Corpus
Modo: Corpus Pro

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA "IGNACIO CHAVEZ". NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/93. · Registro digital (IUS): 8
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, , Pág. 108.

CONTRADICCION DE TESIS 36/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 25, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se trata de una denuncia de posible contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer, en segunda instancia, de juicios de amparo en materia administrativa.

SEGUNDO.-El criterio que sostiene el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se contiene en su resolución de veintitrés de mayo de mil novecientos noventa, pronunciada en el amparo en revisión número 1923/89, y señala en lo conducente:

"SEXTO.-En las relacionadas condiciones, únicamente será objeto de examen por parte de este tribunal, los actos reclamados al director y al Consejo Consultivo ambos del Instituto Nacional de Cardiología 'Ignacio Chávez', según se desprende de los agravios propuestos en esta instancia. En calidad de agravio aduce el quejoso que la Juez a quo, indebidamente aplicó la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la fracción II del artículo 5o., ambos de la Ley de Amparo, y 103 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por considerar que el director y el Consejo Consultivo ambos del Instituto Nacional de Cardiología, no son autoridades para efectos del amparo, porque al no haber cumplido el quejoso determinados requisitos para continuar su residencia como médico ayudante de tiempo completo en dicha Institución, los actos consistentes en las órdenes, acuerdos o resoluciones a efecto de que se le destituya de su puesto, son de carácter meramente académico. Es infundado el agravio propuesto al conocimiento de este tribunal revisor por las siguientes razones: El artículo 103 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: (lo transcribe). Este precepto constitucional tiene una redacción similar al artículo 1o., fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que dice: (lo transcribe). La Constitución seguida por la Ley de Amparo, establece los casos en que puede promoverse el juicio de garantías, en el primer supuesto que es el que nos interesa, es aquel en que se violen por las autoridades federales o locales los derechos fundamentales de las personas. Un elemento muy importante en este supuesto de procedencia, es el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la tesis jurisprudencial número trescientos, visible en la página quinientos diecinueve de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, lo siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.-El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.'. En términos de esta tesis el concepto de autoridad para efectos del amparo comprende: 1) A todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública. 2) Dicha disposición puede ser por circunstancias legales o de hecho. 3) Tales personas están en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. De esta manera la disposición de la fuerza pública deriva precisamente, de la circunstancia de pertenecer al Estado, es decir, de ser órganos del Estado de quien emana el acto reclamado. En este sentido, la regla general para determinar la procedencia del juicio de amparo con respecto al término de autoridad, es que el acto reclamado provenga de un órgano del Estado, frente al cual el particular se encuentra en situación de gobernado. Así, los organismos que poseen personalidad jurídica propia y patrimonio propio, difieren del Estado mismo y por tanto no tienen el carácter de autoridad para los efectos del amparo, según ha sido determinado por el Poder Judicial de la Federación en numerosas ejecutorias, entre las que podemos mencionar las relativas a 'Transportes Eléctricos del Distrito Federal, Servicio de', visible en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, Volumen CXXI, página cincuenta, y 'Comisión Federal de Electricidad, no es autoridad para los efectos del Amparo', publicada en el Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos setenta y ocho, página doscientos treinta y nueve de la Tercera Parte. Consecuentemente, los organismos descentralizados no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de garantías, salvo aquellos que pertenecen a los organismos fiscales autónomos, excepción establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, con el número 1761, Segunda Parte, página dos mil ochocientos veintiocho, que es del tenor literal siguiente: 'SEGURO SOCIAL, EL INSTITUTO MEXICANO DEL, ES AUTORIDAD'. (la transcribe). En el caso concreto, el quejoso señaló como autoridades responsables en su demanda de garantías al director y al Consejo Consultivo, ambos del Instituto Nacional de Cardiología 'Ignacio Chávez'. (espacio en blanco) o es un organismo descentralizado (espacio en blanco) atención médica a los enfermos (espacio en blanco) indigentes o de escasos recursos económicos; el (espacio en blanco) y aplicación de las medidas preventivas; la orientación vocacional y la reeducación profesional de los enfermos cardiovasculares; la enseñanza de los conocimientos médicos de la especialidad; la investigación científica y la aplicación de medidas de ayuda social, conforme al artículo 1o. de la ley que crea el Instituto Nacional de Cardiología, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintitrés de junio de mil novecientos cuarenta y tres. El Instituto Nacional de Cardiología tiene personalidad jurídica para todos los efectos legales y un patrimonio propio, según lo establece el artículo 2o. de la citada ley. Ahora bien, al ser el mencionado Instituto un organismo descentralizado que funciona con independencia de cualquier órgano de autoridad estatal y cuyo objeto consiste esencialmente, en la atención médica a enfermos, el estudio y enseñanza de la especialidad cardiovascular y la investigación científica; contando para la realización de ese objetivo con patrimonio propio, personalidad jurídica y una organización interna independiente del Estado, no es autoridad para efectos del amparo. Por tanto, el juicio de amparo interpuesto en contra de los funcionarios de un organismo descentralizado, resulta improcedente, excepción hecha de cuando actúe como organismo fiscal autónomo, caso en el que sí es autoridad para efectos del juicio de garantías, de esta manera, sus demás actuaciones se equiparan a actos de particulares por carecer del imperio necesario para asegurar la ejecución de sus decisiones o mandatos. Es de concluirse que la Juez a quo invocó en forma correcta la causal de improcedencia que contempla la fracción XVIII del artículo 73 en relación con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que se impone confirmar la sentencia recurrida, respecto al sobreseimiento de los actos reclamados al director y al Consejo Consultivo ambos del Instituto Nacional de Cardiología 'Ignacio Chávez'".

