INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 138 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.

El hecho de que el citado precepto no establezca el plazo a que debe sujetarse la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para concluir el procedimiento administrativo sancionatorio que prevé, no viola la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si bien es cierto que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en respeto a la garantía citada, debe establecerse un plazo prudente para la duración de las visitas domiciliarias, también lo es que tal criterio se sustenta en que la facultad de las autoridades administrativas para comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, mediante la práctica de visitas domiciliarias, constituye una excepción a la garantía de inviolabilidad del domicilio particular y, por ende, no implica la potestad de intervenir permanentemente el domicilio de los gobernados, lo cual es diferente a la imposición de sanciones por infracción a las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que no conlleva intromisión alguna al domicilio del gobernado, pues tales sanciones se determinan con base en las constancias que obren en el expediente administrativo respectivo y, en su caso, con las manifestaciones del presunto infractor y las pruebas que haya ofrecido.