DESOBEDIENCIA.

Las autoridades judiciales, en caso de desobediencia a un mandato legítimo, no tienen más facultades que las de hacer uso de los medios de apremio que la ley establece, para hacer respetar sus determinaciones, y no puede dictar, desde luego, la orden de aprehensión, sino que es preciso que se dé vista al agente del Ministerio Público, a quien corresponde el ejercicio de la acción penal, para que, si lo estima conveniente, formule la acusación y pida la aprehensión del indiciado.