Sin rubro
RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA 204/2015. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis.
VISTOS para resolver los autos del recurso de revisión administrativa identificada al rubro; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Interposición del recurso. Por escrito presentado vía Correos de México con remisión al Presidente del Consejo de la Judicatura Federal el dieciséis de octubre de dos mil quince, **********, en su carácter de Asesor Jurídico Federal adscrito a la Delegación de Mexicali, del Instituto Federal de Defensoría Pública, interpuso revisión administrativa contra los actos que a continuación se indican:
"a) La resolución emitida en sesión de 7 de octubre de 2015 contenida en el oficio SEPLE./CJD./003/6905/2015 de misma fecha, por la que se excluyó al recurrente de la lista de admisión para participar en el Vigésimo Séptimo Concurso Interno de Oposición para la designación de Jueces de Distrito.
b) La obstaculización y negativa de poderse inscribir en el Vigésimo Séptimo Concurso Interno de Oposición para la designación de Jueces de Distrito.
c) La inconvencionalidad de la convocatoria al Vigésimo Séptimo Concurso Interno de Oposición para la designación de Jueces de Distrito.
d) La inconvencionalidad del artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y
e) La omisión de emitir una convocatoria libre durante casi 5 años; y dicha omisión es inconvencional."
SEGUNDO. Auto admisorio y trámite. Con motivo de la recepción del informe rendido por el Consejero de la Judicatura Federal J. Guadalupe Tafoya Hernández y del recurso de revisión administrativa, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil quince, el Ministro Presidente en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por admitido el medio de defensa, con reserva de los motivos de improcedencia que en la especie pudieran surgir, registrándolo con el número 204/2015; se admitieron las pruebas ofrecidas por el recurrente y se solicitó al Consejo de la Judicatura Federal que remitiera otras mencionadas por aquél; asimismo, se tuvo por rendido el informe del citado Consejo y se admitieron las pruebas ofrecidas por éste, con las que se ordenó dar vista al promovente para que manifestara lo que a su derecho conviniera; finalmente, se determinó que los autos fueran turnados, para su estudio, al Ministro Alberto Pérez Dayán.
Mediante proveído de catorce de abril de dos mil dieciséis, se declaró precluido el derecho del inconforme para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el informe rendido y las pruebas exhibidas por el Consejo de la Judicatura Federal por escrito de tres de noviembre de dos mil quince; igualmente se le tuvo señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como los correos electrónicos para hacerle de su conocimiento los subsecuentes acuerdos; asimismo, se tuvo al Consejo de la Judicatura Federal exhibiendo el medio de convicción ofrecido por el recurrente, con el cual se ordenó dar vista a este último para que manifestara lo que a su interés conviniera.
El veinte de junio de dos mil dieciséis, se declaró precluido el derecho del recurrente para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con la prueba exhibida por el Consejo de la Judicatura Federal; finalmente, al no existir trámite pendiente por desahogar, se ordenó enviar el asunto a la Comisión 83 denominada "Concursos del Vigésimo Segundo al Vigésimo Séptimo para la designación de Jueces de Distrito", cuyo Ministro responsable es el Ministro Alberto Pérez Dayán, en debido acatamiento a lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de ocho de febrero de dos mil dieciséis, para los efectos legales conducentes.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, párrafos primero y quinto y 100, párrafos octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2°, 10, fracción XII, 11, fracción VIII, 122 y 123, fracción I, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en relación con el Punto Segundo, fracciones X y XVII, del Acuerdo General Plenario 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece. Lo anterior, toda vez que se trata de un recurso de revisión administrativa interpuesto contra diversos actos del Consejo de la Judicatura Federal, respecto de los cuales se estima que se requiere su intervención, dada la trascendencia de las resoluciones impugnadas.