TERCERO.-Por otra parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la resolución dictada el trece de septiembre de mil novecientos noventa, en el amparo en revisión 1684/90, sustenta en lo conducente:

"QUINTO.-Es fundado el argumento hecho valer por la revisionista, en su único concepto de agravio. Aduce el recurrente que el a quo no apreció el acto reclamado tal como efectivamente fue planteado, pues lo que en realidad impugnó el solicitante del amparo fueron omisiones de la autoridad, mismas que se dan de momento a momento, esto es, que aún hoy se siguen verificando, por lo cual, concluir como lo hizo el Juez federal, que el juicio de amparo es improcedente en términos de la fracción XII del artículo 78 (sic) de la Ley de Amparo, resulta erróneo. Asiste la razón al particular, ya que si bien es cierto que el propio quejoso manifestó en el capítulo de antecedentes de su demanda, que el director del Instituto Nacional de Cardiología lo había expulsado de dicha Institución el veintiocho de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, también lo es que lo realmente reclamado en este juicio, no es dicha expulsión, sino la omisión de la autoridad de entregarle la constancia de haber concluido su primer año de especialidad y la negativa a contestar su solicitud en el sentido de que le permita concluir sus estudios de especialidad, lo cual se traduce en actos negativos, respecto de los cuales no puede existir consentimiento al no haberse interpuesto el amparo dentro del término establecido en el artículo 21 de la ley de la materia, ya que es precisamente el transcurso del tiempo sin que la autoridad cumpla con lo solicitado por el particular, lo que actualiza el derecho del gobernado a promover el juicio constitucional. Así, al haber resultado fundado el agravio hecho valer por el revisionista, lo procedente, de conformidad con la fracción III, del artículo 91, de la Ley de Amparo, es revocarlo y hacerse cargo, en primer término, de las diversas causales de improcedencia hechas valer por el director general del Instituto Nacional de Cardiología, en sus diversos escritos de diecinueve de febrero y veintiocho de marzo del año en curso. En principio, propone la responsable que el presente asunto sea sobreseído por improcedente, en virtud de que el Instituto Nacional de Cardiología no es autoridad para los efectos del juicio de amparo. Es inoperante dicho argumento. En efecto, el director del Instituto Nacional de Cardiología, según las facultades que le otorga directamente la fracción I, del artículo 10 de la Ley del Instituto, ejerce una autoridad administrativa que le es propia y tiene la representación del poder público dentro de su jurisdicción en virtud de la cual obra. Además, el ramo de la asistencia social y la educación superior a que se dedica este organismo descentralizado constituye un servicio público, y el Instituto es el establecimiento donde se presta ese servicio público, siendo por tanto, la persona encargada de dirigirlo una autoridad en la esfera de su competencia. Esto es así, ya que por autoridad debe entenderse toda persona investida por la ley, para dictar o dejar de dictar según su propio criterio y bajo su responsabilidad, determinaciones de cumplimiento obligatorio, sin que pueda alegarse que carezca de fuerza pública para hacer respetar sus decisiones, pues el solo hecho de que con pretendido fundamento en alguna disposición legal haya tomado determinaciones o bien dictado o dejado de dictar resoluciones que, provoquen perjuicio de cualquier forma a terceros, pone de relieve su carácter de autoridad, ya que, con tales actuaciones está sujetando al quejoso al imperio de su resolución, máxime si se atiende a que en contra de la omisión de la autoridad responsable, el quejoso carece de algún otro medio de defensa. En otro aspecto, también considera la responsable que, en el caso, surte la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 73, de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados en este asunto, fueron materia del diverso juicio de amparo 348/87, promovido ante el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Carece de veracidad lo afirmado por la autoridad, en virtud de que, de la simple lectura de los actos reclamados en éste y aquél juicio, se advierte que son actos diversos. En efecto, de las copias exhibidas por la propia autoridad se advierte que, mientras en el asunto tramitado ante el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, lo que se reclamó al director del Instituto Nacional de Cardiología fue la ejecución de las órdenes, acuerdos o resoluciones que hayan dictado a efecto de que se destituyera a Justo Ortego Ezquerro como médico ayudante de tiempo completo de primer año en dicho Instituto, en este asunto lo que se impugna es la omisión de la autoridad a entregar al quejoso la constancia de haber terminado el primer año de la especialidad de Cardiología y la negativa a contestar su solicitud en el sentido de que le permita concluir sus estudios de especialidad. En consecuencia, al no darse el supuesto de la fracción III del citado precepto legal respecto a que se trate en la especie, del mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, es claro que no se actualiza la causa de improcedencia que invoca la autoridad. SEXTO.-No existiendo alguna otra causal de improcedencia qué analizar, este tribunal, en sustitución del Juez Federal que conoció del asunto, con fundamento en el ya citado artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se avoca al estudio de los conceptos de violación hechos valer por el solicitante del amparo, ..."

