PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE QUERÉTARO, PREVISTO EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. NO ESTÁ DISEÑADO EN FORMA DE JUICIO Y LA DECISIÓN QUE PONE FIN AL MISMO NO ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO.

De los artículos 80, 81, 83, 84, 94, 95, 96, 97 y 98 de esa ley, se desprende que el procedimiento de aplicación de sanciones disciplinarias a los servidores públicos por incumplimiento a sus obligaciones, sólo persigue el aludido objeto, es decir, aplicar sanciones que ese propio cuerpo normativo prevé en su artículo 89, por consiguiente no es un juicio en la medida en que no tutela intereses particulares ni tiende a dirimir conflictos donde se discuten pretensiones privadas, pues aun en el caso de que se inicie a petición de parte determinada, ésta no detenta un interés encontrado al del denunciado, ya que no obtendría beneficio jurídico alguno de aplicarse una sanción al funcionario de que se trata, o lo que es lo mismo, no se causaría perjuicio alguno de no aplicarla. Por ello, la resolución definitiva recaída a ese procedimiento no es reclamable en amparo directo porque no se trata de una resolución que pone fin al juicio, como lo exigen los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.