AMPARO. PROCEDENCIA DEL, CUANDO LA AUTORIDAD ESTATAL O MUNICIPAL ES OMISA EN CUMPLIR VOLUNTARIAMENTE UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURÓ COMO PARTE DEMANDADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA).

De una correcta exégesis de lo dispuesto por los artículos 486 y 516 del Código de Procedimientos Civiles de Sinaloa, se desprende que tratándose de sentencias condenatorias en contra de la hacienda pública estatal o municipal, la autoridad judicial se encuentra impedida para ejecutar coactivamente la misma, ya que el segundo de dichos preceptos restringe su facultad jurisdiccional al establecer que en esos casos únicamente debe comunicar el fallo condenatorio al jefe de la administración, para que éste dentro de la órbita de sus facultades, proceda a cumplirla, sin que en ningún caso pueda librarse mandamiento de ejecución o providencia de embargo; por lo que es claro que al no poderse emplear los medios coactivos que establece la ley para el cumplimiento de una resolución judicial, la negativa u omisión de la autoridad estatal o municipal condenada no es un acto de naturaleza particular, ejecutado como parte demandada en el juicio natural, sino propiamente como autoridad con plenas facultades discrecionales, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, ya que toda autoridad está comprometida a cumplir con las obligaciones que la ley o las resoluciones judiciales le imponen, y como en el caso el acto negativo se genera no sólo a través de rehusamientos expresos de la autoridad, sino también por omisiones y abstenciones de ella, es claro que el incumplimiento de una obligación encomendada por una resolución judicial, sí es un acto de autoridad en contra del cual procede el juicio de amparo indirecto.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.