada la naturaleza de la obligación garantizada, la autoridad debió haber acompañado a su requerimiento de pago la resolución en la cual se le condenara al fiado de su representada al pago de la sanción pecuniaria, sin embargo, la responsable sostiene que dicho concepto de nulidad deviene por demás en infundado, ya que para hacer exigible la póliza de fianza, se hace necesario solamente que la autoridad demandada acredite los extremos del artículo 130 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; que es indispensable que se acompañe dicha sentencia de requerimiento de pago correspondiente para justificar la exigibilidad de la fianza de que se trata.-En efecto, de las constancias que obran en autos se aprecia que la póliza de fianza número IG-08726, fue expedida por la cantidad de tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos a nombre de ... en términos del artículo 20 constitucional, para efectos de garantizar el monto de la posible sanción pecuniaria que pudiera relacionarse con el delito de robo por el que se le sigue el proceso 105/99 en el Juzgado Quincuagésimo Quinto de Paz Penal en el Distrito Federal.-Por otra parte, de autos se advierte que el doce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve se notificó por medio de oficio número 5701 a la promovente la resolución de cuatro de noviembre del mismo año, en la cual se le requería para que dentro del término de treinta días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación del presente requerimiento, acudiera a efectuar el pago del importe de la póliza de fianza; posteriormente, mediante oficio 1168 el Juez Quincuagésimo Quinto de Paz Penal del Distrito Federal remitió diversas constancias en copias certificadas, a fin de que se iniciara procedimiento económico-coactivo al tesorero del Distrito Federal. Dichas constancias consistieron en copia de la póliza de fianza número IG-08726; el auto donde se concedió la libertad provisional y donde se exhibió el billete de depósito número K082192 que ampara la cantidad de tres mil pesos, así como la póliza de fianza número IG-08726, por concepto de sanción pecuniaria; escrito del agente del Ministerio Público quien solicitó se revocara la libertad provisional, toda vez que el procesado no se presentó a firmar, proveído en que se solicita que se gire oficio a la Afianzadora Mexicana para efecto de que presentara al inculpado en un término no mayor de diez días hábiles, apercibido el representante legal de la afianzadora con hacer efectivas las garantías en caso de no presentarlo; y auto de dos de agosto del mismo año donde se ordenó hacer efectivas las fianzas por concepto de libertad provisional y la que garantiza la sanción pecuniaria.-De lo expuesto se desprende que el Juez de la causa revocó la libertad provisional concedida al inculpado y se hizo efectiva dicha garantía, al igual que la póliza de fianza que le fue otorgada para garantizar el cumplimiento de las posibles sanciones pecuniarias, lo que indica que se trata de diferentes fianzas, pues una se hace efectiva cuando se incumple con las obligaciones contraidas al obtener el beneficio de la libertad bajo caución y la segunda que debe hacerse efectiva cuando ya se dictó sentencia y quedó firme la sanción impuesta, lo que hasta este momento no ha acontecido.-Además, de la interpretación del texto del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se aprecia que para hacer efectiva la póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las posibles sanciones pecuniarias a imponer basta la remisión de ésta, acompañada de copia autorizada de la sentencia en que se contiene la imposición de la sanción aludida a la Tesorería de la Federación, para que se exija su cumplimiento a la institución autorizada que la expidió.-Por lo que es claro que la Sala pasó por alto que el motivo de la litis era la fianza que fue otorgada para garantizar la sanción pecuniaria que pudiera relacionarse por el delito de robo y no la que se exhibió para la libertad provisional, por lo que el análisis era respecto a la primera póliza de fianza de las mencionadas, ya que éstas deben exigirse en forma separada, así como fueron exhibidas y, como ya se dijo, para hacer efectiva dicha fianza era necesario que se dictara la sentencia, pues el artículo 95, fracción II, segundo párrafo, de la ley de referencia, establece que se anexaran los documentos que justifiquen la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza, lo que no ocurrió en el caso que se trata, pues de autos se aprecia que hasta ese momento procesal en que se encuentra la causa, se está en espera de que se cumpla con la orden de reaprehensión, lo cual indica que no puede hacerse exigible la póliza de fianza que garantiza la posible sanción pecuniaria que pudiera imponérsele al momento del dictado de la sentencia y de ahí la ilegalidad de la resolución impugnada.-Luego, la Sala responsable, al mencionar que como se revocó la libertad provisional, debía hacerse efectiva la póliza de fianza en cuestión; su consideración resulta inexacta, pues al apoyar su determinación en el artículo 569 del Código de Procedimientos Penales, que establece que: ‘En caso de revocación de la libertad caucional se mandará reaprehender al procesado y, salvo la causa prevista en la fracción IV del artículo 568 de este código, se hará efectiva a favor de la víctima o del ofendido por el delito la garantía relativa a la reparación del daño; las que versen sobre las sanciones pecuniarias y para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso, se harán efectivas a favor del Estado.’, no hizo una correcta interpretación de tal precepto.-En las relatadas condiciones, procede conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados."
