SUSPENSIÓN. TRATÁNDOSE DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE INHABILITACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, Y SU CONSECUENTE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, POR SER DICHAS SANCIONES DE ORDEN PÚBLICO.

Resulta improcedente otorgar la suspensión en contra de la ejecución de la resolución de inhabilitación para el desempeño de un empleo, cargo o comisión en el servicio público y, como consecuencia necesaria de ésta, de la inscripción en el Registro de Servidores Públicos Sancionados correspondiente, cuando tal sanción es impuesta a un servidor público de confianza, toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 75, párrafo primero, segunda parte, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la suspensión, destitución o inhabilitación que se imponga a los servidores públicos de confianza, surtirán efectos al notificarse la resolución y se considerarán de orden público, por lo que al surtir efectos dichas sanciones, se está en presencia de un acto consumado, por lo que de concederse la medida cautelar se le estarían dando efectos restitutorios lo cual no es propio del incidente de suspensión, sino del juicio principal, además de que las sanciones de mérito, por disposición expresa del legislador, deben considerarse de orden público; por tanto, no se satisface el requisito a que alude la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo para su otorgamiento.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.