SEGUNDO. Procedencia, legitimación y oportunidad del recurso de la revisión. El presente recurso de revisión administrativa es procedente y el recurrente se encuentra legitimado de conformidad a lo dispuesto en los artículos 122 y 123, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se impugnó la "resolución emitida en sesión de 7 de octubre de 2015 contenida en el oficio ********** de misma fecha, por la que se excluyó al recurrente de la lista de admisión para participar en el Vigésimo Séptimo Concurso Interno de Oposición para la designación de Jueces de Distrito.", dicha determinación derivó de la consideración de que el recurrente no contaba con nombramiento en cualquiera de las categorías de carrera judicial previstas en las fracciones III al IX del numeral 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Son aplicables en el caso a estudio las tesis aisladas números P.XXXI/97 y P.XXIV/99, de rubros y textos siguientes:
"REVISIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE RESOLUCIONES DE DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO RELATIVO ESTÁN LEGITIMADOS EN CUANTO SE AFECTE SU INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con nuestro sistema jurídico, los medios de defensa, por regla general, se encuentran previstos respecto de las personas que sean afectadas en sus intereses jurídicos por algún acto de autoridad. De acuerdo con ello, al contemplar el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el recurso de revisión administrativa, entre otros casos, en contra de las resoluciones sobre designación de Jueces de Distrito y dar legitimación para promoverlo, el artículo 123, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a quienes participaron en el concurso, debe inferirse que ello se circunscribe a la afectación de los intereses jurídicos de los mismos, a saber, que no fueron favorecidos por la designación, considerando tener derecho a ello respecto de los designados, sin que proceda interponer ese medio de defensa cuando no se produce esa afectación."(1)
"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. ES PROCEDENTE EL RECURSO INTENTADO POR UN ASPIRANTE QUE FUE RECHAZADO EN LA PRIMERA ETAPA DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO. Como el recurso de revisión administrativa tiene como objetivo garantizar la legalidad de la designación de que se trate, esto es, que se efectúe siguiendo los criterios acordes con los principios de excelencia, imparcialidad, profesionalismo e independencia, resulta procedente el promovido por el aspirante que hubiese sido rechazado y no pudo continuar con la segunda etapa del concurso de oposición interno, pues de otra manera se podría dar lugar a que en una eliminación primaria se negara el acceso al concurso a los funcionarios que cumplieran con todos los requisitos exigidos, sin base para ello, impidiéndoles indefinidamente el ascenso que buscan, sin darles oportunidad de defenderse."(2)
Asimismo, el recurso se interpuso dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo a lo siguiente:
• El acto impugnado se hizo del conocimiento del recurrente, vía correo electrónico, el viernes nueve de octubre de dos mil quince.
• Con base en lo anterior, debe entenderse que el plazo de cinco días previsto en el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para promover el recurso de revisión administrativa, transcurrió del miércoles catorce al martes veinte de octubre de dos mil quince.
• Se deben descontar de dicho cómputo, por ser inhábiles, el diecisiete y dieciocho de octubre de dos mil quince, por ser sábado y domingo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 18/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
• Por tanto, si el recurso de revisión administrativa se depositó en la Oficina de Correos de México el dieciséis de octubre de dos mil quince, resulta que fue oportuna su presentación.
Es aplicable al respecto la tesis aislada P.VIII/99 cuyo rubro y texto son:
"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE SURTIÓ SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA MEDIANTE ESE RECURSO, DEBE APLICARSE EL ARTÍCULO 321 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que el Código Federal de Procedimientos Civiles es el ordenamiento supletorio para la tramitación del recurso de revisión administrativa previsto en el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Federal y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por lo tanto, para determinar el momento en que surte sus efectos la notificación de la resolución administrativa que decreta la remoción de un Magistrado o Juez de Distrito, para efectos del cómputo respectivo de la oportunidad del recurso, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 321 del ordenamiento procesal citado, que establece que las notificaciones surtirán sus efectos al día siguiente al en que se practiquen".(3)
TERCERO. Antecedentes. Para una mejor comprensión de la exposición, es necesario hacer un breve relato de los antecedentes del asunto.
