LIBERTAD CAUCIONAL. EFECTOS DE LA SUSPENSION, CUANDO SE MODIFICA, AGRAVANDO LA PENA, UNA SENTENCIA QUE PERMITIO CONCEDERLA.

Si al quejoso se le impuso en primera instancia como pena privativa de la libertad la de prisión, y el monto de la sanción impuesta determinó a la autoridad judicial a concederle el beneficio de la libertad mediante el otorgamiento de la fianza correspondiente, y posteriormente el tribunal de apelación responsable, al resolver el recurso relativo, modificó la pena impuesta por el a quo, señalando una superior a la que establece la fracción I del artículo 20 constitucional; si, además, al presentar su demanda de garantías, el quejoso solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia reclamada y la responsable la concedió para el solo efecto de que al ser reaprehendido el quejoso, quedara por mediación de la dicha responsable a disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar con fundamento en el artículo 172 de la Ley de Amparo, que como la pena impuesta era mayor a la que señala la fracción I del artículo 20 constitucional, el quejoso no debía gozar de la libertad provisional que se le había concedido; debe afirmarse que la correcta interpretación del artículo 171 de la Ley de Amparo conduce a concluir que la autoridad responsable carecía de facultades legales para negar al quejoso la suspensión de la ejecución de la sentencia, y concederla para el solo efecto mencionado, aduciendo razonamiento contradictorio a dicha disposición, puesto que debió haber dejado que las cosas permanecieran en el estado en que se encontraban y conceder de plano la suspensión; cuenta habida de que la libertad provisional concedida al agraviado, se decretó por el a quo y no en el incidente de suspensión, y es claro que la suspensión solicitada de ninguna manera puede tener efectos restitutorios, ni está condicionada a otros efectos, por lo que la autoridad responsable al limitar los efectos de la suspensión del acto reclamado violó el precitado artículo 171 de la Ley de Amparo.