CONFLICTO COMPETENCIAL 60/2012. SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN Y EL JUZGADO MILITAR, ADSCRITO A LA QUINTA REGIÓN MILITAR. 14DE ACOSTO DE 2012. PONENTE: MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: BEATRIZ J. JAIMES RAMOS.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de agosto de dos mil doce.
V I S T O S; Y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Por resolución de fecha nueve de abril de dos mil doce, el Juez Militar adscrito a la Quinta Región Militar, se declaró incompetente para seguir conociendo de la causa penal ********** que se instruye al Teniente de Infantería **********, Sargento Segundo de Infantería ********** y Cabo de Infantería **********, como probables responsables de los delitos de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad en su modalidad de simulación de pruebas, previsto y sancionado por el artículo 248 Bis, del Código Penal Federal, en relación con los artículos 57, fracción II, inciso a) y 58 del Código de Justicia Militar, al tenor de las siguientes consideraciones:
"AUTO ACORDANDO DECLINAR COMPETENCIA AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO DE MORELIA, MICHOACÁN, POR DECLINATORIA DE INCOMPETENCIA. En la Plaza de la Mojonera, Zapopan, Jalisco, siendo las doce horas con quince minutos del día nueve de abril del año dos mil doce, el Ciudadano Coronel de Justicia Militar y Licenciado **********, Juez Militar de la Jurisdicción, actuando por ante la Mayor del mismo servicio y de igual profesión **********, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe de actuaciones. DIJO. --- VISTO. El auto de inicio dictado el día dos de febrero del año dos mil doce, dentro de la Causa Penal **********, que se radicó en este Juzgado Militar, con motivo de la consignación de la Averiguación Previa número **********, así como el Pedimento de Incoación a Proceso número **********, formulado por el Agente del Ministerio Público Militar Adscrito a la ********** (Morelia, Michoacán), en contra del Teniente de Infantería **********, Sargento Segundo de Infantería ********** y Cabo de Infantería **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES Y EN INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD, EN SU MODALIDAD DE SIMULACIÓN DE PRUEBAS, previsto y sancionado por el artículo 248 Bis del Código Penal Federal, de aplicación supletoria de conformidad con lo previsto en los artículos 57 fracción II inciso a) y 58 del Código de Justicia Militar, ilícito relacionado con los siguientes: --- HECHOS: ‘... los Ciudadanos Teniente de Infantería **********, Sargento Segundo de Infantería ********** y Cabo de Infantería **********, el día veintinueve de marzo de dos mil diez, presentaron al Agente del Ministerio Público de la Federación en turno, con sede en Morelia, Michoacán una denuncia por medio de la cual ponen a su disposición un vehículo color blanco, marca **********, aseverando que en su interior se localizó un costal de yute color blanco conteniendo aproximadamente tres kilos del estupefaciente conocido como marihuana, relacionando con el hallazgo del enervante, al civil **********, sin embargo, los hechos asentados en la denuncia resultaron no ser ciertos, pues el vehículo fue localizado en el interior del domicilio de la señora **********, siendo la propietaria del automotor la señora ********** quienes para demostrar su dicho exhibieron un disco compacto con un video y audio que al ser analizado resultó no estar editado y en el que se observa personal militar, así como una camioneta blanca...’ --- Ahora bien, atendiendo al hecho de que los sujetos pasivos del ilícito de FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES Y EN INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD, EN SU MODALIDAD DE SIMULACIÓN DE PRUEBAS, lo son los civiles ********** Y **********, éste Órgano Jurisdiccional Militar precisa hacer las consideraciones siguientes: --- El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte conducente dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de acuerdo con lo que ella establece, de conformidad con los tratados internacionales de la materia y favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Por su parte, la circular 4/2011-P, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha once de octubre de dos mil once, así como la resolución emitida en el expediente varios **********, en fecha catorce de julio de dos mil once, relativa a las medidas que debe tomar el Poder Judicial de la Federación, derivadas de la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso **********, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de octubre de dos mil once, y en específico lo ordenado en el párrafo 55 que a la letra dice: ’55. Se ordena a todos los juzgados y tribunales federales del país, que en caso de que tengan bajo su conocimiento algún asunto relacionado con el tema, lo informen a esta Suprema Corte para que ésta reasuma su competencia originaria o bien ejerza su facultad de atracción por tratarse de un tema de importancia y trascendencia.’ --- Por lo tanto, con motivo de lo anterior, resulta oportuno precisar que en el caso **********, la materia de la litis fue la comisión del delito de desaparición forzada de personas y la violación a los derechos humanos por parte de miembros activos de los cuerpos militares; así como la competencia de los tribunales ordinarios para juzgar ese tipo de hechos; por lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia que pronunció en cumplimiento a la ejecutoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concluyó, entre otras cuestiones, que son competentes los tribunales ordinarios para juzgar a los miembros de los cuerpos militares en activo, por violación a los derechos humanos de civiles, así como por la comisión de delitos en los que el bien jurídico protegido no es propio del orden militar. Ello en virtud de que en la resolución internacional se estableció que la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional, esto es, que en el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar; que la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, sino la justicia ordinaria; que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el debido proceso y por ende el derecho al acceso a la justicia; y, que se debía concluir que si los actos delictivos a juzgar eran cometidos por un miembro en activo del fuero militar que no afectan bienes jurídicos de la esfera castrense, esa persona debía ser juzgado por un tribunal ordinario, lo que significa que cuando se vulnere derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede conocer la jurisdicción militar. --- A este respecto, es pertinente señalar lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente Tesis: Registro No. 160488. Décima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011. Página: 554. Tesis: P. LXXI/2011 (9a.) Tesis Aislada Materia(s): Constitucional. ‘RESTRICCIÓN INTERPRETATIVA DE FUERO MILITAR. INCOMPATIBILIDAD DE LA ACTUAL REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL, A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 2o. Y 8.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.’ (Se transcribe). --- Conforme a lo expuesto y conforme a las consideraciones contenidas en el presente auto, este Juzgado Militar concluye que el asunto en cuestión, efectivamente se trata de aquellos a que se refiere la circular 4/2011-P, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha once de octubre de dos mil once, así como en el párrafo 55 de la resolución emitida en el expediente varios **********, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de octubre de dos mil once, relativa a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso **********, en específico, encuadra en la hipótesis de que con la comisión del delito de FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES Y EN INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD, EN SU MODALIDAD DE SIMULACIÓN DE PRUEBAS, previsto y sancionado por el artículo 248 bis del Código Penal Federal, de aplicación supletoria de conformidad con lo previsto en los artículos 57 fracción II inciso a) y 58 del Código de Justicia Militar, cometido en agravio de los civiles ********** y **********, se involucran derechos humanos de los aludidos civiles. --- Visto lo anteriormente manifestado, y toda vez que como de autos se desprende, este Órgano Jurisdiccional se encuentra impedido para entrar al estudio sobre la procedencia de librar la Orden de Aprehensión solicitada por el Agente del Ministerio Público Militar Investigador y menos aún conocer del presente asunto, por lo que en términos de lo previsto en el artículo 740 del Código de Justicia Militar, que a la letra dice: ‘Cuando la incompetencia se funde en el artículo 13 constitucional, la declinatoria podrá oponerse en todo tiempo y se resolverá sin necesidad de tramitación. Esta incompetencia puede declararla el juez de oficio. Si aquél a quien se estime competente hace oposición, el expediente se remitirá para que sea resuelto el caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación’, por lo tanto, y en virtud de las razones de hecho y derecho aducidas, este Juzgado Militar SE DECLARA INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE CASO por lo que conforme al lugar de los hechos señalados, es procedente DECLINAR LA COMPETENCIA a favor del tribunal federal con jurisdicción en la plaza de Morelia, Michoacán, a fin de que conozca del presente asunto.".1
SEGUNDO. Por cuestión de turno, tocó conocer de dicha declinatoria de competencia al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien por resolución de dieciséis de diciembre de dos mil once, no aceptó la competencia declinada, por considerar:
"...Morelia, Michoacán, dieciocho de abril de dos mil doce. --- Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio y anexo que remite el Juez Militar adscrito a la V Región Militar, con sede en **********, al que acompaña el original de la causa penal ********** de su índice instruida contra el Teniente de Infantería **********, el Sargento Segundo de Infantería ********** y el Cabo de Infantería ********** por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad en su modalidad de simulación de pruebas, previsto y sancionado por el artículo 248 Bis, del Código Penal Federal, en relación con los artículos 57, fracción II, inciso a), 58, del Código de Justicia Militar y 50, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cometido en agravio de los civiles ********** y **********. --- En consecuencia, fórmese y regístrese el proceso penal bajo el número **********. Acúsese recibo. --- Ahora bien, a efecto de pronunciarse respecto de la competencia declinada, debe tenerse en cuenta que los hechos que dieron origen a la averiguación previa de la que deriva la presente causa, consisten en que los militares indiciados presentaron y ratificaron denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Federación, con sede en Morelia, Michoacán, en la que pusieron a su disposición un **********, aseverando que en su interior localizaron un costal de yute color blanco, que contenía aproximadamente tres kilos de marihuana. --- Sin embargo, de la propia indagatoria se advierte que los hechos asentados en la denuncia probablemente son falsos, pues existen indicios de que el citado vehículo fue localizado en el interior del domicilio de la señora **********, siendo la propietaria la señora **********, quienes para demostrara su dicho exhibieron un disco compacto con un video y audio que al ser analizado resultó no estar editado y en el que se observa a una persona vestida con uniforme verde, casco y chaleco negro en lo que al parecer es un patio y al lado de este tras un portón se visualiza a una persona de sexo femenino parada a un costado de una camioneta blanca, sin que se desprendan más datos. --- Así, mediante resolución de catorce de junio de dos mil diez, el agente del Ministerio Público de la Federación remitió copia certificada de la indagatoria al agente del Ministerio Público Militar para que procediera conforme a sus atribuciones, al existir indicios acerca de que los militares se condujeron con falsedad al formular su denuncia. --- Por lo que en resolución de veintiuno de enero de dos mil doce, previo los trámites legales, el agente del Ministerio Público Militar Especial, adscrito a la Procuraduría General de Justicia Militar ejerció acción penal contra el Teniente de Infantería **********, el Sargento Segundo de Infantería ********** y el Cabo de Infantería ********** por su probable responsabilidad en la comisión del delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad en su modalidad de simulación de pruebas, previsto y sancionado por el artículo 248 Bis, del Código Penal Federal, en relación con los artículos 57, fracción II, inciso a), 58, del Código de Justicia Militar y 50, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, supuestamente cometido en agravio de los civiles ********** y **********; ordenando remitir los autos al Juez Militar en turno. --- Ahora bien, el oficio de cuenta se advierte que mediante resolución de nueve de abril de dos mil doce, el Juez Militar resolvió declinar la competencia para seguir conociendo del asunto, con base en la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios ********** de catorce de julio de dos mil once, en cumplimiento a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso ********** y la Circular 4/2011-P del Pleno de la citada Suprema Corte de Justicia, atentas las siguientes consideraciones: --- a) El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de acuerdo con lo que ella establece, de conformidad con los tratados internacionales de la materia y favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; --- b) La Circular 4/2011-P, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de once de octubre de dos mil once, así como la resolución emitida en el expediente varios ********** de catorce de julio de dos mil once, y en específico lo ordenado en el párrafo 55 de esa resolución, abordaron temas sobre la desaparición forzada de personas y la violación a los derechos humanos por parte de miembros activos de los cuerpos militares, así como la competencia de los tribunales ordinarios para juzgar ese tipo de hechos; --- c) La Suprema Corte de Justicia de la Nación en cumplimiento a la ejecutoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que son competentes los tribunales ordinarios para juzgar a los miembros de los cuerpos militares en activo, por violaciones a los derechos humanos de civiles; así como por la comisión de delitos en los que el bien jurídico protegido no es propio del orden militar; --- d) En la resolución del Tribunal Internacional se estableció que la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional, esto es, que en el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar; --- e) Que la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, sino la justicia ordinaria; --- f) Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el debido proceso y por ende el derecho al acceso a la justicia; y ---- g) Que si los actos delictivos a juzgar son cometidos por un miembro en activo del fuero militar que no afecten bienes jurídicos de la esfera castrense esa persona debía ser juzgada por un tribunal ordinario, lo que significa que cuando se vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede conocer la jurisdicción militar. --- Por tanto, dada la declinatoria de competencia planteada, en el caso se aborda uno de los asuntos que señala la circular 4/2011-P, así como el párrafo 55 de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mencionados con anterioridad, en virtud de que se debe dilucidar si es un tribunal ordinario o uno de carácter militar el que debe conocer de los delitos atribuidos a los indiciados. --- En ese tenor, del estudio de la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso **********, para lo que aquí interesa, de su párrafo 274 se advierte que el Tribunal Internacional referido concluyó que si los actos delictivos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes jurídicos de la esfera castrense, dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios. --- Así también, que frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar. --- Sin embargo, sobre ese tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución emitida en el expediente de varios **********, en cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso **********, interpretó que el fuero militar no podrá operar bajo ninguna circunstancia frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles y emitió la tesis aislada publicada en la página 554, libro III, diciembre de 2011, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: --- ‘RESTRICCIÓN INTERPRETATIVA DE FUERO MILITAR. INCOMPATIBILIDAD DE LA ACTUAL REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL, A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 2o. Y 8.