MEDIDAS PROVISIONALES. RESTITUCION DE INMUEBLES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN CONTRA DE LAS.
RECURSO DE REVISION 2/92. ANTONIO MENDOZA GUTIERREZ.
CONSIDERANDO:
UNICO.- Se hace innecesario transcribir las consideraciones en que se apoya la sentencia recurrida, como los agravios expresados, pues este Tribunal Colegiado advierte la existencia de una causal de sobreseimiento, distinta a la que invocó por una parte el a quo federal, cuyo estudio es preferente por ser cuestión de orden público, conforme a lo establecido en la tesis de jurisprudencia 940, y la segunda de sus relacionadas, publicadas a fojas 1538 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte que dicen: "IMPROCEDENCIA" e "IMPROCEDENCIA, ALCANCE DE LAS TESIS SOBRE QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO", cuyos contenidos son los siguientes: "Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." y "Es cierto que las causas de improcedencia deben de estudiarse de oficio, en cualquiera de las dos instancias de juicio de garantías, aunque no las invoquen las partes ante el Juez de Distrito, o en la expresión de agravios, pero siempre y cuando la sentencia de primer grado no contenga declaración categórica en los puntos resolutivos sobre que no es de sobreseerse ni se sobresee en el juicio; de manera que si contiene tal declaración, la misma sólo podrá ser revisada por la Suprema Corte, en caso de que sea recurrida pues de lo contrario no podrá invocarse la misma causa de improcedencia desechada por el inferior, ya que no sería jurídico que sobre el mismo punto precisamente en el mismo juicio, aparecieran dos decisiones contradictorias: la del Juez de Distrito, que causa ejecutoria por ministerio de ley, y la de la Suprema Corte.".
En efecto, se actualiza de autos la causal de improcedencia prevista por el artículo 73 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 114 fracción IV, del citado ordenamiento; pues como se podrá apreciar con posterioridad los actos reclamados por el quejoso no le deparan perjuicio de imposible reparación, presupuesto indispensable para la procedencia del juicio constitucional.
Para mejor comprensión del asunto, es importante señalar que en la causa de donde emana el acto reclamado, se decretó el formal procesamiento de J. Jesús Flores Mancilla (quejoso), como presunto responsable en la comisión del delito de despojo, previsto y sancionado por el artículo 262 del Código Penal del Estado, en agravio de Antonio Mendoza Gutiérrez (recurrente en esta instancia constitucional). Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de garantías, se colige que el quejoso reclama básicamente el auto de fecha doce de junio de mil novecientos noventa y uno, en el que, por una parte, el Juez de lo Criminal de Autlán, Jalisco, le declaró improcedente el recurso de revocación que interpuso el procesado contra el auto de diez de mayo del propio año, en cuanto dio trámite al incidente de restitución del inmueble materia del delito, promovido por el denunciante Antonio Mendoza Gutiérrez; y, por otro lado, ordenó la restitución de dicho inmueble en favor del citado ofendido. Así como el diverso auto de tres de julio del propio año, mediante el cual se aclara la ubicación y nombres del inmueble a restituir, y de nuevo se ordena su entrega al ofendido. También se reclama la ejecución de tales acuerdos.
