INSTITUCIONES FINANCIERAS. EL ARTÍCULO 67, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, AL FACULTAR A LA COMISIÓN NACIONAL RELATIVA PARA SOLICITAR A AQUÉLLAS INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LAS RECLAMACIONES DE QUE CONOZCA, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 13 DE MAYO DE 2005).

De los artículos 1o., 4o. y 5o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros se advierte que la protección y defensa de los derechos e intereses de los usuarios están a cargo de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, cuya finalidad es promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios frente a las instituciones financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, para lo cual establece medios de defensa eficientes y oportunos para resolver sus controversias en un plano de igualdad. En ese sentido, el segundo párrafo del artículo 67 de la Ley de la materia, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2005, al facultar a la aludida Comisión Nacional para solicitar en todo momento a las instituciones financieras la información, documentación y todos los elementos que considere pertinentes, siempre y cuando estén directamente relacionados con las reclamaciones presentadas por los usuarios, no viola las garantías de audiencia, debido proceso legal y acceso a la jurisdicción contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha facultad atiende a la función preponderantemente conciliatoria y protectora de la mencionada Comisión, sin que tal atribución sea ilimitada, ya que la correspondiente solicitud está condicionada a que la información o documentación requerida tenga relación directa con la reclamación. Además, la presentación de los informes o documentos tenderá a demostrar a quién le asiste la razón, lo cual otorga certeza y seguridad jurídica a las partes.