Ver antecedentes
CUARTO. Agravios. En el escrito de interposición de la revisión administrativa el recurrente hizo valer, en esencia, los agravios que enseguida se sintetizan de acuerdo a la metodología con lo que se estudiará más adelante el asunto.
1. Agravios en los que se aduce que el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es inconstitucional e inconvencional, al establecer como limitante para participar en un concurso para ser Juez de Distrito, que el aspirante se encuentre entre los supuestos contenidos en las fracciones III a IX del artículo 110 de dicha ley orgánica. Adujo que el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, resulta tanto inconstitucional como inconvencional, ya que establece como limitante para participar en un concurso para ser Juez de Distrito, que el aspirante se encuentre entre los supuestos contenidos en las fracciones III a IX del artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Mencionó que para ser Juez de Distrito no existe otra limitante salvo las contenidas en el artículo 108 de la referida ley orgánica, por lo que el numeral 113 del citado ordenamiento, impone mayores requisitos al solamente contemplar a un grupo homogéneo del propio Poder Judicial de la Federación, discriminando al resto de sus miembros, como es el caso del recurrente, quien cuenta con nombramiento de Asesor Jurídico Federal, adscrito al Instituto de la Defensoría Pública que es un órgano del Poder Judicial de la Federación.
Indicó que no pasa inadvertido que pueden existir restricciones tanto constitucional como convencionalmente, pero para que resulten válidas deben cumplir ciertos requisitos. Que en ese sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala tres requisitos para la restricción de un derecho, a saber : 1) fundarse en una ley; 2) interés general; y 3) razonabilidad o proporcionalidad en la restricción. En ese orden, refirió que es necesario que la restricción se base en una ley y no en una convocatoria. Que en cuanto al requisito de interés general, refiere que no existe una norma que establezca expresamente que los Asesores Jurídicos Federales, no pueden participar en los Concursos Internos de Oposición para la designación de Jueces de Distrito, máxime que son miembros del Poder Judicial de la Federación, que lo único que podría interpretarse como restricción es que se trata de un concurso interno y que éstos no forman parten de las categorías señaladas en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Señaló que de acuerdo a la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el requisito de que las leyes sean dictadas por razones de interés general, significa que deben ser adoptadas en función del bien común, concepto que ha de interpretarse como elemento integrante del orden público del Estado democrático, cuyo fin principal es la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad; y, por tanto, no deja de cuestionarse qué bien común existe en que durante casi 5 años y en el presente concurso no se permita a un Asesor Jurídico Federal, no participar en él.
Agregó que no existe ninguna razón justa para limitar el derecho al recurrente para que participe en el Vigésimo Séptimo Concurso Interno de Oposición para la designación de Jueces de Distrito y al efecto invocó la jurisprudencia de rubro: "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS".
Que lejos de ser un interés general y razonable la negativa para que el recurrente participe en el concurso de mérito como persona ajena a los supuestos contenidos en las fracciones III a IX del artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no sólo es deseable, sino necesario para el buen desarrollo de los órganos jurisdiccionales y la prevalencia del Estado democrático, ya que sólo con la inclusión de personas ajenas se asegura la pluralidad y el respeto a los derechos humanos.
2. Agravios en los que se aduce que tanto la resolución contenida en el oficio **********, como la obstaculización y negativa de poder inscribirse en el concurso en comento, transgreden el artículo 1° en relación con el 97 de la Constitución, concretamente el principio de igualdad de oportunidades y los criterios objetivos que debe tener el nombramiento de jueces; así como que dicha resolución ha truncado su derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Alegó que tanto la resolución contenida en el oficio **********, como la obstaculización y negativa de poder inscribirse en el concurso en comento, transgreden el artículo 1 en relación con el 97 de la Constitución, concretamente el principio de igualdad de oportunidades y los criterios objetivos que debe tener el nombramiento de jueces.
