AUTORIDADES EJECUTORAS.

Si el quejoso no endereza su demanda en contra de la autoridad que dictó la orden de aprehensión reclamada, es indudable que no puede juzgarse de la inconstitucionalidad de los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras, en tanto no se juzgue sobre la validez de los realizados por la autoridad ordenadora, ya que aquellos no son sino consecuencia lógica y jurídica de éstos, los que, al proceder de autoridad judicial, no pueden estimarse inconstitucionales en sí mismos, salvo prueba en contrario.