PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO VULNERA LOS PRINCIPIOS OTORGADOS A FAVOR DE ÉSTOS, ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 18, PÁRRAFOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CUANDO EL PLAZO PARA QUE AQUÉLLA OPERE ES MAYOR AL PREVISTO PARA EL SISTEMA JUDICIAL PENAL PARA ADULTOS.

El sistema judicial penal para adolescentes, previsto en los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se rige bajo diversos principios, entre los que destacan el de interés superior del menor, de protección integral de la infancia, de proporcionalidad y de idoneidad; distintos en comparación con el sistema judicial penal para adultos, con los cuales se pretende la adecuada educación de las personas en desarrollo, para lograr su reintegración social y familiar, en aplicación de medidas más benéficas y de menor intensidad. Ahora bien, el precepto 33 de la Ley de Justicia Integral para Adolescentes del Estado de Jalisco señala únicamente dos plazos prescriptivos de la acción penal, a saber: cuando las conductas tipificadas como delitos sean perseguibles de oficio (6 años); y para los de querella de parte ofendida (6 meses). Por su parte, de los numerales 82 y 85 del Código Penal de la entidad deriva que el plazo de prescripción de la acción penal no podrá ser inferior a 3 años y 3 meses. De esa guisa, el mencionado dispositivo 33 transgrede los referidos principios de justicia penal de menores, en virtud de que los plazos citados resultan de mayor duración a los previstos en el sistema penal para adultos, como ocurre en delitos perseguibles de oficio, a los que les es aplicable el plazo mínimo prescriptivo, pues ello implica que esa medida es de mayor intensidad y desproporcionada, por lo que sólo en ese caso deberá aplicarse el plazo menor que prevea el sistema penal para adultos, por ser de mayor beneficio.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.