AGUAS RESIDUALES. EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, QUE EXIGE CUMPLIR CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PARA QUE OPERE LA EXENCIÓN DEL PAGO DEL DERECHO POR USO O APROVECHAMIENTO DE CUERPOS RECEPTORES POR SU DESCARGA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

El precepto citado al prever, entre otras cuestiones, que no estarán obligados al pago del derecho federal por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, los contribuyentes cuya descarga del trimestre no rebase los límites máximos permisibles establecidos en las tablas previstas en el propio precepto o, en su caso, en las condiciones particulares de descarga que la Comisión Nacional del Agua emita conforme a la declaratoria de clasificación del cuerpo de las aguas nacionales que corresponda, publicada en el Diario Oficial de la Federación a que se refiere el artículo 87 de la Ley de Aguas Nacionales, no viola el principio de legalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que es la propia norma la que establece los casos y la forma en que opera la exención para el pago del derecho por uso o aprovechamiento de cuerpos receptores por las descargas de aguas residuales; y si bien es cierto que el artículo 282 de la Ley Federal de Derechos señala que además de los límites máximos previstos en la ley, debe atenderse a las condiciones referidas que establezca la Comisión Nacional del Agua, también lo es que ello no implica la existencia de arbitrariedad o se viole el principio de legalidad tributaria, pues su participación se justifica al ser dicha comisión el órgano técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, la regulación, el control y la protección del dominio público hídrico; por ende, el órgano referido es el indicado para identificar, llevar a cabo y determinar periódicamente los valores y factores con las condiciones señaladas en la ley. Asimismo, su intervención está debidamente acotada, ya que se exige que las condiciones se verifiquen conforme a lo previsto en la Ley de Aguas Nacionales, y sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación.