CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA. EL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SU DIRECTOR DETERMINA A LA EMPRESA CONTRATISTA EL SALDO A PAGAR POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESPECTIVO Y LE REQUIERE DE PAGO EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD RECLAMABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.

De conformidad con lo dispuesto en las tesis números P. XXVII/97 y 2a. CCIV/2001, emitidas, respectivamente, por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." y "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", revisten el carácter de autoridad responsable los funcionarios de organismos públicos que con fundamento en la ley, emiten actos unilaterales por los que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, y en ejercicio de una potestad administrativa irrenunciable. De esta manera, el acuerdo por virtud del cual el director del organismo público descentralizado del Estado de Puebla, denominado Carreteras de Cuota Puebla, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en el numeral 142 de su reglamento, determina a cargo de la empresa que es parte en un contrato de obra pública celebrado con dicha entidad paraestatal, el saldo a su cargo con motivo del incumplimiento en las obligaciones ahí pactadas y le requiere el reintegro de la cantidad determinada dentro del término de veinte días naturales contados a partir del proveído de referencia, apercibida que de no hacerlo, se harían efectivas las garantías correspondientes, sí constituye un acto de autoridad reclamable a través del juicio de garantías; lo anterior, en la medida en que el citado organismo, unilateralmente y con fundamento en una norma legal, determina obligaciones a cargo de la empresa respectiva a través de las cuales modifica por sí situaciones jurídicas que afectan su esfera legal, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, es decir, ejerce facultades de decisión reconocidas en la ley, que constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, lo que se traduce en auténticos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la causa de ese imperio.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.