GARANTIAS INDIVIDUALES. PROCEDIMIENTOS VICIADOS.

Cuando las autoridades administrativas actúan violando con sus procedimientos alguna garantía constitucional, siempre debe concederse el amparo que por ello se pida, sin que a los resultados directos o indirectos de la actuación viciada se les pueda dar ningún valor probatorio en juicio, pues ello equivaldría a alentar tales prácticas, y a que la autoridad judicial se hiciera en alguna forma partícipe de las violaciones cometidas, al fundar en ellas sus fallos, ni podría subsanarse tal situación dejando la reparación legal debida, a un posible fincamiento de responsabilidades oficiales, cuando las hubiera y fuesen acreditadas. Todo lo cual es consecuencia de que el Juez de amparo no tiene por tarea esencial la vigilancia del cumplimiento de las leyes secundarias, lo cual incumbe básicamente a otras autoridades judiciales, sino que la tarea esencial del Juez de amparo es la vigilancia del respecto a las garantías constitucionales, que es lo que constituye su campo básico de acción.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.