ACCIÓN PENAL, NO EJERCICIO DE LA. EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN RELATIVA ES IMPROCEDENTE.

El Tribunal Contencioso Administrativo carece de facultades para determinar si la resolución emitida por el director del Departamento de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia, en relación con el no ejercicio de la acción penal, se encuentra ajustada a derecho, en razón de que se trata de un órgano del Estado formalmente administrativo, cuyo conocimiento en la vía jurisdiccional se circunscribe a dirimir controversias que se susciten entre la administración pública y los particulares, de naturaleza exclusivamente administrativa, y no de carácter penal. No obsta para llegar a la anterior conclusión, el hecho de que el titular del Ministerio Público sea una autoridad materialmente administrativa, pues no debe soslayarse que cuando actúa en la fase de averiguación previa, que forma parte del procedimiento penal, lo hace en ejercicio del imperio que le otorgan los artículos 20, fracción X, 21 y 102 constitucionales, por lo que su proceder sólo puede ser estudiado o calificado por una autoridad judicial, tanto en la vía ordinaria como en la constitucional.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.