Que el principio de igualdad de oportunidades implica que cuando se haya de seleccionar a una persona para ocupar un cargo público, se debe de permitir que todos participen en igualdad de circunstancias en la selección que se haga. Que dicho principio puede ser vulnerado tanto de iure como de facto, es decir, que la ley puede establecer un trato similar y en igualdad de circunstancias a las personas, sin embargo, en el tratamiento que da el intérprete a la norma, puede vulnerar tal derecho.
Expresó que de acuerdo a la resolución combatida y a la propia convocatoria, tanto de iure como de facto, se le impidió participar en igualdad de circunstancias al concurso para Juez de Distrito.
Refirió que tanto en el concurso en cuestión como durante casi cinco años, no se ha permitido que participe el recurrente, sin que exista una razón que así lo justifique, ya que tanto la Constitución, como la ley y los instrumentos internacionales de los que México es parte, establecen que debe darse el acceso en igualdad de circunstancias a los concursos de jueces.
Que si en la forma de actuar del Consejo de la Judicatura Federal para las convocatorias a los concursos de oposición de jueces, como en las convocatorias mismas, limitan el acceso a personas que se encuentran en igualdad de circunstancias, es decir, que cumplen los requisitos para ser jueces, se vulnera tanto la legalidad como los derechos humanos del recurrente.
Indicó que tanto del oficio en el que se le informa la negativa a la admisión del concurso, como de la convocatoria, no se advierte los criterios objetivos que tiene el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para no admitir al recurrente al concurso en cita; máxime que han transcurrido casi cinco años negando el acceso al mismo. Agrega que lo único que pretende es que se le permita el acceso al concurso, para que durante las etapas del mismo, pueda demostrar si tiene o no la capacidad para ser Juez de Distrito, lo que es un deseo válido y convencional y constitucionalmente protegido.
Precisó que su derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, se ha visto truncado al no admitírsele al concurso en cuestión y que durante casi cinco años no se haya emitido una convocatoria en la que pueda participar, por lo que el Consejo de la Judicatura Federal, sólo le deja como única opción para lograr su desarrollo profesional, el que se inscriba en un concurso interno, en el cual ni siquiera se le permite participar, por lo que se vulneran sus derechos humanos y se le deja en el limbo jurídico, sin alternativa alguna para lograr su desarrollo profesional y libre.
3. Agravios en los que se aduce que el Vigésimo Séptimo Concurso Interno de Oposición para la designación de Jueces de Distrito, no cumple con los estándares internacionales, debido a que tiene más de cuatro años siete meses sin haberse emitido una convocatoria a un concurso libre de oposición. Luego de exponer el contenido y lo que a su parecer establecen los artículos 97 constitucional y 112 a 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señaló que para determinar que un proceso de nombramiento de juez es adecuado, es decir, si un concurso cumple con los requisitos de convencionalidad, es necesario acudir a los estándares regionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al efecto invocó el caso Reverón Trujillo vs Venezuela y precisó que en éste se destacó que si bien es importante tomar en cuenta los méritos y calidades (sic) del aspirante, lo más importante es el aseguramiento de la igualdad de oportunidades en el acceso al Poder Judicial.
Refirió que en México hay dos formas de ingresar a la carrera judicial mediante concurso internos y concursos libres, en los que las etapas son exactamente las mismas y la única diferencia es el "tipo" de personas que pueden acceder a ellos, cuyo diseño parece cumplir un fin legítimo, consistente en que concursen iguales con iguales y desiguales con desiguales; pero que, de facto, el Consejo de la Judicatura Federal ha hecho que se vuelvan no idóneos los concursos para lograr el aseguramiento de los mejores jueces, al limitar el acceso a la función jurisdiccional única y exclusivamente a miembros del Poder Judicial de la Federación que sean secretarios de juzgado o tribunal, así como miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más no así a personas ajenas a las categorías contempladas en las fracciones III a IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Señaló que tiene más de cuatro años siete meses sin que se haya emitido una convocatoria a un concurso libre de oposición, lo que ha hecho que el proceso de admisión durante todo este tiempo, incluyendo el Vigésimo Séptimo Concurso Interno de Oposición para la designación de Jueces de Distrito, no cumpla con los estándares internacionales, ya que indebidamente se le niega la igualdad de oportunidades para ingresar al concurso.