CUARTO.-Con el propósito de establecer y delimitar la materia de la contradicción, se estima conveniente hacer una síntesis de las características de los asuntos sometidos al conocimiento de cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados.

I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, conoció del amparo en revisión número 1923/89 promovido por Justo Ortego Ezquerro y pronunció su resolución el veintitrés de mayo de mil novecientos noventa. De los antecedentes de ese asunto cabe destacar que como autoridades responsables se señalaron, entre otras, al director y al Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez". Como actos reclamados se les atribuyeron los siguientes: "5. Del director del Instituto Nacional de Cardiología 'Ignacio Chávez', reclamo: la ejecución de las órdenes, acuerdos o resoluciones que hayan dictado a efecto de que se me destituya del puesto que ocupaba como médico ayudante de tiempo completo de primer año en dicha Institución, por el secretario de Salud, o por el Consejo Consultivo de dicho Instituto, o las órdenes, acuerdos o resoluciones que haya dictado el mismo director, Jorge Soní a efecto de no prorrogar mi estancia a un segundo año después de haber cumplido con un año de labores como médico ayudante de tiempo completo de primer año en cardiología, especialización para satisfacer lo establecido en el artículo 5o. de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, por lo cual, de dicho director, así reclamo, la reinstalación en mis labores de médico ayudante de tiempo completo que venía desempeñando, reinstalación que debe ser retroactiva a la fecha de expedición de mí título profesional de médico-cirujano que haga el mencionado rector. 6. Del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Cardiología 'Ignacio Chávez', reclamo: las órdenes, acuerdos o resoluciones que haya dictado a efecto de que se me destituya del puesto de médico ayudante de tiempo completo que venía ocupando en el mencionado Instituto."

