INHABILITACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. NO PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA PORQUE CAUSARÍA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL.

Si bien es cierto que por disposición legal, la inhabilitación impuesta como sanción administrativa a un servidor público tiene carácter temporal, ello no la asemeja a la sanción consistente en suspensión temporal del empleo, cargo o comisión desempeñados, porque en este último caso, la sanción tiene una naturaleza correctiva o disciplinaria, tendiente a restringir o limitar temporalmente el ejercicio del servicio público así como las percepciones y prestaciones del sancionado, para inculcar en él una conducta diversa a la que generó la infracción castigada, mientras que la inhabilitación no persigue sólo ese efecto restrictivo, correctivo y disciplinario, sino que excluye totalmente del ejercicio del servicio público, durante el lapso de la sanción, a aquella persona que ha sido declarada como no apta para desempeñarlo, en virtud de que la gravedad de su conducta denota un riesgo importante para el Estado en cuanto al ejercicio de la función pública; por tanto, en caso de concederse la suspensión en contra de la ejecución de la sanción consistente en la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, se estaría constriñendo a la incorporación al ejercicio de la función pública, de una persona cuya capacidad y aptitud para tal objeto se encuentran en entredicho, originándose, por tanto, perjuicio al interés social, por lo que en tal supuesto, debe estimarse que no se satisface el requisito previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, y negar la suspensión del acto reclamado.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.