En efecto, una exacta interpretación a la fracción IV, del artículo 114 de la Ley de Amparo, revela que para que los tribunales federales conozcan de una demanda de amparo indirecto, es menester que el acto reclamado cause perjuicios de imposible reparación en detrimento del quejoso, entendiendo tal menoscabo como aquél que tiene una ejecución sobre la persona o los bienes del quejoso que afectan de inmediato sus derechos sustantivos de manera tal que el perjuicio irrogado no pueda repararse por acto jurídico posterior; circunstancia que no acontece en el caso concreto, pues tomando en consideración lo preceptuado en los artículos 429 y 430 del Código de Procedimientos Penales del Estado, las providencias que se dictan tendientes a restituir al ofendido en el goce de sus derechos, son provisionales, por ende, modificables o revocables por causa superveniente o en sentencia definitiva. Entonces, si de las constancias de autos se patentiza que la autoridad responsable, después de que el auto de formal prisión que dictó contra el hoy quejoso fue confirmado por el ad quem, ordenó a petición del ofendido que se le restituyera en la posesión del predio afecto, es indudable que dicha medida no es definitiva, ni causa al peticionario de garantías perjuicios irreparables, pues atendiendo a los dispositivos locales invocados, cabe la posibilidad de modificarla o revocarla, ello acontecería válidamente en el caso de que se le concediera el amparo contra la resolución de la Sala en que se confirmó la formal prisión que le fue decretada al procesado; en el caso de que prosperara algún incidente de desvanecimiento de datos; o bien, si la sentencia que ponga fin al juicio que lo absuelve, ya que de ser así, es obvio que se ordenaría que se le restituyera en la posesión del predio controvertido, desvaneciendo de esta manera las consecuencias que le ocasiona la medida provisional de que se duele en la demanda de garantías, pero de no ocurrir eso, estaría en aptitud de recurrir en apelación tal fallo, en aras a su absolución, y aun al juicio de amparo directo, en contra de la sentencia de segundo grado, de serle adversa; de ahí que, no exista duda que el acto reclamado no satisface la exigencia que estatuye la fracción IV del artículo 114 de la ley de la materia, por tanto, deviene improcedente la acción constitucional enderezada por el quejoso, de conformidad con lo preceptuado en la fracción XVIII del numeral 73 de la citada ley. Sobre el particular tiene aplicación por analogía la tesis de jurisprudencia número 1469 y la cuarta de sus relacionadas, publicadas a fojas dos mil trescientos treinta y siete y dos mil trescientos treinta y ocho del apéndice y parte ya invocados en la ejecutoria que a la letra dice: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS.- El secuestro de bienes como providencias precautorias, no es acto de ejecución irreparable, porque en la sentencia que se pronuncia en el juicio, se resolverá si debe o no subsistir, y contra esa sentencia se puede interponer el amparo; por la misma consideración, no es acto que deje sin defensa al quejoso, y por último, tampoco puede considerarse como un acto ejecutado fuera de juicio.". La jurisprudencia que aparece publicada en el Apéndice al Tomo LXIV del Semanario Judicial de la Federación, tesis número 663, página novecientos dos, y que establece que "el juicio de amparo es improcedente tanto contra las providencias precautorias, como contra las resoluciones en que se niegue el alzamiento de las mismas, por tratarse de uno y otro caso, de actos del procedimiento que no dejan sin defensa a la parte quejosa, es aplicable al juicio de garantías en que se reclama la resolución que no resolvió sobre la solicitud del quejoso para que se levantara una providencia precautoria decretada en su contra, sin que obste en contrario que, en el caso, se hubiera ya dictado sentencia definitiva, si ésta no ha causado ejecutoria, por haberse interpuesto en contra de la misma el recurso de apelación extraordinaria, pues si bien es cierto que al decidirse tal recurso, no se resolverá nada sobre la providencia precautoria, también lo es que si el recurso prosperó, habrá de reponerse el procedimiento y dentro de él, podrá defenderse la parte quejosa, o en caso contrario, en el juicio de amparo que se siga contra la sentencia correspondiente, se resolverá sobre los hechos controvertidos, e implícitamente, sobre la subsistencia de la providencia en cuestión, que por lo mismo, constituye un acto reparable ejecutado, dentro del procedimiento.".
En mérito de lo anterior, lo que procede es modificar el fallo sujeto a revisión, y decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías por las razones invocadas.
Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 103 fracción I, 107, fracción VIII, último párrafo de la Constitución Federal, y los diversos 1o., fracción I; 76, 78, 83 fracción IV; 85, fracción II; 91 fracciones I y II de la Ley de Amparo y 44, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.- Se modifica la resolución revisada.
SEGUNDO.- Se sobresee el juicio de garantías número 1093/91, promovido por J. Jesús Flores Mancilla contra actos del Juez de lo Criminal de Autlán, Jalisco, Juez y Secretario del Juzgado de Primera Instancia de Cihuatlán, Jalisco, los que se precisaron en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos originales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad archívese el expediente.
Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, por unanimidad de votos de los CC. Magistrados Oscar Vázquez Marín, Fernando Hernández Reyes y Hugo Ricardo Ramos Carreón, siendo ponente el primero de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/865-72e32d98/medidas-provisionales-restitucion-de-inmuebles-en-el-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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