Del juicio de amparo conoció en primera instancia, con el número 348/87, la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, la que por resolución de fecha tres de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, sobreseyó en el juicio por lo que respecta al director y al Consejo Consultivo antes mencionados, al considerar lo siguiente: "Con independencia de las causales de improcedencia que hacen valer las dependencias del Instituto Nacional de Cardiología 'Ignacio Chávez' la suscrita estima que, por cuanto hace a las mismas, el juicio deviene improcedente de conformidad con lo establecido en los artículos 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo con relación a lo previsto por el artículo 5o. fracción II, del mencionado ordenamiento jurídico, y 103 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos siguientes: de conformidad con el artículo 1o. inciso 'D' de la ley que crea el Instituto Nacional de Cardiología, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de mil novecientos cuarenta y tres, uno de los objetivos fundamentales de dicho Instituto consiste en: 'Artículo 1o. (lo transcribe)'. Ahora bien, y como se encuentra probado en autos a foja sesenta y cinco del expediente el hoy quejoso presentó una solicitud de beca o permiso de asistencia como ayudante de tiempo completo en dicho Instituto, solicitud que le fue ratificada el veinticuatro de enero de mil novecientos ochenta y tres. Por otra parte el artículo 1o. del Reglamento de Médicos Ayudantes de Tiempo Completo confiere el derecho fundamental de adquirir preparación especializada en cardiología, para lo cual se deben de cumplir con determinados requisitos académicos que el propio reglamento y la ley establecen, en tal virtud y dado que el acto que reclama el quejoso es consecuencia de la falta de cumplimiento de dichos requisitos, se desprende que dicho acto es de carácter meramente académico, en consecuencia, las dependencias que lo dictaron actuaron con ese carácter y carecen de las características que requiere la autoridad responsable para efectos del juicio de garantías."

Al conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia antes mencionada, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito al considerar, en síntesis, que el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" no es autoridad para efectos del amparo por tratarse de un organismo descentralizado que funciona con independencia de cualquier órgano de autoridad estatal, cuyo objeto consiste, esencialmente, en la atención médica a enfermos, el estudio y enseñanza de la especialidad cardiovascular y la investigación científica, contando para la realización de ese objeto con patrimonio propio, personalidad jurídica y una organización interna independiente del Estado. Por tanto, agregó dicho Tribunal Colegiado, el juicio de amparo interpuesto en contra de los funcionarios de un organismo descentralizado, resulta improcedente, excepción hecha de cuando actúe como organismo fiscal autónomo, caso en el que sí es autoridad para efectos del juicio de garantías, de esta manera, sus demás actuaciones se equiparan a actos de particulares por carecer del imperio necesario para asegurar la ejecución de sus decisiones o mandatos.

II. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, conoció del amparo en revisión número 1684/90 promovido por Justo Ortego Ezquerro y pronunció resolución el trece de septiembre de mil novecientos noventa. En este asunto se señaló como autoridad responsable, entre otras, al director General del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez". Como actos reclamados se le atribuyeron los siguientes: "Del director del Instituto Nacional de Cardiología 'Ignacio Chávez' reclamo: La omisión de hacerme entrega física del documento consistente en el comprobante o constancia de haber realizado el primer año de la especialidad de cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología 'Ignacio Chávez' en la calidad de médico ayudante de tiempo completo requerido por la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública en términos del artículo 5o. de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional; y la omisión de permitir al quejoso que continúe en sus funciones de médico ayudante de tiempo completo para que en dichas labores complete el segundo año de la especialidad de cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología 'Ignacio Chávez'".

De este juicio de amparo conoció en primera instancia, con el número 13/90, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el que, seguido el juicio por sus trámites legales, sobreseyó en él al considerar, en lo que atañe al director General del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", que la demanda de garantías fue interpuesta en forma extemporánea y que por ello se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Al conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia antes referida, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito.

Por otra parte, al hacerse cargo de una causal de improcedencia hecha valer por el director general del Instituto Nacional de Cardiología, en el sentido de que el juicio debería ser sobreseído por improcedente, en virtud de que el Instituto Nacional de Cardiología no es autoridad para los efectos del juicio de amparo, dicho tribunal estimó inoperante el argumento relativo al considerar que el director del Instituto Nacional de Cardiología sí es autoridad para los efectos del juicio de amparo porque de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 10, fracción I, de la ley del instituto, ejerce una autoridad administrativa que le es propia y tiene la representación del poder público dentro de su jurisdicción en virtud de la cual obra. Además, agregó este Tribunal Colegiado, el ramo de la asistencia social y la educación superior a que se dedica el organismo descentralizado constituye un servicio público, y el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" es el establecimiento donde se presta ese servicio público siendo, por tanto, la persona encargada de dirigirlo una autoridad en la esfera de su competencia. El Tribunal que nos ocupa concluyó que "por autoridad debe entenderse toda persona investida por la ley, para dictar o dejar de dictar según su propio criterio y bajo su responsabilidad, determinaciones de cumplimiento obligatorio, sin que pueda alegarse que carezca de fuerza pública para hacer respetar sus decisiones, pues el solo hecho de que con pretendido fundamento en alguna disposición legal haya tomado determinaciones o bien dictado o dejado de dictar resoluciones que, provoquen perjuicio de cualquier forma a terceros, pone de relieve su carácter de autoridad, ya que, con tales actuaciones está sujetando al quejoso al imperio de su resolución, máxime si se atiende a que en contra de la omisión de la autoridad responsable, el quejoso carece de algún otro medio de defensa".