QUINTO. Precisión. Antes de proceder al análisis de los agravios que formula el recurrente, este Tribunal Pleno estima conveniente precisar que la revisión administrativa es un procedimiento de estricto derecho en el que no procede la suplencia de la queja, lo que se justifica por la naturaleza misma que reviste este medio de impugnación, en términos del criterio sustentado por este propio Tribunal Pleno en la tesis de jurisprudencia que a continuación se identifica:
"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. NO PROCEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS PLANTEADOS EN ESE RECURSO. El objetivo de este tipo de medio de defensa es que las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal a que se refieren los artículos 100 de la Constitución Federal y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pueden ser sometidas a la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se considere que la designación, adscripción o remoción de Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito no se realizó con estricto apego a las disposiciones que los rigen. Ahora bien, si el referido consejo tiene que decidir sobre la designación, adscripción o remoción de los citados servidores públicos, es evidente que en su resolución debe, esencialmente, ponderar y calificar la actuación y capacidad de éstos, entre otras cuestiones. Consecuentemente, en la revisión administrativa habrán de analizarse las consideraciones y fundamentos dados por la autoridad sobre tales aspectos. Por tanto, tratándose de estos funcionarios cuyo encargo los obliga a conocer de la función jurisdiccional, de las instituciones procesales y de los medios de defensa instituidos en las leyes, debe concluirse que no debe regir en estos casos la suplencia de la deficiencia de los agravios, al no existir disposición expresa que así lo permita y porque sería contrario a la propia y especial naturaleza de este medio de defensa, y a los fines que persigue, en cuanto que en éste debe valorarse, precisamente, la actuación y capacidad del servidor público y, de aceptarse, implicaría un reconocimiento tácito de ineptitud e ineficiencia."(4)
Asimismo, es necesario señalar que las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el presente medio de impugnación consisten en revisar si la forma en que el Consejo de la Judicatura Federal establece los procedimientos y evaluación de los participantes de los concursos de oposición, así como las determinaciones que lleve a cabo durante el desarrollo de esos certámenes, se ajusta a los requisitos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y sus Acuerdos Generales, los cuales derivan, pormenorizan y complementan las disposiciones jurídicas citadas en primer término, puesto que todo este marco jurídico no sólo es vinculante para los concursantes, sino también para el propio Consejo.
Es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:
"CARRERA JUDICIAL. ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL APLICAR LO RELATIVO A ESE SISTEMA, CON EXCEPCIÓN DE LO QUE SE REFIERE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y, POR ENDE, EMITIR LA CONVOCATORIA PARA LOS CONCURSOS DE DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. Conforme a los artículos 94, 97 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano especializado, encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene la atribución exclusiva de aplicar lo relativo al sistema de carrera judicial en los términos fijados por la Ley Orgánica de dicho Poder, para lo cual nombrará y adscribirá a los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, con base en criterios objetivos y de acuerdo con los requisitos y procedimientos que establezca dicha Ley, la cual le confiere la atribución de que, según las necesidades imperantes y que dicho órgano, por su propia naturaleza y facultades, conoce, establezca esos criterios. Así, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el mencionado Consejo tiene la atribución de emitir la convocatoria de los concursos para la designación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, lo que implica que en su ejercicio tiene la libertad de fijar los requisitos que aquélla contendrá, en la inteligencia de que deben ser afines a los principios constitucionales rectores de la carrera judicial, con las bases previstas por la ley para su procedimiento y de acuerdo a los requisitos inherentes a la persona que, para ocupar tales cargos, prevé la propia Ley Orgánica, así como para decidir en qué momento se requiere realizar tales convocatorias, conforme a las necesidades imperantes en determinada época, las plazas a cubrir, etcétera, y además, tiene la atribución de efectuar los procedimientos necesarios para la ratificación de los Magistrados y Jueces Federales, así como la vigilancia de su correcta labor y, en su caso, de seguir los procedimientos disciplinarios e imponer las sanciones correspondientes."(5)
Cabe señalar que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 122, dispone que el recurso de revisión administrativa tendrá como único objeto que la Suprema Corte de Justicia determine si el Consejo de la Judicatura Federal nombró, adscribió, readscribió o removió a un Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, con estricto apego a los requisitos formales previstos en esta ley, o en los reglamentos interiores y acuerdos generales expedidos por el propio Consejo de la Judicatura Federal.
