RECUSACIÓN EN EL AMPARO. EL MONTO MÁXIMO DE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 250 DE LA LEY DE AMPARO, QUE SIRVE DE PARÁMETRO PARA DETERMINAR LA GARANTÍA EXIGIDA MEDIANTE BILLETE DE DEPÓSITO, NO ES DESPROPORCIONAL NI CONSTITUYE UN OBSTÁCULO PARA EL ACCESO A UNA JUSTICIA IMPARCIAL.

Hechos: En un juicio de amparo indirecto, la parte quejosa promovió recusación contra la persona juzgadora de Distrito que conocía del asunto, sin exhibir el billete de depósito que exige como requisito de procedencia el artículo 59 de la Ley de Amparo, correspondiente al monto máximo de la multa prevista en el artículo 250 de la propia ley. La presidencia del Tribunal Colegiado de Circuito desechó de plano la recusación por incumplir dicho requisito.

Inconforme, la parte recusante interpuso recurso de reclamación, argumentando que el monto máximo de la multa, equivalente a 690 Unidades de Medida y Actualización, era excesivo y constituía un obstáculo para el acceso a una justicia imparcial, en contravención del artículo 17 constitucional.

Criterio jurídico: El monto máximo de la multa prevista en el artículo 250 de la Ley de Amparo, que sirve de parámetro para determinar la garantía exigida mediante billete de depósito para promover una recusación, no es desproporcional ni constituye un obstáculo indebido para el acceso a una justicia imparcial, pues supera el test de proporcionalidad.

Justificación: El diseño legal de la multa prevista en el citado artículo 250 está orientado a preservar la imparcialidad judicial y evitar que la recusación se utilice como un instrumento dilatorio o estratégico que afecte la prontitud y eficacia del proceso constitucional. Así, la medida cuestionada tiene una finalidad constitucionalmente válida, pues busca evitar dilaciones innecesarias en la administración de justicia, lo que maximiza el principio de justicia pronta y expedita, en la medida en que inhibe que las partes promuevan recusaciones de manera frívola con la intención de dilatar el procedimiento u obtener de manera indebida la exclusión de un órgano jurisdiccional determinado del conocimiento de un asunto.

Por otra parte, la medida es idónea, ya que al exigirse como requisito de procedencia un billete de depósito por el monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de que la recusación busque entorpecer o dilatar el procedimiento en cuestión, se concientiza a las partes sobre las consecuencias de un actuar indebido y las disuade de promover recusaciones frívolas o con fines dilatorios. Además, permite hacer efectiva de manera expedita la sanción correspondiente.

Asimismo, la medida es necesaria, pues no constituye un pago de derechos ni un cobro para acceder a una instancia, como tampoco se trata de costas judiciales prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino de una garantía que sólo se hará efectiva en el caso de que se actualice el supuesto previsto en el artículo 250 de la Ley de Amparo, es decir, cuando existan elementos suficientes que demuestren que la recusación se promovió para entorpecer o dilatar el procedimiento. De no acreditarse esa circunstancia, deberá devolverse íntegramente el billete de depósito.

La medida aludida es proporcional, dado que la exigencia de una garantía constituye un mero requisito para acceder a la recusación, el cual es reducible, e incluso, dispensable atendiendo a las circunstancias económicas del solicitante, mientras que con ello se logra reducir considerablemente la incidencia de solicitudes de recusación dirigidas a dilatar el procedimiento y garantizar el acceso de las partes a una justicia expedita.

Finalmente, la afectación al derecho de acceso a una justicia imparcial es limitada, pues el requisito no suprime ni restringe de manera absoluta la posibilidad de recusar, no constituye un pago definitivo ni una costa judicial prohibida y no condiciona el análisis de fondo a la imposición automática de una sanción.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.