SUSPENSIÓN EN MATERIA FISCAL. PARA LA CONCESIÓN DE DICHA MEDIDA CAUTELAR ES INNECESARIO FIJAR GARANTÍA ALGUNA SI SE RECLAMA EL REMATE DE UN BIEN INMUEBLE QUE GARANTIZA EL INTERÉS FISCAL Y EL QUEJOSO NO ES EL DEUDOR DIRECTO NI TIENE EL CARÁCTER DE PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ECONÓMICO COACTIVO.

El texto vigente del artículo 135 de la Ley de Amparo no resulta aplicable cuando se solicita la suspensión del remate y las consecuencias legales de un procedimiento administrativo de ejecución, donde el quejoso no figura como parte y aduce ser copropietario; lo anterior es así, porque en la reforma del 24 de abril de 2006 se suprimió el segundo párrafo de dicho numeral que preveía la forma en que la persona distinta del causante (como las personas extrañas al procedimiento administrativo de ejecución) podía garantizar en el juicio de amparo, por los motivos señalados en la exposición de motivos de la referida iniciativa, en el dictamen y los debates de la Cámara de Diputados, así como en el dictamen aprobado por la Cámara de Senadores, de los cuales se advierte que dicha reforma obedeció en esencia a: A) la necesidad de posibilitar al fisco el cobro de las contribuciones y el cumplimiento de las normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias sin afectar los derechos de los quejosos que acuden al juicio de amparo y solucionar el problema de la importación de mercancías al país sin el pago de los impuestos o regulaciones arancelarias, aprovechando la suspensión en el juicio de amparo; B) que no era intención del legislador incluir a las personas extrañas al procedimiento económico coactivo en el supuesto legal del artículo 135 de la Ley de Amparo y; C) dar mayor certeza jurídica en la concesión de la suspensión del acto reclamado en materia fiscal. Ahora bien, tampoco es válido fijar en contra de dicho copropietario la garantía a que se refiere el artículo 125 de la ley de la materia, toda vez que para exigir una garantía, los artículos 125 y 126 de la citada ley establecen reglas específicas que requieren de la existencia de un posible daño a un tercero perjudicado, por lo que, debido a su especificidad, no pueden ser aplicadas analógicamente cuando los posibles daños y perjuicios los resiente la autoridad responsable, lo que no quiere decir que el juzgador soslaye la posible afectación al orden público de no encontrarse garantizado el crédito fiscal; por tanto, si el quejoso no es el deudor directo, ni tiene el carácter de parte en el procedimiento económico coactivo y reclama el remate de un bien inmueble que de entrada garantiza el interés fiscal (si no existe prueba en contrario), es claro que no es necesario fijar garantía alguna para que surta efectos la medida suspensional solicitada.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.