DEFENSA, GARANTIA DE.

Las diligencias practicadas por el Ministerio Público cuando actúa como autoridad investigadora y no como parte en el proceso sí son válidas, puesto que se adecúa a lo mandado por el artículo 21 constitucional, en el que se previene que la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, debiéndose advertir que si el inculpado no ejercitó el derecho que tuvo para nombrar abogado que lo defendiera en la etapa de averiguación previa, la garantía constitucional establecida en la fracción IX del artículo 20 impone la obligación al Juez de nombrar un defensor en caso de que el acusado no lo nombre, obligación que evidentemente es a cargo de la autoridad judicial, y no del Ministerio Público, y ya durante el proceso.