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.’ (Se transcribe). --- Luego, la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue en el sentido de que el fuero militar no podrá operar, específicamente frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles. --- De tal suerte, dado que en la especie el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad en su modalidad de simulación de pruebas que se atribuye a los inculpados es de resultado formal, y el sujeto pasivo es el Estado, en su función de administrar justicia, no se satisface la hipótesis señalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que no se afectan derechos humanos de civiles, pues en todo caso, sólo se afectó la debida integración de una averiguación previa en su aspecto formal. --- De ahí que no resulten aplicables al caso los argumentos que hace valer el juez militar, pues dicho juzgador hace depender su declinatoria de competencia precisamente en la supuesta violación de derechos humanos de las personas a quienes considera ofendidas del delito: es decir, ********** y **********. --- Al respecto, conviene puntualizar que el Ministerio Público consideró que el delito probablemente cometido por los inculpados consistió en que supuestamente simularon pruebas para inculpar a alguna persona en la comisión de un delito, de lo que el juez declinante deduce que los ofendidos del delito son ********** y **********, pues el primero de los mencionados fue señalado como dueño del vehículo incautado, y la segunda resultó su auténtica propietaria. --- Sin embargo, este juzgado no comparte ese criterio porque en el parte informativo, los militares se limitaron a narrar las circunstancias en que supuestamente fue asegurado el vehículo, pero no formularon imputación a persona alguna, ni la indagatoria se condujo contra las personas aludidas, en atención al señalamiento de los militares. --- De ahí que deba concluirse, como ya se señaló, que el sujeto pasivo del delito en análisis no son las personas a que alude el juez militar, sino el Estado en su función de procuración de justicia. --- Por tanto, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, no acepta la competencia planteada por el Juez Militar adscrito a la V Región Militar, con sede en **********, para conocer y resolver la causa penal instruida contra el Teniente de Infantería **********, el Sargento Segundo de Infantería ********** y el Cabo de Infantería ********** por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad en su modalidad de simulación de pruebas, previsto y sancionado por el artículo 248 Bis, del Código Penal Federal, en relación con los artículos 57, fracción II, inciso a), 58, del Código de Justicia Militar y 50, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presuntamente cometido en agravio de los civiles ********** y **********. --- Por otro lado, conforme al artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales, la solicitud de orden de aprehensión no constituye una diligencia urgente que no admita demora, porque previo a obsequiar un mandato de esa naturaleza, el órgano jurisdiccional tiene que valorar un aspecto de previo y especial pronunciamiento, que por su naturaleza constituye un presupuesto procesal, que lo es determinar si es legalmente competente para librar la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público Militar y para conocer del proceso penal que llegue a instaurarse, por lo que si en el caso existe controversia sobre el tema de la competencia, debe resolverse ese punto, para que sea la autoridad legalmente competente la que se pronuncie sobre la petición de la Representación Social. --- Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.49/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 186, tomo XXXII, Julio del 2010, Materia Penal, Constitucional, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: --- ‘ORDEN DE APREHENSIÓN. CUANDO LA AVERIGUACIÓN PREVIA SE CONSIGNE POR DELITOS GRAVES SIN DETENIDO, DEBE SER LIBRADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, PUES NO SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UNA DILIGENCIA URGENTE DE LAS QUE NO ADMITEN DEMORA’. --- Atento a lo anterior, para evitar mayor dilación dentro de la presente causa, con fundamento en lo que dispone el artículo 94, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por el Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio del dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en su punto quinto, fracción II, y punto décimo, fracción II, del acuerdo en mención, así como en el 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 433 del Código Federal de Procedimientos Penales, se ordena remitir de inmediato los autos de la presente causa penal al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, para que tenga a bien resolver la competencia planteada, previo cuaderno de antecedentes que se deje para los efectos legales a que haya lugar. --- Asimismo, en término de la Circular 4/2011-P, la presente resolución hágase del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales a que haya lugar...".