Amparo directo 4509/2000.
Quejoso: Afianzadora Sofimex, S.A., Grupo Financiero Sofimex.
"SEXTO.-Son fundados los conceptos de violación.-En síntesis, aduce la quejosa que se violan los artículos 237 y 238; que dejó de observar lo establecido en el artículo 95, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones de Fianzas, el cual establece que los requerimientos que se realicen a las instituciones de fianzas deberán estar debidamente motivados y fundados, acompañando los documentos que justifiquen la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza; que de igual forma dejó de observar lo establecido en el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación; lo anterior es así, en virtud de que al considerar la Sala que para justificar la exigibilidad de la obligación garantizada bastaba que la autoridad acompañara copia del oficio a través del cual el Juez Décimo Noveno de lo Penal del Distrito Federal solicita a la Tesorería del Distrito Federal que se hagan efectivas las pólizas de fianza No. 346497 y 346498 que sirvieron para garantizar la posible reparación del daño y la posible sanción pecuniaria, por lo que es claro que las citadas pólizas se encontraban condicionadas para su exigibilidad a que efectivamente existiera dicha sanción pecuniaria y la reparación del daño, por lo que, en el caso, la autoridad no acreditó y mucho menos anexó a su requerimiento de pago las sentencias en las que se demostrara la existencia de la sanción pecuniaria y la reparación del daño, es evidente que la misma no motivó ni fundamentó debidamente el acto.-En efecto, de las constancias que obran en autos se aprecia que las pólizas de fianzas números 346498 y 346497 fueron expedidas: la primera por la cantidad de ciento veinte mil pesos para garantizar la posible sanción pecuniaria que en su caso pueda imponérsele y la segunda por la cantidad de dos mil pesos para garantizar la posible reparación del daño, expedidas a nombre de ... en el proceso 67/96 por el delito de fraude.-Por otra parte, de autos se advierte que el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve se notificó por medio del oficio número RD/572 el requerimiento de pago de las pólizas números 346498 y 346497 a la promovente; al mismo se anexaron las siguientes constancias: el oficio 1456 suscrito por el Juez Décimo Noveno Penal del Distrito Federal en el que informa al tesorero del Distrito Federal que se hagan efectivas las pólizas de fianza de referencia; copias de las pólizas; el auto de ocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete, mediante el cual se revocó la libertad provisional y se ordenó la reaprehensión del procesado, por lo que se le requirió al representante legal de Afianzadora Sofimex, S.A., a efecto de que presente a su fiado dentro de los quince días siguientes a la notificación del presente proveído, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se harían efectivas las fianzas 346497, 346498 y 346499; el proveído de ocho de junio de mil novecientos noventa y ocho, en el que se ordena hacer efectivas las fianzas exhibidas por el procesado; la número 346449 por la cantidad de ciento cincuenta mil pesos que sirvió para garantizar la libertad provisional del procesado; la número 346497 por la cantidad de doscientos mil pesos que sirvió para la reparación del daño; así como la número 346498 por la cantidad de ciento veinte mil pesos que sirvió para garantizar la posible sanción pecuniaria, constancias que fueron remitidas en copias certificadas.-De lo expuesto se desprende que el Juez de la causa revocó la libertad provisional concedida al inculpado y se hicieron efectivas las garantías que le fueron otorgadas para garantizar el cumplimiento de las posibles sanciones pecuniarias y la reparación del daño, lo que indica que se trata de fianzas que fueron exhibidas para garantizar diferentes perjuicios, de las cuales podrá determinarse el monto y hacerse efectivas cuando ya se dictó sentencia y quedó firme la sanción impuesta, lo que hasta este momento no ha acontecido.-Además, de la interpretación del texto del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se aprecia que para hacer efectiva la póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las posibles sanciones pecuniarias y la reparación del daño, basta la remisión de éstas, acompañadas de copia autorizada de la sentencia en que se contiene la imposición de las sanciones aludidas a la Tesorería de la Federación, para que se exija su cumplimiento a la institución autorizada que las expidió.-Por lo que si las fianzas que fueron otorgadas para garantizar la sanción pecuniaria y para la reparación del daño que pudiera relacionarse por el delito de fraude, es evidente que éstas deben hacerse efectivas una vez que se haya dictado sentencia y no porque se revoque la libertad provisional que le fue concedida, por lo que en esa circunstancia la tesorería tenía que haber exigido la póliza que fue exhibida para garantizar la libertad provisional y no así las que mencionó en el requerimiento de pago de fecha veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, pues éstas deben exigirse en forma separada, así como fueron exhibidas y, como ya se dijo, para hacer efectivas dichas fianzas era necesario que se dictara la sentencia, pues el artículo 95, fracción II, segundo párrafo, de la ley de referencia, establece que se anexarán los documentos que justifiquen la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza, lo que no ocurrió en el caso que se trata, pues de autos de aprecia que hasta ese momento procesal en que se encuentra la causa se está en espera de que cumpla con la orden de reaprehensión, lo cual indica que no pueden hacerse exigible las pólizas de fianzas que garantizan la posible sanción pecuniaria y la reparación del daño que pudiera imponérsele al momento del dictado de la sentencia y de ahí la ilegalidad de la resolución impugnada.-En las relatadas condiciones, al ser fundados sus conceptos de nulidad, procede conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados."
