ACCIÓN PENAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU NO EJERCICIO (NO ADMISIÓN DE PRUEBAS PREVIAMENTE OFRECIDAS ANTE LA RESPONSABLE) DEBEN RESOLVERSE AL ESTUDIAR EL FONDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS Y NO A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA.

Nuestro Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que, tratándose de actos ocurridos dentro de la averiguación previa, la parte ofendida puede combatir lo relativo al desechamiento de pruebas al promover el juicio de amparo contra la resolución definitiva de no ejercicio de la acción penal, por ser esa determinación la que realmente puede causarle algún perjuicio, ya que de otra manera se propiciaría el abuso del propio juicio de garantías y la multiplicación innecesaria de asuntos de esa naturaleza en detrimento de la garantía de justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al reclamar la afectación de derechos intraprocesales o adjetivos. En ese orden de ideas, si el ofendido reclama en el juicio de amparo indirecto la resolución que confirma el no ejercicio de la acción penal, y dentro del procedimiento, el Juez de Distrito no le admite pruebas que previamente había ofrecido ante la autoridad responsable, y por ello interpone el recurso de queja contra esa determinación. Resulta inconcuso que dicha violación debe ser materia de estudio al resolverse el fondo del juicio de amparo promovido contra la resolución definitiva que confirma el no ejercicio de la acción penal y no en el recurso de queja, aun cuando sea evidente que la omisión en que incurre la autoridad ministerial responsable de ordenar el desahogo de las pruebas que se ofrecieron ante ella, constituye una violación procesal; sostener lo contrario sería tanto como indicar al Juez de Distrito que resuelva el fondo del juicio en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el recurso de queja, aunque no sea el momento procesal ni la vía para resolver en ese sentido.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.