PRÓRROGA DE LA JURISDICCIÓN TRATÁNDOSE DE BIENES INMUEBLES. EL FONDO DE LA CONTROVERSIA DEBE RESOLVERSE CONFORME A LA LEY SUSTANTIVA DEL LUGAR DE SU UBICACIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL PROCEDIMIENTO PUEDA LLEVARSE CONFORME A LA LEY ADJETIVA DEL ESTADO A CUYA JURISDICCIÓN SE SOMETEN LAS PARTES.

Este tribunal ha sostenido que de acuerdo a la interpretación armónica, sistemática y teleológica del artículo 121, fracciones I, II y III de la Carta Magna, en tratándose de bienes inmuebles, la prórroga opera exclusivamente respecto de la jurisdicción y nunca respecto de la ley, porque el Pacto Federal protege la integridad territorial de los Estados de la aplicación de leyes de otros Estados, que pudieran modificar o alterar el régimen interior o los límites geopolíticos de las entidades federativas mediante su apropiación, adjudicación o incluso cambio de destino. Sin embargo, es conveniente aclarar que esta finalidad constitucional se consigue, ordinariamente, mediante la aplicación de la legislación sustantiva del lugar de la ubicación de los bienes, por lo que, en principio, la restricción constitucional no alcanzaría a la legislación adjetiva, siempre y cuando existiera coincidencia entre las disposiciones procesales correspondientes en cuanto al punto jurisdiccional controvertido y, bajo esta perspectiva, no habría obstáculo para que el procedimiento pudiera llevarse conforme al ordenamiento procesal del Estado a cuya jurisdicción se sometieron las partes, ya que este tipo de códigos normalmente se limitan a establecer los términos que permiten respetar el derecho al debido proceso por lo que incluso llegan a ser muy similares a las del resto de las entidades federativas. Es claro, no obstante, que si alguna legislación adjetiva desbordara este propósito y además de regular los aspectos del debido proceso se inmiscuyera en situaciones sustantivas que pudieran afectar al régimen o destino de los bienes inmuebles, se tornarían inmediatamente inaplicables exclusivamente en estos aspectos.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.