Precisado lo anterior, cabe señalar que para que exista contradicción de tesis, es necesario que el criterio sostenido por uno de los Tribunales Colegiados al abordar una cuestión jurídica, sea contradictorio al sustentado por otro tribunal en el examen de la misma situación, por lo que debe existir un punto en común respecto del cual lo que uno de ellos afirme el otro lo niegue en su sentencia.

Al respecto, debe decirse que los asuntos de los cuales conoció cada uno de los tribunales señalados, que son motivo de la denuncia de contradicción, tienen su origen en juicios de amparo indirectos en materia administrativa en los que se señaló como autoridad responsable, entre otras, al director general del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", en donde se pronunciaron respecto de si dicho Instituto, en especial su director general, es o no autoridad para efectos del juicio de amparo.

Como se aprecia, aun cuando las condiciones genéricas de los asuntos son similares, los tribunales llegaron a conclusiones diferentes, en cuanto a si el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", en especial su director general, es o no autoridad para efectos del juicio de amparo. Por tanto, se debe precisar que sí existe contradicción de tesis, pues mientras el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sustenta que el juicio de amparo interpuesto en contra de los funcionarios de un organismo descentralizado resulta improcedente, excepción hecha de cuando actúe como organismo fiscal autónomo, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito considera que, el director general del organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" sí es autoridad para efectos del juicio de amparo.

Consecuentemente, la contradicción de tesis radica en determinar qué criterio debe prevalecer cuando en un juicio de amparo indirecto en materia administrativa se señala como autoridad responsable al Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" o a sus funcionarios, esto es, si se les debe considerar o no como autoridades para efectos del juicio de amparo en materia administrativa.

Delimitada así la materia de la contradicción, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que, con independencia de lo sustentado por los tribunales citados, el criterio que debe prevalecer es el siguiente:

Previamente, para una mejor comprensión del asunto, es conveniente transcribir los diversos preceptos relacionados con la contradicción de tesis planteada. Los artículos 1o., 3o. y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establecen:

"Artículo 1o. La presente ley establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal. La presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República integran la administración pública centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal."

"Artículo 3o. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará, en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal: I. Organismos descentralizados; II. Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y III. Fideicomisos."

"Artículo 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten."

Por otra parte, los artículos 1o., 2o., 11, 14, 17, 22, 52 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, disponen:

"Artículo 1o. La presente ley, reglamentaria en lo conducente del artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la administración pública federal. Las relaciones del Ejecutivo Federal, o de sus dependencias, con las entidades paraestatales, en cuanto unidades auxiliares de la administración pública federal, se sujetarán, en primer término, a lo establecido en esta ley y sus disposiciones reglamentarias y, sólo en lo no previsto, a otras disposiciones según la materia que corresponda."

"Artículo 2o. Son entidades paraestatales las que con tal carácter determina la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal."

"Artículo 11. Las entidades paraestatales gozarán de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto, y de los objetivos y metas señalados en sus programas. Al efecto, contarán con una administración ágil y eficiente y se sujetarán a los sistemas de control establecidos en la presente ley y en lo que no se oponga a ésta a los demás que se relacionen con la administración pública."

"Artículo 14. Son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo objeto sea: I. La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias; II. La prestación de un servicio público o social; o III. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social."

"Artículo 17. La administración de los organismos descentralizados estará a cargo de un órgano de gobierno que podrá ser una junta de gobierno o su equivalente y un director general."

"Artículo 22. Los directores generales de los organismos descentralizados, en lo tocante a su representación legal, sin perjuicio de las facultades que se les otorguen en otras leyes, ordenamientos o estatutos, estarán facultados expresamente para: I. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto; II. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, y pleitos y cobranzas, aun de aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias con apego a esta ley, la ley o decreto de creación y el estatuto orgánico; III. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito; IV. Formular querellas y otorgar perdón; V. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de amparo; VI. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; VII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento y validez de estos poderes, bastará la comunicación oficial que se expida al mandatario por el director general. Los

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/8-dd8cd691/instituto-nacional-de-cardiologia-ignacio-chavez-no-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.