DEPORTACION DE LOS PROCESADOS. NO CONSTITUYE CAUSA LEGAL PARA CANCELAR Y DEVOLVER LAS POLIZAS DE FIANZAS EXHIBIDAS PARA GARANTIZAR SU LIBERTAD PROVISIONAL.

El proveído denegatorio por parte del Juez para cancelar y devolver las pólizas de fianzas exhibidas para garantizar la libertad provisional de procesados deportados, debe examinarse a la luz del precepto legal que prevé los casos de cancelación y devolución de las garantías, como es el artículo 415 del Código Federal de Procedimientos Penales. En todos esos casos son condiciones necesarias para la devolución del depósito o cancelación de la garantía: la reaprehensión del inculpado o la presentación de éste y su remisión al establecimiento correspondiente; el sobreseimiento del asunto o la libertad del propio acusado; la absolución o la condena si se presenta a cumplir dicha condena. Como se advierte, no comprende ese precepto la hipótesis de que el inculpado haya sido deportado y no pueda, en consecuencia, cumplir las obligaciones que contrajo al obtener la libertad caucional; tampoco contempla cualesquiera otras hipótesis en que el acusado deje de cumplir esas obligaciones por causas ajenas a su voluntad; en esa virtud, el Juez del proceso no podría válidamente apoyándose en ese incumplimiento involuntario, derivado de la deportación, revocar la libertad provisional; pero aun en el supuesto de que adoptara semejante resolución, la misma daría lugar no a la cancelación y devolución de las pólizas de fianza, sino a ordenar hacerse efectivas de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 412, fracciones I y VII, 414, párrafo primero, y 416, última parte, del mismo Código Federal de Procedimientos Penales. Ello basta, por lo tanto, para considerar que el Juez no tiene base legal alguna para ordenar la cancelación y devolución de las pólizas exhibidas por los inculpados, para garantizar su libertad provisional.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.