AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LOS ACUERDOS QUE DICTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, RESPECTO DE LOS ACTOS QUE SE REFIEREN A LAS MEDIDAS Y PROVIDENCIAS DE SEGURIDAD Y AUXILIO A LA VÍCTIMA.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías procede en contra de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; luego, la negativa del representante social a restituir al quejoso en el derecho a la posesión que tenía respecto de un inmueble que es materia del delito de despojo, aun cuando se trata de una actuación de trámite emitida dentro de la averiguación previa, no impide que el a quo analice tal aspecto, por tratarse de actos dictados por una autoridad administrativa que se refieren a medidas y providencias de seguridad y auxilio a las víctimas, a las cuales se puedan afectar derechos e intereses legítimamente tutelados en su favor, porque en términos del numeral 29 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas, corresponde al Ministerio Público, a petición del interesado, asegurar esos derechos, o bien, restituirlos en el goce de éstos, siempre que estén legalmente justificados; es decir, debe observar estas circunstancias en cada caso concreto, para establecer la procedencia o improcedencia de la petición; en consecuencia, el ofendido se encuentra legitimado para ejercer la acción constitucional, a través del amparo indirecto, para que sea el juzgador constitucional quien resuelva si el acto reclamado viola o no garantías individuales, resultando con ello incorrecto el que se deseche la demanda de garantías.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.