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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO. LA CALIDAD DE LA POSESION CON QUE SE OSTENTA EL QUEJOSO EN LA, DEBE PROBARSE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 115/92. · Registro digital (IUS): 842
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JOSE LUIS ASCENCIO HERNANDEZ.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1992, , Pág. 224.

RECURSO DE REVISION 115/92. JOSE LUIS ASCENCIO HERNANDEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO.- Son infundados los motivos de queja transcritos.

En efecto, en contra de lo que sostiene el recurrente, el a quo federal, estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio, por las razones y fundamentos que expuso, con los cuales se pone de manifiesto que no decidió irreflexivamente o al margen de la ley como lo asevera, toda vez que en la especie y por así haberlo expresado el peticionario de garantías en su libelo constitucional, sí se hacía indispensable que acreditara como prueba fehaciente, que su posesión respecto de los bienes reclamados lo era efectivamente a título de dueño, porque tal afirmación constituyó la base que integró la litis constitucional, que no puede ser variada con posterioridad de acuerdo a sus intereses, o sea, con alegar después que basta la simple posesión, por lo que al no justificar ese aserto en los términos en que lo hizo, es inconcuso que no se le afecta su interés jurídico y por ende, el Juez de Distrito, lejos de omitir en su fallo lo previsto por la fracción I del artículo 107 de nuestra Carta Magna y IV de la ley de la materia lo tuvo en cuenta, por lo que debe estimarse válida la conclusión que llegó al respecto, por lo mismo no resulta aplicable a su favor el criterio jurisprudencial que transcribe.

Sin que sea exacto por otra parte, que la determinación impugnada carezca de la correspondiente fundamentación, porque basta la simple observación directa al contenido de su parte considerativa, para constatar que el Juez de amparo, sí precisa los preceptos legales e inclusive los criterios jurisprudenciales en los que apoya sus deducciones, por tanto, en contra de lo que alega el agraviado sí se invocan las razones de hecho y de derecho pertinentes que conducen a establecer la decisión de mérito, que desvirtúan la existencia de la citada violación formal, máxime que en tratándose del evento de que el quejoso no acreditó la posesión, lo procedente es sobreseer y no negar, en apoyo a lo anterior debe citarse la tesis de jurisprudencia 70 que aparece publicada en la página 20 de la Gaceta número 32, agosto de 1990, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "POSESION. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACION Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERES JURIDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCION Y MODIFICACION DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION 1917-1985).- De lo dispuesto por los artículos 107 fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica.".

Tampoco le asiste razón al inconforme cuando afirma que el Juez constitucional no realizó una apreciación correcta de los medios convictivos por él ofrecidos, porque de manera adversa a lo que esgrime, el juzgador aludido sí ejerció en forma adecuada su prudente arbitrio respecto de las probanzas identificadas con los incisos que se señala, ya que con los mismos no se desprende que hayan justificado la causa legítima de la posesión que a título de dueño afirmaron tener desde su demanda de garantías, sin que se desprenda que el a quo al llevar a cabo la estimación de dichos elementos probatorios, haya alterado de manera alguna los hechos o que sus razonamientos en los que apoya su convicción pugnen con los de la lógica, a más que, se hace relevante destacar que sobre este particular, los impugnantes, se conducen en forma abstracta y general, ya que no precisan en qué parte esas pruebas se dejaron de valorar o cuáles son las reglas de evaluación que fueron transgredidas, porque tales aseveraciones tan vagas e imprecisas deben ser desestimadas por no apoyarlas en razonamiento jurídico alguno para su efectivo análisis, por lo que en este punto sus inconformidades también emergen como inoperantes.

Sin que de igual manera sea exacto, que por desprenderse de las constancias del Registro Civil que exhiben el domicilio en que habitan, con ello hayan justificado tener la posesión a título de dueño, porque tales justificaciones, sólo acredita los actos para los que fueron particularmente elaborados (matrimonio, nacimiento, defunción, etcétera), en apoyo a lo anterior, debe citarse la tesis consultable a página 12 de los volúmenes 145-150, Cuarta Parte, Séptima Epoca, que dice: "ACTAS DEL ESTADO CIVIL, QUE PRUEBAN.- Las actas del estado civil, sólo demuestran plenamente el acto para el que se levantó la partida.".

También deviene como infundado lo que manifiestan los disconformes a partir del párrafo identificado con el inciso a), y siguientes del ocurso materia a estudio, porque en forma opuesta a lo que alegan, es inconcuso que los peticionarios de la protección federal, necesariamente en su libelo inicial de amparo deben hacer mención de la causa u origen de la posesión que ejercen sobre la cosa cuestionada y además demostrarlo en el juicio, por ser la esencia de la litis constitucional y con el fin de proporcionar al Juez de garantías los elementos convictivos indispensables para que pueda apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad consagrada en el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental, consecuentemente como se aprecia en las actuaciones del juicio que se revisa, los quejosos se limitaron a manifestar que tenían el carácter de poseedores a título de dueño del inmueble a que este asunto se contrae, del que afirman que la responsable los desposeyó sin haber sido oídos y vencidos en juicio previo, pero omitieron aludir a la causa de esa posesión originaria que en ningún momento llegaron a demostrar en el procedimiento de la primera instancia constitucional, en esa virtud, es entonces claro que aun en el supuesto de que se haya acreditado con las pruebas que aportaron que ejercieron un poder de hecho sobre el predio de referencia, debe concluirse de que se trata de una detentación material que no configura la posesión jurídica, única que es protegible y no la simple tenencia como es el caso, porque no se integra un interés jurídico sino uno simple que no faculta a los quejosos para reclamarlo en esta vía federal, por consiguiente el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al actualizar la causa de improcedencia que invoca en su determinación, porque sí emerge una distinción evidente entre la simple detentación y la posesión legítima por tanto, no son aplicables al caso los argumentos doctrinales y los criterios jurisprudenciales que invoca, por no integrarse el supuesto que nos ocupa, ya que en la especie alegaron tener la posesión a título de dueño sin haber acreditado con prueba alguna esa titularidad, sentido en el que ya se ha pronunciado este colegiado federal, concretamente al resolver los amparos en revisión 488/90 y 515/90.

Ante esa tesitura, y al no justificarse la pretendida ilicitud de la sentencia que se revisa, lo conducente es confirmarla en sus términos.

Por lo expuesto y con apoyo además en lo previsto por el artículo 44, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículo 90 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.- Se confirma la resolución sujeta a revisión.

SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo número 30/92, promovido por Narciso García Amador, Petra Hernández de García, Vicente García Hernández y Leticia Núñez Rosas de García, en contra de las autoridades y por los actos que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad archívese este expediente.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por unanimidad de votos de los CC. Magistrados Eduardo Lara Díaz, Rodolfo Moreno Ballinas y Jaime Julio López Beltrán, siendo ponente el segundo de los nombrados quienes firman con la secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/842-4d24efcd/demanda-de-amparo-la-calidad-de-la-posesion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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