TERCERO. Mediante acuerdo de veinticinco de abril de dos mil doce, el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, lo avocó y registró bajo el número COMP. **********, y en acatamiento a la Circular número 4/2011-P, de la Secretaría General de Acuerdos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remitió los autos a este Alto Tribunal a efecto de que ejerciera su facultad de atracción respecto de dicho conflicto competencial.
CUARTO. Recibidos los autos en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del ocho de mayo de dos mil doce, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó reasumir su competencia, para conocer del aludido conflicto competencial; por lo que, por auto de presidencia de catorce de mayo siguiente, se ordenó formar y registrar el conflicto competencial con el número 60/2012 y turnarlo a la ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, para su resolución.
El Presidente de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil doce, determinó que ésta era competente para conocer del conflicto competencial; sin embargo, dada su importancia y transcendencia, se determinó avocar nuevamente al Tribunal Pleno para su conocimiento y resolución.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente conflicto competencial, dado que en términos de lo dispuesto por el artículo 106, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir los conflictos competenciales que se susciten entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados o del Distrito Federal, entre los de un Estado y los de otro, o entre los de un Estado y los del Distrito Federal, y conforme a lo preceptuado en los numerales 10, fracción XI, y 11, fracción IV y 21, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en su punto Décimo Octavo; y el párrafo 55 de la resolución dictada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el catorce de julio de dos mil once, en el expediente varios **********; habida cuenta que por tener relación con el tema de la restricción interpretativa del fuero militar, el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de marzo de dos mil doce, determinó ejercer su competencia originaria.
SEGUNDO. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe un conflicto competencial, para lo cual es necesario analizar las circunstancias y argumentos relevantes en que se apoyaron los órganos contendientes de la misma, para negarse a conocer de la causa penal **********.
Con fecha veintinueve de marzo de dos mil once, los Ciudadanos Teniente de Infantería **********, Sargento Segundo de Infantería ********** y Cabo de Infantería **********, presentaron al Agente del Ministerio Público de la Federación en turno, con sede en Morelia, Michoacán, una denuncia por medio de la cual ponen a su disposición un **********, aseverando que en su interior se localizó un costal de yute color blanco conteniendo aproximadamente tres kilos del estupefaciente conocido como marihuana, relacionando con el hallazgo del enervante, al civil **********, sin embargo, los hechos asentados en la denuncia resultaron no ser ciertos, pues el vehículo fue localizado en el interior del domicilio de la señora **********, siendo la propietaria del automotor la señora ********** quienes para demostrar su dicho exhibieron un disco compacto con un video y audio que al ser analizado resultó no estar editado y en el que se observa personal militar, así como una camioneta blanca.
Que por tales hechos, el Agente del Ministerio Público Militar Especial adscrito a la Procuraduría General de Justicia Militar, el veintiuno de enero de dos mil doce, ejercitó acción penal en su contra, solicitando en consecuencia, el libramiento de la orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad en su modalidad de simulación de pruebas, previsto y sancionado por el artículo 248 Bis, del Código Penal Federal, en relación con los artículos 57, fracción II, inciso a) y 58 del Código de Justicia Militar.
El juez militar a quien correspondió conocer del asunto, por resolución de nueve de abril de dos mil doce, consideró que el asunto en cuestión, es de aquéllos a que se refiere la circular 4/2011-P, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha once de octubre de dos mil once, así como en el párrafo 55 de la resolución emitida en el expediente varios **********, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de octubre de dos mil once, relativa a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso **********, por encuadrar en la hipótesis de que con la comisión del delito de FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES Y EN INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD, EN SU MODALIDAD DE SIMULACIÓN DE PRUEBAS, previsto y sancionado por el artículo 248 bis del Código Penal Federal, de aplicación supletoria de conformidad con lo previsto en los artículos 57 fracción II inciso a) y 58 del Código de Justicia Militar, se afectan los derechos humanos de los civiles ********** y **********.
Que en virtud de lo anterior, dicho Órgano Jurisdiccional, estaba impedido para entrar al estudio de la procedencia de la Orden de Aprehensión solicitada por el Agente del Ministerio Público Militar Investigador y menos aún para conocer de dicho asunto, por lo que en términos de lo previsto en el artículo 740 del Código de Justicia Militar, se declaró incompetente para conocer del mismo y declinó la competencia en favor de un juez federal de la ciudad de Morelia, Michoacán, lugar don
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80064-176fb18d/conflicto-competencial-60-2012-suscitado-entre-el-juzgado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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