Amparo directo 4109/2000.
Quejoso: Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte.
"SEXTO.-Son fundados sus conceptos de violación.-En síntesis, aduce la quejosa que la sentencia impugnada viola en perjuicio de su representada la garantía contenida en el artículo 14 constitucional, en su párrafo cuarto, que en la especie lo es la de legalidad y de seguridad jurídica, en virtud de que la autoridad responsable omite aplicar la ley correspondiente, privando a su poderdante de sus derechos, mediante una resolución que no es acorde con la interpretación jurídica; que no se cumple con el requisito de exigencia de ley, pues la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece las disposiciones bajo las cuales se rigen todos los actos realizados y vinculados con las instituciones de fianzas y especifica, entre ellas, de manera clara, en sus artículos 95 y 117 la forma en la cual las afianzadoras serán requeridas por la autoridad ejecutora; la responsable no estudió en la forma en que estaba planteada la causa de nulidad, ya que el punto esencial de la misma es que la Tesorería del Distrito Federal acreditó el requerimiento de pago presentado en contra de su representada; que la obligación que se garantizó fue la sanción pecuniaria, pasando por alto lo dispuesto por el artículo 37 del Código Penal; que la reparación del daño y la sanción pecuniaria se mandarán hacer efectivas en la misma forma que la multa, es decir, una vez que la sentencia imponga tal reparación y ésta cause ejecutoria; que el requerimiento de pago que se haga para hacer efectiva la póliza es ilegal y totalmente improcedente, toda vez que aún no es exigible dado el carácter accesorio de la garantía otorgada, ya que al no haberse cumplido la condición de exigibilidad que se pactó dentro de la póliza, lo cual se cumplirá hasta el momento en que se resuelva en sentencia definitiva, en virtud de que dicha resolución si no está firme, no puede considerarse verdad legal hasta ese momento; que se viola la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 constitucional.-En efecto, de las constancias que obran en autos se aprecia que la póliza de fianza número RCO-000705I fue expedida a nombre de ... por la cantidad de tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos para garantizar la sanción pecuniaria y por la cantidad de seis mil ochocientos noventa pesos por el delito de robo, con la obligación de comparecer ante el Ministerio Público en averiguación previa 53/99/99-02, y al efecto la compañía se obliga a pagar en términos de ley siempre y cuando la fianza se haga exigible para ello.-Por otra parte, de autos se advierte que el nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, por medio del oficio número 1966 el Juez de la causa penal 56/99, le informó al tesorero del Distrito Federal que se hicieran efectivas las pólizas de fianzas RCO-0007094 por la cantidad de seis mil ochocientos noventa pesos, que sirvió para las obligaciones procesales y la RCO-0007051 por la cantidad de diez mil trescientos treinta y cinco pesos que sirvió para la sanción pecuniaria (foja 16).-Mediante proveído de veintiuno de abril de mil novecientos noventa y nueve, el Juez manifestó que el procesado ... incumplió en forma grave con las obligaciones contraidas con el juzgado, al no haber exhibido ante esa autoridad las garantías que se le fijaron para seguir gozando de su libertad provisional, por lo que con fundamento en los artículos 567, 568, fracción I, 569, 575 y 477, fracción I, del Código de Procedimientos Penales, se revocó la libertad provisional y, en consecuencia, se ordenó su reaprehensión y se requirió a la compañía afianzadora para que presentara en el local del juzgado al fiado y se le apercibió que de no hacerlo se mandarían hacer efectivas las fianzas exhibidas ante el agente del Ministerio Público, por la cantidad de diez mil trescientos treinta y cinco pesos y seis mil ochocientos noventa pesos (fojas 17-18).-El veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve, el Juez ordenó hacer efectivas las garantías exhibidas por el indiciado para gozar de su libertad provisional; se giró oficio al director general de Bienes Asegurados de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que a la brevedad posible remitiera las pólizas de fianzas con números de folio RCO-0007051 y RCO-0007094, expedidas por Fianzas Banorte; que una vez recibidas, se remitieron al tesorero del Distrito Federal y procedió a hacer efectivas dichas pólizas a favor del Estado en términos del artículo 569 del código adjetivo penal.