ORDEN DE APREHENSION.
AMPARO EN REVISION 155/93. LUIS ROBERTO OGARRIO PERKINS.
CONSIDERANDO:
CUARTO.- Resultan infundados los agravios que expresa el recurrente.
En efecto, señala medularmente el inconforme que la resolución que se combate le causa agravio al considerar el Juez Federal que la orden de aprehensión que se reclamó, reunía los requisitos que para su emisión prevé el artículo 16 constitucional, sin tomar en cuenta que dicho acto no está debidamente fundado ni motivado, puesto que, aduce, aun cuando los hechos que integran la averiguación previa sean delictuosos éstos deben adecuarse al tipo penal correspondiente atendiendo a las circunstancias de ejecución.
Como se señaló al inicio del considerando, no le asiste la razón al impetrante del amparo, pues contrario a lo argumentado se aprecia que tal como lo apuntó la Juez de Distrito la orden de captura que se reclama, se encuentra debidamente fundada y motivada y ajustada a derecho conforme lo establecido para el caso por los artículos 14 y 16 constitucionales.
Ciertamente la orden de aprehensión es un acto de autoridad en virtud del cual el Juez competente determina la detención de un gobernado, al iniciarse el proceso penal o bien durante él, según se presenten los hechos, sin que esto constituya una sentencia que declare que se ha cometido el delito y que el inculpado es responsable penalmente, razón por la que para dictarla, debe sólo probarse en la averiguación previa que la conducta desplegada por el acusado está tipificada como delito en la ley, mereciendo pena corporal y que existan pruebas que hagan probable la responsabilidad penal del inculpado.
De este modo, si bien es verdad que para que una orden de aprehensión pueda legalmente ordenarse no basta que la autoridad que la emita sea judicial y que exista denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, sino que ésta debe estar apoyada por declaración de personas dignas de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado; en el caso puede observarse que tales requisitos quedaron satisfechos plenamente, puesto que la orden fue girada por el Juez Segundo del Ramo Penal de esta ciudad, autoridad judicial competente, precedida de la acusación formulada por el ofendido Jesús Humberto Limón Blanco (foja 29) en la que concretamente indicó que al presentarse en el domicilio de una amiga de él de nombre Sara Alicia Ceceña Gil Samaniego, sito en Avenida Reforma y Nogales de esta ciudad, había sido agredido por el hoy agraviado quien le abrió la puerta cuando tocó en busca de su conocida, apuntándole con una pistola y diciéndole que lo iba a "chingar" sólo que alguien gritó dentro del domicilio y lo distrajo por lo que el disparo le dio en una pierna; imputación que se encuentra apoyada principalmente con la declaración ministerial (foja 39) del propio quejoso en la que reconoció que efectivamente el día que ocurrieron los hechos él se encontraba en la casa de la de nombre Sara Alicia Ceceña Gil Samaniego, lugar hasta el que llegó el sujeto pasivo, por lo que él decidió sacar una pistola que se encontraba debajo de una cama y ponerla en su cintura, procediendo a abrir la puerta para inmediatamente agredir a su interlocutor diciéndole que no se metiera y apuntándole con dicha pistola directo al pecho, pero que el tiro le pegó en una pierna, manifestación que fue corroborada también por los testigos presenciales Salvador Mada Liera y Humberto Verdugo Ancholdo, así como con el certificado médico de esencia en el que se describe la lesión sufrida por el ofendido.
Por tanto, no puede decirse que la multicitada orden de captura que reclama el quejoso no se encuentre debidamente fundada y motivada y adecuada al tipo del ilícito que se le imputa, ya que por fundar el acto debe entenderse la denominación correcta de la ley y el artículo que faculta para dictar la orden, lo cual en la especie claramente se cumplió, pues basta imponerse del acto tachado de inconstitucional para advertir que en el mismo claramente se señaló que el delito que se actualizó y por el cual solicitaban orden de aprehensión era el de tentativa de homicidio, previsto y sancionado por los artículos 148 y 252 en relación con el 10, todos del Código Penal sonorense, asimismo con el 14 y 16 constitucionales (fojas 48-51).
Ahora bien por otra parte por motivar deberá entenderse el señalar en el acto de autoridad qué pruebas y razonamientos llevan a la convicción del juzgador a tener por acreditada la existencia del delito y la probable responsabilidad penal, es decir, para que el Juez determine que la conducta material está tipificada como delito, requiere estudiar y valorar las pruebas provisionalmente, lo cual en forma precisa y pormenorizada realizó el Juez natural.
Además, cabe agregarse que para acreditar la existencia del delito y la supuesta responsabilidad penal del inculpado y se haga posible librar una orden de aprehensión, basta que existan dos testigos presenciales que sean coincidentes, prueba testimonial que deberá ser recibida en la averiguación previa, situación ésta que también quedó precisada. Dicho criterio encuentra apoyo en tesis número 26/93 penal que ha sustentado este órgano colegiado misma que es del tenor literal siguiente: "ORDEN DE APREHENSION.- Apareciendo en autos comprobado un hecho delictuoso que la ley castiga con pena corporal y declaración de dos personas que imputan responsabilidad a los quejosos en este hecho antijurídico, es indudable que la orden de aprehensión que combaten los quejosos está ajustada a derecho, pues tales declaraciones sería necesario apreciarlas, para fundar el auto de formal prisión o para condenar en definitiva, pero no para dictar la orden de aprehensión.".
Asimismo, es de apuntarse que no es requisito de formalidad que dé validez a la orden de aprehensión, clasificar como lo pretende el agraviado el delito en forma precisa, pues basta que se señale el delito por el cual se libra el acto de autoridad que legitima la detención del gobernado, para que la orden de captura sea legal, puesto que será al momento de resolver la situación jurídica del indiciado a través del auto de formal prisión o sentencia definitiva que se pueda reclasificar la conducta desplegada por el acusado.
Encuentra apoyo el criterio anterior en la tesis jurisprudencial número 154.VI.2o., visible en página ciento veinticinco, Tomo VIII, Noviembre, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, que textualmente dice: "SIN CLASIFICACION DE DELITO.- La precisa clasificación del delito no es necesaria para dictar la orden de aprehensión sino para fundar el auto de formal prisión y la sentencia definitiva.".
Por tanto, al resultar infundados los agravios expresados por el recurrente, sin que exista diverso agravio que suplir en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, procede en la especie confirmar la resolución que se revisa.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.- Se confirma la resolución recurrida.
SEGUNDO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a LUIS ROBERTO OGARRIO PERKINS contra la orden de aprehensión girada por el Juez Segundo del Ramo Penal de esta ciudad.
Notifíquese, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos originales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este toca.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito por unanimidad de votos de los Magistrados Lucio Antonio Castillo González, Alicia Rodríguez Cruz y Ricardo Rivas Pérez, siendo relator el último de los nombrados, quienes firman con la secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/975-0b8f8130/orden-de-aprehension · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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