PROCEDIMIENTOS CIVIL Y FISCAL. EN MATERIA DE PREVENCIONES, SON DE DISTINTA NATURALEZA.

Si bien es cierto que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número P./J. 22/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, página dieciséis, estableció que: "... si la ley procesal no contempla la prevención al demandado para que regularice la demanda y, además, establece una consecuencia desproporcionada a la omisión formal en que incurre el gobernado, como lo es tenerla por no presentada, como acontece en el artículo 209 del Código Fiscal de la Federación, tal procedimiento es violatorio a la garantía de audiencia en tanto que se aparta de los principios fundamentales que norman el debido proceso legal, pues rompe el equilibrio procesal entre las partes al impedir al particular defenderse en contra del acto administrativo y de probar la argumentada ilegalidad."; también lo es que tal criterio derivado de un crédito fiscal, no resulta aplicable al acto generador de las obligaciones que se originan de un acto de naturaleza civil, como lo constituyen los requisitos estatuidos en el artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que deberán ser observados en el ofrecimiento de pruebas, y cuyo incumplimiento se sanciona de acuerdo con lo dispuesto en el diverso artículo 298 del propio código con el desechamiento de las mismas. Ello es así, porque la obligación ex lege, lo que significa que nace por disposición de la ley y para su nacimiento requiere que la actuación del gobernado coincida con el hecho o supuesto normativo que el legislador ha previsto en abstracto en la norma; mientras que las obligaciones civiles surgen normalmente como consecuencia de la celebración voluntaria de un acto civil. De ahí que en materia fiscal se pondere que al desechar la demanda de nulidad por no cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 209 del Código Fiscal de la Federación, se aplique una consecuencia desproporcionada a la irregularidad formal en que se incurre, rompiendo el equilibrio procesal entre las partes, al impedir al particular defenderse contra los actos del Estado, dado el imperio que le caracteriza; en cambio, en tratándose de relaciones jurídicas o hechos generadores de obligaciones civiles que no pueden ni deben ser considerados ex lege como las fiscales, pues surgen a la vida jurídica cuando se reúnen los elementos esenciales que conforman el acto jurídico que les dio origen como son: el acuerdo de voluntades entre los sujetos, el objeto directo y la relación jurídica; por lo que el hecho generador de la obligación civil contraída, a diferencia de las obligaciones tributarias, no lo constituye la adecuación de la conducta a la descripción en abstracto establecida por el legislador en la norma, sino que surge normalmente como consecuencia de la celebración voluntaria del acto civil. Además, las referidas relaciones no sólo se rigen por los principios dispositivos y de igualdad procesal, sino que también se atiende a la salvaguarda de otros principios, entre los cuales se encuentra la garantía de administración de justicia pronta y expedita que la Constitución Federal otorga a la contraparte del oferente.