Lo cual es relevante puesto que el legislador facultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente para verificar que las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal que incidan en el mecanismo mediante el cual se nombra a Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito estén apegadas al marco normativo aplicable.
Lo expuesto con antelación, se ve reflejado en la tesis P. XXI/96, que a la letra dice:
"REVISIÓN ADMINISTRATIVA, RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL RESOLVERLO. El examen armónico de los artículos 100 constitucional, y 11, fracciones VIII y IX, y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite considerar que el Pleno de la Suprema Corte tiene la facultad de interpretar, entre otros preceptos, el citado en primer término, en cuanto establece el recurso de revisión administrativa contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, relativas a la designación, adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Para ejercer esa facultad interpretativa, el Tribunal Pleno parte de dos principios esenciales que rigen este medio de impugnación: 1) El respeto a la garantía de audiencia, que sólo puede cumplirse cabalmente cuando el afectado tiene oportunidad de invocar en su defensa todos los argumentos y razones que sean de su interés en contra de la resolución recurrida, así como de ofrecer y desahogar todas las pruebas que legalmente procedan; y, 2) La seguridad al Juez o Magistrado recurrentes de que la decisión correspondiente será examinada con apego a derecho por los dos órganos máximos del Poder Judicial Federal, finalidad fundamental del establecimiento de este recurso administrativo. Las bases rectoras anteriores dan pauta para considerar que, al decidir el recurso de revisión administrativa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene atribuciones para realizar un análisis completo y minucioso, tanto del procedimiento que se hubiere llevado a cabo, como de los hechos, pruebas, motivos y fundamentos que sustentan la resolución del Consejo de la Judicatura Federal, y determinar si se cumplieron los requisitos exigidos por la ley, sean de fondo o de forma."(6)
SEXTO. Análisis de los agravios en los que se aduce que el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es inconstitucional e inconvencional, al establecer como limitante para participar en un concurso para ser Juez de Distrito, que el aspirante se encuentre entre los supuestos contenidos en las fracciones III a IX del artículo 110 de dicha ley orgánica.
Argumenta el recurrente que el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es inconstitucional e inconvencional, al establecer como limitante para participar en un Concurso Interno para la designación de Juez de Distrito, que el aspirante se encuentre entre los supuestos contenidos en las fracciones III a IX del artículo 110 de la citada Ley Orgánica; ya que afirma que, para ello, no existe otra limitante salvo las contenidas en el artículo 108 de la misma legislación, por lo que el numeral 113 impone mayores requisitos al solamente contemplar a un grupo "homogéneo" del propio Poder Judicial de la Federación, discriminando al resto de sus miembros como es el caso del recurrente, quien cuenta con nombramiento de Asesor Jurídico Federal, adscrito al Instituto de la Defensoría Pública que es un órgano del Poder Judicial de la Federación.
Es infundado el agravio hecho valer.
Con la finalidad de justificar la calificativa anterior, es oportuno destacar lo siguiente:
El artículo 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé lo siguiente:
"Art. 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80202-192bab54/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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