-De lo expuesto se advierten dos cuestiones: la primera, que mediante auto de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve, el Juez de la causa ordenó hacer efectivas las pólizas de fianzas RCO-0007051 y RCO-0007094; y la segunda es que de las constancias que remite el Juez únicamente se aprecia la primera de las mencionadas, en la cual se advierte que en la misma póliza se fijó una cantidad para garantizar la sanción pecuniaria por la cantidad de tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos y la segunda cantidad por seis mil ochocientos noventa pesos por la obligación de comparecer ante la autoridad de referencia.-Luego, por lo que se refiere a la sanción pecuniaria, para que ésta pueda hacerse efectiva es necesario que se dicte sentencia y quede firme la sanción impuesta, lo que hasta este momento no ha acontecido; además, del texto del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se aprecia que para hacer efectiva la póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las posibles sanciones pecuniarias a imponer, basta la remisión de ésta acompañada de copia autorizada de la sentencia en que se contiene la imposición de la sanción aludida a la Tesorería de la Federación, para que se exija su cumplimiento a la institución autorizada que la expidió.-Por lo que la Sala responsable, al mencionar que en la póliza no se constata que haya quedado condicionada a una sentencia, pues la misma no constituye documento de cuya ausencia se afecte el interés jurídico; al respecto debe decirse que resulta incorrecta su consideración, ya que es necesario que se dicte una sentencia en la que se contenga la imposición de la sanción, ya que de no ser así no se puede hacer efectiva dicha póliza.-Respecto a la segunda obligación, ésta se hace efectiva desde el momento en que la promovente incumplió con las obligaciones contraídas ante la autoridad de referencia, pero, como ya se mencionó, si ésta se hace efectiva desde el momento en que se incumplió con lo convenido, también resulta que respecto de las garantías que se exhiben para las posibles sanciones pecuniarias, éstas se hacen efectivas una vez que se haya dictado la sentencia, la cual se anexa al requerimiento de pago que se formule.-Por lo que la Sala responsable pasó por alto que se trata de dos obligaciones diferentes y, por tanto, la sentencia reclamada que no lo consideró así es violatoria de garantías individuales en perjuicio de la quejosa, pues el requerimiento de pago no se ajusta a la garantía de legalidad prevista en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.-En las relatadas condiciones, procede conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados."
Amparo directo 4009/2000.
Quejoso: Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte.
"SÉPTIMO.-Son sustancialmente fundados y suficientes para los fines que su expresión procura los conceptos de violación hechos valer por la persona moral quejosa, con base en las siguientes consideraciones.-Aduce la quejosa que la sentencia reclamada deviene inconstitucional en virtud de que la Sala responsable violó en perjuicio de su representada las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso legal, al considerar infundados los conceptos de nulidad hechos valer, en los que sustancialmente se alegó que el requerimiento de pago combatido es improcedente en razón de que no se ha cumplido con la condición de exigibilidad, al no haberse dictado sentencia mediante la cual se haya declarado culpable al fiado, se le impusiera sanción pecuniaria y que ésta hubiera causado estado.-De las constancias que obran en autos se aprecia que la póliza de fianza número AGMP-0001496, reza al tenor literal siguiente: ‘Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los artículos 5o. y 6o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la cantidad de $3,020.00 (tres mil veinte pesos 00/100 M.N.).-Por: ... Ante: La Agencia Investigadora Número 14 del Ministerio Público dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en contra de quien se instruye la averiguación previa 14/4174/98-11. Por el delito de robo conforme al artículo 556 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Distrito Federal. Clasificada en la siguiente forma: por el concepto de la fracción II. La sanción pecuniaria hasta por la cantidad de $3,020.00 (tres mil veinte pesos 00/100 M.N.). La compañía se obliga a pagar en los términos de la ley siempre y cuando la fianza se haga exigible para ello ...’.