ACCIÓN PENAL. LOS ARTÍCULOS 160 Y 312, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, ABROGADO, NO VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA.

Los preceptos mencionados al establecer que el juez de la causa puede sobreseer en el juicio, cuando el agente del Ministerio Público, transcurrido el plazo de seis meses, no aporte nuevos elementos probatorios para modificar la situación jurídica del inculpado, no vulneran los principios de seguridad y certeza jurídica. Lo anterior es así, pues a la pasividad o abstención de aportarlos por las partes legitimadas para hacerlo, corresponde una sanción procesal, de ahí que resulte constitucional el precepto que establece que transcurridos los seis meses, sin que se reciba prueba complementaria alguna, operará el sobreseimiento de la causa penal, ya que si fuera indefinido, se violentaría la seguridad jurídica del imputado, al dejarle en estado de incertidumbre sobre si las conductas imputadas se adecuan a algún tipo penal establecido en la ley o si, por el contrario, no hay elementos suficientes que acrediten el cuerpo del delito y su presunta responsabilidad en los hechos denunciados y también para las víctimas ante la incertidumbre sobre el destino de su eventual reparación de los daños.