PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. EL ARTÍCULO 59 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, VIGENTE HASTA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2013, VULNERA LOS ARTÍCULOS 14, 18, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 22, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El precepto citado, al prever que el juez, dentro de los límites establecidos en el propio código, fijará las penas y las medidas de seguridad que correspondan según su prudente arbitrio y la "peligrosidad del infractor", y que para los fines de dicho artículo, el juez requerirá a la autoridad encargada de la custodia del procesado que rinda los dictámenes periciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto y los demás elementos que sean conducentes, en su caso, para fijar las sanciones penales, los cuales deberán recabarse antes de dictar sentencia, vulnera el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto establece que las penas y las medidas de seguridad se aplicarán según la peligrosidad del infractor, es decir, permite que los antecedentes que tenga una persona puedan utilizarse como una agravante de su pena, pues permite graduar la pena a imponer en razón de la calificación que una autoridad del Estado haga de la personalidad del procesado y no por una conducta típica, antijurídica y culpable; así, el reproche no obedece a la ejecución de una conducta prohibida penalmente, sino al tipo de persona que un determinado órgano estima que es. Por otro lado, la norma en cita viola también el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Federal, porque asume que la pena puede recaer sobre personalidades (lo que se opone a la intención de la reforma penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que trató de abandonar la visión correccionalista de la pena), así como el artículo 22, párrafo primero, de la Ley Fundamental, porque permite la estigmatización de la persona, a través del poder punitivo del Estado, generando con ello una pena trascendental e inusitada.