-Mediante oficio sin número de veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y nueve, el administrador tributario en Mina requirió a la persona moral actora el pago de tres mil veinte pesos garantizados por la póliza de fianza supratranscrita, anexando para tal efecto la siguiente documentación: 1) copia del oficio número 2013 de fecha veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve, por el que la Juez Décimo Cuarto de Paz Penal del Distrito Federal notificó a la Tesorería del Distrito Federal que el nueve de junio de la propia anualidad se revocó la libertad provisional al fiado y se ordenó su reaprehensión, en razón de haber incumplido con las obligaciones procesales y remitió al efecto copia de la correspondiente póliza de fianza para que se hiciera efectiva a favor del Estado; 2) copia de la póliza de fianza número AGMP-0001496; 3) copia del oficio 1166 por el que se requirió a la afianzadora presentara al fiado, razón, acuerdo y notificación de ocho de abril de mil novecientos noventa y nueve; 4) copia de certificación y acuerdo de fecha nueve de junio de mil novecientos noventa y nueve en el que la juzgadora natural revocó el beneficio de la libertad provisional al fiado.-De lo anterior se desprende que ante el incumplimiento de la institución afianzadora de presentar al inculpado, el juzgador revocó el beneficio de la libertad provisional otorgado y ordenó se hiciera efectiva, en el caso en análisis, la póliza que le fue exhibida para garantizar el cumplimiento de las posibles sanciones pecuniarias, obligación que se hace exigible cuando ya se dicte sentencia, la que hasta este momento no existe constancia de que se haya dictado.-Además, del texto del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se desprende que para hacer efectiva la póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las posibles sanciones pecuniarias a imponer, basta la remisión de ésta, acompañada de copia autorizada de la sentencia en que se contiene la imposición de la sanción aludida a la Tesorería de la Federación, para que se exija su cumplimiento a la institución autorizada que la expidió.-Precisado lo anterior, resulta que la Sala Regional Metropolitana del conocimiento pasó por alto el requisito de que para hacer efectiva dicha fianza era necesario que se dictara la sentencia, pues el artículo 95, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece que al requerimiento de pago que se formule se anexarán los documentos que justifiquen la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza, supuesto que no se actualizó en el caso que se trata, pues de autos se desprende que, hasta ese momento, el estado procesal se encuentra en la fase de instrucción y suspenso el procedimiento por virtud de estar en espera del cumplimiento de la orden de reaprehensión, lo cual indica que no puede hacerse exigible la póliza de fianza que garantiza la posible sanción pecuniaria que pudiera imponérsele al momento del dictado de la sentencia, de ahí la ilegalidad de la resolución impugnada.-Luego, la determinación de la Sala responsable de considerar que al revocar la libertad provisional nace la posibilidad de hacer efectiva la póliza de fianza en comento, resulta inexacta, pues al apoyar su determinación en el artículo 569 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que establece: ‘En caso de revocación de la libertad caucional se mandará reaprehender al procesado y, salvo la causa prevista en la fracción IV del artículo 568 de este código, se hará efectiva a favor de la víctima o del ofendido por el delito la garantía relativa a la reparación del daño; las que versen sobre las sanciones pecuniarias y para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso, se harán efectivas a favor del Estado.’, realizó una incorrecta interpretación de dicho precepto legal.-En las relatadas condiciones, ante lo sustancialmente fundado del concepto de violación analizado, procede otorgar a la institución afianzadora quejosa el amparo y protección que de la Justicia Federal solicita."
Amparo directo 3979/2000.
Quejoso: Institución de Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte.
"SÉPTIMO.-Por cuestión de método se estudiará, en primer lugar, el segundo concepto de violación.-En síntesis, la quejosa adujo que la sentencia que emitió la Sala responsable la dejó en estado de indefensión, ya que en ésta se consideró que el requerimiento de pago impugnado es procedente, lo que a su dicho es inexacto, puesto que la legislación correspondiente obliga a la autoridad a acompañar a ese documento todos aquellos que justifiquen su procedencia, de tal forma que ese mandamiento esté debidamente fundado y motivado.-El concepto de violación reseñado resulta fundado y para sostener esta afirmación resulta conveniente, en primer lugar, analizar que las fianzas RCO-003194 y RCO-003404 expedidas el once de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, a favor de ... respectivamente, se otorgaron para garantizar la sanción pecuniaria que pudiera nacer de la resolución que recayera al proceso penal que por el delito de fraude
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7578-3c232d59/fianzas-penales-para-garantizar-la-sancion-pecuniaria-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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