LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 28, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, AL ESTABLECER QUE PODRÁ NEGARSE LA PARTICIPACIÓN A EXTRANJEROS CUANDO CON EL PAÍS DEL CUAL SEAN NACIONALES NO SE TENGA CELEBRADO UN TRATADO Y AQUÉL NO CONCEDA UN TRATO RECÍPROCO A LOS LICITANTES, PROVEEDORES, BIENES O SERVICIOS MEXICANOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

El citado precepto constitucional establece los principios que rigen el manejo de los recursos públicos de los Gobiernos Federal y del Distrito Federal, a saber, eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, así como la regla general consistente en que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que se realicen, se adjudicarán a través de licitaciones mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y, como excepción, que cuando las licitaciones no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. Ahora bien, el legislador ordinario reglamentó esos principios en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su artículo 28 señala que podrán efectuarse licitaciones nacionales e internacionales; las primeras cuando sólo puedan participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes a que se refieran sean producidos en el país y cuenten por lo menos con un 50% de contenido nacional, mientras que en las segundas pueden participar personas mexicanas o extranjeras y los bienes a adquirir sean de origen nacional o extranjero. Por tanto, el último párrafo del referido precepto al establecer que en las licitaciones internacionales podrá negarse la participación de extranjeros cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y aquél no conceda un trato recíproco a los licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos, no transgrede los postulados contenidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al otorgarse a la dependencia o entidad licitante la facultad discrecional de determinar si en las licitaciones públicas internacionales convocadas se autorizará o no la participación a los extranjeros, se les permite que en la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios atiendan a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan, a las previsiones contenidas en sus programas anuales, así como a los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos de egresos correspondientes, como lo exige el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en acatamiento a la determinación consistente en la administración de los recursos con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a que están destinados, además de que se aseguran al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en la medida que estarán en posibilidad de ponderar en cada caso la conveniencia de permitir o negar la participación de extranjeros respecto de los que no exista obligación derivada de tratados internacionales o trato de reciprocidad internacional, cuando así convenga al interés y beneficio de la colectividad y al desarrollo de la economía nacional, pues corresponde al propio Estado la rectoría del desarrollo nacional, así como la planeación, conducción, coordinación y orientación de aquélla, conforme a los artículos 25 y 26 de la Constitución Federal.