RESOLUCIONES DEFINITIVAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DICTADAS POR LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 19 DE JULIO DE 2016).

En la jurisprudencia 2a./J. 49/2006, de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE IMPONE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A SUS SERVIDORES PÚBLICOS.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que, en términos del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia de los tribunales de jurisdicción contencioso administrativa se acota a dirimir los conflictos suscitados entre la administración pública federal y los particulares, sin incluir a otros Poderes de la Unión (Legislativo y Judicial) ni, en consecuencia, a los órganos constitucionales autónomos. Posteriormente, dicho precepto se reformó mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, para establecer que el Congreso de la Unión tendrá facultades para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con idéntica competencia. No obstante, en el artículo 3, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el medio de difusión señalado el 18 de julio de 2016, en vigor al día siguiente, se amplió la garantía a la tutela jurisdiccional, prevista en el artículo 17 constitucional, en el sentido de que dicho órgano jurisdiccional conocerá también de los juicios de nulidad promovidos contra las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las resoluciones que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, dictadas por los órganos constitucionales autónomos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.