MILITARES PROCESADOS, PAGO DE HABERES A LOS.

Una sentencia pronunciada por el Supremo Tribunal Militar, sólo puede ocuparse de la responsabilidad criminal de dicho individuo y de ninguna manera de los haberes que corresponde, o no, percibir el procesado. Todo concerniente a la administración de haberes a los miembros del Ejército Nacional, es de la competencia exclusiva de la Secretaría de la Defensa, pues así lo dispone el decreto de veintitrés de noviembre de mil novecientos veintidós, que reglamenta la forma a que deben sujetarse los grupos de militares procesados o sentenciados, respecto del pago de haberes. Y esta autoridad administrativa, para el caso, no tiene ningún vínculo con el Supremo Tribunal de Justicia Militar, al tratarse del cumplimiento de un auto de suspensión dictado en un juicio de amparo promovido por el acusado, contra la sentencia que lo condenó por ciertos delitos. De eso se deduce que el Supremo Tribunal de Justicia Militar, al negarse a librar una orden al pagador para que cubra los haberes que reclama el ocurrente, obró dentro de los términos de la ley y, por lo mismo, su negativa no puede constituir defecto de ejecución de la interlocutoria pronunciada por la misma autoridad, en el juicio de amparo directo de que se trata.